
Juana vive cerca de la carretera Acapulco-México, en la colonia Vacacional. Ahí está tanto su vivienda como el puesto donde vende cocos. Los daños que le causó Otis fueron censados al día siguiente del huracán del 25 de octubre, pero hasta ahora no ha recibido ningún apoyo económico.
Al igual que otras personas, ella acudió el lunes 15 de enero al Centro de Convenciones de Acapulco, como decía la convocatoria de la Secretaría de Bienestar que describía que los pagos rezagados para apoyo de limpieza y reconstrucción se harían del 15 al 25 de enero en ese lugar. Hizo cola desde las 9 de la mañana bajo el sol, solo para que unas horas después le dijeran que su pago no salió.
Antes, ya le habían asegurado que si el día 15 acudía con dos testigos, tendrían su dinero, pero ahora le piden que espere otra semana. “¿Hasta cuándo? Porque él dice una cosa y aquí es otra cosa con sus trabajadores”, cuestiona ella.

Juana se refiere a la conferencia mañanera que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio apenas el 10 de enero, a 77 días del paso del huracán Otis, en la que aseguró que el gobierno federal ha invertido 25 mil 689 millones de pesos en la recuperación de Acapulco, y la secretaria de Bienestar detalló que los apoyos, por un monto total de 259.5 millones de pesos, llegarán a 34 mil 609 personas.
“Ya todas las familias de Acapulco tienen sus recursos para la reconstrucción de sus viviendas, estamos hablando de 250 mil familias que ya tienen en sus manos sus apoyos, que ya están adquiriendo materiales de construcción, que ya están rehabilitando sus casas. Eso nos da mucho gusto”, dijo aquel día el presidente.
Juana es la única dueña de sus propiedades, y tiene documentados los daños que dejó Otis. El servidor público que la censó, dice, también constató que perdió todo. Al principio, en la página de Bienestar decía que su CURP todavía no era apta para cobrar. Una vez resuelto el trámite, sigue sin recibir el apoyo, y ni siquiera hay con quién quejarse, asegura. A su colonia, añade, no han ido a pararse ni para enseres ni para despensas.
“Tenemos todos los cupones completitos, porque va uno a donde están ellos y dicen ‘no, a usted no le toca, váyase a esperar a su colonia, ¿y cuándo van a ir? ¿y a cuánto estamos desde que pasó el huracán? Y ni una despensa ni los enseres. Y va usted a preguntar: ‘no, váyase a su colonia, va a llegar ahí’. ¿Cuándo?”, cuestiona Juana.
“Le hago una pregunta al señor presidente, porque él dice una cosa en la mañanera y aquí cuando nosotros venimos a ver lo de nuestro pago, nos dicen otra cosa. Ya nos cansamos de andar para arriba y para abajo. Nosotros, las incidencias, que no salimos y que no nos han pagado ni un pago. Es que mi incidencia me la hicieron desde el año pasado, y hasta ahorita no me han pagado nada; ya nos enfadamos”, reclama.

Soledad y su sobrina, comerciante de nieves una y docente la otra, residentes de la colonia Progreso, se encuentran en la misma situación. Desde que las censaron por primera vez -en noviembre– no les han dado el apoyo económico para la reconstrucción. También pasaron horas en la fila bajo el sol para recibir por única respuesta: “Espere, sea paciente y espere a que le llamen”.
“Me acaban de decir que van a estar de aquí hasta septiembre; yo me quedé sin trabajo, me quedé sin nada. No nos dieron ni siquiera el apoyo de limpieza ni de reconstrucción, porque todo se echó a perder donde yo vivo. Entonces es eso, que no nos dan el apoyo” reclama.
Con el paso de Otis, ella perdió sus enseres, hubo una destrucción total en el área donde lavan, pues se volaron las láminas y el baño, otros muebles resultaron afectados y sus ventanas se quebraron. El problema, primero, era que no aparecía en el sistema, por lo que era parte de lo que el gobierno federal denominó “incidencias”. Ahora solo le dicen que le van a llamar, sin fecha aproximada entre hoy y septiembre.
“Que espere pacientemente, así me dijeron desde que fui la primera vez al primer pago, de los 8 mil de limpieza, y no han dado nada… Necesitamos el apoyo del gobierno, que sepa que está pasando todo esto… Pero en todos lados nos dicen lo mismo, no sé si nos vayan a llamar realmente o ya perdemos la esperanza. ‘Para reconstruir hay que esperar’, nos dijeron, pero no sabemos hasta cuándo”, asegura para después agregar que existen entre mil 200 y mil 400 incidencias.

