Todo transcurre en apenas 20 segundos.
Es la noche del sábado 9 de noviembre. La avenida Circunvalación de Querétaro, a tan solo unos 15 minutos caminando de las calles empedradas del centro histórico, luce tan concurrida como siempre. Por la carretera de doble carril circula el habitual reguero de carros, camiones y motos, y los bares, restaurantes y billares, lucen llenos de jóvenes pasando un buen rato.
A eso de las 21.30 horas, una de las cámaras de vigilancia del bar Cantaritos, la externa, recoge en imágenes que una camioneta gris de doble cabina y batea se separa del torrente del tráfico que fluye por la avenida y se detiene frente al local de fachada amplia con puerta de hierro, techos estilo palapa, y palmeras. En el interior del bar, dirán después las autoridades, se encuentra Fernando ‘N’, presunto sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación, y Jesús ‘N’, su escolta.
Aún en movimiento antes de estacionarse de un frenazo, las puertas de la camioneta se abren y salen tres tipos encapuchados con armas largas. Después también se sabrá que son del cártel rival, el de Santa Rosa de Lima.
Ambos grupos llevan años desatando una cruenta guerra en el estado vecino de Guanajuato, y ahora trasladaron ese escenario de ‘batalla’ a Querétaro. Una ciudad y un estado que, si bien no están entre las que más homicidios registran al año –129 hasta septiembre de este 2024, por los 1 mil 863 de Guanajuato, aunque su población es el triple–, comienza a ver cómo la violencia se refleja en las estadísticas. Por ejemplo, entre enero y noviembre de este año suman 279 denuncias por desapariciones en Querétaro, de las cuales 136 siguen vigentes, más 16 casos que fueron localizados sin vida. Es decir, en este año hubo un aumento del 220% de las denuncias en comparación con el inicio del sexenio pasado, en 2019, y un 368% más de casos de desapariciones que siguen vigentes. Mientras que, con 1 mil 783 casos, el 2023 fue el año con más denuncias por narcomenudeo en casi una década en Querétaro, seguido muy de cerca de este 2024, que hasta septiembre sumaba 1 mil 205 denuncias, solo un 15% menos que en el mismo periodo del año pasado.
De inmediato, al ver a los tipos –dos vestían completamente de negro y otro llevaba un pantalón de mezclilla y una playera blanca–, los seis hombres que platicaban en la puerta del antro corren hacia el interior del local.
Según dijo en una conferencia de prensa posterior Omar García Harfuch, secretario federal de seguridad, uno de los agresores le pregunta al valet parking por el nombre de un tal Fernando, el presunto sicario del cártel Jalisco, y dos de los tres encapuchados entran al bar, mientras que el que viste playera blanca se queda fuera.
La cámara del interior del local, recoge la masacre: en mitad de una sala amplia rodeada de techos de paja, decenas de comensales escuchan música distribuidos en unas 15 mesas sobre las que hay cantaritos de barro, celulares, y bolsos.
Algunos de los comensales tienen vasos en la mano y otros están platicando apoyados en una barra, cuando, de la nada, comienza el tableteo de las armas largas.
Decenas de cantaritos, vasos y botellas explotan encima de las mesas, mientras a la par hombres y mujeres comienzan a caer súbitamente unos encima de otros, rodeados de una amalgama de sillas con las que tratan en vano de protegerse de los balazos.
Afuera, la cámara registra que el tipo de la playera blanca también dispara contra la gente que trata de huir corriendo despavorida.
Luego, los tres tipos suben a la camioneta y huyen. En tan solo 20 segundos, asesinaron a 10 personas, entre ellas tres mujeres jóvenes, e hirieron a otras 13, en una de las peores masacres que recordará Querétaro.
Una masacre que ha conmocionado a una ciudad y un estado que, más allá de lo que reflejen las cifras, dejaron de ser uno de los pocos ‘santuarios de paz’ que quedaban en México.
