Fallas en la organización y logística. Indolencia y abandono institucional. Falta de previsión y sensibilidad. Irresponsabilidad de las autoridades. Así calificaron colectivos y organizaciones el resultado de la visita propuesta por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, a la que él ni siquiera asistió. 

El panorama este miércoles, con más de 60 medios, colectivos y apenas un par de elementos de la Fiscalía Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda, que ni siquiera eran de un nivel medio, contrastó ampliamente con el hallazgo que hicieron las madres del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo, cuando se encontraron con tres hornos y muchas prendas de jóvenes, zapatos, calcetines, maletas, playeras, camisas y gorras.

“No se encontró identificación de ellos, nada más una sola; esto es muy doloroso, porque se podría decir que mis compañeros y yo entramos como en shock de todo lo que vivimos, de todo lo que presenciamos, de sus pertenencias. En los hornos encontramos fragmentos… una compañera con una sola varilla, el primer hallazgo del horno, fue porque mete la varilla y se va a profundidad, y fue como empezamos a sacar la tierra y a dar con los fragmentos”, relata en entrevista.

Lee: Rancho Izaguirre: “dicen que somos el Auschwitz mexicano, pero Teuchitlán no es el culpable de ese horror”

“Que no se hable que no fue un horno, porque entonces ¿qué nombre se le puede dar a ello?”, cuestiona. El principal impacto fue de tantas prendas, zapatos, productos de limpieza personal –como botecitos de talco nuevos, cuya función ignoran–. También había una lista donde por apodos, se enlistaban productos. Muchas medicinas en la parte de arriba, agrega.

Se queda corta, dice. Las palabras no alcanzan para describir lo que presenciaron en el Rancho, que fungía como presunto centro de reclutamiento y adiestramiento. Hoy ya no queda prácticamente nada, todo está bajo custodia de la fiscalía del estado.

“Del lado derecho están las fosas que se encontraron, los hornos y crematorios. Está el lugar de adiestramiento y al fondo está el laberinto, donde se entrenaba a los muchachos. Del lado izquierdo estaba la alberca que tenía el cocodrilo o purquitos que tenían para alimentarlos con los humanos. Hay muchas cosas que sí dan terror”, describió Patricia Sotelo del colectivo Huellas de Amor. 

🗣️”Nos trajeron al tour del rancho Izaguirre, en Teuchitlán”, reclama madre buscadora.

Señalan que se trata de una burla, ya que solo se les permitió estar 15 minutos y ya no existe evidencia de nada.👇🏻https://t.co/xV8NDlgRvd pic.twitter.com/Uks9V5ArWv

— Animal Político (@Pajaropolitico) March 21, 2025

De la ilusión a la decepción

Las madres fueron citadas a las 11 de la mañana y llevadas en un autobús de la Fiscalía Estatal hasta el Rancho Izaguirre, ubicado en la delegación de la Estanzuela, a siete minutos de la cabecera de Teuchitlán. Previo a su llegada, tenían la ilusión de poder ver indicios como mochilas, ropa interior, calzado y prendas, para poder confirmar o descartar una posible evidencia de que ahí estuvo su familiar desaparecido.

Al llegar al predio se les dio la instrucción de que podrían acceder solo en grupos de 20 personas y que su estancia al interior no superaría los 20 minutos. El sitio sin indicios y repleto de cintillos que prohibía el paso a los interiores y a las zonas de los hornos fue lo que menos esperaban. 

Entre los elementos de la Fiscalía Estatal, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención a Búsqueda preguntaron por la asistencia de mandos medios o autoridades como el fiscal estatal o el fiscal general de la República, pero solo obtuvieron silencio.

“Tristemente y desgraciadamente, aquí no hubo nadie que nos atendiera. Aquí esto fue un teatro. (Nosotros) queremos avances, queremos gente trabajando, queremos que si no pueden, (entonces) nos dejen trabajar, que nos sumemos nosotros, que nos den los picos y las palas. Y si no pueden con el trabajo, nosotros sí podemos… lo que esperábamos (era) hablar con el fiscal, que nos diera la cara, que nos dijera cómo se va a trabajar, qué es lo que han hecho, qué han trabajado. Aparte de lo que los Guerreros Buscadores encontraron, ¿qué han hecho? No han hecho nada”, reclamó Liliana Meza, presidenta del Colectivo Luz de Esperanza. 

