En Sisal, Yucatán, empresa y exfuncionaria impulsan un complejo habitacional que viola normas ambientales
Una exfuncionaria del gobierno de Mérida y una empresa impulsan un complejo habitacional construido con irregularidades y que pone en riesgo a uno de los ecosistemas más frágiles de la Península de Yucatán: el poblado de Sisal. Eugenia Correa Arce, quien fuera directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable de Mérida, consiguió —a través de su consultora y mediante información falsa— la aprobación de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que permitió echar a andar el proyecto Villas 33.
El complejo habitacional se construye en el tablaje catastral 4195 de Sisal, municipio de Hunucmá, frente a la playa y a cinco kilómetros del centro de la localidad.
La edificación se lleva a cabo a pesar de que viola el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (Poetcy), pues se prevé que tenga siete niveles y 21 metros de altura, cuando en el poblado ninguna construcción tiene más de tres pisos y las normas establecen que cada construcción nueva debe respetar su “contexto”.
Los ruidos de las maquinarias durante la madrugada, la continua circulación de trabajadores y los desechos de materiales arrojados en la zona cercana a la ciénaga alertaron a los vecinos, quienes desde agosto de 2022 denunciaron los hechos ante las autoridades ambientales. Pero al día de hoy, las labores no han sido interrumpidas.
Al estar dentro de una Unidad de Gestión Ambiental (UGA), registrada como HUN06 BAR-AP1, el desarrollo debía cumplir numerosos requisitos para que fuera aprobada su MIA y la construcción pudiera comenzar. Uno de ellos era acatar la prohibición de deforestar un espacio de terreno mayor a 40%; otro, no tener más pisos que los indicados en su cálculo de capacidad de carga.
Sin embargo, la empresa a cargo del proyecto, Foster Corporation, en conjunto con la consultora de Eugenia Correa, Ambiente Sustentable, han deforestado casi 60% del terreno para construir un edificio de siete pisos de altura, cuatro más de lo permitido por las normas.
Pese a estas irregularidades, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el proyecto el 4 de abril de 2022, solo 10 días después de haber iniciado el proceso de evaluación y sin ninguna observación, cuando estos procesos suelen tomar al menos un año, de acuerdo con los especialistas consultados. La obra fue aprobada por Hernán José Cárdenas López, suplente por la ausencia de un delegado de la Semarnat en Yucatán.
La solicitud ante la Semarnat fue ingresada el 9 de diciembre de 2021 por Paola Salcedo Gual, representando a Foster Corporation. El estudio de impacto ambiental del proyecto Villas 33 fue realizado por la consultora Ambiente Sustentable.
El documento contempla la construcción de un complejo de 12 villas o departamentos, en seis niveles, con una superficie total destinada de 2 mil 124.889 metros cuadrados. Se estima que la afectación del terreno será de mil 189.94 metros cuadrados, es decir, 56% del total.
Dos especialistas consultados por Información y Poder analizaron el proyecto con base en lo que marca el Poetcy. El primer especialista estimó que, para estar dentro de los márgenes permitidos, la construcción solo podría ocupar 35.9% del terreno y tener un máximo de tres pisos. El segundo dijo que solo podría ocupar 30.1%.
“Con esto, lo que podemos decir es que se están pasando de lo permitido por demasiado; en todos los estudios que hemos realizado en Sisal, no hemos visto que se pase de un aprovechamiento ni siquiera del 50% del total del terreno, por lo que sí es muy raro que lo haya aprobado Semarnat y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán”, dijo uno de los especialistas, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias.
La consultora Ambiente Sustentable también realizó otro proyecto llamado Casa Sisal a solo 10 metros de distancia, en el tablaje catastral 77327, donde el porcentaje de utilización del terreno fue de 40%.
Esta compañía es propiedad de Eugenia Correa Arce, militante del PAN y quien fue funcionaria del ayuntamiento de Mérida en la administración 2018-2021. Aunque tenía cargo público, Correa seguía con sus actividades privadas para la obtención de la MIA para obras, por ejemplo, la Plaza Komchén, un centro comercial construido por la empresa Atipia Desarrollos, de la cual es socia junto con su hermano Emilio Correa Arce.
Para obtener la MIA de Villa 33, Eugenia Correa Arce informó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán le dio su “opinión favorable”, a pesar de que el proyecto no cumple con los requisitos de ley.
