El secretario de Seguridad Ciudadana del estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, afirmó que hay un detenido tras rescatar de un secuestro a la jueza del programa “MasterChef Celebrity”, Zahie Téllez y a su esposo, Alberto Escobar, en los límites de la alcaldía Tlalpan y el estado de Morelos.
“En un trabajo coordinado, con el Ejército, Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad de Morelos y de la Ciudad de México (…) derivado del intercambio de información, se ubicó a un vehículo sospechoso aquí en la ciudad de Cuernavaca, se detuvo a una persona y se logró rescatar con vida, sin ninguna lesión a dos personas privadas de la libertad”, comentó ante medios.
El funcionario señaló que Téllez y Escobar se encuentran en buen estado de salud.
“Es una pareja, se encuentran en buen estado de salud, y ahorita, lógicamente es un shock para ellos, aquí les van apoyar y van a seguir las diligencias correspondientes”, señaló el secretario.
De acuerdo con el secretario, un medio de comunicación se puso en contacto con la dependencia para denunciar el secuestro.
“Tuvimos un reporte por un medio de comunicación, de Imagen, donde se estaba realizando una entrevista a una persona conocida en redes sociales y en ese instante se refiere que fue privada de la libertad sobre la autopista”, destacó Urrutia.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad del estado de Morelos, señaló que dio un seguimiento técnico para ubicar la camioneta de los afectados.
Dicho vehículo fue ubicado en la zona norte de Cuernavaca, donde se dio un seguimiento coordinado, por lo que, bajo los protocolos correspondientes, se detuvo en flagrancia a un masculino, y las personas privadas de libertad fueron localizadas. Ambas víctimas presentan un estado de salud estable, sin lesión alguna, reiteró el comunicado.
Precisó que el caso se puso a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) de Fiscalía General del Estado (FGE), para que dé seguimiento a la carpeta de investigación correspondiente.
Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), entre 2018 y 2023, la percepción de inseguridad en la entidad pasó de 86.3 a 87%, solo por debajo del Estado de México y Zacatecas.
En 2023 hubo mil 504 asesinatos, y entre enero y julio de este año se han registrado 970 casos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, el lunes 22 de enero fue uno de los días más violentos que se ha registrado en los últimos años en la entidad, pues ese día reportaron 10 asesinatos. Esto le valió a Morelos ser el estado más violento en todo el país, por al menos un día.
Cuautla, en el caso de la región oriente, así como Emiliano Zapata, Cuernavaca y Temixco, en la región metropolitana, son de los municipios con más homicidios.
El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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