Igual que en el caso de Juana y Soledad, la inconformidad era la norma en las carpas instaladas por personal de Bienestar, con una sucursal bancaria al fondo y custodiadas por elementos de la Guardia Nacional, que –si bien no intencionalmente o de manera explícita– terminaban disuadiendo las iniciativas para llevar a cabo otras acciones, como la toma de calles, para ejercer presión.
Personal de la Secretaría de Bienestar que no accedió a dar una declaración oficial explicó que las jornadas en el Centro de Convenciones se citaron para entregar los apoyos directamente en el lugar a las personas que habían quedado rezagadas. Ante los múltiples casos que abandonaban el lugar entre quejas e inconformidad, aseguró que podían existir algunos en los que, por error en algún dato, no hubiera ocurrido la entrega.
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Mientras, entre las personas que estaban sentadas en los bloques de filas que se habían dispuesto en el lugar, una señora comenzó a gritar e interpelar a los demás por la falta de respuesta respecto al apoyo. Dirigiéndose al resto de las personas, les convocaba a tomar la calle para hacer presión. No todos se convencieron, según comentaron después, por la presencia de elementos de la Guardia Nacional.
Ana, de la colonia Providencia, está al final de la fila de más de mil 700 personas que le dan la vuelta –hasta pasado el mediodía– a unas cinco cuadras que forman parte de costera de Acapulco, a partir del punto donde se ubica lo que queda del Cici Acapulco, a la espera de recibir sus enseres luego de la devastación provocada por el huracán Otis.
Hace apenas unos 20 minutos que llegó y le sorprendió la longitud de la fila. Cree que le tomará unos dos días, con sus noches, llegar hasta donde se entregan los enseres. Espera aguantar, dice. A su domicilio, donde se volaron dos techos, el personal de Bienestar pasó a censar unos 15 días después del huracán.
“Ando en eso (la reparación), porque no hay quien trabaje, están escasos los materiales”, comenta. En las casas de construcción hay menos insumos, además de que la mano de obra casi no está disponible, pues ha sido acaparada –en buena parte– por los grandes hoteleros y comerciantes. “No hay para transportarlos, el flete está saturado”, agrega.
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Una vez teniendo a alguien que pueda trabajar en las reparaciones, cree que no tomaría más de un mes reestablecer los daños. El apoyo económico, que ya recibió, lo tiene todavía guardado, en espera de encontrar las condiciones necesarias para reparar las rehabilitaciones.
“Para algo me va a alcanzar; no para todo –lamenta–, porque se me fueron mis barandales, se me fue una ventana de cristal, y todo lo que se me mojó, los muebles, dos tocadores, un librero se desbarataron. Estoy esperando para hacer el techo, que es lo principal; que haya quien me trabaje”, añade con resignación.
Juana Zúñiga está unos mil 500 lugares más cerca que Ana de la entrega de sus enseres, casi en la misma cuadra del Cici. Relata que llegó desde la noche anterior para anotarse en la fila.
“Me vine a ver si sí estaban dando, porque me dijeron que no para la colonia donde estamos nosotros. Entonces vine a anotarme y me regresé, y ya me vine otra vez a las 4 de la mañana con el fin de que nos entregaran temprano, pero estábamos muy lejos, y entregaron a las que estaban más cerca”, lamenta.
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Ahora, casi al mediodía, ya no hay nada, y tendrá que quedarse hasta el día siguiente. A las 2 de la tarde, efectivamente, puntuales, los elementos de la Guardia Nacional levantaron las carpas, el punto de atención y se retiraron. El resto de la tarde serán las propias personas afectadas las que se hagan cargo de la fila, de llevar la lista y de procurar que se respeten los lugares.

Pegados a las paredes de inmuebles que todavía tienen partes desprendidas o ventanas ausentes –a veces de pie, a veces en pequeños bancos de plástico; unos al sol, y los más afortunados al amparo de algún edificio o de su propia sombrilla– queda solo el pavimento caliente, las familias, su esperanza y la autogestión para tratar de conservar el orden; las pizzas y mariscos que se allegaron al mediodía, y las cosas que alcanzaron a traer consigo para pasar la noche y esperar al día siguiente, que promete que, ahora sí, llegue su turno.
No importa el día o la hora. Cada que un transeúnte pasa por ese punto de la costera, la escena se repite: algunos, como Ana, llegan casi al mediodía y no alcanzan la entrega, pero siguen manteniendo la fila crecida, prácticamente hasta el borde de la playa. Se quedan a la espera; otros, ya a las puertas del Cici, reciben enseres, los cargan en camionetas, llevan entre varios el refrigerador, la estufa, el ventilador, la licuadora… todos el mismo paquete.
Prestar ayuda para lograr acomodar el cargamento ya es incluso una fuente de empleo para otros, como Reyna, de la colonia Balcones de Costa Azul, que fue beneficiada antes.
“Yo trabajo aquí, de vez en cuando, cuando yo puedo, pero a mí ya me entregaron mis enseres hace como un mes”, dice luego de relatar cómo se voló su cabaña, algunos techos, y se le echó a perder su estufa, su refri, toda la sala y el barandal. La mayoría de sus cosas se echaron a perder.
Como todas las demás personas, se apuntó, esperó y cuando le tocó, fue a recoger sus enseres. Para ella no fue una espera tan larga, dice, pero para quienes aguardan detrás de más de mil 700 personas debajo del sol, el mensaje es el mismo que el de la carpa de apoyos económicos: para reconstruir, hay que esperar.

Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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