“Sembraron droga en la carriola de mi bebé”: trabajadores de barberías del Edomex denuncian irregularidades en Operativo Atarraya
Jessica se encontraba como cualquier viernes en su barbería de nombre Meraki, ubicada en Cuautitlán Izcalli, cuando irrumpieron 15 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con armas largas. Afuera del establecimiento había cerca de 10 patrullas, entre policías estatales y Guardia Nacional. Adentro estaban ella, su hija, un compañero de trabajo, y varios clientes.
“Entraron con una orden supuestamente por una denuncia anónima. Estábamos nosotros trabajando y mi bebé estaba en la cuna. La agarramos porque nos empezaron a sacar a la fuerza y no me percaté cuando nos desconectaron las cámaras. Había niños y nos empujaron con las armas”, relató Jessica, dueña de la barbería Meraki.
Esto no fue un hecho aislado, luego del susto y coraje, Jessica se dio cuenta de que en redes sociales y en grupos de whatsapp había publicaciones que contaban lo mismo que ella vivió. Fue parte del Operativo Atarraya, implementado el pasado viernes 7 de febrero por la Fiscalía del Edomex y otras corporaciones de seguridad, con el objetivo de inhabilitar presuntos espacios utilizados para la venta de drogas o “halconeo”.
La Fiscalía informó mediante un comunicado que el Operativo fue desplegado en 20 municipios mexiquenses en donde aseguraron 312 establecimientos tipo “barberías o estéticas”.
“Me decían ‘cállate por el bien de tu bebé’”
Sin embargo, trabajadores y dueños de las barberías denunciaron irregularidades en los operativos como es el caso de Jessica, quien además de haber sufrido abuso de poder, señaló que los elementos de la Fiscalía le sembraron una bolsa de cannabis.
“Se fueron directo contra mi compañero, yo traía a mi bebé cargando. Dijeron que el problema era con él. Yo preguntaba por qué se metían, y me decían ‘cállate por el bien de tu bebé, cállate’. Y me movieron hacia un lado. Empezaron a hacer, según ellos, la revisión cuando casualmente de la cuna de mi hija sacan una bolsa de medio kilo de mariguana”, acusó.
Ese fue el pretexto para colocar sellos de clausura en la barbería de Jessica.
“Me asusté, nosotros no teníamos la noción de qué iba a pasar. Ya hasta en la noche agarramos el celular y empezamos a notar que era en general. La verdad fue algo que nos está perjudicando”, externó.
Los trabajadores notaron coincidencias en el actuar de las autoridades, como si fuera un “modus operandi”. En muchos de los casos de las barberías clausuradas se está denunciando que hubo un uso excesivo de la fuerza. De acuerdo con los testimonios, llegaron a cada establecimiento patrullas estatales y de la Guardia Nacional. Un despliegue policial desmedido y desproporcionado, señalaron.
Acusan discriminación en operativo
Christian también se encontraba en su barbería, ubicada en el municipio de Chimalhuacán, cuando llegaron decenas de policías a amedrentarlo.
“Llegaron Guardia Nacional, militares, municipales, estatales, según con una orden judicial, que nunca me mostraron, se metieron a mi barbería a la fuerza y nos agredieron, a mí me querían subir a un carro blanco, lo cual nunca permití, me forcejearon para subirme, todo fue muy injustificado”, contó Christian, dueño de la barbería “El Cris Barber Shop”.
El joven, quien es dueño de su barbería desde hace tres años, consideró que con el Operativo Atarraya fueron discriminados al señalarlos sin pruebas sólidas de que supuestamente venden droga.
“Trabajamos honestamente”, indicó.
Días atrás, sus vecinos le avisaron que personas en un automóvil gris estaban tomando fotos del negocio.
“Me sorprendió, pensé que nos iban a hacer una cita de trabajo, lo cual no fue. Y a los días llegan a clausurar directamente. Todo fue un plan (…) Yo le pido a las autoridades que nos quiten los sellos, nos dejen trabajar. Yo ahorita estoy trabajando en mi casa y pues no tengo los mismos clientes. Pido justicia y que todo esto se resuelva lo más pronto posible, que no nos tarden en hacer caso”, apuntó.
“Al muchacho que nos ayuda, que es menor, lo golpearon”
Jovani Caballero, de Calacas Barber, un establecimiento ubicado en Chimalhuacán, denunció que su negocio también fue cerrado sin ningún argumento, y que uno de los empleados fue agredido.
“Llegaron los elementos y nos amedrentaron. Al muchacho que nos ayuda lo golpearon siendo él un menor de edad. Les pedimos que se identificaran, pero nadie quiso hacerlo(…) Afuera nos tenían ahí detenidos, después ya se metieron más y cerraron, no nos dijeron qué tipo de acusación llevaban, nada más solamente nos dijeron que teníamos una denuncia anónima por venta de drogas, el cual no es así porque nuestro negocio es una un lugar familiar, atendemos mujeres, niños, hombres, todo tipo de persona”.
Con el cierre de su negocio, Jovani dice que no sólo se ven afectados sus trabajadores sino también sus familias. Además de las inconsistencias en el Operativo Atarraya, señaló la poca transparencia, pues ninguna autoridad le ha informado los pasos a seguir para poder reabrir.
