“Nadie vigila las construcciones”: las historias de Claudia y Ricardo exhiben casos de posible corrupción inmobiliaria en la CDMX
Claudia Deschamps Guadarrama, una joven de 29 años, murió el 2 de abril de 2022 dentro de su departamento ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, junto con su novio, Gustavo, por una intoxicación causada por monóxido de carbono. Los dictámenes arrojaron que había un problema de instalación con los aparatos de consumo.
En otro caso, la propiedad de Ricardo Guerrero, situada en Benito Juárez, sufrió daños estructurales por una torre de departamentos construida en la zona. Luego de una batalla de siete años, en los que ha enfrentado enfermedades e invertido recursos, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México determinó que la alcaldía debe reconstruir su casa.
Las historias de Claudia y Ricardo son distintas pero las unen posibles actos de corrupción inmobiliaria. También, que en ambos casos un patrón se repite: la omisión de las alcaldías.
Para Arturo Aparicio, integrante del colectivo Claudia Cortés, que se dedica a monitorear el tema del desarrollo urbano en la capital, prácticamente el 100% de los proyectos de construcción en la CDMX tiene alguna violación a las normas.
“Eso es alarmante. A veces, esas violaciones son menores, porque es una violación de un procedimiento o a una cuestión de forma, pero en muchas ocasiones estas violaciones a esos aspectos de forma ocultan otras violaciones a cuestiones de fondo, como riesgos”, dijo.
Derivado de la atención a posibles víctimas de corrupción inmobiliaria, el gobierno de Claudia Sheinbaum detectó que entre 2008 y 2022 se construyeron 264 pisos excedentes en 130 inmuebles solo en Benito Juárez. A la fecha, varios exfuncionarios de la demarcación ya han sido detenidos por posibles actos corruptos con empresarios del sector; el caso más reciente es el del exdelegado Christian Von Roehrich.
Para Aparicio —abogado de profesión—, la corrupción inmobiliaria es como un monstruo de mil cabezas, porque “cortas una y sale otra” y hay colusión entre funcionarios públicos, sector privado y Poder Judicial, mientras los ciudadanos siempre son los más perjudicados.
Negligencia inmobiliaria apaga la vida de Claudia
La mamá de Claudia se había quedado de ver con su hija el 2 de abril de 2022. Al ver que no llegaba ni respondía llamadas, decidió ir a buscarla a su departamento en Alpes Residencial, un conjunto inmobiliario de 280 departamentos de la inmobiliaria HGB Desarrollos de la Promotora Higa, en la alcaldía Álvaro Obregón.
El guardia de seguridad le confirmó que había llegado la noche anterior y tendría que estar ahí. Al aproximarse a la puerta, percibió un olor a gas. Entró con la llave de seguridad que tenía para cualquier emergencia. Encontró a su hija en la cama junto con su novio, Gustavo, según relató Dolores Meza, abogada del despacho Sánchez Reyes Retana y Asociados y asesora jurídica de la familia de Claudia.
Tras la impresión, llamó a emergencias. Llegaron elementos de seguridad, bomberos y agentes del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Álvaro Obregón, quienes abrieron una carpeta de investigación, ordenaron diligencias y la realización de necropsias. Aunado a ello, se practicó un dictamen en instalaciones hidrosanitarias y de gas.
Las necropsias determinaron que la causa de la muerte de la pareja fue intoxicación por monóxido de carbono. Mientras, el dictamen pericial en instalaciones hidrosanitarias reveló que la instalación de gas natural no presentó fuga, sino que la chimenea para el desalojo de humos al exterior del calentador y aparatos de consumo no estaba bien instalada.
“(Esto) origina que parte de estos humos se quede dentro del departamento, considerando que, al utilizar gas natural, estos aparatos de consumo producen por el fenómeno de la combustión monóxido de carbono, un gas altamente tóxico”, indicó el dictamen.
Además, el cuarto de servicio donde estaban los aparatos de consumo es un lugar cerrado que no tiene ventilación natural permanente, lo que favorece la concentración de humos.
Esto permitió concluir que “la instalación de dichos aparatos de consumo no cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2010”.
Ante esto y para conocer en quién recae la responsabilidad, el MP solicitó a la alcaldía la manifestación de obra del edificio, los planos de las instalaciones hidráulicas del departamento, la autorización para el uso y ocupación de la construcción y el aviso de terminación de obra, pero la respuesta fue una negativa.
“Le informo, después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en controles y archivos correspondientes, no se encontró antecedente de manifestación de construcción, licencia de construcción especial, aviso de terminación de obra, autorización de uso y ocupación y/o trámite alguno del inmueble en cuestión, por lo anterior, al no contar con expediente no es posible remitir la información solicitada”, respondió la demarcación.
