Samuel García rechaza incremento al impuesto predial en Monterrey; envía veto al Congreso, “es un atraco a las famiias”, dice
Samuel García, gobernador de Nuevo León, envió un veto al Congreso local al aumento del predial en Monterrey, propuesto por el alcalde Adrián de la Garza, el cual dijo que era “excesivo” y lo calificó como un “atraco”.
El mandatario dijo que el incremento del 30 % al predial “era genérico” pero que había algunas zonas de la capital en donde podía llegar a subir hasta 1500 %, y como ejemplos puso la colonia Nogales donde pasaría de 150 pesos a 3 mil y las colonias alrededor de la avenida Luis Donaldo Colosio que pasarían de 3 mil 200 a 7 mil 800.
“No puedo permitir como gobernador que suba al doble o triple el predial y menos este 2025 con todo el tema federal y de Trump en Estados Unidos, pinta para ser un año complicado. Por eso me obligado de maner muy responsable a vetarlo”, señaló.
El veto fue entregado por el consejero jurídico Ulises Carlin de la Fuente a la Oficina de Partes del Congreso del Estado, en donde para rechazarlo se necesitará mayoría absoluta o calificada (dos terceras partes de los legisladores) la cual, dijo el gobernador, “espera que no las consigan”.
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“Se va al Congreso, ahora va a requerir mayoría absoluta o calificada, dos terceras partes, espero que no las consigan y que no se de este atraco para las familias de Monterrey, no es justo, es excesivo”, mencionó.
De igual manera, sin dar nombres específicos, García dijo que en encuestas en medios de comunicación el rechazo al aumento del predial era de 80-85 % y que en las que él realizó en sus redes sociales llegó hasta el 90 %.
Luego de que el veto fuera entregado al Congreso, Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, señaló que el trámite está fuera de tiempo y lo calificó como un “berrinche” de Samuel García.
El diputado dijo que el decreto fue aprobado el 29 de noviembre y que el gobernador tenía 10 días para enviar observaciones y 20 para publicar en el Periódico Oficial, lo cual no hizo, además dijo que tiene un “trauma” de que Adrián de la Garza le ganó a su esposa Marian Rodríguez la alcaldía, por lo cual le pidió dejar atrás sus “niñerías y chiflazones”.
“Desconozco que vaya a ser la mesa directiva, pero está completamente fuera de tiempo. Creo que no hay tema con ese material, no debería de proceder”, mencionó en rueda de prensa.
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Las autoridades confirmaron la identidad de cuatro cuerpos que mostraban señales de tortura
La Fiscalía General de Ecuador confirmó que los cuatro cuerpos que se encontraron incinerados y con señales de tortura cerca de una base militar corresponden a los de cuatro niños que salieron a jugar fútbol el pasado 8 de diciembre y nunca volvieron a su casa.
Poco antes, un juez había ordenado la captura de 16 miembros de las fuerzas militares del país por su posible rol en el asesinato.
“Con base en los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc, el Juez de la causa dicta prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta #DesapariciónForzada“, publicó la fiscalía en su cuenta en la red social X.
El caso ha generado indignación en Ecuador, donde cientos de personas salieron a la calle a pedir el regreso de Steven Medina, de 11 años, Saúl Arboleda de 15, y los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años.
Luego del anuncio de la fiscalía, en las calles que rodeaban la institución se veían las caras de dolor y rabia por un crimen que cerró de manera violenta el que fue un difícil 2024 en cuestión de seguridad para el gobierno del presidente Daniel Noboa.
El caso se convierte en uno de los momentos más difíciles para un presidente que ha basado su estrategia de lucha contra el crimen en la declaratoria del estado de excepción, el cual otorga poderes especiales a las fuerzas de seguridad para afrontar a las bandas al margen de la ley.
Un país de luto
La indignación por el caso empujó a muchas personas a salir a protestar, exigiendo el regreso de los niños sanos y salvos.
Por ello, horas después de conocerse la identidad de los cuerpos y el escabroso final de los 4 niños, la Asamblea Nacional de Ecuador declaró 3 días de luto por la “desaparición forzada y asesinato” de los menores.
“Exhortamos a las autoridades del Gobierno Nacional y a la justicia ejercer todo el peso de la ley en este caso”, dijo la rama legislativa en un comunicado publicado en X.
Hasta el momento no ha habido respuesta del gobierno de Noboa ni de las altas esferas militares del país.
Sin embargo, este domingo se celebró el entierro de los niños, después de que sus restos fueran entregados a los familiares en ataúdes sellados con plástico, informó el diario ecuatoriano El Universo.
“Justicia para nuestros niños”, gritaron las madres y familiares de los niños en el cementerio Ángel María Canals, en el suburbio de Guayaquil, precisó el periódico.
La prensa ecuatoriana reportó que los familiares de las víctimas insistieron en que no descansarán hasta que los responsables de estas muertes sean sentenciados.
Muchas versiones
La desaparición de los cuatro muchachos cerca de Guayaquil generó de manera inmediata una polarización entre la población, en parte impulsada por las distintas versiones de los hechos que comenzaron a circular al conocerse el caso.
En una declaración inicial, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, adjudicó la desaparición de los menores a “grupos delincuenciales”.
Pero días después, Loffredo cambió la versión y reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla de 16 militares que se movilizaban en dos vehículos.
Los militares “observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer”, explicó.
“Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido”, señaló el ministro en declaraciones a la radio City.
Esta versión indignó a los familiares, y a miles de ecuatorianos que los apoyaban, e hizo que la gente se fuera a las calles con carteles exigiendo el regreso de los menores, algunos con el lema de “son futbolistas, no terroristas”.
A la hora del anuncio de la fiscalía, muchos de esos manifestantes expresaron su dolor a las afueras del edificio.
Con la detención de los 16 militares, se espera que comience un proceso de esclarecimiento de los hechos para entender qué fue lo que verdaderamente ocurrió esa tarde del 8 de diciembre.
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