David Saucedo, especialista en temas de seguridad, explica en entrevista con Animal Político que esta ‘guerra’ entre bandas delictivas en Querétaro no es reciente, sino que data, al menos, de “unos 3 o 4 años”, aunque en este 2024 se ha producido un “incremento de la presencia de células del Cártel Jalisco” a la entidad queretana. Lo cual, expone, está generando “la reacción” del cártel rival de Santa Rosa, fundado por el guanajuatense José Antonio Yepez, alias ‘El Marro’.
“El cártel de Santa Rosa de Lima tiene presencia en Querétaro desde, al menos, 10 años. Esta entidad ha sido la retaguardia del cártel, mientras que su avanzada, claro, está en Guanajuato, en Celaya, Salamanca y Villagrán, donde siempre ha estado su ‘teatro’ de conflicto. Pero sus ‘cuarteles’ de invierno, su santuario, la zona en la que se rearman, se reagrupan, curan sus heridas, y se preparan para la siguiente ‘batalla’ es Querétaro”, explica el analista.
“Y precisamente –añade–, ese ha sido uno de los motivos por los que el Cártel Jalisco no ha podido derrotar al de Santa Rosa, porque el de Jalisco tiene que reponer hombres, armas y municiones en Tlaquepaque, Jalisco, en sus cuarteles generales, mientras que el de Santa Rosa se refugia y rearma en Querétaro, donde cuenta con un anillo de protección policial”.
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Cuestionado por las cifras delictivas de Querétaro, cuyos bajos índices de asesinatos la habían convertido en una especie de ‘santuario de paz’ en mitad de entidades muy violentas, como Michoacán, Estado de México, o el propio Guanajuato, David Saucedo considera que esa “paz que se ha presumido durante muchos años por las autoridades queretanas, no eran producto de una fortaleza institucional o por una eficacia de los cuerpos de seguridad pública”.
“Más bien se debía a un pacto entre las mafias locales, especialmente entre el Cártel de San Juan del Río y La Familia Michoacana. Las autoridades queretanas estaban muy satisfechas con tener organizaciones criminales, muy entre comillas, ‘domesticadas’, que no generaban homicidios o delitos de alto impacto”.
“Sin embargo –añade a continuación–, esto cambió desde hace 3 o 4 años, con el arribo de células del Cártel Jalisco a Querétaro y el enfrentamiento con el de Santa Rosa de Lima”.
A raíz de estos enfrentamientos, la violencia ha ido aumentando progresivamente de intensidad en Querétaro, especialmente en este 2024.
Por ejemplo, en enero 9 cadáveres fueron encontrados al interior de un ducto de Pemex en San Juan del Río, municipio de unas 200 mil personas que se encuentra también entre las localidades con más denuncias por desaparición de personas en Querétaro: de los 136 casos vigentes en este 2024, 26 son de esta pequeña localidad. Ahí, precisamente, el pasado mes de abril el colectivo de madres ‘Desaparecidos Querétaro’ halló una fosa clandestina con restos humanos.
Más ejemplos: el 4 de octubre, otro grupo armado ingresó a otro bar en Querétaro, ‘El Mezcalito’, y asesinó a dos hombres integrantes de una banda musical.
El 9 de octubre, otras 8 personas fueron asesinadas en Querétaro en dos hechos distintos con unas pocas horas de diferencia en el municipio vecino de El Marqués. Cinco de esas víctimas fueron asesinadas al interior de una vivienda en esta localidad donde, según Guillermo San Román Tajonar, coordinador del Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana de la Universidad Autónoma de Querétaro, “de tanto en tanto se producen picos enormes de narcomenudeo”.
El jueves de la semana pasada, solo dos días antes de la masacre en el bar Cantaritos, otras tres personas fueron asesinadas dentro de un establecimiento en construcción que iba a ser un restaurante bar en la zona Centro Sur de la capital queretana.