La abogada Dolores Meza consideró preocupante que en los archivos de la alcaldía presuntamente no haya ningún documento que acredite que esa construcción fue hecha con los permisos correspondientes.
Agregó que la inmobiliaria está en calidad de imputada en la carpeta de investigación; incluso, los representantes ya fueron citados y comparecieron, pero ha pasado más de un año y la familia de Claudia aún no obtiene justicia.
“También es alarmante que ya se está construyendo la segunda torre de Alpes Residencial e incluso los departamentos ya están en preventa”, dijo.
La batalla de Ricardo contra el Goliat inmobiliario
La casa de Ricardo comenzó a presentar afectaciones por la construcción contigua de una torre de siete niveles, la cual no tenía separación entre los muros de colindancia. En sus muros aparecieron grietas, se descuadraron las ventanas y la casa comenzó a inclinarse. En 2016, interpuso una denuncia por daño patrimonial en la alcaldía Benito Juárez.
De acuerdo con el Reglamento de Construcciones de la ciudad, que se creó después del temblor de 1985, “toda edificación debe separarse de sus linderos con los predios vecinos o entre cuerpos en el mismo predio según se indica en las normas”.
A su vez, las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones indican: “Toda edificación deberá separarse de sus linderos con los predios vecinos una distancia no menor de 50 mm”. Es decir, entre cada predio debe de haber una separación mínima; el cálculo dependerá de la altura y del peso.
En paralelo a la denuncia que presentó, Ricardo inició su propia investigación. Por transparencia, solicitó información a la alcaldía y se percató de que, a pesar de que no tenía toda la documentación, se expidió la autorización tanto para la obra como para la ocupación.
En agosto de 2017, un mes antes del sismo del 19 de septiembre, la Contraloría Interna de la alcaldía informó a Ricardo y a su familia que no había ninguna irregularidad con el desarrollo inmobiliario y que el hecho de que no había separación entre los inmuebles era porque se debía a un asentamiento.
Sin embargo, con el temblor, las afectaciones a su casa se hicieron mucho más evidentes y con el resultado de dos peritajes pudo demostrar que la casa tenía daños estructurales ocasionados por la falta de separación.
El primer peritaje fue privado, de un arquitecto perito del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, y el segundo, de un ingeniero civil de la Fiscalía General de Justicia local. Mientras, la conclusión de la alcaldía fue derivada de una visita del área de Protección Civil.
En 2019, Ricardo volvió a interponer una denuncia en la alcaldía y esta contestó de nuevo que todo en relación a ese edificio estaba en orden; por ello, acudió a la Contraloría General de la ciudad, pero ahí tampoco procedió.
Al mismo tiempo presentó dos denuncias: una en contra del constructor y Director Responsable de Obra (DRO), ante la fiscalía capitalina, y otra en la Fiscalía de Servidores Públicos en contra de 15 funcionarios. También, interpuso un recurso en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Ricardo abrió todas las vías legales y en 2022, después de un segundo amparo, el juez determinó que la alcaldía Benito Juárez fue responsable de haber autorizado una edificación que no respetó las normas de construcción, que establecen que haya cierta separación en las colindancias; por ello, ordenó a los magistrados del Tribunal Administrativo que dictaran una sentencia en donde se reconocía la omisión de las autoridades y los peritajes presentados por Ricardo.
“¿Qué implica esto? Que la alcaldía va a tener que pagar la demolición de la casa, la reconstrucción y todos los daños y perjuicios que se hayan generado de este asunto. El problema es que esto todo eso se va a pagar con recursos públicos, ellos no lo van a pagar”, explicó Ricardo.
En mayo de 2022 fue que el juez de amparo ordenó al Tribunal Administrativo que dictara la nueva sentencia. Lo hizo hasta noviembre y fue hasta enero de 2023 que notificaron a Ricardo. No obstante, por cuestiones administrativas no se ha cumplimentado la reparación del daño.
Ricardo también se ha enfrentado a la indolencia de las autoridades en la fiscalía local. Refirió que en una ocasión le perdieron la carpeta de investigación, y una vez encontrada, ya no estaban las dos terceras partes del contenido.
“Nadie vigila las construcciones, también deberían existir unas bitácoras de construcción de cada edificación; si las piden no existen y la alcaldía también debería solicitarlas, es obligatorio y no las entregan, se les permite a los constructores que hagan lo que quieran, que construyan con la calidad que sea, no hay quien vigile, no hay quien sancione”, reclamó.
Luego de las largas visitas al Ministerio Público, donde se percató de que había varios casos como el suyo, y de que son una constante las construcciones que no respetaron la separación de colindancias, Ricardo comenzó a registrar en un mapa todas las edificaciones en la alcaldía Benito Juárez con esta particularidad. Hasta el momento, lleva más de mil casos.
