Elementos de la policía ministerial adscritos a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de Veracruz, en colaboración con la Fiscalía General de Oaxaca, cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Gregorio Gómez Martínez, exalcalde de Tihuatlán.
Al militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se le acusa de homicidio doloso calificado y tentativa de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de dos víctimas con identidades resguardadas.
A través de un comunicado, la Fiscalía General de Veracruz informó que un juez le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 254/2921.
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Gregorio “Goyo” Gómez fue alcalde de Tihuatlán en el periodo 2014-2017, y en el proceso electoral de 2018 compitió como candidato a la diputación federal por el distrito de Poza Rica.
El exalcalde se encuentra preso desde abril de 2021, cuando se le vinculo por delitos de portación de armas de fuego, posesión de vehículo con reporte de robo y narcomenudeo.
Actualmente se encuentra en el penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca.
El exalcalde perredista del municipio de Tihuatlán, al norte de Veracruz, pasó de ser acusado de narcomenudista el 7 de abril del 2021, a presuntamente haber cometido un homicidio.
En ese entonces, Goyo Gómez, fue privado de la libertad en su negocio de autopartes en Tihuatlán, y en medio de hermetismo, 12 horas más tarde, su familia fue notificada que estaba detenido.
Familiares de Gómez denunciaron que elementos policiacos estatales ingresaron al negocio de Gómez Martínez después de haberlo detenido; los videos de las cámaras de seguridad desaparecieron.
En ese momento, Goyo aspiraba a convertirse de nuevo en alcalde de Tihuatlán, abanderado por la alianza alianza PAN-PRI-PRD. El temor de su abogado Jesús Velázquez, y exdirigente del Sol Azteca, era que se le fabricaran delitos a Gregorio. El abogado no descartó que su compañero de partido fuera un preso político, ante el temor de Morena por un posible triunfo de la oposición en ese municipio al norte de Veracruz.
En medio de hermetismo, y ya con manifestaciones de habitantes de Tihuatlán que pedían la liberación de Goyo, se informó que el exalcalde estaba detenido en el penal de mediana seguridad, en Tuxpan. Fue vinculado a proceso por los delitos de portación de armas de fuego, posesión de vehículo con reporte de robo, narcomenudeo y ultrajes a la autoridad.
Este último delito fue declarado inconstitucional en 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La polémica que generó ultrajes a la autoridad se originó porque expertos señalaron que el delito fue ocupado por autoridades para cometer detenciones arbitrarias, y en contra de políticos de oposición. Tan solo entre marzo y noviembre del 2021, cinco políticos veracruzanos fueron detenidos bajo este delito, incluido Goyo.
Gregorio Gómez fue trasladado de Tuxpan a Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lo que se traduce en un viaje en auto de alrededor de 10 horas; poco menos de 700 kilómetros.
Tras haber sido imputado por ultrajes a la autoridad, entre los cuatro delitos que se le señalaban, defensores de Gómez acusaron que su detención obedecía a una cacería política para dejarlo sin posibilidad contender por la alcaldía de Tihuatlán.
El próximo 7 de abril del 2023, el político cumpliría dos años detenido en Oaxaca, lo que le abría la posibilidad de recuperar su libertad, mediante una variación de medida cautelar, según el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permite como máximo dos años de prisión preventiva oficiosa.
A menos de un mes de que llegara la fecha, a Gregorio Gómez le imputaron dos nuevos cargos por los delitos de homicidio doloso calificado y tentativa de homicidio doloso calificado, en contra de dos personas.
La hija de Gómez, Fanny Gómez, confirmó que su padre todavía estaba detenido y pidió que dejara de difundirse información errónea sobre la presunta liberación.