El lunes pasado, otros dos días después del suceso en Cantaritos, una persona fue asesinada a tiros en una vulcanizadora, y el martes fue localizado un cadáver en estado de descomposición al interior de un tambo, en las inmediaciones del bulevar de la Nación de la capital.
En ese mismo bulevar, los colectivos de búsqueda hallaron en agosto pasado un entierro clandestino en una barranca, en las inmediaciones de la colonia Sergio Villaseñor.
Ante estos sucesos, tanto el gobierno estatal que dirige el panista Mauricio Kuri, como el local, también dirigido por el panista Felifer Macías, se apresuraron a decir que esta ola de violencia está motivada por grupos que provienen fuera del estado, en concreto de Guanajuato, entidad también panista.
Pero, más allá de dónde sean los grupos, la población queretana comienza a sentir los efectos de la violencia de los grupos armados. Si bien datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del INEGI, apuntan que el 38.3% de la población mayor de 18 años consideró durante el tercer trimestre de 2024 que vivir en Querétaro era inseguro, un descenso respecto del 42.2% del trimestre previo, otros datos también del INEGI señalan que un 63% de los queretanos mayores de edad consideran que la inseguridad es el principal problema que enfrenta su estado.
Una entidad en la que, para el experto David Saucedo, está claro que el conflicto entre bandas ya estalló y es una realidad.
“Me temo que está llegando a su fin ‘la paz queretana’”, hace hincapié el analista, que además asegura que “Querétaro se está convirtiendo en un nuevo Guanajuato”.
“Las condiciones estructurales que provocaron la violencia en Guanajuato son las mismas que se están dando en Querétaro: en primer lugar –enumera–, son los mismos grupos delictivos enfrentándose, y en segundo, se disputan las mismas actividades criminales que en Guanajuato: el robo de combustible de los ductos de Pemex, el narcomenudeo, el robo de vehículos de alta gama, el robo de transporte de carga, y sobre todo el trasiego de drogas utilizando la carretera 45D, que permite el envío de drogas desde el Pacífico sur hacia los Estados Unidos, como el fentanilo, la metanfetamina, precursores químicos, y cocaína”.
Por su parte, el académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, Guillermo San Román, subraya en entrevista que el discurso de las autoridades locales de Querétaro como “una isla de paz” no se correspondía ni antes ni ahora con la realidad.
“Ya sabemos este discurso de que Querétaro es una isla de seguridad, un oasis, pero la verdad es que no existe tal cosa como una isla de seguridad”, hace hincapié el investigador, que apunta tres factores como posibles detonantes del brote de violencia en la entidad.
El primero, la alternancia en los poderes políticos tras las elecciones del pasado mes de junio, y los ‘reacomodos’ en el mapa de actuación de los grupos criminales.
“(Estos grupos) se sienten inestables, no saben quién los va a cuidar, y quién los va a atacar”, plantea.
El segundo, tiene que ver con la detención el verano pasado de Ismael El Mayo Zambada, el capo histórico del cártel de Sinaloa, tras una aparente traición de uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que lo habría entregado a las autoridades estadounidenses.
“El decapitamiento de las organizaciones criminales conduce a su fragmentación, y la fragmentación de manera inevitable lleva a un aumento de la violencia. Y en este contexto, se sabe que el Cártel de Santa Rosa de Lima ha sido apoyado por al menos una de las facciones del cártel de Sinaloa, que ahora está en un conflicto interno”, agrega el académico. Es decir, el cártel Jalisco podría querer aprovechar ese conflicto en Sinaloa para atacar a su rival Santa Rosa de Lima.
Y el tercero, están las recientes incursiones de la Guardia Nacional en Celaya, ciudad donde son habituales las balaceras y enfrentamientos entre Jalisco y Santa Rosa de Lima, las cuales pueden estar provocando que las células de ambos grupos se muevan a Querétaro para refugiarse.
