Samuel García pide la destitución del fiscal de Nuevo León; AMLO lo respalda
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, solicitará al Congreso de la Unión destituir al fiscal del Estado, Pedro Arce Jardón, a quien acusó de ser impuesto por gobiernos anteriores y de hacer uso político de sus capacidades.
“Voy rumbo a la CDMX a pedir la destitución del encargado de la Fiscalía de Nuevo León impuesto por el PRIAN a raíz de la denuncia y renuncia el anterior titular. Ya hablé con el presidente López Obrador para decirle que esta situación es insostenible y ahora voy ante el Congreso”, escribió en su cuenta de Twitter.
Ayer por la tarde, el gobernador acusó que policías ministeriales armados acudieron a la Torre Administrativa en Monterrey e intentaron ingresar al edificio, aunque horas después, la Fiscalía envió un comunicado en el que aclaró que no llevaban armas y que solo acudieron a entregar un oficio de notificación de medidas de protección a una dependencia del Gobierno del Estado.
Tras la polémica, Samuel García señaló que la Fiscalía de Nuevo León “está haciendo uso faccioso y político de sus capacidades, obstruyendo el trabajo del Gobierno, del Gabinete y las Secretarías, intimidando y entrando a oficinas de gobierno con ministeriales armados”.
Criticó que se dediquen a temas políticos y no a detener a los delincuentes.
“A esto se dedican, en lugar de ir tras los delincuentes. El encargado de la Fiscalía se tiene que ir porque obedece a un gánster, no a la seguridad pública del Estado de Nuevo León. En ocho meses no ha hecho nada más que perseguir al Gobierno, a secretarios y funcionarios, por órdenes de capos impresentables.”.
En su mensaje, pidió el apoyo de la población para destituir al actual encargado de despacho de la Fiscalía y que sea nombrado otro “autónomo y ciudadano”.
Ayer quedó claro que la Fiscalía está haciendo uso faccioso y político de sus capacidades, obstruyendo el trabajo del Gobierno, del Gabinete y las Secretarías, intimidando y entrando a oficinas de gobierno con ministeriales armados.
— Samuel García (@samuel_garcias) June 8, 2023
AMLO respalda a Samuel García
El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, luego de que ayer elementos armados de la Fiscalía del estado intentaron ingresar a las oficinas de la Torre Administrativa.
En conferencia de prensa, aseguró que en el estado están “chantajeando” al gobernador y que no hay “equilibrio de poderes”, por lo que pidió que lo respeten porque es el titular del Ejecutivo de Nuevo León.
Criticó que la fiscalía haya dado la orden de catear la oficina de gobierno y que haya fiscales que lleguen a tener “más fuerza en los hechos que los gobernadores”.
“Ayer, una orden del procurador llevó a que catearan una oficina del gobierno del estado, tomaron con la policía. ¿Qué es eso? Es un exceso, ahí no hay equilibrio de poderes, ahí los poderes quieren ser los legisladores de oposición. En Nuevo León se votó por el gobernador y lo tiene que respetar, él es el titular del Ejecutivo y no chantajearlo”, dijo.
El mandatario aseguró que en el Congreso de Nuevo León se formó un bloque de oposición que comenzó a imponerse en funciones que no le corresponden porque Samuel García no tiene mayoría.
Sobre el conflicto entre @samuel_garcias y la @FiscaliaNL, @lopezobrador_ critica que por una orden del fiscal hayan cateado una oficina gubernamental. Asegura que están "chantajeando" al gobernador de Nuevo León y le expresó su apoyo. pic.twitter.com/grUglewgGd
— Animal Político (@Pajaropolitico) June 8, 2023
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El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Los motivos de la suspensión
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Qué caminos abre la decisión
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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