Un vecino de la colonia Acacias observó que algunas personas comenzaron a retirar los sellos de suspensión que la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) colocó el pasado 7 de julio en el predio destinado al centro comercial Fresko, e inmediatamente alertó a la comunidad mediante el chat vecinal. 

En dicha zona ya se han realizado protestas por parte de habitantes, quienes se han pronunciado en contra de la construcción del  supermercado en José María Rico número 221, en la alcaldía Benito Juárez, en un predio en el que antes estaba la Dirección General de Bachillerato, de la Secretaría de Educación Pública, cuyo edificio fue demolido.

De acuerdo con vecinos, el retiro de sellos inició el 3 de noviembre y desde entonces ya no hay ninguno alrededor del predio, por lo que quienes viven en la zona se han preguntado si fueron retirados por autoridades o por la compañía. Hasta el momento no hay confirmación. 

Y mencionó que en la zona se ha visto personal de limpieza, aunque no observó maquinaria ni presencia de funcionarios durante este periodo.

Ximena Galicia reclamó que a pesar de la resistencia vecinal, ni la constructora ni la alcaldía han brindado ningún tipo de información y explicó que el único elemento que se mantuvo constante fue el módulo de información comunitaria.

“Lo que sí ha seguido es el módulo del Fresko… eso sí ha estado todos los días. No se paró”.

¿Cuál fue el motivo principal de la clausura? Si eran oficinas de la Secretaría de Educación Pública y funcionaban como la Dirección General de Bachillerato, ¿era un edificio que pertenecía al gobierno federal? ¿Qué dictámenes emitió el INAH sobre la estructura con art déco y hubo otros dictámenes posteriores? ¿Cuál es el estatus de la propiedad del predio y cómo fue administrado o transferido antes de la obra? ¿Qué información existe sobre el cumplimiento de permisos ambientales y urbanísticos para la construcción del centro comercial?

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La dependencia argumentó que la investigación aún se encuentra en curso y que la divulgación podría afectar las acciones de inspección y vigilancia ambiental. 

Mientras tanto, la información generada o recopilada sobre el predio permanece inaccesible, incluso para los vecinos que han intentado verificar si la obra cumple con los requisitos legales ambientales.

Autoridades desconocen a quién pertenece el predio, pese a haber sido ocupado por una dependencia

Sobre el estatus de la propiedad y la administración previa del predio, no existen documentos que aclaren cómo un inmueble utilizado por una dependencia federal dejó de formar parte de sus instalaciones ni si hubo un acto formal de desincorporación o transferencia a particulares. 

En esa misma línea, al consultar si el edificio perteneció al gobierno federal y formó parte del Patrimonio Inmobiliario Federal —así como el posible proceso y fecha de su desincorporación—, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) respondió, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que no existen registros del predio en sus bases de datos.

Mientras que la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal informó que, tras realizar búsqueda en archivos físicos y electrónicos, no localizó información relacionada con el inmueble. La Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria y la Subdirección del Registro Público e Inventario señalaron que no se encontraron documentos inscritos en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, y la Dirección General de Avalúos y Obras confirmó que tampoco existen avalúos registrados. 

El INDAABIN añadió que la inexistencia de información no impide que alguna dependencia federal hubiera ejercido posesión o administración del inmueble, aunque no quedó registrada en los sistemas actuales.

El 25 de julio de 2025, la Dirección de Salvamento Arqueológico respondió a una solicitud de información y detalló que el 26 de mayo de 2025 realizó una inspección en el predio, que incluyó recorridos en superficie y la revisión de perfiles estratigráficos visibles, sin identificar materiales arqueológicos ni indicios de ocupación prehispánica. 

Posteriormente, en otra respuesta vía transparencia, la Coordinación Nacional de Arqueología informó que, tras revisar sus archivos y el Archivo Nacional de Arqueología, no se localizaron dictámenes, permisos, revisiones previas ni designaciones del predio como zona de potencial arqueológico. El INAH confirmó además que las obras realizadas en el predio no cuentan con visto bueno, dictamen, permiso ni autorización emitida, y que el oficio mencionado no constituye autorización de obra ni sustituye los dictámenes formales requeridos para proyectos que impliquen excavación.

Ximena lo resume así: “No hay comunicación oficial… lo que sabemos es lo que vemos”. 

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Para los vecinos, los únicos indicadores disponibles son los movimientos dentro del predio, donde cada modificación se interpreta ante la falta de información por parte de las autoridades. Mientras no haya datos públicos que respondan a las preguntas planteadas desde el inicio, la obra parece comenzar de nuevo y la comunidad continúa observando. Por ahora, los vecinos mantienen su vigilancia y su oposición al proyecto del centro comercial.

Al saber que los sellos colocados por la SEDEMA habían sido retirados, se solicitó información al área de comunicación de la dependencia para conocer quién realizó el retiro, si existió algún procedimiento administrativo asociado o si se emitió alguna sanción. Hasta el momento de cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta por parte de la Secretaría.