
“No hay una sola prueba que acredite que el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, fuera utilizado como un lugar de cremación”, pero sí hay evidencia de que era utilizado como centro de reclutamiento y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
En conferencia de prensa, el funcionario explicó que peritos de la FGR realizaron un análisis exhaustivo del terreno, levantaron piedras, materiales de construcción, pero no hallaron evidencia sobre puntos de incineración humana.
Según los estudios periciales, las condiciones térmicas del sitio nunca alcanzaron los niveles necesarios para procesos de incineración humana, los cuales requieren temperaturas superiores a los 800 grados. De hecho, dijo el fiscal, en la zona no encontraron niveles de calentamiento arriba de 200 grados.
“Como era una afirmación que estaba en duda, la fiscalía tomó la decisión de pedir a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que sus laboratorios nos hicieran un análisis de toda esa documentación que se habían obtenido y todas esas pruebas de piedras, material de construcción, tierra y el dictamen nos señala que no podía haber habido arriba de 200 grados”.
Detalló que en la zona lo que se encontró fueron zanjas y algunos agujeros que se habían hecho donde había fogatas. También se encontró una pequeña vasija con fragmentos muy pequeños de huesos que actualmente se están procesando.
Horas más tarde, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco que fue el que encontró restos en el Rancho Izaguirre respondió en una carta que con sus declaraciones, el fiscal Gertz Manero busca “esconder la verdad” y engañar a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues aseguraron que cuentan con pruebas que actualmente están siendo procesadas por el Instituto de Ciencias Forenses del estado.

Asimismo, Gertz Manero señaló que hasta ahora se tienen 14 procesos judiciales por delincuencia organizada, desaparición de personas y por el homicidio de una persona que fue encontrada en el rancho Izaguirre.
“Todos esos casos ya están judicializados, las órdenes de aprehensión están cumplidas y vamos a seguir cumpliendo órdenes de aprehensión en contra de autoridades locales que hayan estado involucradas”, agregó.
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Como parte de las investigaciones se indaga a todos los integrantes de las policías municipales de Teuchitlán y Tala, así como también las responsabilidades por parte de otras autoridades por estar vinculados a las operaciones del CJNG.

El titular de la FGR agregó que desde 2021 la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco informó a las autoridades locales lo que ocurría, pero no hicieron nada.
”Ahí no hicieron nada, esto ocurrió hasta 2024, cuando las fuerzas federales acompañadas de autoridades del estado tuvieron el enfrentamiento, ustedes ya conocen donde hubo la detención de 10 personas y el encuentro de una, de dos personas que estaban secuestradas y una persona que estaba ya muerta. Habían pasado tres años en que esas actividades (adiestramiento y reclutamiento) se habían estado desarrollando y todo eso está total y absolutamente documentado, no hay la menor duda, esa es una de las partes fundamentales de esta información”.
Insistió que el rancho era un centro de reclutamiento y “está probado por confesionales, testimoniales, pruebas indudables, la cantidad de ojivas, casquillos, dianas de operación, armamento y equipo con que se entrenaban”.
El fiscal también mencionó que existen más ranchos con las mismas características del rancho Izaguirre que las autoridades ya investigan.
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—¿Hay alguna línea de investigación contra el exgobernador de Jalisco?, cuestionó un reportero.
“No, no hay más línea de investigación que aquella que nosotros tengamos la prueba para seguir adelante, si nosotros nos perdemos haciendo hipótesis que no podamos cumplir vamos a desvirtuar la función jurisdiccional, tenemos que ser muy cuidadosos, lo que salga lo vamos a dar a conocer (…) creo que el elemento de prueba que más nos va a servir, va a ser la investigación que estamos haciendo a partir de septiembre de 2024, cuando las autoridades del estado entraron en esa operación, encontraron esas bolsas y tomaron las fotos”, respondió el fiscal.
El Colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco rechazó las declaraciones del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero sobre que el Rancho Izaguirre no era un crematorio clandestino y sostuvo que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses existen pruebas “contundentes” que respaldan su lucha.
