Quintana Roo aprueba reforma judicial del estado; elegirán a jueces y magistrados locales el 1 de junio
El Congreso de Quintana Roo aprobó la reforma al Poder Judicial del estado, para someter a elección popular los cargos de jueces y magistrados, a propuesta de la gobernadora Mara Lezama. La jornada electoral extraordinaria será el próximo domingo 1 de junio.
Sin debate y con 18 votos a favor y 2 en contra del Partido Acción Nacional (PAN), el pleno de la Décimo Octava Legislatura aprobó la reforma constitucional para estar en “sintonía” con la democratización del Poder Judicial de la Federación.
Para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, tendrá que contar con el voto de dos terceras partes de los 11 Ayuntamientos.
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¿Qué contempla la reforma judicial de Quintana Roo?
En entrevista, el diputado de Morena, y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Jorge Arturo Sanen, adelantó que en las leyes secundarias no se descarta incrementar el número de jueces conforme a la necesidad del estado, y aseguró que habrá estabilidad en la atención a los ciudadanos.
“No tendrán que renunciar de manera inmediata. El OPLE (Instituto Electoral de Quintana Roo) tendrá que hacer el ajuste presupuestal. Aún no se determina la cifra de cuantos espacios van a elección. Pero, de ser necesario habrá que considerar incrementar el número de jueces de acuerdo a la población, los perfiles tendrán que ser adecuados, no personas que no tengan capacidad profesional o sean a fines a partidos políticos”, indicó.
Se elegirán a las personas titulares de las Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, y las personas juzgadoras del Poder Judicial por voto directo, libre y secreto de la ciudadanía.
El Tribunal Superior de Justicia no deberá tener más de seis magistradas o magistrados del mismo sexo, para mantener la paridad de género, la elección de su presidencia se mantiene a través del pleno y la renovación de la misma cada cuatro años en agosto, con la oportunidad relegirse por un periodo más.
La reforma contempla reemplazar al Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina Judicial dotado de facultades para recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado que no cumplan con lo mandatado en las leyes vigentes, e integrado por tres personas electas por la ciudadanía.
Este tribunal renovará cada cuatro años su presencia, la cual podrá designarse por el pleno, con posibilidad de reelección por una sola ocasión, para un periodo similar.
También propone la creación de un Órgano de Administración Judicial con independencia y autonomía para emitir sus resoluciones y establece que la remuneración de las personas juzgadoras no podrá ser mayor a la de la persona titular de la Presidencia de la Republica.
De acuerdo con el documento, cada Poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) podrá crear un Comité de Evaluación conformado por personas reconocidas en la actividad jurídica, que a su vez se planteará los requisitos y las limitantes para las personas que se postulen como candidatas a ocupar la titularidad de las magistraturas y los juzgados.
Establece la creación de la Universidad Judicial, con el objetivo de cultivar la profesionalización, capacitación, actualización, y certificación de los servidores públicos.
Para el coordinador del Partido del Trabajo, Hugo Alday Nieto, los Comités Evaluadores tendrán la oportunidad de elegir los mejores perfiles académicos y profesionales que participarán en la contienda.
“Hagamos un examen exhaustivo, no solo quedarnos con los requisitos básicos, en el Poder Judicial tiene la obligación de tener conocimientos técnicos jurídicos especializados por materia, porque una decisión puede trastocar la libertad, y el patrimonio de las personas, es una oportunidad para corregir, lo que antes era por un palomazo del Ejecutivo”, explicó.
A su vez, prohíbe mantener o crear fideicomisos y se extingue el haber de retiro que se otorgaba a las personas juzgadoras. Asimismo, se prevé que las instituciones electorales locales en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), sean las encargadas de llevar a cabo la organización del proceso electoral para lo que deberán establecer y organizar cada una de las etapas de dicho proceso.
En tanto, integrantes del Poder Judicial podrán participar en el proceso de elección, siempre y cuando se separen de sus cargos 90 días antes de la fecha de la elección.
Estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. La duración de las campañas será de 30 días.
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El Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción deberá resolver en un máximo de seis meses los asuntos en turno, a partir de la entrada en vigor de la reforma.
En caso de no cumplir con el plazo señalado, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o en su caso, dar vista al Órgano de Administración y Disciplina Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado.
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La isla del Ártico es el declarado objeto de deseo de Donald Trump, pero la idea de incorporarla a Estados Unidos no es nueva.
Donald Trump ha vuelto a apuntar a Groenlandia al plantear de nuevo que Estados Unidos la compre o se haga con ella por otros medios.
Trump dijo esta semana que para Estados Unidos adquirir la isla es “una necesidad absoluta” para garantizar su “seguridad económica” y no descartó el uso de la fuerza militar para lograrlo.
El interés de Estados Unidos en hacerse con ella no es nuevo, pero se ha reavivado en los últimos años a medida que el deshielo provocado por el cambio climático aumentaba las expectativas de apertura de nuevas rutas para la navegación y un mayor acceso a las materias primas estratégicas que alberga.
Los analistas identifican la creciente rivalidad con China y Rusia como otra de las razones por las que el presidente electo ha vuelto a desempolvar la vieja aspiración estadounidense de adueñarse de Groenlandia.
Pero Trump tiene un problema: Groenlandia forma parte del reino de Dinamarca y, según afirman tanto el gobierno nacional danés como el gobierno autónomo groenlandés, “no está en venta”.
Cómo es Groenlandia
Pese a ser la mayor isla del planeta, Groenlandia es también el territorio más escasamente poblado, con alrededor de 56.000 habitantes, la mayoría inuit (conocidos antes como esquimales).
Como cerca de un 80% de su superficie está helada, la población se concentra en la costa sudoccidental, en torno a la capital, Nuuk.
La economía local se basa principalmente en la pesca y depende en gran parte de los subsidios que aporta el gobierno danés, que representan aproximadamente una quinta parte del Producto Interno Bruto de Groenlandia.
En los últimos años han aumentado las expectativas y el interés por sus recursos naturales, como las tierras raras, el hierro y el uranio, que podrían ser más fáciles de explotar como resultado del deshielo provocado por el calentamiento del planeta.
Desde cuándo Groenlandia forma parte de Dinamarca
Aunque ubicada geográficamente dentro de Norteamérica, Groenlandia forma parte de Dinamarca desde hace tres siglos.
A Groenlandia llegaron exploradores y colonos nórdicos desde finales del siglo X, pero para el siglo XV sus asentamientos habían desaparecido.
Hasta que, en 1721, el misionero Hans Egede comandó una expedición tras la que colonos daneses comenzaron a instalarse en las cercanías de lo que hoy es la ciudad de Nuuk y Groenlandia se convirtió en territorio danés.
Cuál es el estatus de Groenlandia dentro de Dinamarca
Groenlandia es, como las Islas Feroe, un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca.
Gobernada como una colonia, permaneció aislada y apenas desarrollada hasta mediados del siglo XX.
En 1953 fue oficialmente incorporada al Reino de Dinamarca y sus habitantes se convirtieron en ciudadanos daneses.
En 1979 la isla adquirió el estatus de territorio autónomo tras un referéndum en el que se decidió que el gobierno local se encargaría de la mayoría de los asuntos, reservándose la seguridad y la defensa al de Copenhague.
En 2009 Dinamarca aprobó tras un nuevo referéndum entre los groenlandeses una ley que amplió las competencias del gobierno local y abrió la puerta a una posible independencia de Groenlandia tras negociaciones entre los gobiernos de Copenhague y Nuuk.
Desde que Trump comenzó a plantear que Estados Unidos le compre Groenlandia a Dinamarca, el gobierno danés ha respondido que son los groenlandeses quienes deben decidir su destino, lo que refleja el reconocimiento al derecho a la autodeterminación de la isla, algo que admite el gobierno danés.
