Obispo de Chilpancingo busca, por segunda vez, diálogo con grupos criminales “hay que llegar a un compromiso si queremos paz”
Para entender mejor
José de Jesús González Hernández, obispo de la Diócesis de Chilpancingo–Chilapa, en Guerrero, dijo que buscará, por segunda ocasión, una reunión con grupos del crimen organizado para lograr que cese la violencia y haya paz en la entidad.
En conferencia de prensa, comentó que el diálogo con ellos es necesario, pues “todos lo necesitamos”.
“Hay que escuchar a todos, hay que llegar a un consenso y llegar a un compromiso y si queremos paz tenemos que escucharnos. (…) Hay que buscar el diálogo en todos los sectores”, agregó.
Dijo que “es consiente”, que lo ha pensado y reflexionado el cómo incidir para que se cambie “estos momentos de muerte a vida”.
“Si quisiéramos el cambio, está en el corazón y si todos dejáramos que Cristo entrara en nuestro corazón, todo cambiaría. (…) Entonces, violencia con violencia, no, no se puede. Y menos en conflicto, peleando, tampoco”, señaló el sacerdote.
Segunda vez que pide reunión con grupos criminales
En febrero de 2024, González Hernández reveló que los cuatro obispos de Guerrero se reunieron con líderes criminales para buscar la paz en la entidad, pero no se lograron acuerdos.
Leopoldo González en Acapulco, Joel Ocampo en Tierra Caliente, Dagoberto Sosa en Tlapa y el propio González Hernández en la región Centro.
En esa ocasión, hizo un llamado al gobierno a interceder, pues “ellos tienen poder, tienen los recursos, tienen los medios, ellos pudieran mediar, pero parece que los han abandonado, o nos han abandonado”.
Violencia en el estado de Guerrero
La violencia en el estado de Guerrero no ha cesado, pues el asesinato del alcalde Alejandro Arcos, así como otros acontecimientos han hecho que la entidad y sus habitantes se sientan inseguros.
Alcaldes y concejales renuncian o se van de sus puestos por las amenazas que reciben de los grupos delincuenciales.
El edil de Cuajinicuilapa ya no está en su municipio, porque se desplazaron con sus familias, indicó el líder de su partido, Alejandro Carabias Icaza.
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También, la alcaldesa de San Nicolás, Tarsila Molina, dejó su municipio.
“Más que ver el asunto de lo que les pasa a las autoridades de los municipios de Cuajinicuilapa, lo que debe de hacer este gobierno es garantizar la seguridad y la tranquilidad a los municipios que viven en esta zona de la Costa Chica y en el resto de Guerrero, en donde hay una espiral de violencia”, señaló Carabias Icaza.
Enfrentamiento entre grupos y asesinatos
Los enfrentamientos entre grupos como en Tecpan de Galeana, han dejado varios asesinatos en la zona, entre ellos a mandos policiales.
Además, se localizaron los restos de 11 personas, entre las que había cuatro niños, dos mujeres y tres hombres adultos, estaban repartidos en 30 bolsas negras y los cuales fueron abandonados en una camioneta el pasado miércoles 6 de noviembre, en la entrada sur de Chilpancingo.
En ese sentido, colectivos que buscan a sus desaparecidos en varios municipios de Guerrero, han cancelado la búsqueda de campo debido a la situación de inseguridad y violencia que prevalece en la zona.
“No había garantías para ir a Chilapa y optamos por hacer pega de fichas de nuestros desaparecidos”, dijo el activista, David Molina Rodríguez
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Países como Argentina, Venezuela, Brasil y Uruguay recibieron a decenas de miles de italianos, y en los últimos años la solicitud de ciudadanía italiana había aumentado significativamente, según el gobierno.
Italia anunció un cambio en las reglas y restricción de los criterios sobre quiénes tienen derecho a la ciudadanía de ese país.
Tras la aprobación el viernes de un decreto-ley en el Consejo de Ministros, solo personas que tengan al menos un padre, madre, abuelo o abuela nacido en Italia -y que nacieron y viven en el extranjero- podrán optar por la nacionalidad italiana.
Anteriormente, no existía ese límite generacional: cada interesado en obtener la nacionalidad solo debía comprobar un vínculo con alguien nacido en Italia después de 1861 (cuando el reino de Italia fue creado).
Esta medida afecta principalmente a argentinos, uruguayos, brasileños y venezolanos, cuyos países recibieron decenas de miles de inmigrantes italianos entre la segunda parte del siglo XIX y la primera del siglo XX.