“Quiero informar al público que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses existen pruebas contundentes que respaldan nuestra lucha. Hay 17 lotes de restos humanos óseos calcinados, recuperados del Rancho Izaguirre que son pruebas suficientes de que estamos hablando de seres humanos, no solo de una vasija como afirma el fiscal. En el Instituto Forense, estos lotes de restos óseos humanos, están en el sistema SIAVA, separados por fragmentos, como cráneo, fémur, cadera, falanges, piezas dentales y otros restos”, informaron en un comunicado.
De acuerdo con Guerreros Buscadores, dichos lotes son “pruebas irrefutables de la existencia de restos humanos calcinados y contradicen la versión del fiscal general”.
En la carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, el colectivo en el que hay madres señala que le están mintiendo a la mandataria y que están llamando mentirosas a quienes se dedican a buscar a sus familiares.
También reclamaron que el fiscal Gertz Manero no se ha presentado en el Rancho Izaguirre y dijeron estar cansadas de que “se construyan realidades ficticias” pero que no se cansarán de buscar.
“Hace unos días nos mataron a una mamá del colectivo. Hoy, el fiscal general quiere matar la verdad. No permitamos que eso suceda”, dijeron.

El número de adolescentes involucrados en el tráfico de drogas se ha cuadruplicado en ocho años, según datos del gobierno.
Advertencia: Este artículo contiene detalles explícitos de violencia.
Un grupo de niños vio el cuerpo de Adel camino a la escuela, justo cuando sus padres se dirigían a la comisaría para denunciar su desaparición.
Se reducía a una silueta grotesca y carbonizada, reclinada, con una rodilla en alto, como si estuviera tumbado, en una de las playas cercanas de Marsella.
Tenía 15 años cuando murió de una forma que aquí es habitual: un disparo en la cabeza, su delgado cuerpo rociado con gasolina y prendido fuego.
Alguien incluso filmó la escena en la playa, en la última de una escalofriante serie de asesinatos a tiros vinculados a la rápida evolución del narcotráfico en esta ciudad portuaria, cada vez más alimentado por las redes sociales y ahora marcado por actos de violencia aparentemente aleatorios y el creciente papel de los menores, a menudo obligados a participar en la venta de drogas.
“Ahora es un caos “, afirmó un pandillero escuálido, levantándose la camisa en un parque cercano para mostrarnos un torso marcado por las cicatrices de al menos cuatro balazos como resultado de un intento de asesinato por parte de una banda rival.
El Ministerio de Justicia francés estima que el número de adolescentes involucrados en tráfico de drogas se ha más que cuadruplicado en los últimos ocho años.
“He estado en una pandilla desde los 15 años. Pero todo ha cambiado ahora. Los códigos, las reglas… ya no hay reglas. Nadie respeta nada hoy en día. Los jefes empiezan… a usar a los jóvenes. Les pagan miserias. Y terminan matando a otros sin ningún motivo aparente. Reina la anarquía en toda la ciudad”, aseguró el hombre, ahora de veintipocos años, quien nos pidió que usáramos su apodo, El Inmortal.
Policías, abogados, políticos y organizadores comunitarios en Marsella hablan de una psicosis -un estado de trauma o pánico colectivo- que se apodera de partes de la ciudad, mientras debaten si contraatacar con una acción policial cada vez más contundente o con nuevos intentos para abordar la arraigada pobreza.
“Hay un ambiente de miedo. Es evidente que los narcotraficantes dominan y ganan terreno cada día”, declaró una abogada local, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias contra ella o su familia.
“El Estado de derecho está ahora subordinado a las bandas. Hasta que no tengamos un Estado fuerte de nuevo, debemos tomar precauciones”, puntualizó, sobre su reciente decisión de dejar de representar a las víctimas de la violencia de las bandas.
“Ya no hay reglas”
Durante el verano, varias ciudades francesas impusieron toques de queda nocturnos a los adolescentes tras una oleada de violencia relacionada con el narcotráfico.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo conversaciones el jueves para intentar responder a la crisis.
“Hay tanta competencia en el narcotráfico que la gente está dispuesta a todo”, aseveró el organizador comunitario Mohamed Benmeddour.
