Instituto Electoral de Sinaloa invalida revocación de mandato a Rocha Moya, solicitud debería ser analizada, dice gobernador
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) resolvió que no es procedente las solicitudes de participación ciudadana para la revocación de mandato del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, las cuales fueron solicitadas en tres diversas peticiones.
Durante las sesiones extraordinaria y especial, el consejero presidente del IEES, Arturo Fajardo Mejía, explicó que, de acuerdo al principio de legalidad, la ley de revocación de mandato y la reforma a la constitución política local cobraron vigencia con posterioridad a la jornada en la que se eligió a Rocha Moya.
Recordó que la jornada fue el pasado 6 de junio del 2021, en la que la ciudadanía sinaloense otorgó por mayoría de votos al morenista.
“En ese momento no existía en el marco jurídico, ni en la norma, ni en los preceptos constitucionales o legales de la legislación aquí en el estado de Sinaloa ninguna disposición que previera la posibilidad de que ese cargo lo decidió la ciudadanía sinaloense pudiera terminar de manera anticipada”, comentó Fajardo Mejía.
Fue hasta el 17 de junio de 2022 cuando se publicó una reforma constitucional que contemplaba dicha actuación y fue hasta el 2 de febrero de 2024 en la que se publicó la revocación de mandato.
“Considerar que esa ley deba aplicarse a quien hoy ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo sería incurrir en una violación a lo dispuesto por el artículo 14 de nuestra carta magna de la Constitución Política que prevé expresamente que a ninguna ley se le podrá dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, expuso.
Revocación de mandato afectaría a sinaloenses
Añadió que al no haber existido este instrumento cuando se eligió a Rocha Moya, la ciudadanía votó sin considerarlo, por lo que afectaría a quienes lo tacharon en las boletas durante las elecciones.
“De aplicarse generaría un efecto retroactivo en perjuicio del titular, que cuando fue electo no existía esta modalidad y esta posibilidad de una terminación anticipada, pero también de la ciudadanía sinaloense que acudió a las urnas a emitir su voto y que decidió otorgarle ese mandato por un periodo de seis años, no de tres o cuatro”, sentenció Fajardo Mejía.
Revocación se aplicará al siguiente gobernador
Agregó que esta Ley de Revocación de Mandato se aplicará a la persona que resulte ganadora del proceso electoral para gobernador en 2027.
Añadió que para que Rocha Moya pudiera ser retirado de su cargo, la ley debió haber sido aprobada con 90 días de antelación del proceso electoral.
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“Son condiciones, son reglas que aplican no solo a las personas que contienden sino a quienes acudimos a la urna a emitir nuestro voto”, reiteró.
Consejeros apoyarían revocación de mandato
Ante el contexto actual en el que se encuentra el estado de Sinaloa, la consejera Judith Gabriela López del Rincón, aseguró que, de haber existido tal revocación, habría votado porque se fuera el gobernador Rocha Moya.
Dijo que se presenta un tema que toca el corazón de la democracia y responsabilidad cívica, pero, sobre todo, las fibras más sensibles de la sociedad sinaloense.
“Esta es una herramienta importante que permite a la ciudadanía a decidir sobre la permanencia de sus autoridades, un derecho que tiene el propósito de garantizar que quienes nos gobiernan actúen conforme a nuestros intereses y expectativas, como muchas y muchos de ustedes conozco la importancia de una revocación de mandato, como ciudadana, sin duda hubiera apoyado con firmeza un proyecto de proceso de revocación”, señaló.
Debería ser realizada, dice gobernador
En tanto, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, dijo que la revocación de mandato sí debería ser realizada “y así lo externaré por escrito al órgano electoral”, pero que respeta el acuerdo del IEES.
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“Yo voy a mandar un oficio donde pido que se aplique la revocación de mandato, yo quiero someterme, para eso fui yo quien mandó la iniciativa de ley y estoy en la idea de que se aplique conmigo, que lo resuelvan o que no siga, que lo digan”, comentó el mandatario estatal.
Rocha Moya precisó que fue él como senador quien presentó la reforma a la Ley Electoral para que los gobernantes puedan someterse a la mitad de su mandato a un plebiscito en el que los ciudadanos tengan la oportunidad de decidir si pueden o no continuar en el cargo.
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Nora tiene pesadillas desde que piensa en la posibilidad de ser deportada. Sus hijas Christell y Leah están dispuestas a abandonar EU para mantener a la familia unida.
Nora no durmió durante la noche electoral. A medida que Donald Trump sumaba votos y el mapa de Estados Unidos se teñía de rojo, crecía su temor a ser deportada.
Aunque sus dos hijas son ciudadanas estadounidenses, Nora es indocumentada. Llegó a Estados Unidos hace 24 años, después de que el huracán Mitch devastara su pueblo en Nicaragua.
“Ando desvelada, no he podido dormir. Vuelve el miedo nuevamente”, dice tras pedir que su identidad se mantenga anónima debido a su estatus migratorio.
La campaña republicana insistió en un lema que resume el punto de partida del segundo mandato de Trump frente a los migrantes indocumentados: “¡Deportaciones masivas ahora!”.
Esta propuesta se convirtió en un tema diario de discusión entre Nora, de 47 años, y sus hijas Christell y Leah, de 30 y 19, durante las últimas semanas de campaña, en las que decidieron hacer un plan de respuesta familiar ante el posible triunfo del candidato republicano.
“Nos sentamos a hablar, porque teníamos mucha ansiedad y mucho miedo”, recuerda Nora. “Mis hijas me dijeron que, si tomo la decisión de marcharme de Estados Unidos, ellas se irían conmigo”.
Christell y Leah no pueden pedir a su madre ante las autoridades migratorias porque entró de forma irregular por la frontera sur. “El triunfo de Trump nos aterroriza”.
