Narcomenudeo y secuestro de migrantes, la violencia que marca la crisis de seguridad en Matehuala, San Luis Potosí
El municipio de Matehuala atraviesa una crisis de violencia e inseguridad, en medio de casos de secuestro masivo de migrantes, robos carreteros y señalamientos contra autoridades del ayuntamiento por presuntos nexos con el crimen organizado, los cuales han puesto la lupa en este territorio de San Luis Potosí.
Solo de enero a abril de este año, hubo 108 delitos relacionados con el narcomenudeo, siendo el ilícito de más alta incidencia en el municipio, de acuerdo con Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Además, se reportaron ocho homicidios, 16 delitos contra la libertad personal y 15 casos de violencia sexual en los primeros cuatro meses del año, así como 75 delitos de violencia familiar, 66 de daño a la propiedad, 38 casos de lesiones, 33 de fraudes y 23 casos de amenazas.
Incluso, el Semáforo Delictivo del estado destaca también delitos relacionados con el narcomenudeo, lesiones, violencia familiar y violaciones en Matehuala.
Esta incidencia ocurre en un municipio de 102 mil 199 habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y que es la cuarta ciudad en importancia económica para San Luis Potosí.
Cárteles en el altiplano potosino
En febrero de 2023, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció que en San Luis Potosí hay cuatro cárteles activos y operando en la entidad, que mantienen la disputa por el territorio.
De acuerdo con datos revelados por Guacamaya Leaks, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contempla a cinco grupos: Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Los Alemanes, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Estos grupos mantienen disputas entre ellos, y con el Cártel de San Luis Potosí Nueva Generación, el Cártel Unido de la Huasteca y La Familia Michoacana.
Además de transportar droga, estos grupos se dedican a extorsiones, secuestros, robos y cobro de piso.
Desaparición de migrantes
Apenas el 16 de mayo, 50 migrantes, junto con dos choferes, fueron secuestrados mientras viajaban en un autobús rumbo a Monterrey, Nuevo León, hasta ahora, solo nueve han sido localizados.
Gerardo Palacios, secretario de Seguridad de Nuevo León, dijo que los migrantes encontrados y originarios de Venezuela y Honduras lograron escapar de sus captores y salir de territorio de San Luis Potosí.
Según la señal satelital de la Guardia Nacional, el autobús fue interceptado en la carretera 57 federal, en el tramo del Huizache, justo en la entrada del municipio de Matehuala.
Los presuntos delincuentes interceptaron vehículos en los que viajaban los migrantes y tras despojarlos de sus pertenencias, los encerraron en casas de seguridad e incluso hoteles, utilizando armas de uso exclusivo del Ejército para amedrentar a las personas que buscaban llegar a Estados Unidos. Sin embargo, este no es el único caso registrado.
El pasado 6 de abril, fueron localizadas 86 víctimas de diferentes delitos mientras autoridades buscaban a 20 personas reportadas como desaparecidas en su paso por San Luis Potosí dos días antes, cuando la empresa de renta vehículos y servicios de turismo, Grupo Eifel, denunció el presunto secuestro.
De las 86 personas localizadas, 59 eran migrantes de diferentes nacionalidades, como venezolanos, hondureños y salvadoreños, lo que llevó a que las autoridades reconocieran que hay un problema de tráfico de personas con destino a Estados Unidos.
“No negamos nuestra responsabilidad como autoridad municipal de evitar que Matehuala sea utilizada como estación de grupos delictivos que obtienen ganancias controlando el tráfico de personas con estancia ilegal en nuestro país”, dijo Iván Estrada, presidente municipal de Matehuala.
También insistió en que este tema debe ser atendido por el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y el Ejército, pues el ayuntamiento no cuenta con la capacidad para combatirlo.
Violencia a transportistas en la carretera 57
La carretera 57 en el tramo del municipio de Matehuala al de San Luis Potosí se ha convertido en un trayecto de alto riesgo para transportistas debido a la ola de violencia e inseguridad, pues en los últimos meses se han registrado asaltos y desapariciones en dicho tramo.
