En Sinaloa los periodistas y activistas han tenido que enfrentar agresiones que provienen de particulares con posibles vínculos al crimen organizado y por parte de funcionarios públicos, se expone en el informe anual del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Sinaloa.
De acuerdo al informe, que abarca desde agosto del 2023 a julio de 2024, se registraron un total de 87 tipos de presuntos agresores, de los cuales 38 corresponden a particulares presuntamente vinculados con actividades criminales, 27 de los presuntos agresores son particulares sin vínculos criminales, 11 son servidores públicos estatales, 7 corresponden a servidores públicos de primer nivel, 3 son servidores públicos municipales, y 1 fue un servidor público armado.
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Ante las cifras en las que predominan las agresiones por parte de personas presuntamente vinculadas al crimen organizado, el Instituto señaló la necesidad de abordar de manera específica este tema.
“Existe una compleja y preocupante diversidad de actores involucrados en las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La predominancia de particulares presuntamente vinculados con actividades criminales destaca la necesidad de abordar de manera específica la violencia proveniente de entornos criminales”, se expone en el informe.
Del total de las 87 agresiones registradas ante el Instituto en perjuicio de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de agosto de 2023 a julio de 2024, 55 corresponden a amenaza, 8 a descalificación a la labor periodística, 7 a lesiones, 5 a descalificación a la labor de defensa de derechos humanos, 3 a obstaculización a la labor de defensa de derechos humanos, 2 a privación de la libertad personal, 1 a violencia digital, 1 a amenaza por razón de género, 1 a ataque cibernético, 1 a ataque a medio de comunicación con arma de fuego, 1 a ataque a periodista con arma de fuego, 1 a obstaculización de la labor periodística y 1 a daño en inmueble.
En cuanto al método empleado por los agresores, 55 de las agresiones se cometieron de persona a persona, 15 de las agresiones se cometieron vía telefónica, 15 de las agresiones se cometieron a través de las redes sociales, y 2 de las agresiones fueron realizadas a través de una tercera persona.
En medio de la ola de violencia que vive el estado de Sinaloa, que se desató durante el mes de septiembre tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, los periodistas locales han vivido una serie de agresiones, que no solo los afectan su labor, sino también a sus familias.
El pasado 16 de septiembre fue localizado con vida después de haber sido privado de su libertad David Eduardo Martínez Meraz, hijo del periodista Ernesto Martínez Meraz, quien cubre la fuente de seguridad en Culiacán.
Casi un mes después, el 17 de octubre de 2024, las oficinas del medio El Debate fueron atacadas a balazos en al menos 12 ocasiones, según informó el propio diario. Los hechos ocurrieron durante la noche en el edificio ubicado en Guasave.
Tras el ataque, el presidente de la Asociación de Periodistas 7 de Junio comentó para la Revista Espejo que “desde hace algún tiempo se había estado alertando de un incremento de agresiones a la prensa” y señaló que los comunicadores habían registrado intimidaciones a medios y reporteros al cubrir hechos de violencia.
Dos días después del ataque a El Debate, Sergio Cárdenas Hernández, repartidor del periódico, fue privado de su libertad tras ser perseguido por el centro de Culiacán y derribado de la motocicleta en la que distribuía el periódico. El trabajador pudo esconderse en un negocio y un compañero lo trasladó a la Cruz Roja, cuyo personal lo envió al IMSS, según informó el medio.
“El repartidor pidió ir con su familia para posteriormente en compañía de ellos dirigirse al IMSS. Fue en ese trayecto de la Cruz Roja a la vivienda que nuevamente fue ubicado por los agresores”, detalló El Debate.
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Luego de ser interceptados, ambos trabajadores fueron sometidos; los agresores dejaron libre a uno de ellos y se llevaron a Sergio. Hasta el momento se desconoce la ubicación del repartidor.
Ecuador vive una de las peores sequías de los últimos 50 años, lo que ha conducido a una serie de apagones que tienen en una situación crítica al país.
Liz Orozco tiene miedo. Desde que empezaron los racionamientos de energía de 12 a 14 horas diarias en Ecuador el 18 de septiembre, el traslado de su oficina en el norte de Guayaquil hacia Durán, una de las ciudades más peligrosas del mundo, se ha vuelto un calvario.
“Caminar sola es horrible, he visto robos”, comenta. Durán es un territorio de guerra de pandillas.
Hasta octubre de 2024, las muertes violentas en esa zona de la costa ecuatoriana superaban las 400, un aumento del 59% en comparación con 2023, de acuerdo con el think tank internacional InSight Crime.
El país, que sufre los estragos del crimen organizado, ahora también enfrenta una crisis energética que lo obliga a apagarse la mitad del día.