“Les pido a amigos y familiares que no manden mensajes difundiendo sobre lo que dicen los medios de comunicación antes de confirmarlo con nosotros, lamentablemente aún no lo tenemos a nuestro lado, ya habrá momento en el que expliquemos su situación jurídica, pero por el momento mi familia no quiere dar opinión acerca de lo que lo que se encuentra circulando, la familia Gómez Loya aún no se encuentra completa”, publicó la joven desde sus redes sociales.
En la administración morenista de Cuitláhuac García Jiménez fueron detenidos 24 políticos, entre octubre del 2020 y diciembre del 2022; la mayoría, adheridos a partidos de oposición.
De las 24 detenciones, cinco fueron bajo el delito de ultrajes a la autoridad, entre el 13 de marzo y el 13 de noviembre del 2021. Abogados calificaron al cargo como una forma de cometer detenciones arbitrarias, no solamente de políticos, sino de civiles.
Gregorio Gómez fue alcalde de Tihuatlán en el periodo de 2014 a 2017, fue militante del PRI, e integró la Cámara Nacional de Comercio en Poza Rica. En el proceso electoral de 2018 compitió como candidato a la diputación federal por el distrito de Poza Rica, y en 2021 se destapó como aspirante a volver a contender por la alcaldía de Tihuatlán.
Esta última aspiración política, el abogado Jesús Velázquez señaló que habría sido la verdadera causa de su detención que se dio en medio de la ola de detenciones de otros cuatro políticos, además de Gregorio.
El pasado 28 de febrero del 2022, la SCJN declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, lo que abrió una ruta jurídica a las personas que fueron detenidas por estos cargos para salir de prisión. De acuerdo con la FGE de Veracruz, al menos mil 33 personas fueron detenidas por este polémico delito.
Sin embargo, no todos los detenidos por ultrajes salieron de la cárcel, pues enfrentan más de un cargo, tal es el caso de Gregorio Gómez; Rogelio Franco, exsecretario de Gobierno con el panista Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) y aspirante a la diputación federal, y el exdiputado priista de Oaxaca, Gustavo Díaz. El primero sigue detenido por delitos de violencia de género y el otro lo está por imputado por homicidio doloso.
Ramón Ortiz Cisneros, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), fue detenido el 23 de marzo de 2021 en Coatzacoalcos y vinculado a proceso por los delitos contra la salud y ultrajes a la autoridad. Fue liberado tras 17 meses en la cárcel.
El 30 de octubre de 2021, fue detenido Pasiano Rueda Canseco, excandidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Jesús Carranza. Aunque fue detenido por el delito de ultrajes a la autoridad, y vinculado por delitos contra la salud, ultrajes a la autoridad y posesión de arma de fuego, fue liberado el 28 de junio del 2022. Actualmente, despacha como alcalde de Jesús Carranza tras ganar la elección desde prisión.
De las cinco detenciones de políticos, tres continúan tras las rejas. La situación jurídica de Gregorio Gómez a la fecha es incierta, pues se desconoce si fue exonerado de los delitos por portación de armas de fuego, posesión de vehículo con reporte de robo, narcomenudeo, o solo le fue variada la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora enfrentará un juicio por homicidio doloso, y tentativa de homicidio, sin que se sepa hasta el momento contra quienes.
La victoria de los liberales parecía improbable hace solo unos meses, cuando el Partido Conservador de Pierre Poilievre lideraba las encuestas con una amplia ventaja. Pero todo cambió con el regreso de Trump a la Casa Blanca.
El Partido Liberal liderado por el primer ministro Mark Carney se impuso este lunes en las elecciones federales celebradas en Canadá, unos comicios marcados por la guerra comercial con Estados Unidos y la amenaza de anexión planteada por el presidente de ese país, Donald Trump.
Carney, de 60 años, había asumido el cargo de primer ministro en marzo tras ser elegido por los liberales para sustituir a Justin Trudeau, quien anunció su renuncia en enero pero permaneció en el cargo hasta que su formación eligió a su nuevo líder.
La victoria de los liberales parecía improbable hace solo unos meses, cuando el Partido Conservador de Pierre Poilievre lideraba las encuestas con una amplia ventaja.
