Refuerzan Ejército y Guardia Nacional seguridad en Sinaloa
Con la incorporación de 300 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, el gobierno de Sinaloa reforzó el operativo de vigilancia en la entidad para el mes de diciembre.
Esto lo dio a conocer el gobernador Rubén Rocha Moya quien indicó que este refuerzo incluye 200 efectivos de las Fuerzas Especiales del Ejército, entre ellos paracaidistas, y 100 elementos adicionales de la Guardia Nacional. Estas fuerzas se desplegarán en puntos estratégicos, especialmente en Culiacán, para fortalecer la seguridad en la región.
“De aquí a mañana estarán reagrupados para cubrir mejor la ciudad”, destacó el gobernador.
En cuanto a la incidencia delictiva, Rocha Moya presentó cifras que sitúan a su administración como la de menor tasa de homicidios dolosos y robos de vehículos en comparación con los últimos tres gobiernos estatales. No obstante, reconoció un incremento en los homicidios dolosos este año, con un registro de 795 casos al 26 de noviembre, atribuido principalmente a la confrontación entre grupos del crimen organizado desde septiembre.
En contraste, los datos reflejan una tendencia histórica a la baja en estos delitos, especialmente si se comparan con los años de mayor violencia, como el 2010, cuando se registraron 2,250 homicidios dolosos, o el 2011, con 10,327 robos de vehículos.
Con estas medidas y la coordinación entre las fuerzas de seguridad, el gobierno estatal busca garantizar un cierre de año seguro para la ciudadanía.
Con información de Comunicación Social del Gobierno de Estado de Sinaloa.
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La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
Según la reforma, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
Las enmiendas
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
Otra de las enmiendas propuestas permitirá cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitará aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
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