Tan solo en el primer bimestre de 2023 se reportaron 143 casos de robo a transportistas, 123% más que el mismo periodo del año previo.
La madrugada del 4 de abril una camioneta que trasladaba a 15 trabajadores fue interceptada en el tramo carretero Matehuala-San Luis por civiles armados.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó en ese momento que las personas únicamente fueron despojadas de sus pertenencias.
Un día después, 23 personas que iban de Guanajuato a Saltillo fueron secuestradas sobre la carretera federal 57 a la altura de Matehuala. Tras un operativo entre el Ejército y la Guardia Nacional hallaron a 105 privadas de la libertad.
La carretera 57 que atraviesa seis entidades se ha convertido en una de las tres más peligrosas del país, de acuerdo con datos de la FGR y es la que conecta a la Ciudad de México con Nuevo Laredo y es paso de grandes grupos de migrantes.
Del mismo modo, San Luis Potosí es la entidad del bajío donde más creció el robo al autotransporte con un alza del 42% hasta el cierre de 2022. Esto ha provocado problemas para la comercialización de productos agrícolas e incluso el alza de precios debido a los riesgos por transitar la zona, reportan transportistas.
Presuntos nexos del crimen organizado con autoridades
El pasado 5 de mayo circuló un audio que mostraba presuntos nexos de Iván Estrada Guzmán, edil de Matehuala, San Luis Potosí, con el narco.
“Porque yo te digo, yo soy transparente y yo jalo con el cártel transparente y lo que el cártel me diga, aquí está, y lo que el cártel merezca, aquí está”, se escucha en la grabación.
Estrada Guzmán dijo que el audio es falso y acusó al exedil y ahora diputado Alejandro Segovia de difundir dicha información como una campaña en su contra.
Tras las filtraciones, Ricardo Gallardo, gobernador de la entidad, solicitó que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) investigar el caso.
También lee: Investigan audios que vinculan a edil de Matehuala con narco; alcalde dice que son falsos
Este caso se suma a la detención del recién nombrado director de la Policía Municipal de Matehuala, Francisco Eduardo Moreno Rosales, a quien tras un cateo realizado por elementos del Ejército, le encontraron bolsas con sustancias ilícitas dentro de su oficina.
Al igual que el alto mando, otros tres elementos también fueron detenidos por presunta posesión de droga “cristal”.
Moreno Rosales fue vinculado a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de posesión simple al tener 25 dosis de “cristal” en sus oficinas.
Cierre del penal de Matehuala por falta de gobernabilidad
En febrero inició el cierre del Centro Penitenciario Estatal de Matehuala, donde había 71 Personas Privadas de la Libertad, denominados de alta peligrosidad, quienes fueron trasladados a penales federale.,
De acuerdo con el gobernador de San Luis Potosí, se trató de un esfuerzo para garantizar la seguridad y prevenir hechos que perturben la paz pública, pues en el lugar presuntamente se realizaban fiestas, peleas de gallos, había denuncias de casos de corrupción y falta de gobernabilidad.
“Esa prisión históricamente ha sido una de las prisiones… o de la peor prisión del estado donde todo pasa (…) peleas de gallos, fiestas, ahí pasaba de todo”, dijo el mandatario en enero de 2023.
Durante las revisiones previas a los traslados, las autoridades encontraron dosis de mariguana, botellas de whisky, cervezas, teléfonos celulares y televisores.
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Nicolás Maduro se prepara para iniciar el 10 de enero su tercer período presidencial, durante el cual ha prometido consolidar el nuevo modelo económico que ha venido imponiendo en los últimos años.
“¡Exprópiese!”.
El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez convirtió esta palabra en su grito de guerra y desde 2007 la utilizó para anunciar la estatización de fábricas, bancos, hoteles, empresas de telecomunicaciones y de energía, así como de cinco millones de hectáreas de tierras.
Las expropiaciones fueron uno de los pilares en los que se asentaba el nuevo modelo político, económico y social que el mandatario impulsó en el país a principios de los años 2000: el llamado socialismo del siglo XXI.