Pero todo cambió con el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero y el inicio de la guerra comercial entre los dos vecinos de Norteamérica.
Si bien Mark Carney carecía de experiencia en la política, sus largos años en la gestión de crisis económicas internacionales se convirtieron en su mayor activo en la campaña electoral.
Desde que asumió el cargo, Carney dejó claro que iba a plantar cara al presidente estadounidense porque, según dijo, es necesario “enfrentarse a un matón”.
“Los estadounidenses quieren nuestros recursos, nuestra tierra, nuestra agua, nuestro país… Canadá nunca formará parte de Estados Unidos de ninguna forma”, afirmó en su primer discurso como líder de su partido en marzo pasado.
Carney tiene un currículum poco común para un político que debe dirigir una de las mayores economías del mundo.
Es el primer jefe del ejecutivo de su país que no ha sido antes legislador ni ha ocupado ningún cargo gubernamental en Canadá.
Pese a ello, Carney ha sido pionero en muchos de los hitos de su carrera.
Fue la primera persona no británica en convertirse en gobernador del Banco de Inglaterra en los más de 300 años de historia de esa institución cuando asumió el cargo en 2013.
Además, fue la primera persona en liderar dos bancos centrales de países distintos del G7, ya que, anteriormente, había guiado a su país a través de la gran recesión de 2008 como gobernador del Banco de Canadá.
Hijo de un director de instituto, estudió con una beca en la Universidad de Harvard, en EE.UU., donde practicó el más canadiense de los deportes, el hockey sobre hielo. En 1995 se doctoró en Economía por la Universidad de Oxford, en Reino Unido.
Tras acabar sus estudios, Carney pasó 13 años trabajando en el banco de inversión Goldman Sachs.
En 2003 abandonó el sector privado para incorporarse al Banco de Canadá como vicegobernador, y después trabajó para el ministerio de Finanzas canadiense como viceministro adjunto principal.
Con 42 años fue nombrado gobernador del Banco de Canadá en 2007, poco antes de que los mercados mundiales se desplomaran. Su liderazgo en el banco central canadiense durante la “gran recesión” fue ampliamente elogiado por ayudar a su país a evitar lo peor de la crisis.
En 2013 lo convencieron para convertirse en gobernador del Banco de Inglaterra, cargo que ocuparía hasta 2020.
Fue su trayectoria en el sector financiero privado la que lo expuso a las críticas más duras de sus rivales políticos en Canadá durante la campaña electoral.
Por ejemplo, los conservadores acusaron a Carney de mentir sobre su papel en el traslado de la sede de la firma de inversión canadiense Brookfield Asset Management de Toronto a Nueva York en 2024.
También lo presionaron para que revelara sus activos financieros. Carney depositó sus activos en un fideicomiso ciego y aseguró que cumple plenamente con las normas vigentes sobre conflictos de intereses.
En 2024 los conservadores tenían una ventaja de 20 puntos porcentuales sobre los liberales en las encuestas nacionales.
Todo indicaba que el líder de los conservadores, Pierre Poilievre, sería el próximo primer ministro de Canadá.
Pero a principios de 2025, se sucedieron rápidamente una serie de eventos que trastocaron el panorama político canadiense: la renuncia de Justin Trudeau, el posterior nombramiento de Carney como líder de los liberales y primer ministro; y el regreso de Trump a la Casa Blanca con las consiguientes amenazas y aranceles.
Para cuando se convocaron las elecciones a mediados de marzo, los liberales de Carney estaban empatados en las encuestas con los conservadores, y a principios de abril, según las encuestas nacionales, habían logrado una ligera ventaja.
Lo que algunos medios describieron como “el efecto Trump” fue un cambio de suerte sorprendente para los liberales. Aparentemente muertos y enterrados, ahora parecían capaces de ganar una cuarta elección consecutiva, algo que sucedió este lunes.