“Estas tres situaciones le están dando una nueva forma al mapa y se está decidiendo, justo ahora, el lugar de Querétaro”, plantea San Román. “No sabemos si el cártel Jalisco está tratando otra vez de meterse y el de Santa Rosa lo está repeliendo, o si ya el cártel Jalisco se metió hasta la cocina. Es un momento de definición, y me temo que todavía no hemos visto el final de este enfrentamiento”.
En cualquier caso, el académico subraya que esta ‘batalla’ se produce en un “Querétaro terriblemente vulnerable”.
“(En 2022) hubo una inversión histórica en materia de seguridad, con 4 mil millones de pesos. Pero eso no se ha traducido, por ejemplo, en que tengamos más policías. Ese presupuesto se fue a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, en la Fiscalía del estado, en los tribunales, pero no en un aumento de policías. Tenemos cámaras y edificios, pero no una policía mejor equipada. Y tenemos vehículos tipo ‘rhino’, pero más para impresionar a los inversionistas, porque claramente no está impresionando a los delincuentes”, concluye San Román.
Para Yadira González, coordinadora del colectivo ‘Desaparecidos Querétaro’, el brote de violencia en la ciudad y en la entidad no es algo que la tome por sorpresa.
“Desde hace muchos años ha existido la violencia en Querétaro, el tema era que no había alcanzado a la capital como ahora”, subraya la activista, hermana de Juan González, desaparecido en 2006, uno de los casos de más larga data en el estado.
“Pero basta con que te des una vuelta por las comunidades, por los poblados, y ahí vas a ver otra realidad muy distinta de violencia. A lo mejor aquí, en la capital, no ves tanto carros o camionetas con personas armadas, no se ve el huachicol, aunque ya se han descubierto tomas clandestinas en la capital, pero la violencia es algo con lo que vivimos los queretanos desde hace al menos 10 años”.
“Lo que pasa –añade– es que ahora cualquier persona tiene un celular y puede tomar un video. Por eso creo que la violencia ahora está siendo más pública y se puede ver más, pero eso no quiere decir que antes no existiera. O sea, era un mito eso que decían las autoridades, de que aquí nunca pasaba nada, que todo estaba tranquilo”.
Dentro de ese contexto de violencia, están las desapariciones, que han aumentado progresivamente en los últimos 6 años en Querétaro.
De acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Segob, en 2019 se registraron 87 denuncias en todo el año; para 2020, aumentaron a 117; y en 2021 ya sumaban 367, un aumento del 213%. Además, ese año se encontraron 41 personas sin vida que estaban desaparecidas.
Para 2022, bajaron levemente las denuncias, con 316 casos, de los cuales al final del año continuaban vigentes 46, mientras que 41 más fueron localizados sin vida.
Para 2023, siguieron bajando levemente las denuncias, con 217 casos, pero aumentaron los casos que al final del año seguían vigentes, con 64, además de otras 24 personas sin vida.
Mientras que para este 2024, hasta noviembre, sumaban 279 denuncias, un leve aumento en relación al año pasado, aunque aquí lo destacable es que se disparó el número de casos que siguen vigentes, con 136, más de un 110% en comparación con el año previo, y hasta un 368% más que al inicio del sexenio pasado, en 2019.
“Desde el colectivo siempre hemos alzado la voz y hemos dicho que no podemos esperar a que Querétaro se convierta en un Guanajuato, en un Michoacán, o en un Estado de México. Pero jamás hicieron nada, y hoy la violencia ya nos alcanzó en Querétaro, mientras hombres, mujeres, menores de edad, jovencitas, siguen desapareciendo en nuestro estado”, finaliza la activista buscadora.
Aunque no se han revelado muchos detalles sobre la nueva agencia, un repaso a la trayectoria del fundador de Tesla puede dar algunas pistas.
Donald Trump le ha encargado a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, la dirección del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Trump afirmó en redes sociales que Musk y Vivek Ramaswamy, excandidato en las primarias del Partido Republicano, “desmantelarán la burocracia gubernamental, reducirán las regulaciones excesivas, recortarán los gastos innecesarios y reestructurarán las agencias federales”.