Este escenario es “el resultado de una crisis de gestión que Ecuador lleva arrastrando por décadas”, sostiene Jorge Luis Hidalgo, uno de los expertos en energía más respetados del país.
Ecuador enfrenta un déficit energético de 1.080 megavatios, un 20% de su capacidad de generación.
Aunque el gobierno ha intentado atribuirlo a la “grave falta de lluvias”, Hidalgo subraya: “No se trata de una simple sequía. Es un problema estructural que no se resolverá a corto plazo”.
El 90% de la energía en Ecuador depende de las centrales hidroeléctricas, pero Hidalgo sugiere que el país debe diversificar sus fuentes.
“Ecuador tiene un poderoso potencial hídrico, una ubicación en la línea ecuatorial ideal para aprovechar el sol, y recursos como biomasa, volcanes para geotermia, gas natural y viento”, explica.
“Hay una enorme oportunidad en Ecuador, pero también una muy mala gestión que no se solucionará a corto plazo”.
A pesar de la adversidad, los ecuatorianos han tenido que adaptarse.
En el trabajo de Liz Orozco, por ejemplo, una constructora en Guayaquil, el edificio ha instalado generadores de energía diésel. “Es una orquesta a la que te tienes que acostumbrar”, describe.
El gerente de la empresa, Guillermo Jouvin Arosemena, dice que cada generador representa un gasto de diésel de unos US$8.000 por semana, sumado al mantenimiento mensual que puede llegar hasta US$550, dependiendo del equipo.
“La crisis energética está afectando en todos los sentidos”, afirma Jouvin. “El costo de inversión y mantenimiento no estaba previsto y está encareciendo las construcciones. No todas las empresas tienen capacidad para invertir”.
Este primer semestre de 2024, el sector de la construcción registró una caída del 17% en comparación con 2023. “Fue el sector más afectado de la economía ecuatoriana”, concluye.
El impacto también se siente en otros sectores.
Este viernes, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, dijo en una entrevista que solo en los últimos dos meses las pérdidas en el sector industrial alcanzaron los US$4,000 millones y en el sector comercial, US$3.500 millones, lo que ha derivado en numerosos despidos.
“Estos cortes de energía son devastadores para el comercio y la industria”, asegura Heller. “Estamos viendo un impacto directo en los ingresos y en el empleo”.
Se pierden empleos, dinero, y también se arriesgan vidas. Fabricio Palma, paciente renal de 54 años que vive en el suroeste de Guayaquil, ha visto su tratamiento afectado.
“Normalmente son cuatro horas de diálisis por sesión, pero ahora solo me hacen tres horas”, cuenta. En una sesión reciente de madrugada, Palma presenció la muerte de un paciente.
“Los doctores dijeron que el cuerpo reacciona diferente cuando la diálisis se hace de noche”.
La crisis también se refleja en el caos vial. Christian Calvache, agente de tránsito en Guayaquil, relata el desgaste de intentar regular el tráfico sin semáforos.
“El desgaste es tanto físico como emocional. Termino el turno con dolores de cabeza y la paciencia agotada”, confiesa Calvache.
La ciudad cuenta con más de 1.100 intersecciones semaforizadas, algunas de las cuales tienen sistemas de alimentación con baterías, pero “muchas no aguantan cuatro horas de corte”, reconoce.
Calvache insta a los conductores a tener paciencia, pero admite que “la falta de empatía es evidente”.
Allen Panchana y Daniela Sangurima, una pareja de esposos con tres hijas, han adoptado medidas para proteger a su familia. Viven en un conjunto residencial cerrado en Samborondón, una ciudad vecina a Guayaquil.
Pero los cortes los afectan diariamente.
“No podemos cocinar ni usar agua potable cuando no hay energía porque la cocina es de inducción y las bombas de agua necesitan motor. Durante los cortes, nos toca volver al siglo 18 y agarrar una jarrita”, comenta Allen.
Daniela añade que la crisis afecta la rutina de sus hijas. “Las inscribimos en actividades para que no sientan el estrés de esta situación, que nadie debería normalizar”, expresa.
Sin embargo, admite que la falta de energía altera su descanso y hace que sus hijas se despierten agotadas.
Cuatro ministros han pasado por la cartera de Energía en el último año del gobierno de Daniel Noboa.
Uno de ellos enfrenta actualmente un juicio político. Inés Manzano, la actual ministra, ha prometido medidas a corto plazo, como la compra de energía a proveedores privados, pero la percepción general es que estas llegan tarde y de manera desigual.
Hasta el 17 de septiembre, los cortes serán de 12 horas. En esa fecha, el Ministerio de Energía decidirá si se mantienen o aumentan, dependiendo de las lluvias.
Desde varios sectores, se anuncian movilizaciones, con ciudadanos cansados que llaman a “apagar las velas y encender la llama de la organización”.
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