El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, lo mostró el pasado miércoles en su respuesta a los últimos comentarios de Trump: “Reconocemos plenamente que Groenlandia tiene sus propias ambiciones. Si se materializan, Groenlandia se independizará, pero sin la ambición de convertirse en un estado de Estados Unidos”.
En Copenhague reconocen que durante años no han prestado la atención necesaria ni invertido lo suficiente en Groenlandia y ya han comenzado a tomar medidas para mantenerla dentro del reino.
El primer ministro groenlandés, Múte Egede, sin embargo, ha abogado por la independencia, rechaza su incorporación a Estados Unidos y recientemente llamó a Groenlandia a “romper los grilletes del colonialismo”.
Los intentos de Estados Unidos de comprar Groenlandia y por qué no lo ha conseguido
Efectivamente, en otras épocas Estados Unidos se expandió mediante la compra de territorios que estaban en manos de potencias europeas.
En 1803 le compró Luisiana a Francia, en 1819 Florida a España y en 1867 Alaska a la Rusia de los zares.
Dinamarca también fue parte de esos tratos, ya que en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, le vendió las Indias Occidentales Danesas, unas islas que poseía en el Caribe, que pasaron a llamarse Islas Vírgenes de Estados Unidos y desde entonces han estado bajo soberanía de Washington.
El gobierno estadounidense ya contempló comprarle a Dinamarca Groenlandia cuando en 1867 adquirió Alaska.
La idea rondó las mentes y los escritorios de políticos de Washington en diferentes épocas hasta que la Segunda Guerra Mundial alteró radicalmente el escenario.
Con Dinamarca ocupada por las tropas de la Alemania de Hitler, fuerzas estadounidenses tomaron control de Groenlandia, iniciando una presencia militar que se mantendría durante décadas.
Según le dijo a BBC Mundo Mark Jacobsen, de la Real Escuela de Defensa Danesa, “la ocupación de Groenlandia fue inicialmente casi una invitación de Dinamarca ante la amenaza nazi y al terminar la guerra el gobierno danés le dijo a Estados Unidos que esa amenaza había desaparecido, pero la respuesta de Estados Unidos fue que no tenía ninguna intención de retirarse, sino de aumentar su presencia ante la nueva amenaza de la Unión Soviética”.
En 1946, convencido de la importancia estratégica de la isla del Ártico, el entonces secretario de Estado estadounidense, James Byrnes, ofreció al embajador danés en Washington US$100 millones en lingotes de oro por ella. La oferta fue rechazada de plano por el gobierno danés.
Finalmente, cuando asumió que los militares estadounidenses no iban a marcharse de la isla, Dinamarca firmó en 1951 con Estados Unidos un acuerdo que regulaba su presencia en Groenlandia.
Washington mantuvo allí elementos de su sistema de alerta temprana antimisiles y la Base Aérea John Thule, hoy convertida en la Base Espacial Pituffik.
Las palabras de Trump han reabierto una cuestión que parecía zanjada.
Y no se trata solo de Groenlandia. El presidente electo ha manifestado que Estados Unidos debe asegurarse también el control del Canal de Panamá y anexionarse Canadá, sin descartar medidas de fuerza para lograrlo.
A solo unos días de que vuelva al poder, analistas y diplomáticos de todo el mundo se preguntan cuán seriamente hay que tomarse sus comentarios.
El ex primer ministro de Groenlandia Kuupik V. Kleist le dijo a la CNN que no ve “nada en el futuro que allane el camino hacia una venta” y el secretario de Estado del gobierno de Joe Biden, Antony Blinken, descartó que vaya a consumarse.
Jacobsen le dijo a BBC Mundo que “la percepción tanto en Groenlandia como en Dinamarca es que (la de Trump) es una visión desfasada del mundo”.
Pero quizá aquel mundo que las grandes potencias se repartían sin atender otra consideración que la de sus intereses esté, como Trump a la Casa Blanca, a punto de volver.
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