En tanto, Foster Corporation, dueña del terreno, mintió a la Semarnat en su solicitud. El diseño arquitectónico de la obra, desarrollado por el despacho Construdar+Toussaint, señala que el proyecto constaría de siete pisos con 14 departamentos, no los 12 mencionados en la MIA.
Foster Corporation es una empresa estadounidense de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, cuyo representante legal es Jorge Vega Fitzgerald, que en 2007 compró el terreno por solo 149 mil pesos a la empresa Trans Caribbean Trust, de Theodore Conrad Wriley.
Ambas son empresas con inversión y capital extranjero. Tienen como dueños a ciudadanos estadounidenses y fueron operadas por Vega Fitzgerald y Raúl Ballote Pantoja, abogado dueño de la firma Ballote & Associates Law Offices. Estos abogados han creado una red de empresas —Foster, Trans Caribbean, Premiere Properties, MT Caribe, Yucaland o Sandbox— que han adquirido decenas de kilómetros de playa en Sisal.
La denuncia contra el proyecto
El 29 de agosto de 2022, la Profepa recibió una denuncia contra la obra por parte de Karen Fisher y Raúl Ontiveros, vecinos de la zona. Entonces denunciaron que era evidente el daño ambiental y que se trabajaba en la construcción las 24 horas del día. Los denunciantes recibieron respuesta el 19 de octubre por parte de Víctor Hugo García Sánchez, jefe del Departamento de Denuncias Ambientales de la Profepa, pero afirman que hasta el momento solo hubo un par de visitas por parte de funcionarios y la construcción no fue clausurada ni apercibida.
“Desde que empezaron las obras observamos que todo estaba mal. De entrada, empezaron a edificar pegados a nuestra propiedad. No guardaron el 1.5 metros de distancia establecido por la ley. Nunca han respetado lo establecido en las leyes, que marcan que no se deben construir arriba de tres niveles; ellos superan por mucho esa medida. Removieron la arena, ahí había nidos de tortugas y de aves migratorias”, afirmó Karen Fisher.
Raúl Ontiveros comentó: “Nosotros denunciamos ante la Semarnat y es muy sospechoso que a obras más pequeñas sí las hayan venido a inspeccionar, que les hayan clausurado y sancionado, y ellos, que desde lejos se observa que no están haciendo bien las cosas, parece que nadie les puede hacer nada. Parecen intocables”.
El director de Ecología del ayuntamiento de Hunucmá, Luis Jiménez Yan, afirmó que no conoce los detalles de esta obra porque la alcaldesa Edna Marisa Franco Ceballos, quien llegó en 2021 con Morena, y el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio, Luis Enrique Mex Canché, lo “saltaron” y a su departamento no le dieron la oportunidad de conocer la MIA.
También dijo que, según el Poetcy de 2014, el máximo de altura que debe tener una construcción son 10 metros, pero este estaría completamente rebasado por la obra Villas 33, que tiene un total de 21 metros de altura.
Cuando Información y Poder trató de contactar a Paola Salcedo Gual, representante de Foster Corporation, recibió respuesta de Santiago Fernández, quien se presentó como abogado de Salcedo Gual y amenazó con demandar si el nombre de su representada o el suyo se publicaba en alguna investigación periodística.
El 1 de diciembre de 2020, Sisal fue elegido como pueblo mágico por su naturaleza e importancia histórica. Según datos publicados en el fotolibro Sisal, costa yucateca, elaborado por la UNAM, dentro de las reservas circundantes a la comisaría se han reportado alrededor de 333 especies de aves: 177 residentes, 142 migratorias y 14 residentes-migratorias.
Investigadores de la UNAM advirtieron que una mala planeación en el crecimiento urbano-turístico de Sisal lo podría llevar a un punto de quiebre, al grado de convertirse en el “Holbox Yucateco”. Por lo tanto, los desarrollos urbanos y hoteleros deben estar muy bien planeados y tomar en cuenta las características del suelo y del agua, puesto que es un entorno natural particularmente vulnerable.
La especialista del tema costero e investigadora de la UNAM Laura Elena Vidal Hernández advirtió que la zona, además de estar en la ruta de diferentes aves, tiene corredores hidrológicos, por lo que edificar fuera de la norma trae un costo muy elevado para todo el medio ambiente de esa zona de la costa yucateca.