Sin embargo, su sucesor desde 2013, Nicolás Maduro, quien se proclama “hijo de Chávez” y defensor de su legado, en el último lustro y sin muchas estridencias se ha ido alejando del proyecto económico de su mentor.
El mandatario, que pese a los cuestionamientos sobre su legitimidad espera iniciar el 10 de enero un tercer mandato, ha dejado a un lado el enfrentamiento con los empresarios que marcó tanto el inicio de su gestión como la de Chávez, y ha optado por tender puentes hacia ellos.
“¿Para qué sirvió el conflicto estéril, la guerra entre nosotros y el no escucharnos? Para el retroceso y para infligirnos daños (…) Saquemos la economía de la diatriba y la guerra política y concentrémonos en trabajar para producir”, pidió el gobernante a los industriales y ganaderos venezolanos en julio pasado, buscando que el conflicto político interno no se traslade a la economía.
Y para ello, además de las palabras, Maduro ha tomado medidas concretas. En los últimos años, ha devuelto centros comerciales y fincas a sus dueños originales e incluso se ha abierto a la posibilidad de privatizar empresas.
En noviembre, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, aseguró que el gobierno planeaba transferir al capital privado 350 empresas de las que el Estado se hizo cargo en las últimas dos décadas.
Todos estos gestos hacen creer que el país sudamericano consolida un nuevo modelo que algunos expertos han definido como “capitalismo autoritario”.
La permanencia de la “élite gobernante”
Pero ¿qué es el capitalismo autoritario y cuáles son sus características?
“Es un sistema donde se permite al capital privado enriquecerse, pero en el que, simultáneamente, se socavan los derechos sociales, económicos y políticos de los ciudadanos para favorecer la permanencia en el poder de las élites gobernantes“, explicó a BBC Mundo Antulio Rosales, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de York (Canadá).
En similares términos se pronuncia el politólogo Guillermo Tell Aveledo, quien, sin embargo, cree que el capitalismo autoritario venezolano no es convencional.
“La ‘apertura’ carece de una racionalidad económica profunda, mientras que el sistema político permanece cerrado y fuertemente centralizado. Este esquema no representa una ruptura con el socialismo del siglo XXI, sino que es una adaptación pragmática que busca perpetuar el poder bajo nuevas condiciones“, puntualizó a BBC Mundo el decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas.
En el último lustro, los venezolanos han visto como, casi de la noche a la mañana, desaparecieron los controles de precios y de divisas vigentes desde 2003; se despenalizó el uso del dólar internamente, hubo una dolarización de facto de la economía que redujo la inflación; y se relajaron los trámites para importar productos.
La medidas pusieron fin a la acuciante escasez de alimentos y medicamentos, desatada tanto por las regulaciones de precios como por la mala gestión de las empresas estatizadas.
Sobre todo en Caracas, la capital, proliferan negocios pensados para el consumidor de clase alta que eran imposibles de ver hace apenas cinco o siete años.
Sin embargo, junto a ese boom de mayor consumo y lujo también se dispararon los precios de los productos y servicios y sumieron a millones en la pobreza, pues las medidas no vinieron acompañadas de ningún plan compensatorio.
El pragmatismo
Los ajustes sirvieron para que el país saliera de la histórica hiperinflación en la que entró en 2017 y para que su economía tenga 13 trimestres consecutivos creciendo, según datos el Banco Central de Venezuela (BCV).
Para los expertos consultados este giro no fue producto de una revisión ideológica ni de una rectificación por parte de las autoridades, sino que fue algo forzado por las circunstancias.
“La apertura se da porque colapsa la renta petrolera, debido a la combinación de la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales que se produce a partir de 2014 y de la reducción de la producción nacional”, afirmó a BBC Mundo el economista Francisco Monaldi.
El petróleo es la principal fuente de divisas de Venezuela, pero de producir tres millones de barriles diarios a principios del siglo, el país pasó a medio millón en 2020, una caída que dejó al Estado sin más del 90% de sus ingresos, dijo Maduro en julio pasado.