Carney se presentó ante los votantes como el hombre más preparado para afrontar este momento crítico: un banquero sólido que ayudó a guiar la economía de Canadá durante la crisis financiera de 2008 y, posteriormente, la de Reino Unido durante el Brexit.
Los partidarios de Carney y muchos canadienses ven en él un aplomo que ha calmado sus ansiedades ante las amenazas de Trump de imponer aranceles y sus reiteradas sugerencias de que el país debería convertirse en el 51º estado de Estados Unidos.
La salida del poder de Justin Trudeau, cuya popularidad se había hundido tras una década en el poder, liberó una enorme presión, afirma Shachi Kurl, presidenta del Instituto Angus Reid, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación de la opinión pública.
Muchos votantes comenzaron a migrar hacia los liberales de Carney, impulsados por Trump, el “personaje principal” de estas elecciones, según Kurl.
“Las amenazas, los rumores de anexión, todo eso ha sido un gran incentivo para los votantes de centro-izquierda”.
El anuncio de Trump a finales de marzo sobre los aranceles globales a las importaciones de automóviles extranjeros le permitió a Carney alejarse de la campaña y asumir el papel de primer ministro.
Así, no se vio sometido a una dura campaña electoral, ya que sus obligaciones como primer ministro lo mantenían ocupado. En cualquier caso, se considera que tanto en la campaña como en los debates con sus rivales políticos tuvo un buen desempeño.
En el cambiante panorama político, Poilievre y los conservadores parecieron tener dificultades para afianzarse.
Poilievre tuvo que defenderse de las críticas de sus rivales políticos, que lo acusaban de ser un “min Trump”, con su estilo combativo, sus promesas de acabar con la “ideología progresista” y su disposición a enfrentarse a la “élite global”.
Dado que gran parte de la campaña estuvo dominada por la relación entre Estados Unidos y Canadá, y la guerra comercial, muchos temas -como el clima, la inmigración o la reconciliación con las comunidades indígenas- quedaron en un segundo plano.
Tanto Carney como Poilievre coincidieron durante la campaña en las prioridades para Canadá: la necesidad de reducir la dependencia de Estados Unidos; el desarrollo de los sectores del petróleo, el gas y la minería; la protección de los trabajadores afectados por los aranceles; y el aumento del gasto en defensa.
Además de su enfoque inflexible sobre Trump, Carney también propuso diversas políticas para abordar los problemas internos de su país.
Es conocido por su defensa de la sostenibilidad ambiental. En 2019, se convirtió en enviado especial de la ONU para el cambio climático y, en 2021 lanzó la Alianza Financiera de Glasgow para el Cero Neto, una agrupación de bancos e instituciones financieras que trabajan para combatir el cambio climático.
Uno de los aspectos más polémicos del gobierno de Trudeau fue el impuesto al carbono, que obligaba a los canadienses a pagar un impuesto sobre las emisiones de carbono. Los conservadores prometieron repetidamente eliminar el impuesto, que, según afirmaban, no beneficiaba al medio ambiente.
Poco después de jurar el cargo de primer ministro en marzo, Carney firmó una orden que eliminaba el impuesto a partir del 1 de abril.
“Esto marcará la diferencia para los canadienses que se encuentran en apuros”, declaró entonces.
Durante la campaña, también abogó por convertir a Canadá en una superpotencia energética “limpia y convencional” y por acelerar la aprobación de grandes proyectos energéticos.
Carney se ha definido como “pragmático” al ser preguntado sobre posibles conflictos entre sus políticas energéticas y sus valores climáticos.
En materia de inmigración, Carney ha abogado por limitar los objetivos actuales de inmigración para garantizar que los sistemas de vivienda y salud de Canadá no se vean afectados.
Su principal misión, según ha declarado, será mantener el crecimiento de la economía canadiense, a pesar de la desaceleración del comercio con Estados Unidos.
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