Detienen a dos policías de CDMX implicados en feminicidio de Montserrat Juárez
Para entender mejor
Los dos policías implicados en el feminicidio de Montserrat Juárez en septiembre pasado por el delito de retardo de la justicia fueron detenidos, uno en Nuevo León y otro en Hidalgo, informó este viernes la Fiscalía de Ciudad de México.
“Aprehendieron a dos servidores públicos, por su probable participación en la comisión del delito de retardo de la justicia”, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de Ciudad de México.
Así, los dos policías detenidos fueron identificados como Freddy “N” y René “N”.
Montserrat Juárez Gómez, joven reportada como desaparecida en el Estado de México desde marzo de 2023 y encontrada sin vida en septiembre pasado en un departamento de la CDMX, no murió por causas naturales, fue asesinada, de acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México.
Freddy “N” fue detenido en Nuevo Léon y René “N” fue aprehendido en Tulancingo, Hidalgo en colaboración con las autoridades de ambos estados.
Ambos policías fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para ponerlos a disposición del juez que los requirió.
Policía recibió dinero para no avisar al MP y se pudiera cremar el cuerpo de Montserrat: Fiscalía
El policía Freddy “N”, que bajó el cuerpo de Montserrat Juárez, víctima de feminicidio, del domicilio donde se encontraba, recibió dinero para contactar una agencia funeraria y mintió al no informar al Ministerio Público de lo ocurrido, de acuerdo con un reporte de la Fiscalía.
“Las indagatorias establecieron que el policía preventivo contactó a la agencia funeraria que llevaría a cabo los servicios mortuorios de la joven Montserrat, a efecto de recibir una retribución económica y mintió en su parte informativo, al señalar que había notificado al Ministerio Público”, dijo entonces el vocero Ulises Lara al dar un informe del avance de las investigación.
Este policía preventivo, junto con René “N”, policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ayudaron a bajar el cuerpo de Montserrat Juárez ubicado en la colonia Anáhuac.
Policía tampoco contactó a la Fiscalía CDMX
Además, Freddy “N” tampoco tuvo contacto en ningún momento con personal de la Fiscalía de Ciudad de México, añadió el vocero.
Esto, dijo, se concluyó tras una investigación de la Unidad de Asuntos Internos, que incluyó el análisis de videocámaras y bitácoras de las agencias de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo, así como posibles llamadas telefónicas del servidor público a instancias oficiales.
Incluso, la misma investigación arrojó que el agente del ministerio público que el policía preventivo citó en su parte informativo y al que supuestamente informó de lo ocurrido no estaba en su turno.
La indagatoria permitió conocer que la persona servidora pública del Ministerio Público señalada en su parte informativo, a la que supuestamente habría informado los hechos, no se encontraba de turno en ese momento”, agregó.
Por tanto, este policía preventivo mintió en su parte informativo y nunca tuvo contacto con dicho ministerio público ni personal de la Fiscalía local.
Con la detención de estos dos policías, suman cinco personas capturadas por diversos delitos relacionados con el feminicidio de Montserrat Juárez.
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Continúa la investigación sobre la desaparición de cuatro niños de entre 11 y 15 años, mientras existen dificultades para identificar los cuerpos encontrados en un río junto a una base militar.
Los familiares de los cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil están a la espera de que se identifiquen los cuatro cuerpos que aparecieron en un río cercano a la base aérea de Taura.
“Los cuerpos estaban incinerados, irreconocibles”, le dijo a BBC Mundo Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
Eso hizo que el procedimiento de identificación de los cadáveres sea más complejo. “Estaban en un estado de descomposición”, explicó.
Las familias acudieron el miércoles a la morgue de Guayaquil, pero tuvieron que regresar a sus casas con más preguntas que respuestas.
No había manera de hacer un reconocimiento visual de los restos, ni de tomar las huellas dactilares para compararlas con las de los menores.
Ahora los médicos forenses intentan avanzar en una segunda etapa del procedimiento que les permita hacer un reconocimiento antropológico, cuyos resultados serán entregados a las familias el próximo lunes.
Si no es posible identificar los restos, un escenario altamente probable en este caso, solo quedaría esperar a los resultados de las pruebas de ADN que pueden demorar hasta 40 días.
Serán días de agonía para los padres de Steven Medina, de 11 años, Saúl Arboleda de 15, y los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años.
Los cuatro salieron a jugar fútbol y nunca más regresaron a sus hogares. En la actualidad hay 16 militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los menores, ocurrida el 8 de diciembre.
La última señal de vida que se conoce de los niños forma parte del testimonio del padre de los hermanos Arroyo, quien dice haber recibido la llamada telefónica de un desconocido la noche que desaparecieron, advirtiéndole que fuese a buscar a los menores al camino que conduce a la Base Aérea de Taura.
Inesperadamente, relató Luis Arroyo, el hombre puso a uno de sus hijos al teléfono y éste le dijo: “Los militares nos cogieron, nos metieron palo, nos están acusando de un robo, nos dejaron botados. Papá por favor ven, sálvame”.