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BBC Mundo analiza, con la ayuda de expertos, los efectos del levantamiento de esta y otras sanciones a Cuba anunciado por la Casa Blanca.
En una inesperada decisión, el presidente estadounidense Joe Biden retiró a Cuba de la lista de EE.UU. de países patrocinadores del terrorismo.
La nación caribeña llevaba cuatro años en esa “lista negra” desde que el expresidente Donald Trump la incluyera en 2021 como una de las últimas medidas de su anterior mandato.
Cuba también formó parte de esta lista elaborada por el Departamento de Estado desde 1982 hasta 2015, cuando Obama la sacó como parte de su política de “deshielo” hacia el régimen entonces liderado por Raúl Castro y hoy a cargo del presidente Miguel Díaz-Canel.
La retirada de la lista de patrocinadores del terrorismo anunciada por la Casa Blanca podría durar poco, ya que Trump regresará a la presidencia el lunes 20 de enero.
Trump podría revertir la decisión de Biden de forma relativamente sencilla, sin necesidad de consultar con el Congreso.
Además, su designado secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este miércoles frente al Senado estadounidense no tener “duda alguna” de que el régimen de Díaz-Canel patrocina el terrorismo internacional.
Qué implica estar en la lista
Tras la salida de Cuba solo quedan tres países en la lista negra del Departamento de Estado: Corea del Norte, Irán y Siria.
Los países designados como patrocinadores del terrorismo enfrentan severas restricciones económicas, financieras y diplomáticas, como la prohibición de exportaciones de armas, la suspensión de ayuda económica, el bloqueo de créditos internacionales y limitaciones para acceder al sistema financiero global.
Por ejemplo, no pueden obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales.
Además, facilita demandas civiles en tribunales estadounidenses y afecta a su reputación internacional, complicando sus relaciones con otros países.
En el caso particular de la isla, estas sanciones ahondaban las que ya habían sido impuestas de manera más extensa por el embargo económico y comercial vigente desde la década de 1960.
“Desde entonces Cuba ya estaba sometida a duras restricciones incluidas en el embargo, así que la mayoría de las disposiciones que implicaba estar en la lista tampoco causaban mucho daño adicional”, le explica a BBC Mundo Robert L. Muse, abogado especializado en las sanciones de EE.UU. al país caribeño.
Pese a esto, Muse y otros expertos destacan al menos tres beneficios que le aporta a Cuba abandonar la lista de patrocinadores del terrorismo.
Incentivo al turismo
En primer lugar, podría favorecer a un sector clave en la economía cubana: el turismo.
Desde que en 2021 el Departamento de Estado incluyó a Cuba en su lista negra, toda persona que haya viajado a la isla está sometida a un escrutinio más severo para ingresar a Estados Unidos.
Por ejemplo, los ciudadanos de la UE y otros países como Chile, Corea del Sur o Japón que visitan un país incluido en la lista de patrocinadores del terrorismo pierden el privilegio de la exención de visado de turismo a EE.UU. bajo el programa ESTA.
Al eliminar a Cuba del listado, estas personas ya pueden viajar a la isla sin miedo a que en el futuro les exijan visado para ingresar a territorio estadounidense, lo que en teoría incentivará los viajes a la isla.
En todo caso, se desconoce cuál será el alcance real de la medida a la hora de reactivar el maltrecho sector turístico del país caribeño, que pasó de recibir 4,2 millones de visitantes en 2019 a menos de 2,4 millones en 2024, según estimaciones y a la espera de datos oficiales.
“Uno podría esperar que crezca la demanda de visitas de países de la Unión Europea, pero hay otros factores que influyen de forma negativa en el turismo, como la crisis económica, la escasez, los apagones y los problemas eléctricos”, indica a BBC Mundo el economista cubano Ricardo Torres, investigador de la American University en Washington DC.
Cuba vive una profunda crisis económica con escasez de alimentos, medicinas, combustible y casi todos los productos, así como frecuentes cortes eléctricos, lo que ha provocado en los últimos tres años un éxodo migratorio de sus habitantes, y también se considera un factor clave en el descenso del turismo.
Acceso a financiación e imagen internacional
En segundo lugar, la inclusión en la lista negra suponía para Cuba un obstáculo adicional a la hora de acceder a financiación exterior y participar en negocios internacionales.
“Como patrocinador estatal del terrorismo, los bancos e instituciones financieras rechazan las transacciones relacionadas con Cuba. Incluso si se les explica que son legales, se niegan a hacerlo. Es casi una reticencia supersticiosa a involucrarse en cualquier tipo de comercio con países que están en esa lista”, afirma el jurista Robert L. Muse.
