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Sequía en México: 16 entidades sin agua en todos sus municipios
Sequía en México: 16 entidades sin agua en todos sus municipios
Cuartoscuro
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Sequía en México: 16 entidades sin agua en todos sus municipios
Las entidades que no presentan afectaciones por sequía en México en 2023 son Tabasco y Yucatán, el resto enfrenta falta de lluvias.
23 de marzo, 2023
Por: Diana Delgado Cabañez
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La temporada de estiaje en México ya empezó y de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, al 15  de marzo, el 74.58% del país ya tiene alguna condición seca. Al mismo tiempo, en 16 entidades hay una situación de sequía en el 100% de sus municipios.

Desde hace tres años, el país enfrenta condiciones metereológicas que han agravado la falta de agua, incluso, en julio de 2022, la Secretaría de Medio Ambiente publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por inicio de emergencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas, toda vez que más del 23% de municipios del país tuvieron falta de lluvias.

Los primeros meses de 2023 no son alentadores y a esto se suma que apenas inicia la temporada de calor.

Te puede interesar: La NASA visibiliza la sequía en Nuevo León con fotografías de la presa de Cerro Prieto

Sequía en México 2023: las entidades con menos agua

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la sequía se presenta cuando hay lluvias por debajo del promedio durante varios meses y años, lo que es distinto a la escasez que se refiere a la falta de agua suficiente para cubrir la demanda de una localidad.

A ese respecto, de las 32 entidades, sólo tres (Campeche, Tabasco y Yucatán) tienen un porcentaje de precipitación normal por lo que no entran en los parámetros de sequía.

Sin embargo, hasta el 1 de marzo, las 28 restantes se encuentran por debajo de la media. Los casos más alarmantes están en Colima, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Durango, Baja California Sur, Michoacán y Sinaloa.

“Gran parte de la república mexicana tiene sequía moderada a severa  y principalmente los estados del centro, occidente, sur, norte y noreste del país. Esta sequía moderada se caracteriza porque se presentan daños en cultivos y pastos, existe un alto riesgo en incendios forestales y hay bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, presas y cualquier otro cuerpo de agua”, explica Rafael Trejo, subgerente de pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua.

precipitaciones

Actualmente, de los 32 estados en el país, en 16 hay afectaciones en el 100% de su territorio, aunque el impacto va desde anormalmente seco a sequía moderada en los diferentes municipios. Estos son:

  • Aguascalientes
  • Coahuila
  • CDMX
  • Durango
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Jalisco
  • Estado de México
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nuevo León
  • Querétaro
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Tamaulipas
  • Zacatecas

Por otro lado, las entidades que no presentan afectaciones son Tabasco y Yucatán; seguidas de Campeche y Quintana Roo, con un bajo porcentaje anormalmente seco, debido a que en febrero hubo lluvias por arriba del promedio y por los frentes fríos, detalla el Monitor de Sequía de Conagua.

monitor de sequía 15 de marzo

¿Por qué cada año hay sequía en el país?

De acuerdo con Rafael Trejo, subgerente de Pronóstico Meteorológico, la temporada de lluvias en el país inicia el 15 de mayo y finaliza el 30 de noviembre, durante todo ese periodo, las lluvias son provocadas por el paso de ondas tropicales, formación de ciclones tropicales y los estados del noroeste del país se ven impactados por el monzón mexicano.

Sin embargo, explica, después de noviembre empiezan a descender los sistemas frontales con las tormentas invernales y los frentes fríos y estos no dejan lluvias abundantes, únicamente en el sureste del país.

“Entonces, a partir de noviembre se empiezan a presentar los niveles de sequía porque ya no tenemos sistemas tropicales que dejen lluvias; otra cosa importante es que en marzo, abril y mayo son los meses en los que climatológicamente llueve menos, por eso es considerada la temporada de estiaje, son condiciones normales”.

Trejo aseguró que este año será muy similar al 2022, pues hace un año los niveles de sequía eran muy parecidos a los de ahora, de tal manera que pueden considerarse como “condiciones normales”, cuyo impacto podrá reducirse con las lluvias del verano.

De acuerdo con la  Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés), el fenómeno de La Niña en la parte central del Pacífico Ecuatorial es una de las causantes de la sequía y se pronostica que después de tres años extremadamente secos por sus efectos, en los próximos meses podría haber alivio con la entrada del fenómeno de El Niño.

“Afortunadamente ya va a terminar el fenómeno de La Niña, vamos a tener un periodo con condiciones normales para posteriormente iniciar el fenómeno de El Niño, que como se ha mencionado, va a dejar lluvias desde el verano y hasta diciembre. Estas condiciones van a disminuir la sequía en gran parte del territorio nacional durante este y el próximo año, aunque hay que estar pendientes de los impactos de ciclones y huracanes”, explica Trejo.

Volumen de las presas en México

Las 210 principales presas de México, con capacidad de almacenar 92% del agua de embalses del país, iniciaron el año 2023 con un déficit de 6%, con respecto a la media histórica.

