Niegan aborto a niña que fue violada en Jalisco; lleva 11 días en espera de ser atendida
Una niña de 12 años que fue violada y quedó embarazada lleva once días internada en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Jalisco sin poder acceder al procedimiento. Su familia, del interior del estado, se trasladó a Guadalajara y pidió apoyo a las autoridades para interrumpir el embarazo, sin que hasta el momento puedan ejercer este derecho.
La niña, que tiene entre 25 y 27 semanas, es decir, se encuentra al inicio del tercer trimestre del embarazo, ha recibido invitaciones del personal médico “para escuchar el sonido del bebé” o “para darlo en adopción”, denuncia Patricia Ortega, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), organización que acompaña el caso.
La autoridad argumenta que “no tiene personal capacitado para el número de semanas de gestación combinado con la edad de la menor”, dice Ortega.
Sin embargo, desde 2017 en Jalisco existe el Programa de Interrupción del Embarazo (Pile), creado para realizar abortos a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación o solicitantes bajo la causal de riesgo a la salud —física o mental—. En dicho programa no hay un límite de semanas de gestación para solicitar la interrupción del embarazo, por lo que las solicitantes pueden acudir en cualquier momento y su atención debe ser inmediata, dice el protocolo oficial publicado por la Secretaría de Salud.
Además, el Código Penal del Estado de Jalisco, en sus artículos 227, 228 y 229, tampoco establece semanas límite para las solicitantes víctimas de violación.
“La autoridad es completamente insensible con el caso de la niña, no solo considerando en cuestiones de salud, porque ellos piensan en términos de un embarazo o un parto, también tendrían que estar pensando en la salud mental y en cómo se ve afectada al tener un embarazo producto de una violación, luego un parto y una crianza. Esto no tendría por qué haber sucedido, no encontramos a una autoridad no sólo sensible, sino además responsable, que se comprometa con su propia ley, su propia normatividad”, comenta Ortega.
La organización Ddeser apunta que la menor debería acceder al servicio bajo cualquiera de las causales permitidas porque se trata de una víctima de violación, y porque hay riesgo en su salud física y mental.
Ddeser documentó un caso en 2017, en el que la autoridad, al no poder realizar alguna interrupción, optaba por trasladar a la solicitante a la Ciudad de México. En esta ocasión la alternativa no ha sido puesta a disposición para la menor.
“Pareciera que está ahí como para parir y entonces ya ni modo, ya se le pasó el tiempo. Váyase así a su casa…. Pareciera que ahora la Secretaría de Salud no quiere dejar un antecedente de una interrupción en el tercer trimestre… porque no creo que sea la única (solicitante) con ese número de semanas”, relata Ortega.
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Solicitantes se enfrentan a violencia médica
Animal Político ha documentado que, en Jalisco, las autoridades y médicos del servicio de salud se niegan a realizar abortos a víctimas de violación o solicitantes que ven en riesgo su salud física o mental y, cuando finalmente acceden, les realizan un legrado, un procedimiento que la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda desde hace más de una década.
El servicio de interrupción tiene siete años en activo. En total, la Secretaría de Salud ha atendido a 225 solicitantes. Los años 2022 y 2023, son los que abarcan mayor número de atenciones, con 57 casos y 114 casos respectivamente, de acuerdo con la base de datos pública de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).
Sin embargo, las autoridades sanitarias están lejos de brindar el servicio a todas las mujeres solicitantes. En nuestro reportaje, documentamos cómo ante la falta de información pública y trabas en el acceso al servicio, las solicitantes optan por trasladarse a la Ciudad de México, con apoyo económico de la organización Fondo María, donde hay un programa de atención pública y privada desde 2007.
En otros casos, donde no hay posibilidades económicas de trasladarse, las solicitantes también optan por acercarse a la colectiva tapatía “Mis Amigas Me Acompañan”, para obtener una interrupción medicamentoso desde casa.
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Aunque no se han revelado muchos detalles sobre la nueva agencia, un repaso a la trayectoria del fundador de Tesla puede dar algunas pistas.