El empresario tecnológico cuenta con una larga experiencia de liderazgo corporativo para cumplir ese objetivo que lleva meses defendiendo.
Pero su rol también le otorgaría una importante influencia sobre la política gubernamental y el entorno regulatorio en el que operan sus compañías, lo que plantea dudas razonables.
De momento se conocen pocos detalles concretos sobre el próximo Departamento de Eficiencia Gubernamental, al que Trump llamó en un comunicado “el Proyecto Manhattan de nuestro tiempo”.
El presidente electo ha adelantado que el DOGE funcionará como una especie de consejo asesor que operará de forma externa mediante una asociación con la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB).
El departamento, anunció Trump, “brindará asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno, y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar una reforma estructural a gran escala y crear un enfoque empresarial para el gobierno nunca antes visto”.
“Espero que Elon y Vivek realicen cambios en la burocracia federal con miras a la eficiencia y, al mismo tiempo, para mejorar la vida de todos los estadounidenses. Es importante destacar que eliminaremos el despilfarro y el fraude masivos que existen en nuestro gasto gubernamental anual de US$6,5 billones”, agregó.
Y, en principio, no será permanente: Trump estima que el órgano completará su trabajo en 18 meses, y Musk cree que lo hará “mucho más rápido”.
Por su parte, Musk afirmó en un mitin del entonces candidato republicano en octubre que el presupuesto del gobierno estadounidense podría reducirse en “al menos” US$2 billones de un total de US$6,5 billones.
También ha sugerido con frecuencia que el número de empleados gubernamentales se puede reducir de forma significativa.
Por su parte, Ramaswamy expresó en el pasado su deseo de eliminar una serie de oficinas federales, entre ellas el Departamento de Educación, la Comisión Reguladora Nuclear, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI.
En todo caso, la forma en la que Musk ha dirigido sus propias empresas puede dar pistas de lo que los estadounidenses pueden esperar que haga en el DOGE.
En octubre de 2022 se hizo cargo de la plataforma de redes sociales Twitter, a la que rebautizó como X, en un acuerdo de US$44.000 millones.
Musk renunció a las políticas de moderación de contenido y eliminó el veto a los usuarios considerados infractores de las reglas sobre discurso de odio y desinformación.
Uno de los usuarios a los que restituyó fue Trump, cuyo perfil había sido censurado tras el motín del Capitolio en enero de 2021 por seguir afirmando que las elecciones de 2020 habían sido amañadas en su contra.
La adquisición de Musk trajo cambios radicales a X, como la reducción de plantilla de unas 8.000 personas a 1.500.
En abril de 2023 le dijo a la BBC que su razonamiento para tomar esta medida era que “si toda la empresa se hunde, entonces nadie tendrá trabajo”.
“Su idea de eficiencia era despedir a mucha gente”, afirma Alex Waddan, profesor de política estadounidense en la Universidad de Leicester.
Como respuesta al éxodo de anunciantes por relajar las políticas de libertad de expresión de la plataforma, el empresario monetizó algunas funciones para aumentar los ingresos.
Convirtió las marcas azules, que antes indicaban que una cuenta de una figura pública era auténtica, en un modelo de suscripción y vinculó los pagos de publicidad a usuarios “verificados” con la cantidad de interacciones recibidas.
Pero estos cambios tuvieron algunas consecuencias no deseadas.
Tras un aluvión de críticas, X asignó marcas de oro o plata a las cuentas oficiales para evitar que se confundieran con falsas, lo que significa que las marcas azules solo indican que una cuenta es de pago.
Incentivar a los usuarios con una parte de los ingresos publicitarios también aportó una vía para que las llamadas “granjas de bots” ganaran dinero con interacciones a su contenido generado automáticamente. Musk ha dicho que su equipo ha eliminado de forma repetida las cuentas de bots.