“Si piensan en replicar esquemas de desarrollo masivos urbanísticos, empezaríamos a fragmentar y bloquear todos esos flujos naturales. Ya no podría ser una zona de migración de aves que vienen de Canadá y Estados Unidos, las aves son muy sensibles a las barreras físicas. Son muy sensibles a la calidad del agua. Si empezamos a usar masivamente el agua, por la construcción de grandes edificios y con ello la llegada de más personas, y empieza a drenarse el agua sucia a la ciénega o zona marina simplemente, vamos a dejar de tener aves. Entonces, eventualmente vamos a mermar el mismo atractivo natural que atrae a las personas. Vamos a arruinar este paraíso”, dijo.
La población teme que los desarrollos inmobiliarios irregulares se apropien de Sisal, privaticen sus playas, cambien el entorno natural, ahuyenten a los flamingos y contaminen sus manglares.
El pasado 6 de julio, pobladores del puerto de Sisal bloquearon la entrada a la comunidad para exigir a la Secretaría de Turismo (Sectur) que se le revoque la declaratoria de pueblo mágico, pues aseguran que esto solamente beneficia al sector privado. Los lugareños, que en su mayoría viven de la pesca, temen que se privaticen las playas, que también son un importante sitio de anidación de tortugas marinas.
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Antuan Cardona vive en zozobra. Desde que otros migrantes venezolanos fueron deportados desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, teme que sus tatuajes lo hagan parecer un miembro del Tren de Aragua.
Antuan Cardona recibió un castigo de sus padres por hacerse un tatuaje a los 16 años. La imagen estaba inspirada en una foto de su madre, pero los pinchazos le dolieron tanto que se conformó con una versión más simple, la silueta de una mujer.
Más de 20 años después de haberse hecho ese tatuaje, al que siguieron otros con nombres de sus familiares, el migrante venezolano teme recibir un nuevo castigo por haberse marcado la piel: ser deportado desde Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador si es confundido con un miembro del Tren de Aragua.
“Me preocupa que me agarren en la calle por tener tatuajes”, dijo Cardona en una llamada telefónica desde Washington. “Es una pesadilla que te confundan con un delincuente solo por unos tatuajes”.
A mediados de marzo, dos meses después de asumir su segundo mandato, el presidente Donald Trump ordenó la deportación de 238 migrantes venezolanos a El Salvador tras invocar la Ley de Enemigos Extranjeros.
Esta normativa, que fue promulgada en 1798, les confiere a los mandatarios la autoridad de ordenar la detención y expulsión de ciudadanos provenientes de países con los que Estados Unidos esté en guerra.
En este caso el enemigo es el Tren de Aragua, una banda venezolana de crimen organizado que, según la Casa Blanca, estaría “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos”.
El gobierno de Trump incluyó a la banda en la lista de organizaciones terroristas y aseguró que sus miembros se habrían infiltrado en Estados Unidos con el apoyo del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien negó las acusaciones y las definió como “un insulto”.
La Casa Blanca logró un acuerdo con Maduro para deportar a los migrantes directamente a Venezuela. Pero después de varias semanas, Trump acusó al mandatario venezolano de no cumplir los términos del pacto.
El domingo 16 de marzo, el mismo día que despegaron los aviones que trasladaban a los venezolanos a El Salvador, el juez del Distrito de Columbia James Boasberg ordenó suspender los vuelos tras considerar que la Ley de Enemigos Extranjeros no podía aplicarse a estas expulsiones.
Sin embargo, las autoridades alegaron que los aviones habían abandonado el territorio estadounidense antes de que el juez emitiera la decisión.
Los migrantes fueron detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión más grande de América Latina que fue creada por el gobierno del presidente Nayib Bukele para detener a los pandilleros salvadoreños.
Esta operación desató un choque entre la Casa Blanca y el poder judicial, que insistió en pedir pruebas que demostraran que la deportación no violó el dictamen de Boasberg.
“Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que lo que ha ocurrido aquí”, concluyó la jueza de un tribunal de apelaciones en Washington DC al referirse a este caso.
Abogados del gobierno de Maduro, por su parte, introdujeron un hábeas corpus ante la justicia salvadoreña para pedir la liberación de los migrantes.