“Simplemente nos dijeron que teníamos que ir a Texcoco a averiguar lo de la carpeta. Fuimos y nos dijeron que no, que ahí no era y que si queríamos saber más que fuéramos a Chimalhuacán donde pertenecemos, tampoco nos dieron respuesta”, agregó.
Jovani también relató que al entrar a la barbería los policías desconectaron las cámaras que se encontraban en el lugar.
“No estamos en contra de que hagan algún tipo de cateo o si llevan una orden y que investiguen lo que quieran porque estamos bien, pero siempre y cuando las cosas se hagan de una manera donde nos dejen documentar la situación para ver que todo sea de manera legal. No así como lo hicieron arbitrariamente, porque pues no tiene ni una justificación para llegar así con nosotros”.
“No somos criminales, somos profesionales”
Ante las irregularidades en el Operativo Atarraya, trabajadores de barberías y estéticas del Estado de México se han manifestado por tres días, incluso en la capital del país.
Tania Gama, representante del gremio de las barberías y dueña de “Montana´s Barber´s”, contó que tiene 10 años con su establecimiento y nunca había ocurrido algo parecido.
“Yo llegué justo cuando estaban terminando de cerrar. Sacaron a las personas que estaban ahí y clausuraron el local. Obviamente no nos dejaban entrar. Entonces no sabemos en realidad qué hicieron ahí adentro, pero lo suponemos”, dijo.
Tania explicó que en la mayoría de las clausuras se repitieron varias inconsistencias como que la supuesta orden de cateo es la misma para todos. Otra irregularidad es que no hay una institución responsable y la tercera, y quizá la más grave, acotó, es que en varios casos, como se observa en videos que están circulando en redes sociales, policías “están sembrando droga”.
Los trabajadores exigieron la reapertura sin represalias de negocios clausurados en Operativo Atarraya.
“Exigimos que se abran todas nuestras barberías”, señaló Tania.
Tras las denuncias en redes sociales de las inconsistencias del operativo, el abuso de autoridad y la presunta siembra de drogas, que ha llevado a trabajadores y dueños a manifestarse, la Fiscalía de General de Justicia del Estado de México informó que fueron separados de sus funciones un agente del ministerio público y el comandante de la policía responsable del operativo en Santiago Miltepec, Toluca.
Lo anterior, debido a la difusión de videos en los que se observa a una persona dejando caer envoltorios con supuesta droga en dos establecimientos distintos. La Fiscalía informó que está investigando un total de seis videos, correspondientes a cuatro locales diferentes.
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La anulación de la prórroga del TPS le impone a David el desafío de encontrar otra forma de permanecer legalmente en EE.UU. o marcharse a otro país antes de ser deportado.
David pensaba que su mayor reto aquella noche bajo cero era mantener el calor mientras caminaba sobre la nieve, hasta que se topó con una patrulla policial en Washington.
Un policía le pidió sus papeles en el trayecto que recorría cada noche para volver a casa después del trabajo. Al comprobar que era venezolano y tenía un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el uniformado le dijo en perfecto español: “Disfrútalo mientras lo tengas”.
David no supo qué responder. El policía le hizo un gesto con la mano y lo despachó en inglés: “Go, go, go!”.
A finales de diciembre y a pocos días de abandonar la Casa Blanca, el gobierno del presidente Joe Biden aprobó una extensión del TPS para los venezolanos, una medida que permitía a casi 600.000 personas residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, libres del riesgo de ser deportados.
Pero el miércoles 29 de enero, durante su segunda semana de mandato, el gobierno del presidente Donald Trump anuló esa prórroga, una decisión que dejará a sus beneficiarios sin un estatus migratorio legal en Estados Unidos y puede convertirlos en sujetos de deportación.
En el caso de David, su TPS vence el próximo 2 de abril.
“Es muy duro saber que ahora corro el riesgo de volver a Venezuela por perder el TPS”, dijo a BBC Mundo después de pedir que su verdadera identidad se mantuviera anónima.
“Salí huyendo de allá para sobrevivir, hice todo lo que me pidieron aquí y ahora vivo con miedo de que me agarren o me pase algo malo, como me ocurría en Venezuela”.
Su abogado le recomendó la misma alternativa que están considerando los beneficiarios del TPS que no disponen de otro estatus migratorio en Estados Unidos: introducir una petición de asilo ante un tribunal estadounidense.
Mientras tenga un proceso judicial en curso, David no puede ser deportado.
Trump emprendió una política de deportaciones masivas de indocumentados, que podría afectar a 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin un estatus migratorio legal.
Una de sus primeras medidas fue suspender el parole, un permiso humanitario que el gobierno de Biden concedió a 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, que llegaron a territorio estadounidense tras huir de las crisis en sus países.
“Ya sabes lo que les va a pasar”
David tenía una peluquería en el estado Aragua, en el centro norte de Venezuela.
Mientras le pintaba el cabello a una clienta, un muchacho entró al negocio y le preguntó si le faltaba mucho para atenderlo. Él le pidió que se sentara y esperara, pero el hombre se enfureció.
