Ante posible penalización de aborto después de sexta semana en Aguascalientes, feministas alistan batalla judicial
Las organizaciones que originalmente promovieron el amparo que derivó en la despenalización del aborto en el estado de Aguascalientes prevén impulsar una acción de inconstitucionalidad ante la eventual aprobación en el Congreso local de la reducción de 12 a seis semanas del periodo permitido.
Esto luego de que el 23 de agosto pasado 20 legisladores, en su mayoría panistas, presentaran una iniciativa para limitar a seis el derecho de las mujeres a abortar en la entidad durante las 12 primeras semanas de gestación, a tan solo poco más de medio año de que se legislara su validez.
Este planteamiento representa un retroceso respecto a la legislación actual, que permite la interrupción hasta la doceava semana de gestación, ejecutada por el legislativo local el 23 de diciembre del año pasado, derivada de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de agosto de 2023.
La iniciativa, presentada por 20 diputadas y diputados, solo requiere el voto de 14 legisladores para ser aprobada, por lo que las organizaciones ya están enfocándose en los siguientes pasos ante los riesgos que representa una regresión sobre el estándar ya legalizado.
Las implicaciones son diversas, subraya Angie Contreras, de Cultivando Género. La reducción de semanas es, en primer lugar, una forma de inhibir que las mujeres y personas gestantes puedan abortar, sobre todo en instancias públicas, pues esto entorpece el acceso con miras a exceder el tiempo mientras ellas completan el trámite y estudios previos.
“Aquí en Aguascalientes hicieron un comité que va a decidir si puedes o no puedes abortar, entonces cuando van a las instancias públicas, el caso tiene que analizarlo el comité dependiendo de cuándo se va a reunir… Como son medidas que buscan disuadirlo, entonces lo alargan”, explica la activista.
Al mismo tiempo, se genera una sensación de imposibilidad, que no es inocente, pues simultánea a la iniciativa de reducción de semanas, en la entidad se está legislando un sistema entero de “protección a la vida”, que será una coordinación de varias dependencias, encabezadas por la Secretaría de la Familia, que pretende incentivar acciones para la protección del embarazo.
Por otro lado, la iniciativa panista elimina el término “personas gestantes”, lo cual invisibiliza a las personas no binaries y trans, así como algunas de las causas y circunstancias estructurales que pueden conducir a abortar. Además, plantea un cambio en el caso del aborto espontáneo, que para ser reconocido como tal deberá ser analizado por dos personas del servicio de salud.
“Estas acciones lo que buscan es limitar y frenar el tema del aborto, y nos queda claro que esto también es una medida política, porque justamente a un año de que se logra esta decisión de la Corte de decirle al Congreso ‘tienes que despenalizar’, a partir de ahí hubo un incremento en los discursos de los grupos antiderechos”, sostiene Contreras.
A juicio de la activista, la constante durante este año ha sido buscar distintas vías para entorpecer el acceso al derecho: la creación del comité, no garantizar información, el uso de medios de comunicación para desinformar, motivar el discurso de que la entidad se está convirtiendo en una “capital turística” del aborto para los estados circundantes, lo cual se consuma con la presentación de esta iniciativa, en una sesión extraordinaria, sin análisis ni información.
El próximo 31 de agosto se cumpliría apenas un año de la resolución de la Corte, por lo que las organizaciones, conscientes de la realidad y el contexto político de Aguascalientes, que las ha orillado a trabajar siempre desde la resistencia para garantizar derechos, buscarán solicitar una acción de inconstitucionalidad, porque la reforma al Código Penal representa un retroceso de derechos.
“Estos riesgos no solamente son para Aguascalientes, sino que al aprobarse, se abre una ventana de oportunidad para otros estados para que justamente condicionen y hagan reformas para reducir las semanas para despenalizar el aborto. Lo van a ver como oportunidad ni siquiera estados que sean panistas, sino personas de otros partidos que son diputados y diputadas que llegan a partidos donde no están convencidos o no creen en las líneas ideológicas y al final se suman”, advierte la activista.
Una iniciativa sobre el aborto regresiva en Aguascalientes
“El objeto de la iniciativa básicamente consiste en establecer que el aborto es la interrupción del embarazo con el consentimiento de la mujer embarazada después de la sexta semana de gestación”, se lee en el documento que el Congreso de Aguascalientes pretende aprobar sin discusión este miércoles, presentada por 14 diputados panistas, a los que se sumaron tres morenistas, uno del PRI, uno del Verde y uno del PRD.
