Quintana Roo aprueba reforma judicial del estado; elegirán a jueces y magistrados locales el 1 de junio
El Congreso de Quintana Roo aprobó la reforma al Poder Judicial del estado, para someter a elección popular los cargos de jueces y magistrados, a propuesta de la gobernadora Mara Lezama. La jornada electoral extraordinaria será el próximo domingo 1 de junio.
Sin debate y con 18 votos a favor y 2 en contra del Partido Acción Nacional (PAN), el pleno de la Décimo Octava Legislatura aprobó la reforma constitucional para estar en “sintonía” con la democratización del Poder Judicial de la Federación.
Para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, tendrá que contar con el voto de dos terceras partes de los 11 Ayuntamientos.
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¿Qué contempla la reforma judicial de Quintana Roo?
En entrevista, el diputado de Morena, y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Jorge Arturo Sanen, adelantó que en las leyes secundarias no se descarta incrementar el número de jueces conforme a la necesidad del estado, y aseguró que habrá estabilidad en la atención a los ciudadanos.
“No tendrán que renunciar de manera inmediata. El OPLE (Instituto Electoral de Quintana Roo) tendrá que hacer el ajuste presupuestal. Aún no se determina la cifra de cuantos espacios van a elección. Pero, de ser necesario habrá que considerar incrementar el número de jueces de acuerdo a la población, los perfiles tendrán que ser adecuados, no personas que no tengan capacidad profesional o sean a fines a partidos políticos”, indicó.
Se elegirán a las personas titulares de las Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, y las personas juzgadoras del Poder Judicial por voto directo, libre y secreto de la ciudadanía.
El Tribunal Superior de Justicia no deberá tener más de seis magistradas o magistrados del mismo sexo, para mantener la paridad de género, la elección de su presidencia se mantiene a través del pleno y la renovación de la misma cada cuatro años en agosto, con la oportunidad relegirse por un periodo más.
La reforma contempla reemplazar al Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina Judicial dotado de facultades para recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado que no cumplan con lo mandatado en las leyes vigentes, e integrado por tres personas electas por la ciudadanía.
Este tribunal renovará cada cuatro años su presencia, la cual podrá designarse por el pleno, con posibilidad de reelección por una sola ocasión, para un periodo similar.
También propone la creación de un Órgano de Administración Judicial con independencia y autonomía para emitir sus resoluciones y establece que la remuneración de las personas juzgadoras no podrá ser mayor a la de la persona titular de la Presidencia de la Republica.
De acuerdo con el documento, cada Poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) podrá crear un Comité de Evaluación conformado por personas reconocidas en la actividad jurídica, que a su vez se planteará los requisitos y las limitantes para las personas que se postulen como candidatas a ocupar la titularidad de las magistraturas y los juzgados.
Establece la creación de la Universidad Judicial, con el objetivo de cultivar la profesionalización, capacitación, actualización, y certificación de los servidores públicos.
Para el coordinador del Partido del Trabajo, Hugo Alday Nieto, los Comités Evaluadores tendrán la oportunidad de elegir los mejores perfiles académicos y profesionales que participarán en la contienda.
“Hagamos un examen exhaustivo, no solo quedarnos con los requisitos básicos, en el Poder Judicial tiene la obligación de tener conocimientos técnicos jurídicos especializados por materia, porque una decisión puede trastocar la libertad, y el patrimonio de las personas, es una oportunidad para corregir, lo que antes era por un palomazo del Ejecutivo”, explicó.
A su vez, prohíbe mantener o crear fideicomisos y se extingue el haber de retiro que se otorgaba a las personas juzgadoras. Asimismo, se prevé que las instituciones electorales locales en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), sean las encargadas de llevar a cabo la organización del proceso electoral para lo que deberán establecer y organizar cada una de las etapas de dicho proceso.
En tanto, integrantes del Poder Judicial podrán participar en el proceso de elección, siempre y cuando se separen de sus cargos 90 días antes de la fecha de la elección.
Estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. La duración de las campañas será de 30 días.
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El Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción deberá resolver en un máximo de seis meses los asuntos en turno, a partir de la entrada en vigor de la reforma.
En caso de no cumplir con el plazo señalado, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o en su caso, dar vista al Órgano de Administración y Disciplina Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado.
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