Por la falta de respuestas y explicaciones de parte de autoridades, los colectivos presentes como Luz de Esperanza, Guerreros Buscadores de Jalisco y Huellas de Amor, por mencionar algunos, se unieron para interponer una queja en el sitio con personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

“(Se emite por) el hecho de que el fiscal no se haya presentado a la cita, porque eso fue una cita, o sea, nos mandó citar casi casi así eh que iba a venir y que iba a hablar con las familias”, explicó Liliana. 

Lee más: Gertz Manero acusa a fiscalía de Jalisco de omisiones en Teuchitlán, pero la FGR también tenía responsabilidad

Además, el colectivo Luz de Esperanza denunció que hubo omisiones en la logística del evento, pues dos de sus integrantes fueron expuestas a situaciones de riesgo. La presidenta del colectivo y otra madre buscadora solicitaron bajarse del autobús para ir al baño, pero la unidad no les esperó y los elementos de seguridad no permanecieron afuera. El resto de integrantes del colectivo pensó que algo les había pasado y fue hasta que pidieron ayuda a elementos de la policía municipal de Teuchitlán que las llevaron al Rancho Izaguirre. 

Así, al concluir la visita el Colectivo Luz de Esperanza anunció que presentará una denuncia formal “ante este acto de negligencia, que se suma a una larga lista de omisiones y desatenciones por parte de las autoridades”.

Sumaron que la colusión entre instituciones y la falta de medidas de protección ponen en riesgo a quienes buscan incansablemente a sus familiares: “Lo sucedido hoy pudo haber tenido consecuencias graves. Exigimos respuestas y garantías de seguridad inmediatas”.

Una larga lista de omisiones

En entrevista, Anna Karolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), explicó que al inicio de su administración, Pablo Lemus reconoció que existe la crisis de desaparición de personas en el estado e incluso se reunió al día siguiente de su toma de posesión con familiares de personas desaparecidas.

Después se propusieron mesas de trabajo anunciadas mediáticamente. Algunas de ellas se llevaron a cabo todavía en diciembre del año pasado, pero pese a que se había propuesto que fueran periódicas, pronto se perdió el seguimiento. 

“Se quedó en ese gran anuncio el aspecto correspondiente a las mesas de de trabajo; por ejemplo, una de estas mesas fue la legislativa, donde precisamente se ha tratado de, por ejemplo, dotar de autonomía a la fiscalía especial en personas desaparecidas, ahora vicefiscalía, para que pudiera realizar las investigaciones, declaraciones independientes, lo que es aún más relevante frente al hallazgo en Teuchitlán”, comentó.

Sin embargo, la mesa legislativa dejó de operar en diciembre del año pasado. Chimiak expresó preocupación en torno a que se trató de declaraciones muy contundentes al inicio, que, sin embargo, no se han convertido en acciones reales.

Por otro lado, ya en los primeros meses de este año, en dos ocasiones distintas el gobernador hizo declaraciones en torno a una presunta disminución de cifras, e incluso llegó a decir que durante su administración había un decremento del 48% en desapariciones. Estas afirmaciones ocurrieron el 3 de marzo, apenas unos días antes de que la existencia del Rancho Izaguirre se volviera pública. 

“Nosotras tratamos de pronunciarnos en términos de que un término de dos o tres meses no genera una tendencia, además han sido tiempos con muchas coyunturas: primera coyuntura el cambio de gobierno, pero también, por ejemplo, diciembre usualmente es un mes con menos denuncias por la operación de las instituciones principalmente”, explica Chimiak.

