El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dio a conocer que iniciará un procedimiento contra México ante la posibilidad de que en el país se registren desapariciones de manera general o sistemática.

Dicho procedimiento está establecido en el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que abre la posibilidad de dar intervención a la Asamblea General de Naciones Unidas.

El Comité solicitará información al gobierno mexicano como parte de la apertura del procedimiento.

Una vez recibida la información, el Comité podría llevar la situación de México, con carácter de urgente, a la Asamblea General. Este anuncio es inédito en la historia de México y en la del CED, pues es la primera vez que se aplica a un Estado parte.

Esta determinación se dio como resultado de la aplicación de tres procedimientos que prevé la Convención, según se explicó en la sesión 28 del CED: acción urgente, comunicaciones individuales y el establecido en el artículo 34.

“Recibió el Comité informaciones que en su opinión contienen informaciones fundamentadas que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”, subrayó Olivier de Frouville, presidente del CED. Esto, aclaró, no prejuzga sobre las siguientes etapas del procedimiento.

“Instamos al Estado mexicano a colaborar activamente con este nuevo análisis, enviando información fidedigna y abriéndose al escrutinio internacional.  Este recurso extremo no se habría adoptado si México hubiera implementado la Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones, que el Comité recomendó en su visita de 2021”, destacó.

De acuerdo con el centro de derechos humanos, la revisión de la ley general en materia de desapariciones en curso debe analizarse a la luz de este proceso, recuperando la voz de los colectivos.

Resguardar el predio donde se ubica el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, así como todos los restos óseos y elementos probatorios localizados ahí, realizar búsqueda e investigación coordinadas y exhaustivas –con la participación de familiares y representantes– y realizar inmediatamente el análisis genético de esos fragmentos para su identificación están entre las acciones más importantes que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicita al Estado mexicano.

Todo esto con pleno respeto de la cadena de custodia, refiere el Comité, al agregar que también se requiere la comparación de los resultados con perfiles genéticos de personas desaparecidas, analizar exhaustivamente los objetos personales localizados y determinar su potencial propiedad, así como emprender un análisis de contexto para determinar patrones, motivos, modus operandi, perfiles de las personas desaparecidas y particularidades de la región que explican el fenómeno, comunicó ante el hallazgo de un campo de reclutamiento, donde se cometió también tortura y asesinato, en Teuchitlán, Jalisco, a principios de este mes.

Estas medidas se dan como resultado de la petición de la consultora Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Estas organizaciones presentaron previamente ante el organismo internacional 18 casos con medidas cautelares, en los que argumentan que estas son de interés para todos los colectivos y personas desaparecidas en tanto no exista una investigación exhaustiva que identifique los fragmentos encontrados y objetos con sus respectivos dueños.

“A la propuesta de la consultora Solidaria, que solicitó medidas de acciones urgentes ante el Comité contra la Desaparición Forzada, e hizo del conocimiento en otros procedimientos especiales el riesgo de pérdida de información o mala protección de los hallazgos, nos sumamos como Plataforma por la Paz con al menos 16 casos de acciones urgentes, pidiéndole al Comité que emita una acción urgente, exhortando no solamente al resguardo de los hallazgos, sino que se garantice la participación de las familias”, señaló en entrevista Raymundo Sandoval, de la Plataforma.

El Comité, además, se ha dicho particularmente preocupado por las reiteradas acusaciones que ha recibido sobre la existencia de un riesgo de daño irreparable sobre los restos óseos y elementos probatorios localizados en el Rancho Izaguirre, según las cuales familiares y representantes de las personas desaparecidas se enfrentarían a dificultades para acceder a información sobre procesos de búsqueda e investigación relacionados con los casos de sus seres queridos, así como para su participación.

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Preocupan amenazas e intimidaciones 

Diversos colectivos de familias de personas desaparecidas, así como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) se pronunciaron el viernes 21 de marzo en rechazo a la actuación de las autoridades durante el recorrido que se llevó a cabo un día antes en el rancho, así como a la atención general a las familias de personas desaparecidas.

“El Comité también está preocupado porque, según las alegaciones recibidas, las personas que conforman los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que realizaron el hallazgo en el Rancho Izaguirre se enfrentarían a amenazas, intimidaciones y represalias por sus esfuerzos en la búsqueda de sus seres queridos, a pesar de las medidas de protección que les fueron otorgadas por el Estado parte, incluyendo medidas cautelares interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, expresó el organismo en su nota de respuesta a la solicitud de las organizaciones.

En las medidas determinadas, el Comité hace énfasis en proteger con pleno respeto a la cadena de custodia fragmentos óseos y piezas dentales, objetos personales, y armas de fuego, casquillos de municiones y herramientas. También pide ser informado sobre las acciones tomadas para garantizar la información periódica a los allegados y representantes de las personas desaparecidas sobre avances en la búsqueda e investigación.

De la misma manera, reforzar la plena participación de los familiares y representantes en los procesos cada vez que lo deseen, y cuando sea imposible por motivos fuera de control del Estado, explicar con antelación la situación y sus causas. Igualmente, el Comité solicita reforzar los mecanismos de protección por parte del Estado a las personas que forman parte de colectivos que realizaron el hallazgo en Teuchitlán.

A finales de marzo, Animal Político publicó que mientras los riesgos de seguridad crecen para madres y familiares, así como el descrédito y la criminalización, entre 2010 y marzo de 2025 se han contabilizado 24 casos de personas buscadoras asesinadas y cuatro desaparecidas. Esta semana se sumó a esa cifra Teresa González Murillo, quien buscaba a su hermano desde 2024 y falleció el miércoles 2 de abril, cinco días después de vivir un atentado.

Sandoval enfatizó la importancia de que en los casos llevados ante el CED se considere la participación de los colectivos en un sentido extenso, no solo en función del proceso dentro del ámbito de lo penal, sino que exista un proceso de participación sustantiva en el contexto más amplio, incluido el componente de la protección.