Los críticos sostienen que sus cambios han dado prominencia al discurso de odio y la desinformación, aunque él sostiene que la red social es políticamente neutral.
“Como ’empresario en serie’, Musk ha sido implacable en su intento de mejorar la eficiencia institucional en sus propias compañías”, evalúa Thomas Gift, profesor de Ciencias Políticas y director del Centro de Política Estadounidense en el University College de Londres.
Añade que, aunque el papel principal de Musk será “reducir la maraña de burocracia que es el gobierno federal de Estados Unidos”, su puesto también le aportará influencia en la nueva administración.
“Si bien su papel en el Departamento de Eficiencia Gubernamental será más informal, no hay duda de que Trump lo escucha, al menos por el momento”, sentencia.
Elon Musk “es extremadamente antirregulaciones y odia que el gobierno o cualquier otra persona le diga qué hacer“, describió la periodista de investigación Kristen Grind en el podcast The Daily del diario estadounidense The New York Times.
El acrónimo DOGE ideado por Musk hace referencia a un meme de un perro Shiba Inu que luego dio su nombre a la criptomoneda Dogecoin. Él ha mencionado ambos con frecuencia.
Christopher Phelps, profesor de historia política moderna de Estados Unidos, interpreta que el nombre es “un guiño a la desregulación de las criptomonedas como parte de sus planes”.
Los precios de las criptomonedas aumentaron después de la elección de Trump, lo que hace pensar que el presidente entrante creará un entorno regulatorio relajado.
Pero los llamamientos desregulatorios de Musk también pueden atribuirse en parte a las frustraciones que ha padecido con sus otras empresas comerciales: la compañía de vehículos eléctricos Tesla y la firma de cohetes SpaceX.
El gobierno de Estados Unidos ha acusado repetidamente a Tesla de intentar evitar que sus trabajadores se sindicalicen, lo que en algunos casos podría infringir la ley federal.
Musk, cuyo patrimonio neto estimado alcanza los US$290.000 millones, ha afirmado anteriormente que “no está en contra de todos los sindicatos”, pero que el sindicato de trabajadores automotrices “tiene un historial de destrucción de productividad que impide a una empresa competir”.
En septiembre, Musk amenazó con demandar a la Administración Federal de Aviación por sus planes de multar a su compañía SpaceX con US$633.000 por supuestas infracciones de licencias relacionadas con algunos de sus lanzamientos de cohetes desde Cabo Cañaveral, en Florida.
Acusó a la agencia de “extralimitación regulatoria”.
También ha dicho en repetidas ocasiones que quiere colonizar Marte, y el programa Starship de SpaceX es un intento de hacer esto posible.
Pero en septiembre escribió que esto solo era una posibilidad “siempre que no se vea sofocada por la burocracia” y afirmó que la creación del DOGE era “el único camino para extender la vida más allá de la Tierra”.
Entonces, ¿hasta qué punto su motivación para asumir el rol en el gobierno responde a sus intereses comerciales?
Musk “se beneficiará personalmente de gran parte de la desregulación que promociona”, opina el profesor Phelps.
“Creo que poner a alguien que es multimillonario y dirige grandes corporaciones a cargo de un proyecto federal de desregulación es algo, por naturaleza, lleno de conflictos de intereses“.
Por su parte, el profesor Gift apunta que “no hay duda de que Musk tiene importantes intereses creados en el panorama regulatorio de Estados Unidos como resultado de sus muchas empresas comerciales”.
Al mismo tiempo, matiza, “es difícil afirmar que este sea el único motivo que lo impulsa”.
“Musk ha asumido enormes riesgos personales y políticos al salir del armario a favor de Trump, y muchas de sus actividades y retórica parecen mostrar a un individuo ideológicamente comprometido con causas en las que cree”.
El profesor Waddan coincide con este punto de vista: “es evidente que tiene algo en juego y un interés propio, pero igualmente puede creer sinceramente que hay demasiada regulación y demasiada burocracia gubernamental”.
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