El documento califica como de “suma importancia definir” el margen mínimo o el período “breve” durante el cual se permite el ejercicio del “derecho a decidir”, el cual –sostiene– debe ser estrecho, de manera que se ubique lo más cercano posible al inicio de la gestación, “a fin de no transgredir el respeto y la protección de la vida en desarrollo”.
Esto contradice el avance en la garantía del derecho a decidir, que tiene poco más de medio año de haberse hecho efectivo gracias a la presentación del amparo promovido por las organizaciones Morras Help Morras, Cultivando Género AC, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Terfu y Cecadec desde 2022, y atraído posteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Con ello, las organizaciones lograron que en esa entidad se despenalizara el aborto en un esquema similar al ocurrido en Coahuila, la primera entidad donde esa decisión se hizo efectiva gracias a una determinación de la Corte del 7 de septiembre de 2021 que resolvía una acción de inconstitucionalidad con el argumento de que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta.
Aunque permanecía pendiente la posibilidad de que el Congreso del estado modificara las leyes locales de salud para dar certeza y garantía a la prestación del servicio, se había eliminado toda penalización al aborto voluntario hasta la semana 12, como en el resto de las entidades donde ya ha sido eliminado como delito del Código Penal. En ninguna de ellas el plazo es menor.
De hecho, el Manual de Práctica Clínica para un Aborto Seguro, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), describe procesos seguros de interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, e incluso más en casos necesarios. El mismo organismo sugiere en sus directrices más recientes la despenalización total del aborto, lo que significa eliminarlo de toda ley penal, no aplicar otros delitos equiparados, y que “no se recomienda la promulgación de leyes y otras reglamentaciones que restrinjan el aborto basándose en supuestos o en límites de edad gestacional”.
No obstante, los legisladores locales insisten en su iniciativa en que el derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo, aunque esencial, “no se considera absoluto en todos los casos”. Según la propuesta, debe equilibrarse con otros igualmente importantes, como “el derecho a la vida”. “Muchas legislaciones en todo el mundo establecen límites al derecho al aborto para asegurar la protección de la vida fetal”, señalan en el documento presentado ante el Congreso.
Incluso van más allá en la negación del derecho de las mujeres a decidir: “El aborto se perceibe como una acción que pone en riesgo la integridad de la vida humana, y por ende, debe estar sujeto a restricciones y penalizacaiones para salvaguardar ese derecho primordial. Desde la perspectiva de la salud pública, la prevalencia del aborto puede tener implicaciones para la salud mental y física de las mujeres”.
Sin proporcionar evidencia científica en torno a lo anterior, los diputados locales califican a Aguascalientes como “el primer estado familiarmente sostenible en el país”, que promueve políticas que “fortalecen y apoyan la estructura familiar, por lo que la defensa de la vida se alinea con el valor de la unidad de las familias”.
De esa manera, la iniciativa propone reformar los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal de Aguascalientes con la finalidad de penalizar con tres a seis meses de prisión y 500 a 1000 días de multa a quien interrumpa el embarazo voluntario después de la sexta semana.
La iniciativa de las organizaciones de interponer un amparo, resuelto por la Suprema Corte, nació justamente porque en la entidad no se preveía un cambio por la vía legislativa, pues el Congreso local sigue conformado por una mayoría panista que ha expresado abiertamente que temas como el aborto y el matrimonio igualitario no están ni estarán en su interés. Ante ello, los partidos de oposición tampoco mostraron nunca interés en esa causa.
De acuerdo con las organizaciones promoventes del amparo y otras, como AbortistasMx, de aprobar la iniciativa planteada, el Congreso de Aguascalientes estaría violando el principio de progresividad e incluso de no repetición, lo cual lesionaría los derechos humanos.
Por separado, GIRE subraya que tratar de reducir a la mitad el periodo en el que una persona puede decidir si continúa o no con su embarazo no es razonable, ni responde a evidencia científica o consideración médica válida, aunque así lo asegure el dictamen. Se trata de una medida inconstitucional, contraria a los criterios de la Suprema Corte y violatoria de los derechos humanos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, agrega la organización.