Por otro lado, la organización señaló entonces que ya hacia finales de la administración de Enrique Alfaro se había generado un hartazgo en torno a evaluar constantemente las políticas públicas en materia de desaparición mediante cifras, porque ya no existía confianza en estas. Hicieron énfasis entonces en la relevancia de que Lemus pudiera incorporar en sus discursos información cualitativa de contexto y análisis sobre las acciones implementadas desde el gobierno para atender la problemática y sus resultados.

En el caso específico de Teuchitlán, varios aspectos llaman la atención de la organización en torno a la atención e involucramiento de las familias. Por ejemplo, no nombrar o, de alguna manera, mediante el boletín de la fiscalía estatal tratar de desmentir o colocar a las familias del colectivo Guerreros Buscadores como si hubieran generado mentiras en términos de la existencia de hornos crematorios. Incluso se hizo alusión directa que no se habían encontrado estructuras correspondientes a esa actividad, cuando las familias ya habían especificado que se trataba de fosas en la tierra donde se incineraba a las personas, no hornos tipo ladrilleros, como los que se han localizado en Jalisco en otros puntos. 

Otro asunto fue la reunión que se llevó a cabo con personas desaparecidas de solo cuatro colectivos, cuando en la entidad hay más de 20. Otras familias se extrañaron de haber sido excluidas. Esa acción preocupa, reclama Chimiak, porque anteriormente sí había sido incorporada la mayoría de los colectivos, y se mantenía contacto con todos ellos. “Preocupa que este tipo de prácticas puedan generar ruptura de la cohesión entre familias o puedan fragmentar también la exigencia conjunta de verdad y justicia”, subraya.

Te podría interesar: Fiscalía estatal ni siquiera investigó de quién era el rancho: Gertz señala seis meses de omisiones en caso de Teuchitlán, Jalisco

Una preocupación más ha sido el manejo de las pertenencias, mediante una plataforma poco accesible y sensible. La activista asegura que no hubo acercamiento por parte de las autoridades para compartirla y explicar a las familias el contenido, o generar una reunión desde la comisión local de búsqueda, la fiscalía o el instituto de ciencias forenses que abriera un espacio para ellas. 

Al trato de las autoridades estatales, se suman las omisiones del gobierno federal, que ahora la presidenta Sheinbaum pretende subsanar con una serie de reformas a la Ley General en materia de desapariciones –que, según aclaró hoy durante su conferencia mañanera– presentará el lunes, las cuales, según han advertido familiares, colectivos y organizaciones muestran desconocimiento de los instrumentos que ya están mandatados en la ley y cuya implementación se adeuda.

Entre estos está el Banco Nacional de Datos Forenses, que la Fiscalía General de la República se negó a poner en marcha durante cinco años. En la conferencia de prensa que dio este miércoles señaló que este ya está en funcionamiento desde 2023 –lo cual fue refutado por organizaciones– con todos los datos de carácter federal, pero el resto, justificó, son obligación de cada una de las entidades federativas y del gobierno federal, a quienes habría que preguntarles.

Otras deudas en las que se ha desoído a las familias son el desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana, que ocurrió a finales del sexenio pasado, y el reclamo por la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda, en la que se nombró a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún sin una convocatoria abierta o diálogo con las familias. 

Durante su conferencia mañanera de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum habló del aplazamiento de la presentación de las reformas y prometió un incremento a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero no respondió a la carta que hicieron pública más de 150 familiares y colectivos la noche del martes, en donde reclaman la falta de diálogo con ellas. 

“(Reyes Sahagún) no ha demostrado estar abierta al diálogo con las víctimas de este país. Una acción contundente es corregir el error de nombrar a la titular de la Comisión Nacional, y después convocar a un proceso de elección que cumpla con lo que estipula la Ley General y en donde se garantiza el derecho de las familias a participar”, señalaron.

🔺En relación a las prendas encontradas en el rancho #Izaguirre y que ya se encuentran en resguardo de la Fiscalía estatal, el señor Raúl Servín del colectivo Guerreros Buscadores, explicó que no pueden extraer el ADN, por lo que el reconocimiento será presencial.

📹… pic.twitter.com/rcdVm1lHRq

— Animal Político (@Pajaropolitico) March 20, 2025