Solo el año pasado, 30.000 argentinos recibieron la ciudadanía italiana, según cifras oficiales.
De acuerdo a lo señalado por el gobierno de Italia, la decisión tiene como objetivo establecer límites más precisos y “evitar abusos” como los negocios en torno a la obtención del pasaporte.
“La ciudadanía debe ser algo serio”, señaló Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores de Italia.
Las autoridades informaron que las nuevas reglas, propuestas por el ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, no afectan a quienes ya tienen la ciudadanía italiana.
Por otro lado, Italia tiene más de 60.000 casos pendientes de reconocimiento de la ciudadanía. Todos aquellos que hayan iniciado el trámite antes del 27 de marzo de 2025 a la medianoche seguirán estando regidos por la legislación anterior, informó Tajani.
Las nuevas reglas
Tajani aclaró que el principio de ius sanguinis —o “derecho de sangre”, usado por muchos países como criterio para definir quién tiene derecho a la ciudadanía— no dejará de existir, sino que estará restringido hasta la segunda generación de descendencia.
El gobierno informó que, además del decreto-ley aprobado, habrá una segunda fase de esta reforma con dos proyectos de ley que enviarán al Parlamento.
Con ellos se buscará que los italianos “residentes en el exterior mantengan vínculos reales con Italia en el largo tiempo”.
Esas personas deberán “ejercer (alguno de) los derechos y deberes de ciudadano al menos una vez cada 25 años”, afirmó el ministro.
Entre esos derechos y deberes, Tajani mencionó haber votado, haber renovado el pasaporte o la cédula de identidad, o haber pagado impuestos si tenía que hacerlo.
“También será necesario que las personas nacidas en el extranjero registren su partida de nacimiento antes de los 25 años de edad. De lo contrario, ya no podrán solicitar la ciudadanía italiana”, expresó el ministro.
Por otro lado, “los descendientes de italianos obtendrán la ciudadanía automáticamente si nacen en Italia o si antes de su nacimiento uno de sus progenitores ciudadanos ha residido al menos dos años continuos en nuestro país”, informó Tajani.
Otra forma de que los hijos de aquellos que obtuvieron la ciudadanía italiana por ser descendientes de un italiano puedan convertirse en ciudadanos italianos será que se vayan a vivir dos años a Italia (salvo que hayan nacido en ese país).
Liberar a los consulados
El gobierno de Italia prometió revisar “los procedimientos para el reconocimiento de la ciudadanía”, y para ello anunció que los trámites de ciudadanía dejarán de hacerse en los consulados, sino que se harán en una oficina específica en Roma.
El gobierno de Giorgia Meloni espera que esa oficina funcione plenamente dentro de un año.
“Los consulados se concentrarán en la prestación de servicios a aquellos que son ciudadanos, no más en la ‘creación’ de nuevos ciudadanos”, señala un comunicado del ministerio.
“Se proporcionarán más actualizaciones a medida que estén disponibles”, señala el comunicado.
Impacto
La medida podría tener un impacto significativo en Sudamérica, especialmente en Brasil y Argentina, países que recibieron grandes oleadas de inmigración italiana a finales del siglo XIX y principios del XX.
Los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano muestran un “importante aumento de los reconocimientos de ciudadanía” en estos lugares.
Desde finales de 2014 hasta finales de 2024, el número de ciudadanos italianos residentes en el extranjero aumentó de aproximadamente 4,6 millones a 6,4 millones, un incremento de 40%.
Según el ministerio, en Argentina el número de reconocimientos aumentó de alrededor de 20.000 en 2023 a 30.000 al año siguiente.
En Brasil, el total aumentó de 14.000 en 2022 a 20.000 el año pasado.
Venezuela tuvo casi 8.000 reconocimientos de ciudadanía italiana en 2024.
El gobierno italiano estima que, potencialmente, el número de descendientes de italianos en todo el mundo que podrían solicitar la ciudadanía se sitúa entre 60 y 80 millones, según la legislación vigente.
El gobierno italiano sostiene que la reforma “alinea los criterios para el reconocimiento de la ciudadanía italiana” con los de otros países europeos y “liberará recursos para hacer más eficientes los servicios consulares, permitiéndoles centrarse exclusivamente en quienes realmente lo necesitan, por su vínculo concreto con Italia”.
“El sistema actual afecta negativamente a la eficiencia de las oficinas administrativas o judiciales italianas, que se ven sometidas a presión por parte de quienes se trasladan a Italia únicamente para intentar acelerar el proceso de reconocimiento de la ciudadanía, fomentando además fraudes o prácticas irregulares”, concluye el ministerio.
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