Y agregó: “Tenemos chicos de 13 o 14 años que vienen como vigías o traficantes. Los jóvenes ven cadáveres, oyen hablar de ellos, todos los días. Y ya no tienen miedo de matar ni de que los maten”.
El detonante de la actual psicosis en Marsella fue el asesinato, el mes pasado, de Mehdi Kessaci, un policía en prácticas de 20 años sin vínculos con el narcotráfico.
Se cree que su muerte pretendía ser una advertencia para su hermano, un destacado activista antipandillas de 22 años y aspirante a político llamado Amine Kessaci.
Bajo estrecha protección policial, Kessaci habló con la BBC sobre la muerte de Mehdi y la culpa que siente.
“¿Debería haber obligado a mi familia a irse de Marsella? La lucha de mi vida será esta lucha contra la culpa”, lamentó.
Amine Kessaci saltó a la fama en Francia en 2020 tras el asesinato de su hermano mayor, un pandillero llamado Brahim.
“Llevamos años con esta psicosis. Sabíamos que nuestras vidas pendían de un solo hilo. Pero todo cambió desde el covid-19. Los agresores son cada vez más jóvenes. Las víctimas son cada vez más jóvenes”, afirmó.
“Mi hermano pequeño fue una víctima inocente. Hubo una época en que los verdaderos matones tenían un código moral. No se mata de día. No delante de todos. No se queman cadáveres. Primero se amenaza con un tiro en la pierna. Hoy en día, todas estas reglas han desaparecido”.
Ante los actuales niveles de violencia sin precedentes, la policía francesa está respondiendo con lo que denominan “bombardeos” de seguridad en zonas de alta criminalidad de Marsella.
Aunque una banda, la DZ Mafia, parece dominar el negocio, opera una especie de sistema de franquicias con una red fragmentada de pequeños distribuidores, a menudo compuestos por adolescentes e inmigrantes indocumentados, que se enfrentan violentamente por territorio.
Según una estimación, hasta 20.000 personas podrían estar involucradas en el negocio de la droga en la ciudad.
El año pasado, las autoridades confiscaron a las bandas 42 millones de euros (unos US$49 millones) en bienes de origen delictivo.
Videos compartidos en redes sociales muestran habitualmente a miembros de las pandillas armados con rifles automáticos disparándose entre sí en las diversas cités de Marsella: barrios pobres caracterizados por edificios de gran altura y una gran concentración de viviendas sociales.
En una fría tarde de la semana pasada acompañamos a un grupo de policías antidisturbios armados en una de sus misiones habituales de “bombardeo”.
Los agentes se dirigieron a toda velocidad a un bloque de pisos en ruinas en sus furgonetas, mientras un joven pandillero que vigilaba la entrada huía a pie. Divididos en dos grupos, los policías corrieron por ambos lados del edificio intentando atrapar a los traficantes en las escaleras.
“El objetivo es desmantelar los puntos de venta de droga. Hemos clausurado más de 40… y hemos encerrado a mucha gente”, explicó Sébastien Lautard, jefe de la policía regional.
“Denle la vuelta”, ordenó un agente bruscamente, mientras su equipo acorralaba a un joven de 18 años contra una puerta.
En un sucio sótano cercano, la policía encontró docenas de viales y pequeñas bolsas de plástico utilizadas para distribuir cocaína.
Más tarde, un policía explicó que el joven detenido pedía ser arrestado, alegando que había llegado a Marsella desde otra ciudad y que ahora estaba retenido contra su voluntad y obligado a trabajar para una banda de narcotraficantes.
Los agentes se lo llevaron en una furgoneta.
“Esto no es El Dorado. Tenemos muchos jóvenes reclutados en redes sociales. Vienen a Marsella pensando que ganarán dinero fácil. Les prometen 200 euros (US$233) al día. Pero a menudo terminan en miseria, violencia y, a veces, la muerte”, declaró el fiscal jefe de la ciudad, Nicolas Bessone.