“La falta de dinero obligó a las autoridades a acudir a aquellos que podían tenerlo y a los que tradicionalmente vio como sus enemigos: los empresarios“, precisó Monaldi, profesor de la Universidad de Rice (Estados Unidos).
Antulio Rosales, por su parte, también considera que el giro económico fue impuesto por la crisis generada por el propio modelo socialista, pero agregó otro factor externo: las sanciones que distintos gobiernos han impuesto en los últimos años al gobierno de Maduro por socavar la democracia y violar derechos humanos.
“El gobierno vio obstaculizado los caminos para continuar con el socialismo rentístico, es decir, para vender petróleo en el mercado internacional y redistribuir esos fondos internamente. Esto, sumado a las presiones internas (malestar social y protestas) por la escasez y la inflación, lo forzaron a generar ciertas aperturas para continuar en el poder“, agrega el economista.
El grueso de las sanciones impuestas en los últimos años por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países han estado dirigidas contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos o sus allegados.
No obstante, algunas de estas medidas han sido dirigidas en contra de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), del Banco Central (BCV) y de otras instancias gubernamentales, las cuales han visto cómo se le cerraban las puertas a los mercados internacionales tradicionales.
Monaldi, por su parte, cree que las sanciones internacionales solo fueron un ingrediente más.
“En 2017, cuando se impusieron las sanciones financieras (a Pdvsa y al BCV) Venezuela estaba a punto de un default financiero [impago de deuda] generalizado”, recordó el economista, quien insiste en que la razón fundamental del giro dado por el gobierno fue la crisis económica “autoinfligida” que estalló en 2017.
“Las hiperinflaciones llevan a los gobiernos a ser pragmáticos, inclusive a aquellos que son más de izquierda”, dice.
Y como prueba de lo anterior menciona dos decisiones que, según él, hubieran sido imposibles de imaginar hace un par de años atrás.
La primera, la aceptación de que la petrolera estadounidense Chevron maneje la empresa mixta que tiene con Pdvsa, pese a que la legislación venezolana lo prohíbe; y la segunda, la entrega de Ferrominera del Orinoco, la mayor productora de hierro del país, a la empresa india Jindal.
Las sanciones personales llevaron también a que muchos emprendedores con fortunas invirtieran en negocios en el país y demandaran en casa un consumo de alto valor que antes podían satisfacer en el extranjero.
De enemigos a aliados
El cambio de actitud de las autoridades hacia los empresarios, en particular los tradicionales, tiene sus condiciones.
“Los empresarios, sobre todo los nacionales, saben que hay algunas reglas que deben respetar, y una de ellas es jugar con el gobierno“, agrega Rosales.
¿Qué significa esto? “Que los empresarios no deben meterse en política o mejor dicho, si se van a meter en política es para apoyar las iniciativas del gobierno, pero no a la oposición ni a ningún tipo disidencia”, explica.
“Los empresarios saben que si cumplen esto, se les abren las puertas a unas oportunidades de grandes ganancias en unos mercados con enormes distorsiones”, remata.
Los hechos confirman las palabras del experto. En el último lustro, también se ha producido un giro en la actitud de las patronales hacia el gobierno.
Los principales gremios empresariales, los cuales en el pasado reciente formaron junto a los sindicatos, partidos políticos opositores y otras organizaciones civiles un bloque para enfrentar al chavismo en las calles y en las urnas, parecen ahora haberse acercado al oficialismo.
“Las relaciones institucionales entre el Ejecutivo nacional, regional y municipal con todos los sectores económicos están articuladas y trabajando conjuntamente para solucionar los desafíos” económicos que enfrenta el país, dijo en abril pasado la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria) en un comunicado.
En el documento, la organización rechazaba la posibilidad de que EE.UU. reimpusiera medidas contra el sector petrolero venezolano tras las críticas al gobierno de Maduro por el hecho de que las elecciones presidenciales del 28 de julio no fueron competitivas ni transparentes.