Muse asegura que “es beneficioso salir de la lista porque tiene un efecto inhibidor en las instituciones financieras y los inversionistas”.
Pero, aunque Cuba se libra de un importante obstáculo, no implica que los bancos y organismos internacionales vayan a estar dispuestos a aportar financiación a un país técnicamente en bancarrota que en los últimos años ha incumplido la mayoría de los compromisos con sus acreedores, desde sus aliados China y Rusia hasta el Club de París.
Y si, pese a esto, hubiera entidades dispuestas a financiar a Cuba, podrían temer repercusiones si el país regresa más adelante a la lista de patrocinadores del terrorismo.
“Cuba estaba en la lista, Obama la eliminó, después Trump la introdujo de nuevo y ahora Biden la quita; entonces, durante el periodo en el que no están las sanciones, puedes involucrarte en transacciones que, si luego se reintroducen las sanciones, pueden crearte problemas”, explica el economista Ricardo Torres.
En tercer y último lugar, ser considerado por Estados Unidos un patrocinador del terrorismo perjudica la percepción internacional sobre Cuba, cuyo gobierno ha priorizado históricamente proyectar una imagen favorable al exterior.
“Quizás lo más irritante para los cubanos es el oprobio moral asociado con ser designado como una nación terrorista. Implica ser un régimen fuera de la ley, y Cuba se siente ultrajada por esa caracterización”, afirma Robert L. Muse .
Salir del listado, agrega, “tiene para la isla un beneficio simbólico: es una acción que elimina ese estigma”.
Los efectos de las medidas adicionales
La retirada de Cuba de la lista negra del Departamento de Estado de EE.UU. es parte de un acuerdo más amplio entre Washington y La Habana, coordinado con la mediación de la Iglesia católica y que incluye la liberación de presos políticos en la isla.
Además de la retirada de la isla de la lista de patrocinadores del terrorismo, según medios estadounidenses, Washington se comprometió en el acuerdo a revertir dos decisiones con importantes implicaciones económicas adoptadas durante el primer gobierno Trump.
En primer lugar, rescinde un memorando de 2017 que prohíbe las transacciones de personas bajo jurisdicción estadounidense con una lista de empresas y subentidades controladas por las fuerzas militares, de inteligencia o de seguridad cubanas, como la poderosa GAESA que controla varios negocios en la isla.
Esto podría facilitar la reanudación del envío de remesas de cubanos en Estados Unidos a sus familiares en la isla por la vía legal, es decir, a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas, que acaparan gran parte del poder económico del país.
En la práctica, sin embargo, los cubanos cuentan con otros modos más efectivos y baratos de enviar y recibir dinero, como transferencias electrónicas no afectadas por las sanciones o efectivo a través de “mulas” que viajan entre los dos países.
En segundo lugar, la Casa Blanca suspenderá el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a estadounidenses presentar demandas ante los tribunales por propiedades expropiadas por el gobierno cubano desde la Revolución de 1959.
Trump activó en 2019 este título de la ley, que permanecía suspendido desde su promulgación en 1966 para evitar conflictos diplomáticos con países aliados cuyas empresas operan en Cuba.
“A partir de hoy, no se pueden presentar demandas contra, por ejemplo, una compañía hotelera española que ocupe terrenos sobre los cuales alguien reclama derechos de propiedad bajo el lenguaje de la Ley Helms-Burton”, explica Muse.
Así, las demandas ya presentadas seguirán adelante pero no se pueden iniciar nuevas.
En todo caso, matiza el abogado, “la responsabilidad por el uso de propiedades confiscadas sigue existiendo y esto crea un desincentivo a largo plazo para invertir en Cuba, ya que siempre persiste la posibilidad de que las demandas se reactiven”.
Como compensación por el alivio de sanciones, Cuba se comprometió a liberar a un número “significativo” de disidentes, activistas defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes encarcelados a raíz de las históricas protestas de julio de 2021, las mayores en las últimas seis décadas a las que siguió una dura ola represiva.
El régimen de Díaz-Canel, que según organizaciones mantiene encerrados a más de un millar de presos políticos, se comprometió este martes a liberar de forma gradual a 553 personas condenadas por diversos delitos -sin especificar más detalles- y el miércoles sacó de la prisión a los primeros 14.
Según Muse, la decisión de espaciar la liberación de los presos podría ser una herramienta de negociación ante el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca.
“Si Cuba regresa a la lista de patrocinadores del terrorismo, ¿dejará de liberar a prisioneros y podría culparse a la administración Trump de que permanezcan en la cárcel? Eso está por ver”, plantea el jurista.
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