Poco después, tras alertar a las autoridades, recibió una segunda llamada anónima avisándole que los menores se habían ido. “La mafia se los llevó”.
¿Qué se sabe?
En una declaración inicial, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, adjudicó la desaparición de los menores a “grupos delincuenciales”.
Pero el lunes, Loffredo cambió la versión y reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla de 16 militares que se movilizaban en dos vehículos.
Los militares “observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer”, explicó.
“Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido”, señaló el ministro en declaraciones a la radio City.
Loffredo confirmó que la patrulla militar involucrada en el hecho tiene su base en Taura, una zona ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad.
“Debe ser que, camino a la base, toman la decisión de dejar libres a estos niños”, agregó Loffredo.
“No puedo más”
¿Qué pasó realmente esa noche durante el operativo militar?, ¿por qué habrían abandonado a los menores en la calle?, ¿los llevaron a otro sitio?, ¿participaron otras personas?, ¿cuál fue el motivo de la desaparición?
“Siento que ya no puedo más. Quiero que mis hijos vengan y me digan mami, ¿ya está la comida?‘”, dijo llorando en un video Katy Bustos, la madre de Ismael y Josué.
Mientras la Fiscalía investiga el caso como una desaparición forzada, decenas de ecuatorianos han protestado en las calles exigiendo justicia.
Claman porque se identifiquen lo antes posible los cadáveres hallados cerca de la base aérea donde estaban destinados los 16 militares involucrados en la detención irregular de los menores.
Los militares se encuentran bajo custodia militar, a la espera de la audiencia de formalización de cargos, y las indagaciones están a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza en Quito.
La agencia Associated Press (AP) tuvo acceso a las imágenes de cámaras de seguridad que muestran el momento en que dos de los menores son capturados por los militares y subidos a una camioneta.
Ambos son puestos boca abajo y a uno de ellos, un militar le da un puñetazo en la cabeza, informó la agencia.
Estas imágenes, agregó AP, están en poder de la Fiscalía, la Unidad Antisecuestros de la Policía y la Asamblea Nacional.
En una audiencia de habeas corpus celebrada el martes, la jueza Tanya Maricela Loor Zambrano dijo que “se comprueba la vulneración de los derechos de la vida, integridad personal, interés superior del niño, a la supervivencia, al desarrollo y pertenecer a grupos de atención prioritaria de los niños”, por lo cual dictó medidas cautelares a favor de familias.
La jueza ordenó que el Estado ecuatoriano, a través del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, y las instituciones de seguridad nacional realicen los actos investigativos pertinentes en todo el territorio nacional para dar con el paradero de los cuatro menores.
Al final de la audiencia, los familiares dijeron: “Queremos a nuestros hijos con vida”.
“No es un caso aislado”
Ecuador vive en un estado permanente de militarización, luego que a comienzos de 2024, en medio de una oleada de violencia de los grupos dedicados al narcotráfico y con una de las mayores crisis carcelarias que ha enfrentado el país, el gobierno de Daniel Noboa sacara a los militares a las calles para luchar contra el crimen organizado.
En aquel momento, el mandatario dijo que las Fuerzas Armadas tendrían la misión de apoyar las labores policiales para mantener el orden y la seguridad, y elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a las bandas como grupos “terroristas”.
Así, desde prinicpios de año el país ha vivido en estado de excepción y los militares custodian permanentemente las calles con amplias facultades para realizar operativos de seguridad.
“La fuerza pública se supone que debería garantizar la seguridad ciudadana”, dijo Fernando Bastías, abogado del CDH, en diálogo con BBC Mundo.
El caso ha generado manifestaciones en las calles y ha tomado un carácter emblemático, entre otras razones, porque involucra la desaparición de niños y porque “no es un hecho aislado”.
“Todo el mundo conoce casos de abuso policial y militar, por ende esta fue la gota que rebalsó el vaso”, agregó Bastías.
“Han habido desapariciones sistemáticas a lo largo de este año con la militarización de la seguridad ciudadana”.
“Nosotros estamos ahora acompañando 10 casos, pero hay muchos otros”.
Sobre los menores desaparecidos, Bastías dijo que es una práctica muy común que existan operativos militares al margen de la ley que, “en las mejores circunstancias terminan en tortura, pero en las peores, bajo indicios de desaparición forzada”.
La desaparición de los niños ocurre cuando el presidente Daniel Noboa buscará la reelección en los comicios del 9 de febrero para gobernar el país por un período completo (2025-2029) tras haber ganado los comicios extraordinarios de 2023, después de la salida anticipada del expresidente Guillermo Lasso.
El país ya ha entrado en período de campaña electoral y en ese contexto, el caso de los cuatro menores desaparecidos podría convertirse en una piedra en el camino para las aspiraciones del mandatario, especialmente cuando las encuestas difundidas hasta ahora, arrojan que la contienda apunta a un nuevo cara a cara entre el actual presidente y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González.
Como el tema de la seguridad es fundamental para los votantes, tanto el gobierno como la oposición han expresado públicamente su respaldo para que los hechos se esclarezcan cuanto antes.
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