Sacó una pistola, amenazó a David y a sus clientas, les robó las carteras y varias máquinas de afeitar. Antes de marcharse, disparó contra la fachada de la peluquería, mientras todos se tiraron al suelo, escondiéndose detrás de las sillas dispuestas frente a los espejos.
“Traté de poner la denuncia en la policía y me dijeron que no lo hiciera, nadie podía meterse con el Tren de Aragua”, recordó David en referencia a la banda de crimen organizado venezolana que acaba de ser catalogada como una organización terrorista por el gobierno de Trump.
“Al día siguiente, me dejaron una nota en la puerta del negocio que decía: ‘Si no te vas del estado, ya sabes lo que les va a pasar a ti y a tu familia'”.
Aquel día de 2018 comenzaron siete años de historia migratoria para David. Se marchó de Aragua con su ropa y US$600, mientras su esposa y sus tres hijos esperaban a que él se instalara en Colombia.
Pero en el trayecto lo asaltaron y cruzó la frontera sin dinero ni pertenencias. Logró conservar el pasaporte porque lo escondió entre sus piernas cuando unos hombres armados asaltaron el autobús en el que viajaba dentro de Venezuela.
Una vez que llegó a Colombia, durmió en plazas donde se refugiaban otros migrantes y pasó tres días seguidos sin comer, hasta que un hombre le regaló una bolsa de caramelos que comenzó a vender por unidad, su primera oportunidad de generar ingresos fuera de Venezuela.
Con el tiempo logró trabajos más estables y pudo llevar a su esposa y sus hijos a Colombia. Pero su madre se quedó en Aragua. En medio de la pandemia, David logró ahorrar lo suficiente para visitarla.
Cuando llegó a casa de su madre, le dejó un poco de dinero para que comprara comida y preparara un almuerzo para la familia, mientras él salía a visitar a un amigo. Pero minutos después, ella lo llamó para decirle que unos hombres lo buscaban.
David volvió a huir a Colombia, esta vez sin despedirse de su madre.
“No sé cómo se enteraron de que había llegado”, lamenta. “Ahí fue cuando me di cuenta del nivel de control que el Tren de Aragua tenía en esa área y sobre todos nosotros”.
El miedo creíble
Después del confinamiento por el coronavirus, los salarios de David y su esposa en Colombia no alcanzaban para mantener a los niños, así que decidió marcharse a Estados Unidos.
Cruzó Centroamérica y México por tierra, sobrevivió a dos secuestros y entregó los US$1.800 que había ahorrado a hombres armados que lo golpearon hasta sacarle un diente.
Cuando llegó al norte de México, una madrugada de mediados de 2023, sintió miedo de lanzarse al río Bravo para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Pero a lo lejos, en el horizonte del desierto, se avistaban camionetas negras con fusiles que sobresalían por las ventanas.
“El agua estaba fría y la corriente era tan fuerte que me arrastró unos 60 metros. Sentía que me ahogaba pero logré cruzar agarrándome del monte que crecía en la orilla”.
David estuvo detenido durante semanas en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), hasta que las autoridades migratorias le hicieron entrevistas en las que contó que había escapado por el Tren de Aragua y logró demostrar que tenía un “miedo creíble” de volver a Venezuela.
“Apenas pude, me acogí al TPS para poder trabajar y me mudé a casa de un amigo en Washington. Llevo un año y medio viviendo aquí, dedicado exclusivamente a hacer dinero para mantener a mi familia”.
En 1990, el Congreso de Estados Unidos creó la figura del TPS para migrantes que enfrentaban dificultades extremas si se veían obligados a regresar a sus países de origen, debido a conflictos armados, razones humanitarias o desastres naturales.
La basura fuera
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que la prórroga del TPS había sido anulada el miércoles 29 de enero, durante una entrevista con la cadena de noticias Fox News.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo Noem usando las siglas del Tren de Aragua.
“Ayer estuve en Nueva York y la gente de este país quiere esta basura fuera”, aseguró Noem. “Quieren que sus comunidades estén seguras. Fue increíble ver a la gente caminar junto a nosotros en la calle temprano en la mañana y darnos las gracias”.
David encuentra paradójico que sea la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos lo que ahora le hace sentirse señalado como un criminal que merece ser deportado.
“Que seamos venezolanos no significa que todos seamos Tren de Aragua”. “Nos están estigmatizando porque venimos del mismo lugar, pero muchos hemos sido víctimas de ellos y estamos escapando de eso”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha identificado a presuntos miembros del Tren de Aragua en 16 estados, con un centenar de investigaciones federales relacionadas con la organización y al menos 50 detenciones y condenas judiciales.
“Ahora no solo me da miedo que me pare un policía en la calle, también me da miedo saber que el Tren está en Estados Unidos”.
La esposa y los hijos de David forman parte de un programa de ACNUR para ingresar a Estados Unidos como refugiados. Desde la investidura de Trump, el 20 de enero, el viaje de la familia fue postergado hasta confirmar si efectivamente el país estará dispuesto a recibirlos.
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