En México hay 31 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. De estos, casi la mitad, alrededor de 15.9 millones, están empleados, pero con un ingreso promedio de tan solo 33.8 pesos por hora, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta realidad económica crea el escenario perfecto para que organizaciones criminales exploten la vulnerabilidad de esta población, engañando, reclutando y privando de libertad a muchos jóvenes que buscan una vida mejor.

El caso de Teuchitlán, Jalisco, ha puesto en evidencia la grave situación que enfrentan muchos jóvenes en México. Como relata Alejandra Martínez Carrizales, miembro del colectivo Por las Voces Sin Justicia y quien busca a su hermano, Ismael Alejandro Martínez Carrizales,  desde el 12 de julio de 2020.

Lee| “Supimos que se fue a trabajar a Puerto Vallarta”: Edilberto desapareció en Sinaloa, ahora lo buscan en Teuchitlán

Martínez señaló que el caso de Teuchitlán debe servir como advertencia para no caer en ofertas de trabajo que parecen demasiado buenas para ser verdad.

“Volvemos a lo mismo, siempre se criminaliza y revictimiza a los desaparecidos, aseguraron que andaban en algo o podían andar en algo, pero la realidad es esa, mira a todos esos jóvenes que con engaños fueron a ese rancho o muchos otros lugares con la promesa de trabajar, sin saber que era para el crimen organizado. Eso quiere decir que no todos andan mal, algunos solo querían cumplir sus sueños de salir adelante”, subrayó la buscadora.

Durante la conferencia mañanera del 24 de marzo, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, abordó el caso de José Gregorio “N”, un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculado al Campo Izaguirre. García Harfuch reconoció que este individuo se encargaba del reclutamiento de personas, utilizando principalmente redes sociales para ofrecer falsas oportunidades laborales. Entre las ofertas que promovía se incluían vacantes de vigilantes de seguridad con sueldos que iban de 4 mil a 12 mil pesos semanales.

Los interesados, tras contactar a los reclutadores, eran citados en diversas centrales de autobuses y, desde allí, trasladados al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Allí, los nuevos reclutas eran adiestrados en el uso de armas de fuego y acondicionamiento físico. Durante este proceso, se les retiraban los teléfonos celulares y permanecían incomunicados por un periodo de hasta un mes, dependiendo de su comportamiento. Después de este tiempo, se les asignaba un puesto dentro de la estructura del crimen organizado.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), advierte que, aunque no haya denuncias formales sobre reclutamiento forzado o trata de personas, siempre existe lo que se conoce como la “cifra negra”.

“He conocido casos, no en esta comisión, pero como activista he recibido informes. Un caso fue el de una joven que fue engañada para viajar a Durango, donde fue localizada por el Ejército junto con otras tres jóvenes. Era un caso de trata, y las iban a prostituir”, comentó Loza Ochoa, quien subraya la importancia de atender incluso un solo caso, ya que detrás de cada uno podría haber muchos más sin denuncia.

El defensor de derechos humanos también explicó que la falta de denuncias podría deberse al desconocimiento sobre el tema o a la confusión con otros delitos, como el secuestro o el secuestro virtual. Sin embargo, destacó que la existencia de incluso un solo caso de trata es alarmante, especialmente en lugares turísticos como Mazatlán y Vallarta, que, según él, podrían estar siendo utilizados para actividades de explotación sexual.

Cifras oficiales y víctimas vulnerables

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) reporta que desde 2010 se han abierto 69 carpetas de investigación relacionadas con trata de personas en Sinaloa. Estas investigaciones involucran a 177 víctimas, de las cuales 77 son mujeres y 92 hombres, con ocho personas cuya identidad de género aún no ha sido determinada.

De las mujeres, el grupo más vulnerable son las menores de edad, con 41 casos registrados. Esto refleja una clara tendencia hacia el tráfico de personas, especialmente en el contexto de la explotación sexual.

Priscila Salas Espinoza, activista y miembro del colectivo “No se metan con nuestras hijas”, sostiene que la trata de personas es el segundo negocios ilegal más rentable a nivel mundial. Mientras que los hombres son principalmente víctimas de trabajos forzados, las mujeres son explotadas sexualmente. Sin embargo, la falta de protocolos adecuados y la incapacidad de las autoridades para investigar estos delitos profundizan el problema.

“Les cuesta mucho trabajo de delincuentes que son y no quieren visibilizarlo y no quieren hablar de ello. No quieren saber la verdad. La trata es un delito muy complejo y yo creo que la Fiscalía no tiene la capacidad y como no tiene la capacidad para investigar delitos de género, no hay unidades de contexto, no hay gente especializada, no tienen la capacidad ni humana, ni institucional o tecnológica o el presupuesto para que eso suceda”, denunció Salas.

Salas Espinoza también subraya la relación entre los casos de desapariciones de mujeres y la trata de personas. Asegura que muchas veces, las desapariciones no son reportadas adecuadamente como casos de trata, lo que impide su investigación correcta.

“Si caes en una red de trata, en 90 horas desapareces. La única manera de que la Interpol te busque es a través de una ficha oficial de búsqueda. Parece que hay un hoyo negro en este estado en donde desaparecen niñas, adolescentes y mujeres y nadie sabe nada, nadie sabe qué pasó”, explicó.

Otro problema que Salas señala es el uso de ofertas de trabajo falsas a través de redes sociales y otros medios, donde se engaña a jóvenes con promesas de empleo en el extranjero, solo para ser explotados sexualmente o en trabajos forzados.

“Las ofertas de empleo falsas son una de las maneras más comunes en las que los jóvenes son engañados. Prometen sueldos altos y pocas horas de trabajo, así como facilidades en los tramites para que te vayas a otro lado. incluso te pueden ofrecer una beca o una capacitación. Hay recursos porque es un negocio ilegal rentable, entonces hay como moverte para que termines siendo víctima de trata”, agregó.

A través de los años, este colectivo identificó en casos de mujeres que fueron localizadas y regresaron con sus familias, tres rutas principales que salen desde Sinaloa para ser explotadas en otros estados: Jalisco, Oaxaca y Sonora.

Gobierno de Sinaloa dice no tener casos de reclutamiento forzado, pero pide estar alerta a la sociedad

A pesar de los llamados de los colectivos de búsqueda y los activistas, el gobierno estatal ha minimizado el problema.

Feliciano Castro Meléndrez, secretario de Gobierno en Sinaloa, aseguró que, hasta el momento, no tienen información sobre casos de reclutamiento forzado en la entidad, aunque reconoció que algunos sectores de la sociedad han expresado preocupaciones.

También lee| Sinaloa: asesinatos bajaron 34% respecto al pico de violencia en 2024, pero es el febrero con más homicidios en una década

“Afortunadamente, no hemos tenido casos de este tipo en Sinaloa, pero es importante que las familias y la sociedad se mantengan alerta y no caigan en ofertas de trabajo sospechosas”, afirmó.

El también vocero oficial del Gobierno de Sinaloa recomendó a los jóvenes a “interactuar” en sus hogares, comentar y preguntarse si una oferta de trabajo es demasiado buena para ser real, con el fin de evitar que caigan en estafas o sean víctimas de este tipo de delito.

Esta nota se publicó originalmente en Revista Espejo.