
Miguel Aguilar Romo, regidor de Guanajuato capital por el Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el grafiti es una práctica que puede generar conflictos y adicciones entre las juventudes.
Al ser cuestionado sobre los trabajos que se realizarán desde el cabildo capitalino para poder combatir las adicciones a dos años de que el gobierno estatal finalizó el programa Planet Youth, Aguilar Romo, quien es presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Rural, Salud Pública y Asistencia Social, dijo que dicho proyecto era únicamente una marca registrada por Islandia que buscaba identificar los sectores de riesgo de adicciones entre las juventudes.
Argumentó que dentro de los puntos de riesgo se encuentra: violencia escolar, violencia familiar y convivir con grupos de amigos que inducen a los jóvenes a ingerir algún tipo de sustancia o cometer actos de violencia.

Mencionó que otro elemento de riesgo es que los jóvenes no tienen un uso del tiempo libre estructurado, por lo cual no practican actividades deportivas o culturales, lo cual calificó como un problema muy fuerte.
El panista dijo que el modelo islandés iba dirigido directamente a los padres de familia y tutores, sobre su responsabilidad en supervisar a los menores de edad durante su tiempo libre; fue ahí donde señaló que el grafiti es una práctica que puede derivar en adicciones y conflictos entre las juventudes.
“Todos sabemos que es un problema bastante fuerte el grafiti en Guanajuato; no es que sea un delito; digo, es un delito porque estás maltratando propiedad que no te corresponde o no es tuya, pero es una situación que te va generando una serie de conflictos al futuro”, señaló.

A lo largo de la historia y desde el nacimiento del grafiti en los años 60, esta práctica ha dividido opiniones entre quienes la consideran como un tipo de cultura urbana y expresión artística y quienes la señalan como vandalismo.
Esta nota se publicó originalmente en Zona Franca.

Dos días después de que Maduro fuera capturado en Caracas en una operación militar estadounidense, quien fuera su mano derecha asumió como jefa de Estado interina.
Delcy Rodríguez juramentó este lunes como la nueva presidenta encargada de Venezuela.
Quien fuera la mano derecha de Nicolás Maduro se conviritó así en su sucesora interina, dos días después de que en la madrugada del sábado el entonces mandatario fuera capturado por Estados Unidos.
Maduro fue detenido en Caracas en un amplio y controlado operativo militar de EE.UU. junto a su esposa, Cilia Flores
Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde este lunes se declararon no culpables ante un tribunal federal de cargos de conspiración para el narcoterrorismo y otros delitos.
En una retrasada ceremonia ante la Asamblea Nacional, que asumió en esta misma jornada para su nuevo periodo, la otrora vicepresidenta ejecutiva del país asumió el cargo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenara su asunción como jefa de Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, fue uno de los testigos directos de la juramentación.
Con el nombramiento de Rodríguez como presidenta interina, el tribunal le otorga el poder para liderar “la defensa de la soberanía” y “preservar el orden constitucional”.
La líder cuenta además con el respaldo del ejército venezolano.
La abogada de 56 años ha sido una pieza clave del chavismo. Durante el gobierno de Hugo Chávez llegó por primera vez al gabinete como ministra del despacho de la Presidencia.
Pero fue tras la asunción de Maduro, en 2013, cuando consolidó su poder: fue ministra de Comunicación e Información, ministra de Economía, para luego asumir como canciller y finalmente como ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva.
Pocas horas antes de juramentar, Rodríguez había dado un giro drástico en el tono con Estados Unidos.
Tras la operación militar de élite que fue ordenada por el propio Donald Trump en territorio venezolano, fue ella quien la calificó como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y una “agresión extranjera”.
“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró en una intervención en cadena nacional.
“Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez a la vez que reafirmó que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.
La noche del domingo, sin embargo, la nueva presidenta de Venezuela invitó al gobierno de Trump a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.
“Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, agregó en un post de Instagram, recalcando los principios de la “igualdad soberana y la no injerencia”.
Trump había sugerido previamente que Rodríguez estuvo en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y que habría manifestado su disposición a acceder a todas las exigencias de Washington. “No tiene alternativa”, afirmó.
Este domingo el mandatario estadounidense fue más allá y le dijo a la revista The Atlantic que si Rodríguez “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de (Nicolás) Maduro”.
Tras la captura de Maduro, Trump había advertido que EE.UU. “gobernará” Venezuela “hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”.
La Constitución venezolana establece un plazo de 30 días para realizar elecciones en caso de una falta absoluta del presidente.
Las causas incluyen, entre otros supuestos, fallecimiento, renuncia, destitución o abandono.
Sin embargo, por el carácter excepcional del caso, el Tribunal Supremo de Venezuela optó por interpretar la ausencia de Maduro como “temporal”, atribuyendo a la vicepresidenta la función de suplirlo.
Un vicepresidente puede suplir la ausencia presidencial temporal durante hasta 90 días, período que puede extenderse a seis meses con el voto de la Asamblea Nacional.
En su sentencia, de todas formas, el máximo tribunal venezolano no recordó esos plazos, lo que abre dudas sobre la posibilidad de que Rodríguez pueda mantenerse en el poder más allá de ese itinerario.
Lo más probable es que aquello dependa ahora, en gran medida, de cómo la nueva presidenta de Venezuela maneje la relación con Estados Unidos.
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