Donald Trump le ha encargado a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, la dirección del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Trump afirmó en redes sociales que Musk y Vivek Ramaswamy, excandidato en las primarias del Partido Republicano, “desmantelarán la burocracia gubernamental, reducirán las regulaciones excesivas, recortarán los gastos innecesarios y reestructurarán las agencias federales”.
El empresario tecnológico cuenta con una larga experiencia de liderazgo corporativo para cumplir ese objetivo que lleva meses defendiendo.
Pero su rol también le otorgaría una importante influencia sobre la política gubernamental y el entorno regulatorio en el que operan sus compañías, lo que plantea dudas razonables.
Qué se sabe del DOGE
De momento se conocen pocos detalles concretos sobre el próximo Departamento de Eficiencia Gubernamental, al que Trump llamó en un comunicado “el Proyecto Manhattan de nuestro tiempo”.
El presidente electo ha adelantado que el DOGE funcionará como una especie de consejo asesor que operará de forma externa mediante una asociación con la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB).
El departamento, anunció Trump, “brindará asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno, y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar una reforma estructural a gran escala y crear un enfoque empresarial para el gobierno nunca antes visto”.
“Espero que Elon y Vivek realicen cambios en la burocracia federal con miras a la eficiencia y, al mismo tiempo, para mejorar la vida de todos los estadounidenses. Es importante destacar que eliminaremos el despilfarro y el fraude masivos que existen en nuestro gasto gubernamental anual de US$6,5 billones”, agregó.
Y, en principio, no será permanente: Trump estima que el órgano completará su trabajo en 18 meses, y Musk cree que lo hará “mucho más rápido”.
Por su parte, Musk afirmó en un mitin del entonces candidato republicano en octubre que el presupuesto del gobierno estadounidense podría reducirse en “al menos” US$2 billones de un total de US$6,5 billones.
También ha sugerido con frecuencia que el número de empleados gubernamentales se puede reducir de forma significativa.
Por su parte, Ramaswamy expresó en el pasado su deseo de eliminar una serie de oficinas federales, entre ellas el Departamento de Educación, la Comisión Reguladora Nuclear, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI.
El precedente de Twitter/X
En todo caso, la forma en la que Musk ha dirigido sus propias empresas puede dar pistas de lo que los estadounidenses pueden esperar que haga en el DOGE.
En octubre de 2022 se hizo cargo de la plataforma de redes sociales Twitter, a la que rebautizó como X, en un acuerdo de US$44.000 millones.
Musk renunció a las políticas de moderación de contenido y eliminó el veto a los usuarios considerados infractores de las reglas sobre discurso de odio y desinformación.
Uno de los usuarios a los que restituyó fue Trump, cuyo perfil había sido censurado tras el motín del Capitolio en enero de 2021 por seguir afirmando que las elecciones de 2020 habían sido amañadas en su contra.
La adquisición de Musk trajo cambios radicales a X, como la reducción de plantilla de unas 8.000 personas a 1.500.
En abril de 2023 le dijo a la BBC que su razonamiento para tomar esta medida era que “si toda la empresa se hunde, entonces nadie tendrá trabajo”.
“Su idea de eficiencia era despedir a mucha gente”, afirma Alex Waddan, profesor de política estadounidense en la Universidad de Leicester.
Como respuesta al éxodo de anunciantes por relajar las políticas de libertad de expresión de la plataforma, el empresario monetizó algunas funciones para aumentar los ingresos.
Convirtió las marcas azules, que antes indicaban que una cuenta de una figura pública era auténtica, en un modelo de suscripción y vinculó los pagos de publicidad a usuarios “verificados” con la cantidad de interacciones recibidas.
Pero estos cambios tuvieron algunas consecuencias no deseadas.
Tras un aluvión de críticas, X asignó marcas de oro o plata a las cuentas oficiales para evitar que se confundieran con falsas, lo que significa que las marcas azules solo indican que una cuenta es de pago.
Incentivar a los usuarios con una parte de los ingresos publicitarios también aportó una vía para que las llamadas “granjas de bots” ganaran dinero con interacciones a su contenido generado automáticamente. Musk ha dicho que su equipo ha eliminado de forma repetida las cuentas de bots.