Del total, 16 iniciaron el año 100% de llenado; 88 entre 75% y 99% de almacenamiento; 50 están entre 50% y 74% y 56 cuentan con menos de 50% de almacenamiento, reportó la Subdirección General Técnica de la Conagua.

Tan solo en la Zona Metropolitana, las presas que componen el Sistema Cutzamala tienen un déficit del 9% en comparación con el año pasado, además de que el  Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México determinó que está en los niveles más bajos en su historia.

Hasta el 20 de marzo, las 10 presas con los niveles más bajos en México son:

  • “La Llave” en Querétaro con un llenado del 0.00%
  • “Copándaro” en Lerma Santiago Michoacán con 0.00%
  • “Gonzalo N. Santos, El Peaje” en San Luis Potosí  con un llenado del 0.01%
  • San Ildefonso “Tepozán” en Querétaro con 1%
  • “Constitución de 1917” en Querétaro con  3%
  • “El Molino” en Estado de México con 4%
  • “Abelardo Rodríguez” en Hermosillo, Sonora con 4%
  • “Tres Mezquites” en Los Ángeles, Michoacán con  7%
  • “La Venta” en Querétaro con 7.50%
  • “Cuauhtémoc” en Sonora con 8.78%

“La sequía trae escasez, por eso invitamos a la población a ahorrar el agua, van a ser tres meses donde no va a llover, las presas van a bajar sus niveles y luego va a iniciar la temporada de lluvias, pero incluso con eso, si no sabemos manejar el agua, si no la cuidamos y ahorramos desde el hogar, el próximo año podríamos volver a tener condiciones secas”, asegura el subgerente de Pronóstico Meteorológico de Conagua.

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Por qué el gobierno de Maduro expulsó de Venezuela a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos
8 minutos de lectura
Por qué el gobierno de Maduro expulsó de Venezuela a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos
Las entidades que no presentan afectaciones por sequía en México en 2023 son Tabasco y Yucatán, el resto enfrenta falta de lluvias.
23 de febrero, 2024
Por: BBC News Mundo
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Un arresto, un tuit y dos palabras, “desaparición forzada”, desataron en pocas horas una tormenta que terminó con la salida de Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La activista venezolana Rocío San Miguel fue detenida en Venezuela el viernes 9 de febrero junto a su hija, el padre de su hija, dos hermanos y una expareja.

Cuatro días después, el martes 13 de febrero, la oficina de la ONU publicó este tuit:

“#Venezuela: Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”.

Aunque el Alto Comisionado había solicitado información en otras ocasiones sobre detenidos en Venezuela, esta era la primera vez que usaba el término “desaparición forzada” en sus cuentas de redes sociales para referirse a un caso específico.

Ese término enfureció al gobierno de Nicolás Maduro, al que le importa mucho más que no se le asocie con violaciones de derechos humanos a que se dude de su legitimidad, como hacen muchos gobiernos occidentales.

Pero no quedó ahí la crítica de un órgano de la ONU.

Al día siguiente, el miércoles 14 de febrero, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, convocó una rueda de prensa en Caracas para informar sobre lo que vio durante una visita de dos semanas a cinco estados de Venezuela.

Dijo que el programa de distribución de alimentos del gobierno venezolano, conocido como bolsas o cajas CLAP, era gestionado por algunas autoridades como una “limosna caritativa” que “socava la dignidad humana de los receptores” y “se ha vuelto susceptible de clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela”.

Fakhri aseguró que los presos en las cárceles le preocupaban “seriamente”, sobre todo los que permanecen en estaciones policiales. “Las autoridades no proporcionan a los detenidos ni comida ni agua ni baño ni asistencia sanitaria. Estos centros son inhumanos y degradantes y pueden constituir tortura”.

En sólo 48 horas, la ONU había criticado dos temas sagrados para el gobierno del presidente Maduro: las denuncias sobre desapariciones forzadas y el programa de distribución de alimentos, eje de sus políticas de asistencia social.

El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, criticó la gestión del programa de bolsas y cajas CLAP.
Getty Images
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, criticó la gestión del programa de bolsas y cajas CLAP.

La expulsión

Tres días después del tuit del Alto Comisionado, el jueves 15 de febrero, el canciller venezolano Yván Gil anunció la expulsión de las 13 personas que integraban el equipo de la oficina en Venezuela y les daba 72 horas para abandonar el país.

El canciller indicó que la oficina del Alto Comisionado en Caracas se había convertido en “el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas”, al mantener “una postura sesgada y parcializada para generar impunidad para las personas que planifican atentados, magnicidios”.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ya había informado para entonces que San Miguel había sido detenida y era investigada por su supuesta participación en “Brazalete Blanco”, una conspiración para asesinar a Maduro.

Sin embargo, no había dado explicaciones sobre las irregularidades denunciadas por los abogados de San Miguel: por qué fue detenida con sus familiares; por qué negaron al inicio de la detención que se encontraba en el Helicoide, la prisión del servicio de inteligencia; y por qué la mantuvieron en aislamiento durante diez días, sin contacto con parientes ni defensores.

“Dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales se realizó la audiencia de presentación previo a una orden de aprehensión”, justificó Saab en una conferencia de prensa.

“¿Cómo explican que hasta ahora haya gente diciendo que hubo una desaparición forzada?”, dijo al cuestionar al Alto Comisionado y a las más de 200 organizaciones no gubernamentales locales que protestaron por el caso de la activista.

La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas indica que este delito combina tres elementos: la privación de libertad contra la voluntad de la persona, la participación de funcionarios gubernamentales y la negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida

San Miguel dirige Control Ciudadano, una ONG que promueve la contraloría de la fuerza armada venezolana. El Ministerio Público la acusó por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.

Uno de sus allegados permanece detenido y los familiares fueron liberados, sometidos a régimen de presentación ante los tribunales y con prohibición de salida de Venezuela.

Cuatro días después del anuncio del canciller, el lunes 19 de febrero, Maduro confirmó que el personal de la oficina se había marchado del país el sábado 17 de febrero. Y cambió los términos de la expulsión: “Hasta que no rectifiquen, pidan perdón y se pueda restablecer una relación de respeto, esa oficina técnica no volverá a Venezuela”.

Rocío San Miguel fue detenida el viernes 9 de febrero.
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Rocío San Miguel fue detenida el viernes 9 de febrero.

La creación de la oficina

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos se instaló en Caracas a mediados de 2019, tras una visita de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien ocupaba entonces el cargo de Alta Comisionada.

Preocupado por las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el país, el gobierno accedió a que la oficina del Alto Comisionado se instalara en Venezuela y monitoreara la situación con el fin de cooperar y evitar nuevos señalamientos negativos que tiñeran su imagen en el mundo.

El gobierno de Maduro quería acabar con lo que consideraba como una “visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos”.

Pero la instalación de la oficina no impidió que la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, un mecanismo de la ONU con un mandato separado de la oficina del Alto Comisionado, investigara y documentara casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.

Ese año se registraron las primeras protestas contra el gobierno de Maduro en las que hubo decenas de muertos y heridos.

La presidenta de la misión independiente, Marta Valiñas, alertó que la forma en que San Miguel y sus familiares fueron detenidos responde a un patrón que los investigadores de la misión detectaron en testimonios de otras víctimas de violaciones de derechos humanos.

No era ese el lenguaje de la oficina del Alto Comisionado, mucho más ponderada y públicamente menos crítica.

Hasta que llegó el tuit tras la detención de San Miguel.

La salida del personal de la oficina llega en un momento de alta tensión en Venezuela a la espera de conocer la fecha definitiva de las elecciones presidenciales.

El gobierno denuncia una supuesta conspiración contra Maduro en medio de la presión nacional e internacional para exigir que se levante la inhabilitación política de María Corina Machado, elegida como la candidata opositora para desafiar a Maduro en las presidenciales.

Bachelet y Maduro
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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió a la exmandataria chilena Michelle Bachelet como Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. en junio de 2019.

Qué implica la salida

El abogado Alí Daniels, director de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, explicó que la expulsión del personal de la oficina elimina la “única instancia imparcial e independiente en el país” a la que podían acudir las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Era un sitio para escuchar a las víctimas. Allí no había miedo. No solo se les escuchaba, se les creía. Eso era un factor esencial para las víctimas porque era un acto de justicia. Y que estuviera en Caracas era una enorme ventaja que ahora se pierde”.

Daniels dijo que la oficina también podía interceder ante el gobierno frente a ciertos casos, lograba liberaciones y el cese de violaciones. “Ellos podían hacer más que nosotros”, afirmó en referencia a los activistas locales.

La socióloga Ligia Bolívar, quien fue fundadora de la ONG Provea y es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que el mayor aporte de la oficina fue “el acompañamiento a presos y familiares”.

“El gobierno es hermético, no establece puentes ni interacción con las ONG porque no reconoce su trabajo. La oficina hizo el vínculo entre presos políticos y comunes y sus familiares con las autoridades y se lograron acciones importantes desde el punto de vista humanitario”.

Bolívar precisó que si bien disminuye la capacidad de acción de la oficina porque no está en Venezuela, puede mantener sus labores desde otras sedes. “Lo que está tratando de evitar el gobierno es el monitoreo internacional. A partir de ahora se hará a distancia, como ocurre con otros países como Nicaragua”.

BBC Mundo pidió una entrevista con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para conocer los próximos pasos de la instancia, pero no obtuvo respuesta para la fecha de publicación de esta historia.

La nutricionista Susana Raffalli, activista por el derecho a la alimentación, recordó que la oficina construyó “un espacio de reunión entre los actores de la sociedad civil que ahora se pierde” y constituía “una fuente de información estructurada sobre el país para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

Raffalli advirtió que la campaña “Yo soy Rocío” y “Todos somos Rocío” no solo implica un acto de solidaridad con la activista, sino también el reconocimiento de que cualquiera en Venezuela puede ser víctima de una detención como la de San Miguel.

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