“Vamos a seguir, Aguascalientes va a seguir resistiendo porque el Congreso en lugar de pensar en la progresividad de los derechos, busca cómo quedar bien con los grupos antiderechos y como limitarnos. Al final, aunque el Congreso busque vulnerarlos, las mujeres y las personas con capacidad de gestar van a seguir accediendo a su derecho con el acompañamiento colectivo de los grupos feministas”, subraya Angie Contreras.
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Ambos ejércitos del conflicto armado en Ucrania se han visto acorralados por drones, artillería y guerra electrónica.
En días recientes, Rusia y Urania se han atacado mutuamente con el mayor número de drones desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.
Se informa que Ucrania lanzó más de 80 drones contra Rusia, algunos dirigidos hacia Moscú. Por su parte, se reporta que Rusia lanzó más de 140 drones contra objetivos por todo Ucrania.
La intensidad del uso de drones como armas de ataque es una de las formas en que este conflicto está revolucionando cómo se hace la guerra.
En combinación con la guerra electrónica y los ataques de artillería, los drones también han demostrado ser efectivos como armas defensivas, inmovilizando a las fuerzas enemigas en el campo de batalla.
Drones: los ojos que lo ven todo
Los drones se han convertido en uno de los principales elementos en la guerra en Ucrania y están afectando profundamente la manera en que se pelea, según Phillips O’Brien, profesor de Estudios de la Guerra de la Universidad St. Andrews, en Escocia.
“Han vuelto el campo de batalla mucho más transparente”, comenta.
Los drones de vigilancia pueden detectar el movimiento de tropas o los preparativos para un ataque a lo largo de todo el frente y en tiempo real.
Cuando ven un objetivo, pueden enviar las coordinadas al centro de comando, que puede ordenar un ataque de artillería.
Esta secuencia, desde la detección del objetivo hasta su ataque, se llama la “cadena de ataque” en la terminología militar y se ha acelerado por el uso de drones, dice el profesor O’Brien.
“Todo se puede detectar a no ser que esté muy encubierto. Significa que no puedes reunir tanques y otro armamento para una avanzada sin que sean golpeados”, indica.
Los drones de ataque se están usando, junto con la artillería, para golpear al enemigo. Las fuerzas ucranianas han logrado repeler los avances de las columnas de tanques rusos con solo el uso de drones.
Al inicio de la guerra, Ucrania usó el TB-2 Bayraktar de fabricación turca, un dron de capacidad militar que puede arrojar bombas y lanzar misiles.
Sin embargo, con mayor frecuencia ambas partes están optando por el uso de drones “kamikaze” que son más baratos.
Estos suelen ser drones de uso comercial, acoplados con explosivos.
Pueden ser controlados desde una distancia de varios kilómetros y pueden merodear el objetivo antes de atacar.
Rusia también ha estado usando miles de drones kamikaze, como el Shahed-136 de fabricación iraní, para atacar objetivos militares y civiles en Ucrania.
Frecuentemente los despliega en enjambres, con la intención de abrumar las defensas aéreas ucranianas.
Artillería: se usa “como el agua”
La artillería se ha convertido en el arma de mayor uso en toda la guerra en Ucrania.
Según el centro de análisis británico Royal United Services Institute (RUSI), Rusia ha estado disparando 10.000 proyectiles al día y Ucrania entre 2.000 y 2.500, también diariamente.
La artillería se usa para contener el movimiento de tropas enemigas y para atacar vehículos blindados, defensas, puestos de mando y depósitos de suministros.
“Durante la guerra, la munición es como el agua, que las personas necesitan beber constantemente, o como el combustible para un automóvil”, explica el experto de artillería y especialista militar de la BBC coronel Petro Pyatakov.
Ambos lados han usado millones de proyectiles de artillería extranjeros. Estados Unidos y Europa se los han suministrado a Ucrania. Rusia los importa de Corea del Norte.
Los países occidentales han tenido dificultades para suministrar a Ucrania todas las municiones que requiere, y eso ha resaltado el problema que tienen en sus propias industrias armamentistas, según Justin Crump, director ejecutivo de Sibylline, un grupo de análisis de defensa en Reino Unido.
“Las empresas de defensa de Occidente actualmente producen una cantidad de armas de precisión relativamente baja”, afirma.