El expresidente conquistó más de los 270 votos del Colegio Electoral que requería para consolidarse como el ganador de los comicios.
Además, los republicanos lograron el control del Senado, lo cual le permitirá a Trump avanzar en sus iniciativas de gobierno.
Un millón para empezar
JD Vance, el compañero de fórmula de Trump como aspirante republicano a la vicepresidencia, dijo en una entrevista con el canal ABC que la deportación masiva de migrantes podría comenzar con un millón de personas indocumentadas.
Sin embargo, expertos en legislación migratoria cuestionan el costo y la factibilidad de esta propuesta. Algunos estiman que mantener un plan como el que propone Trump costaría alrededor de US$100.000 millones.
Cerca de 11 millones de migrantes indocumentados vivían en Estados Unidos hasta 2022, según la información más reciente publicada por el Departamento de Seguridad Nacional.
Casi la mitad de esta población proviene de México, seguida por Guatemala, El Salvador y Honduras.
Los migrantes indocumentados representan 3.3% de los habitantes de Estados Unidos y al menos 8.3 millones son trabajadores, de acuerdo con el instituto de investigación Pew Research Center.
La mayoría de los migrantes indocumentados se concentran en seis estados: California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.
Sin embargo, el Pew Research Center advierte que este panorama puede haber cambiado durante los últimos dos años debido a tres factores que aún no se reflejan en las estadísticas oficiales:
- La cifra récord de más de 2 millones de arrestos en la frontera con México.
- El incremento de más de 1 millón de solicitudes de asilo.
- La llegada de 500 mil migrantes beneficiados por permisos humanitarios (parole) provenientes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.
“Quieren quitarme a mi mamá”
En el año 2000, cuando Nora se quedó sin empleo después del huracán Mitch, la decisión más difícil no fue emigrar a Estados Unidos junto con su esposo.
Lo más doloroso fue dejar a su hija Christell, quien tenía 6 años en aquel momento, con la abuela.
A la pareja le tomó cuatro años juntar el dinero necesario para sacar a Christell de Nicaragua y llevarla a Estados Unidos. Un año después nació su segunda hija, Leah, en Miami.
Durante su primer gobierno (2017-2021), Trump respondió al repunte en la entrada irregular de migrantes por la frontera sur con una orden polémica: separar a los padres de sus hijos para disuadir a las familias de emigrar hacia EU sin seguir lo marcado por la ley.
Aquella situación sembró tanto miedo en la casa de Nora, que su hija Leah se ofreció a defenderla públicamente de la amenaza de ser deportada, aunque solo tuviera 12 años.
Leah Cayasso se convirtió en redes sociales en “Leah, la activista” (@LeahTheActivist) y se identificaba a sí misma como una “orgullosa hija de migrantes”.
“Quieren quitarme a mi mamá”, dijo Leah desde una tarima durante un acto contra la política migratoria de Trump en 2018, cerca de la Casa Blanca en Washington DC.
“No me gusta vivir con este miedo. No puedo dormir. No puedo estudiar. Estoy estresada”, afirmó entre lágrimas ante una audiencia que le pareció multitudinaria.
“Tengo miedo de que se lleven a mi mamá mientras está en el trabajo, conduciendo o en casa”, expresó en aquel momento.
Seis años después de aquella experiencia, Leah ya no hace activismo, aunque respalda la lucha de su madre por encontrar una alternativa para obtener la ciudadanía.
“Yo tenía las esperanzas de una chica muy joven que no entendía muy bien lo que estaba pasando”, cuenta Leah en una llamada telefónica.
“Fue difícil no ver resultados y hasta cierto punto perdí un poco la esperanza.
“Ahora que comprendo la situación, creo que la mejor opción para mi mamá es que se apruebe un TPS para los nicaragüenses”.
La opción de un TPS
El estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, brinda una protección a los ciudadanos que no pueden regresar de forma segura a sus países, como es el caso de Cuba, Haití o Venezuela.
El Departamento de Seguridad Nacional de EU ofrece TPS a los ciudadanos de países que afrontan tres “condiciones temporales”: conflictos armados, desastres naturales o sanitarios (como epidemias) u otras circunstancias “extraordinarias”.
En vista de que el perfil de Nora no se ajusta a las condiciones que exige Estados Unidos para optar por el permiso humanitario para los nicaragüenses, considera que la opción más expedita para lograr su legalización es un TPS.
“En estos 24 años que llevo en Estados Unidos, en los que he trabajado y he pagado impuestos, no ha habido ningún otro mecanismo para que yo cambie de estatus”.
“Qué difícil es pensar en volver a Nicaragua”.
El estatus migratorio de Nora es la mayor preocupación de toda la familia.
De hecho, Christell y Leah votaron por primera vez en estas elecciones con la esperanza de que si Kamala Harris ganaba, podría hacer “algo a favor de los migrantes”.
Durante su campaña, Harris prometió que buscaría agilizar el proceso de asilo y abrir vías legales para que los indocumentados tramitaran la ciudadanía.
Pero desde la victoria de Trump, temen verse obligadas a separarse de su madre.
“Me siento un poco triste y decepcionada de ver cuántas personas apoyaron a Trump”, asegura Christell. “Nos afecta mucho saber que nuevamente hay una amenaza hacia nuestra comunidad migrante y en especial hacia nuestra familia”.
En el ejercicio de imaginar los próximos pasos que van a seguir, Christell reconoce que emigrar de Estados Unidos “es una decisión difícil”.
Sin embargo, alberga la esperanza de que Biden tome una medida de última hora y decida conceder el TPS a los nicaragüenses.
En medio de la incertidumbre, Leah se aferra a una única certeza: “Haremos lo que sea por mi mamá”.
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