“Lo que ha ocurrido en los últimos años es muy positivo y lo ha logrado un gobierno con el que hemos tenido profundas diferencias y que está sancionado”, dijo a BBC Mundo Ricardo Cussano, expresidente de Fedecámaras, la principal organización gremial del país.
Cussano defendió la nueva actitud empresarial en los siguientes términos: “El país necesita construir confianza para atraer inversiones, y eso pasa porque la conflictividad política deje de existir y se abra un proceso de negociación y verdadero diálogo para hacer la institucionalidad venezolana más robusta e inclusiva”.
La tesis de empresarios como Cussano ha sido fuertemente criticada por la oposición política venezolana, que teme que esa alianza mine los esfuerzos para el cambio político que se evidenció en las elecciones del 28 de julio de acuerdo a las actas de resultados publicadas por la oposición, en las que se demostró el triunfo de Edmundo González.
Más parecido a Rusia que a China
“(La economía venezolana) Está en una transición que tiene como referencia al modelo chino”, dijo a finales de 2023 Rafael Lacava, miembro de la dirección nacional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y gobernador del estado Carabobo, para explicar los cambios económicos que se están produciendo en el país.
Sin embargo, los expertos dudan de que la comparación se ajuste a la realidad.
“Esta ‘apertura’ se caracteriza por una aparente libertad de mercado sin competencia real, el predominio de élites económicas vinculadas al oficialismo y la ausencia de una planificación económica sofisticada, a diferencia de los modelos vietnamita o chino que poseen estructuras coherentes y unas élites relativamente serias”, analiza el politólogo Guillermo Tell Aveledo.
Coincide Monaldi, quien considera que las autoridades venezolanas parecen estar copiando el modelo ruso más que el chino.
“Maduro sigue el modelo que (Vladimir) Putin impuso en Rusia, donde el Estado tiene una intervención muy significativa, pero hay una oligarquía de empresarios cercanos al régimen que tienen una influencia tremenda sobre la economía”.
El ascenso del controversial empresario colombo-venezolano Alex Saab hasta el gabinete ministerial de Maduro, así como las informaciones que aseguran que unas 48 empresas estatales ya han sido entregadas a privados, muchos de ellos cercanos al altos funcionarios, según datos de Transparencia Venezuela, refuerzan esta tesis.
Consolidación o retroceso
Ahora se inicia un nuevo período presidencial marcado de nuevo por el conflicto político: muchos países considerarán como presidente legítimo al opositor Edmundo González, claro vencedor de las elecciones de julio de acuerdo a los resultados publicados, pero será Maduro quien detente el poder.
Y en ese contexto surge la pregunta: ¿Este experimento es sostenible en el tiempo? Los expertos difieren.
“Estas aperturas surgieron por pragmatismo: había que hacerlo para mantener cierta estabilidad y seguir en el poder. Pero yo diría que ahora, luego de 4 o 5 años, son irreversibles“, afirma Rosales.
Los sectores que se han beneficiado del nuevo modelo son para el experto una de las razones que asegurarán su supervivencia.
“Las bases de sustento del poder están entre otros lugares, en los militares, que se han beneficiado económicamente de este cambio, y en el sector privado, el cual ha sido disciplinado e incluso se ha convertido en un nuevo aliado del régimen político“, explica.
Monaldi, por el contrario, tiene sus dudas y apela a la historia para justificarlas.
“La gran pregunta para mí es: si se levantan las sanciones y se recupera la producción petrolera, ¿Maduro seguiría pragmático y liberalizador o volvería a querer controlar todo?”.
Y acto seguido recuerda: “Los cubanos han liberalizado como tres o cuatro veces la economía desde la caída de la Unión Soviética para después retroceder, porque le temen mucho a los actores independientes en la economía porque no pueden controlarlos. Xi Jinping [presidente de China] está haciendo lo mismo con los ricos ahora mismo”.
Los empresarios, por su parte, aspiran a que el nuevo modelo se consolide. Y con ellos como aliados, voluntarios o involuntarios, también Maduro busca sostenerse en el poder un tercer mandato a pesar del conflicto político interno y el rechazo internacional.
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