Para entender mejor
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua dio a conocer que se obtuvo una orden de aprehensión contra Arturo Fuentes Vélez, exsecretario de Hacienda del estado, durante el gobierno de Javier Corral.
En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Abelardo Valenzuela, dijo que tras una investigación, se solicitó a un juez la orden para aprehender al exfuncionario, bajo el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.
En enero de 2023 la Auditoría Superior de Estado (ASE) interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por irregularidades en los resultados de la auditoría forense de la cuenta pública 2020 y 2021 de Chihuahua.
Asimismo, encontraron que de los hechos atribuidos, se pudo llevar a la comisión del delito de peculado agravado por 98 millones 600 mil pesos.
El fiscal detalló que el exsecretario de Hacienda de Chihuahua habría utilizado su cargo para realizar pagos ilegales con fondos públicos el 3 de diciembre de 2019 y el 5 de agosto de 2020, cuando se realizaron pagos por más de 49 millones a un despacho privado con el fin de realizar el refinanciamiento de la deuda pública del Estado.
Fiscal obtiene orden de aprehensión contra Arturo Fuentes, el exsecretario Hacienda de Chihuahua niega las acusaciones
En su cuenta de Facebook, Arturo Fuentes Vélez escribió un comunicado en el que negó “categóricamente” las acusaciones de haber otorgado dichos pagos, pues su trabajo está “plenamente acreditado y sustentado el trabajo realizado en miles de documentos y comunicaciones electrónicas”.
Dijo que en relación a las supuestas irregularidades, él solicitó que se le permitiera participar en las sesiones de confronta para aportar elementos que aclararan la información, además de que intentó hacerle llegar información a los auditores sin que se le concediera y tampoco le habrían permitido comparecer.
Asimismo, aseguró que pese a los señalamientos, hasta el momento “no ha habido citatorio alguno para ofrecer la evidencia que sustenta el trabajo realizado por el Despacho contratado por la Institución Fiduciaria para la re-estructura de la deuda pública del Estado, que se consigna de acuerdo a las actas de entrega-recepción en 23 tomos con más de 14 mil 500 páginas y más de 4 mil 500 correos electrónicos que acreditan plenamente las actividades realizadas”.
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este martes una ley para declarar la creación de un estado en el Esequibo, una región que disputa a Guyana.
Maduro ordenó en una reunión con su gobierno “activar de inmediato el debate en la Asamblea Nacional y la aprobación de la ley orgánica para la creación de la Guayana Esequiba” como estado venezolano.
También instó a la empresa estatal petrolera PDVSA a “crear la división PDVSA-Esequibo” y a otorgar, también “de inmediato”, licencias operativas para la explotación de crudo, gas y minas en el Esequibo, que es controlado por Guyana pero que Caracas reclama.
Maduro ordenó, asimismo, crear una “zona de defensa integral de la Guayana Esequiba” ubicada en la localidad de Tumeremo, en el estado Bolívar (sur) y fronteriza con la zona en disputa.
Allí mismo se instalará la sede político-administrativa del nuevo estado, cuya “autoridad única” será el general Alexis Rodríguez Cabello, según anunció el mandatario.
Además, pidió establecer un plan de “atención social” para la población del Esequibo y llevar a cabo “un censo y la entrega de cédulas de identidad a sus habitantes”.
Otra de las medidas decretadas por Maduro es la publicación y difusión del “nuevo mapa de Venezuela” en todas las instituciones educativas del país, donde se anexe el territorio Esequibo al país sin la señalización de zona en reclamación.
La tensión
La intervención de Maduro llega después de que su gobierno celebrara el domingo un referendo en el que su población respaldó con amplia mayoría la soberanía venezolana sobre este territorio de 160.000 km² al oeste del río Esequibo, en el norte de Sudamérica.
El Esequibo alberga seis de las diez regiones que constituyen la República Cooperativa de Guyana, así como a 125.000 de sus 800.000 habitantes.
Aunque ambos países se disputan la zona desde hace más de un siglo, las tensiones aumentaron hace casi diez años, cuando comenzaron a encontrarse allí grandes yacimientos de petróleo.
La celebración del referendo venezolano causó preocupación en Guyana, cuyo gobierno no cree que Venezuela trate de tomar el territorio por la fuerza, pero tampoco lo descarta y se mantiene “vigilante”.
El fiscal general de Guyana, Anil Nandlall, declaró este martes a la agencia AFP que pediría ayuda al Consejo de Seguridad de la ONU si Venezuela toma alguna medida después del referendo, que ya trató de evitar sin éxito con una solicitud urgente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Especificó que, de ser necesario, invocaría los artículos 41 y 42 de la Carta de la ONU, que pueden autorizar sanciones o acciones militares de los estados miembros para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales.
En qué consiste la disputa
Desde hace décadas Venezuela considera al Esequibo, también conocido como Guayana Esequiba, como una “zona en reclamación” y suele incluirla en sus mapas con un tachado.
Existe un litigio en curso entre ambos países ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para definir las fronteras bilaterales en esa zona.
Guyana, una antigua colonia británica y holandesa, insiste en que las fronteras fueron establecidas por un panel de arbitraje en 1899.
Sin embargo, Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ en el asunto y sostiene que el río Esequibo, al este del país, forma una frontera natural que ha sido reconocida históricamente.
La disputa se intensificó desde que ExxonMobil descubrió petróleo en Esequibo en 2015.
Caracas convocó el referendo después de que el gobierno de Georgetown comenzara a subastar bloques petroleros allí en agosto.
Guyana afirmó que mantendrá la cooperación en materia de defensa con Estados Unidos y otros socios estratégicos y continuará los esfuerzos diplomáticos para persuadir a Venezuela de que permita que la CIJ tome la decisión final.
“Ya dejamos claro que acataremos la sentencia del tribunal”, afirmó el ministro guyanés. Previamente, Guyana pidió a la CIJ que bloqueara la votación.
Aunque la Corte instó a Caracas a no tomar ninguna medida que pudiera afectar el territorio en disputa, tampoco accedió a la solicitud de intervención urgente de Georgetown para parar el referendo.
Cómo fue el referendo
Los votantes venezolanos fueron consultados sobre cinco preguntas en el referendo, entre ellas si Venezuela debería o no rechazar la decisión de arbitraje de 1899 y la jurisdicción de la CIJ.
También fueron consultados sobre si se debería otorgar o no la ciudadanía venezolana al pueblo (actualmente guyanés) del nuevo “Estado Guyana Esequiba”.
El gobierno de Maduro emprendió una campaña masiva para que los venezolanos votaran a favor, sin que hubiera ninguna iniciativa en contra de la medida.
Participaron más de la mitad de los 20,7 millones de votantes, aseguró el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, tratando de disipar las dudas sobre la participación.
El recuento inicial fue cuestionado por políticos y analistas de la oposición, quienes advirtieron sobre la posibilidad de que las respuestas de los votantes a cada una de las cinco preguntas del referendo fueran contadas como votos emitidos por separado.
La baja afluencia de votantes en los colegios electorales de Caracas y otras ciudades fomentó las dudas.
La cifra de 10,5 millones anunciada por Amoroso acompañado por Maduro es la participación más alta jamás registrada en una elección venezolana.
El mandatario dijo que se trató de una “victoria abrumadora”.
“Hemos dado los primeros pasos de una nueva etapa histórica en la lucha por lo que nos pertenece, por recuperar lo que nos dejaron los libertadores”, afirmó.
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