En su oficina, cerca del antiguo puerto de la ciudad, Bessone describió una industria que alcanza un estimado de 7.000 millones de euros a nivel nacional (unos US$8.200 millones) y se caracteriza por dos novedades: un creciente énfasis en el reclutamiento, la venta y la entrega a domicilio en línea; y un número cada vez mayor de adolescentes obligados a participar en el negocio.
“Ahora vemos cómo los traficantes esclavizan a estos pequeños soldados. Crean deudas ficticias para que trabajen gratis. Los torturan si roban 20 euros para comprar un sándwich. Es ultraviolencia. La edad promedio de los agresores y las víctimas es cada vez menor”, afirmó Bessone.
Instó a la población local a no sucumbir a la psicosis, sino a “reaccionar, a rebelarse”.
La abogada, que nos pidió que ocultáramos su identidad, describió un caso que ella había llevado.
“Un joven, que se negaba rotundamente a formar parte de una red, fue recogido después de la escuela, obligado a participar en el tráfico de drogas, violado, amenazado y su familia también fue amenazada. Se utilizan todos los medios para crear una fuerza laboral”, declaró.
En TikTok decenas de vídeos con música anuncian la venta de drogas en las cités de Marsella “de 10:00 a medianoche”, cada producto con su propio emoji: cocaína, hachís y marihuana.
Otros anuncios buscan reclutar nuevos miembros de bandas con mensajes como “se busca trabajador”, “250€ para vigilantes”, “500€ para transportar drogas”.
Para algunos políticos locales, la solución a los problemas de Marsella es el estado de emergencia y normas de inmigración mucho más estrictas.
“Hay que restaurar la autoridad. Necesitamos acabar con la cultura de la permisividad en nuestro país. Necesitamos dar más libertad y más poder a la policía y al poder judicial”, sentencia Franck Alissio, diputado local del partido populista de extrema derecha Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) y posible candidato a la alcaldía.
Aunque la antigua ciudad mediterránea de Marsella ha sido conocida durante siglos por su numerosa comunidad inmigrante, Alissio argumenta que “hoy en día, el problema es que ya no somos capaces de integrarnos económicamente ni asimilarnos. Hay demasiada inmigración. El problema es la cantidad (de inmigrantes). Y, de hecho, los narcotraficantes, los traficantes, los vigilantes, los líderes de estas mafias, son casi todos inmigrantes o extranjeros con doble nacionalidad”.
Es una afirmación controvertida y difícil de verificar en un país que se esfuerza por evitar incluir ese tipo de detalles en las cifras oficiales.
Alissio sostiene que los sucesivos gobiernos invirtieron miles de millones de euros en los barrios más pobres de Marsella sin ningún resultado. Culpa a los padres y a las escuelas por permitir que los niños se involucren en el narcotráfico, pero añade que su objetivo era “resolver el problema, no hacer sociología”.
Los partidos de extrema derecha han gozado durante mucho tiempo de un fuerte apoyo en el sur de Francia, pero no tanto en la diversa ciudad de Marsella. Críticos de RN, como la abogada cuya identidad hemos ocultado, acusaron al partido de “explotar la miseria y el miedo” y de culpar erróneamente a los inmigrantes de una “gangrena” generalizada en todas las comunidades de Francia.
Philippe Pujol, escritor local y experto en el narcotráfico en Marsella, también recibió protección policial tras el asesinato de Mehdi Kessaci el mes pasado.
“No estoy seguro de que haya una buena razón para este terror. Pero… el terror se está extendiendo. Prefiero tener miedo y ser precavido que correr riesgos innecesarios”, declaró.
Pero refutó las peticiones de una acción policial más contundente, argumentando que solo aliviaba los síntomas de una sociedad en crisis, en lugar de abordar las causas del problema.
Al describir la pobreza arraigada como un “monstruo”, Pujol pintó una imagen de una sociedad radicalizada por décadas de abandono.
“El monstruo es una mezcla de clientelismo, corrupción y decisiones políticas y económicas tomadas en contra del interés público”, opinó Pujol.
“Estos chicos pueden ser unos imbéciles cuando están en grupo, pero cuando estás a solas con ellos, siguen siendo niños, con sueños, que no quieren esta violencia”, aseguró.
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