“No tienen la capacidad de emitir altos volúmenes de armamento básico como proyectiles”.
Tanto Rusia como Ucrania también han estado usando artillería de alta precisión.
Ucrania ha lanzado proyectiles guiados por satélite tipo Excalibur, suministrados por Occidente; Rusia usa sus propios proyectiles Krasnopol guiados por láser.
Además, EE.UU. y otras naciones occidentales han dotado a Ucrania de misiles Himars de largo alcance, guiados por satélite.
Estos les han permitido a las fuerzas armadas atacar los depósitos de municiones y los puestos de mando de Rusia en el frente.
Bombas planeadoras: sencillas, destructivas y difíciles de interceptar
Desde comienzos de 2023, las fuerzas rusas han usado miles de “bombas planeadoras” para atacar posiciones ucranianas en el campo de batalla y para bombardear zonas residenciales civiles e infraestructura.
Son bombas convencionales de “caída libre” acopladas con alas plegables y sistemas de navegación satelital.
Rusia es quien más suele usar esas bombas planeadoras. Varían en peso desde 200 kg hasta 3.000 kg o más.
“Las bombas planeadoras se han vuelto cada vez más efectivas para romper las posiciones defensivas y destruir edificios”, señala el profesor Justin Bonk, un experto en guerra de RUSI.
Añade que Rusia las ha utilizado extensamente para destruir las defensas ucranianas alrededor de la localidad estratégica de Adviivka, en el este de Ucrania, que Rusia capturó en 2024.
Las bombas planeadoras cuestan entre US$20.000 y US$30.000 en producir, según Bronk.
Pueden ser lanzadas desde decenas de miles de kilómetros de distancia de sus objetivos y son difíciles de interceptar, aún con el más sofisticado sistema de misiles de defensa aérea.
Ucrania también hace uso de bombas planeadoras suministradas por EE.UU. y Francia, como la llamada Joint Standoff Weapon de largo alcance.
También ha creado una de su propio diseño, añadiendo alas a las bombas de diámetro pequeño de fabricación estadounidense, que llevan unos 200 kg de explosivos.
Sin embargo, cuenta con menos bombas planeadoras que Rusia.
Guerra electrónica: una manera barata de incapacitar armamento costoso
La guerra electrónica se ha implementado mucho más intensamente en el conflicto entre Rusia y Ucrania que en cualquier otra ocasión.
Miles de efectivos en cada lado trabajan en unidades especializadas, intentando incapacitar los drones y sistemas de comunicaciones del otro, y desviar los misiles enemigos.
Las fuerzas rusas tienen sistemas como el Zhitel, que puede incapacitar todas las comunicaciones satelitales, las comunicaciones por radio y las señales de teléfonos móviles en un radio de más de 10 m.
Pueden abrumar las ondas de radio emitiendo enormes pulsaciones de energía electromagnética.
Además, con su unidad Shipovnic-Aero, las fuerzas rusas pueden derribar un dron a 10 km de distancia. Este sistema también puede encontrar la posición de los pilotos de los drones y enviar sus coordinadas a las unidades de artillería para que disparen contra ellos.
Las naciones occidentales pueden estar sorprendidas de ver la facilidad con la que los sistemas de guerra electrónica de Rusia han inutilizado misiles de alta tecnología como los Himars en Ucrania, de acuerdo a Marina Miron, del Departamento de Estudios de la Guerra del King’s College de Londres.
“Es una guerra asimétrica”, indica. “Las fuerzas de la OTAN podrán tener armas que son técnicamente superiores a las que posee Rusia, pero Rusia ha demostrado que puede usar un equipo relativamente barato para desactivarlas”.
Duncan McCrory, del Instituto Freeman Air & Space de King’s College de Londres, opina que los comandantes militares de los países de la OTAN deben aprender lecciones de cómo Rusia está efectuando una guerra electrónica en Ucrania.
“Deben entrenar a sus tropas en cómo operar cuando están siendo acechadas por drones y cuando el enemigo está atento a cada señal de radio que envían”, afirma.
“La guerra electrónica ya no puede ser relegada a segundo plano. Necesita ser considerada en todo momento en que se estés desarrollando tus tácticas, entrenamiento y nuevos sistemas de armamento”.
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