Los críticos sostienen que sus cambios han dado prominencia al discurso de odio y la desinformación, aunque él sostiene que la red social es políticamente neutral.
“Como ’empresario en serie’, Musk ha sido implacable en su intento de mejorar la eficiencia institucional en sus propias compañías”, evalúa Thomas Gift, profesor de Ciencias Políticas y director del Centro de Política Estadounidense en el University College de Londres.
Añade que, aunque el papel principal de Musk será “reducir la maraña de burocracia que es el gobierno federal de Estados Unidos”, su puesto también le aportará influencia en la nueva administración.
“Si bien su papel en el Departamento de Eficiencia Gubernamental será más informal, no hay duda de que Trump lo escucha, al menos por el momento”, sentencia.
Musk contra las regulaciones
Elon Musk “es extremadamente antirregulaciones y odia que el gobierno o cualquier otra persona le diga qué hacer“, describió la periodista de investigación Kristen Grind en el podcast The Daily del diario estadounidense The New York Times.
El acrónimo DOGE ideado por Musk hace referencia a un meme de un perro Shiba Inu que luego dio su nombre a la criptomoneda Dogecoin. Él ha mencionado ambos con frecuencia.
Christopher Phelps, profesor de historia política moderna de Estados Unidos, interpreta que el nombre es “un guiño a la desregulación de las criptomonedas como parte de sus planes”.
Los precios de las criptomonedas aumentaron después de la elección de Trump, lo que hace pensar que el presidente entrante creará un entorno regulatorio relajado.
Pero los llamamientos desregulatorios de Musk también pueden atribuirse en parte a las frustraciones que ha padecido con sus otras empresas comerciales: la compañía de vehículos eléctricos Tesla y la firma de cohetes SpaceX.
El gobierno de Estados Unidos ha acusado repetidamente a Tesla de intentar evitar que sus trabajadores se sindicalicen, lo que en algunos casos podría infringir la ley federal.
Musk, cuyo patrimonio neto estimado alcanza los US$290.000 millones, ha afirmado anteriormente que “no está en contra de todos los sindicatos”, pero que el sindicato de trabajadores automotrices “tiene un historial de destrucción de productividad que impide a una empresa competir”.
En septiembre, Musk amenazó con demandar a la Administración Federal de Aviación por sus planes de multar a su compañía SpaceX con US$633.000 por supuestas infracciones de licencias relacionadas con algunos de sus lanzamientos de cohetes desde Cabo Cañaveral, en Florida.
Acusó a la agencia de “extralimitación regulatoria”.
También ha dicho en repetidas ocasiones que quiere colonizar Marte, y el programa Starship de SpaceX es un intento de hacer esto posible.
Pero en septiembre escribió que esto solo era una posibilidad “siempre que no se vea sofocada por la burocracia” y afirmó que la creación del DOGE era “el único camino para extender la vida más allá de la Tierra”.
¿Altruismo o interés?
Entonces, ¿hasta qué punto su motivación para asumir el rol en el gobierno responde a sus intereses comerciales?
Musk “se beneficiará personalmente de gran parte de la desregulación que promociona”, opina el profesor Phelps.
“Creo que poner a alguien que es multimillonario y dirige grandes corporaciones a cargo de un proyecto federal de desregulación es algo, por naturaleza, lleno de conflictos de intereses“.
Por su parte, el profesor Gift apunta que “no hay duda de que Musk tiene importantes intereses creados en el panorama regulatorio de Estados Unidos como resultado de sus muchas empresas comerciales”.
Al mismo tiempo, matiza, “es difícil afirmar que este sea el único motivo que lo impulsa”.
“Musk ha asumido enormes riesgos personales y políticos al salir del armario a favor de Trump, y muchas de sus actividades y retórica parecen mostrar a un individuo ideológicamente comprometido con causas en las que cree”.
El profesor Waddan coincide con este punto de vista: “es evidente que tiene algo en juego y un interés propio, pero igualmente puede creer sinceramente que hay demasiada regulación y demasiada burocracia gubernamental”.
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