En los días posteriores al envío de los migrantes a El Salvador, los familiares de algunos de ellos denunciaron a los medios que los habían detenido en EE.UU. simplemente por tener tatuajes y no porque tuvieran ninguna vinculación con el Tren de Aragua.
Estas noticias hicieron que empezara a cundir el pánico entre la comunidad de venezolanos indocumentados en EE.UU., especialmente entre aquellos que tienen en su cuerpo algún tatuaje.
Los tatuajes buscados
Durante los últimos días, Cardona ha encontrado toda suerte de especulaciones en TikTok sobre el tipo de tatuajes que las autoridades estadounidenses presuntamente asocian con el Tren de Aragua.
El único documento oficial disponible públicamente es una presentación del Departamento de Seguridad Pública de Texas que analiza la presencia de la banda en el estado.
El documento atribuye a los miembros del Tren de Aragua tatuajes de estrellas en los hombros como una evidencia de su rango dentro de la organización. También coronas, “similares a las de los Latin Kings”, una pandilla popular en Estados Unidos.
Además, llevarían tatuajes de armas de fuego, granadas, trenes, dados, rosas y felinos depredadores, como tigres y jaguares. Las frases “Real hasta la muerte” o “Hijos de Dios” o “HJ” también habrían sido identificadas en integrantes de la banda.
BBC Mundo consultó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sobre esta información, pero no obtuvo respuesta.
Sin embargo, la periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, descarta que los tatuajes sean un criterio que defina la pertenencia a este grupo.
“Equiparar al Tren de Aragua con las maras centroamericanas en cuanto a los tatuajes es un error”, advirtió. “No tienes que tener un tatuaje para ser miembro del Tren de Aragua”.
Rísquez supone que los tatuajes pueden responder a la moda del momento. Citó como ejemplo el lema “Real hasta la muerte”, un tatuaje que se hizo popular por ser el título del primer álbum del cantante puertorriqueño Anuel AA, quien respaldó la candidatura de Trump durante su campaña pero luego le retiró el apoyo.
“Lo más grave es que no se cumplan los procesos legales y las investigaciones judiciales porque se puede caer en violaciones del Estado de derecho”, señala la investigadora.
“Tienes que cuidarte, hijo”
Cardona comenzó a tener insomnio desde que vio las imágenes de los migrantes venezolanos recluidos en el Cecot.
Todos eran venezolanos como él, tenían tatuajes, les habían afeitado la cabeza y estaban esposados de pies y manos. Caminaban agachados, sometidos cuerpo a cuerpo por policías.
“Cuando ves todo eso, te llenas de zozobra. Yo no vine a Estados Unidos para vivir así, no quiero seguir en esta angustia”.
Para no preocupar a los familiares que están en Venezuela, Cardona se había propuesto evitar cualquier conversación sobre las deportaciones, hasta que su madre le dijo que ella tampoco podía dormir.
“Todo esto de El Salvador me tiene con la cabeza grandota”, le comentó en un audio de WhatsApp. “Tienes que cuidarte, hijo, pónte en manos de Dios”.
Aunque las autoridades estadounidenses alegan que hicieron investigaciones exhaustivas para comprobar que cada uno de los deportados pertenecía al Tren de Aragua, familiares de los detenidos en Venezuela denuncian que sus parientes no son criminales ni tienen nexos con la banda.
“Somos ingenuos ante la atrocidad que está ocurriendo”, le dijo a BBC Mundo Myrelis Casique López, madre de uno de los detenidos en el Cecot, desde un barrio pobre de Maracay, capital del estado Aragua.
“Es él, (…) ahí se le ve el tatuaje”, afirmó Casique al reconocer a su hijo en imágenes divulgadas por los medios, dado que las autoridades migratorias de Estados Unidos no han publicado oficialmente las identidades de los deportados, sus antecedentes criminales ni los términos de los arrestos en el Cecot.
Desde Estados Unidos, abogados de los detenidos y organizaciones que defienden los derechos de los migrantes alertan que no se cumplió el debido proceso para capturar, procesar y deportar a los migrantes venezolanos.
Bukele aseguró que los migrantes venezolanos permanecerían detenidos durante un año renovable. “Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta para nosotros”.
Antes de salir de casa para ir al trabajo cada día, Antuan Cardona se encomienda a Dios. “Voy cubierto con la sangre de Cristo”. Reza para no toparse con un policía que pueda confundirlo con el Tren de Aragua.
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