“Se perdería un espacio verde único”: Museo Olmeca en Tabasco atenta contra el ambiente y patrimonio, alertan activistas
El proyecto del nuevo Museo Nacional Cultura Olmeca de Villahermosa, Tabasco, que el gobierno planea construir dentro de una zona que alberga flora y fauna tropical, y donde se encuentran piezas arqueológicas como la emblemática “Cabeza Olmeca”, ha despertado la indignación de activistas, que alertan sobre los riesgos ambientales y patrimoniales de la obra.
Sin planos todavía ni Manifestación de Impacto Ambiental, el gobierno del morenista Javier May pretende que la estructura del recinto abarque una superficie de 14 mil 700 metros cuadrados, lo que sería más grande que el Estadio Centenario 27 de Febrero de béisbol de la ciudad, el cual cuenta con 14 mil 521 metros cuadrados.
El área propuesta para el museo se localiza en una zona arbolada de Villahermosa contigua al Museo de Historia Natural “Narciso Rovirosa” y al Parque Museo La Venta, que está compuesto por un recorrido al aire libre que integra piezas monumentales de la cultura olmeca. Además, también en las inmediaciones se encuentra el Centro de Convivencia, que alberga el zoológico de la ciudad, así como el Parque Tomás Garrido Canabal, un espacio público con laguna, senderos y vegetación tropical.
La construcción del nuevo Museo Nacional Cultura Olmeca estará a cargo del despacho TEN Arquitectos, que en 2011 inauguró el Museo Elevado de Villahermosa (MUSEVI), que quedó en el abandono.
José Pérez Puche, estudiante de la maestría en arquitectura ambiental y uno de los integrantes de la Asamblea en Defensa al Parque Museo La Venta, explicó en entrevista que el conjunto conformado por el Museo de Historia Natural, el Parque Museo La Venta y el Parque Tomás Garrido Canabal debe entenderse como un solo sistema ecológico y cultural, gracias a la conectividad de la vegetación en el sitio.
“Ese parque, donde se pretende construir el Museo Olmeca es donde nos causa conflicto el por qué intervenir esa parte que es esencial en la educación ambiental para cualquier habitante porque, no solo es un conjunto para ver las piezas arqueológicas [sino que] te pasas al recorrido completo”, señaló Pérez Puche en entrevista para Animal Político.
El arquitecto también resaltó la importancia de la presencia de fauna endémica de la región como jaguares, ocelotes, grisones, viejos de monte y animales nocturnos que han sido resguardados en este parque y son parte de la educación ambiental de Tabasco.
“Que lo vayan a construir ahí [el Museo Nacional Cultural Olmeca] es donde todo mundo [se pregunta] el por qué; a pesar de las carencias que tiene de mantenimiento y animales, incluso de difusión ambiental, se hace un trabajo, a pesar de todo. [Entonces] por qué quitarnos esa sección que, en vez de contribuir nos lo quitan”, añadió.
Activistas y ambientalistas en Villahermosa, Tabasco, advierten de un posible “ecocidio” si el gobierno de Tabasco y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aprueban y avanzan con la construcción del Museo Nacional de la Cultura Olmeca.
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Para los activistas, el Parque Museo La Venta representa la visión del poeta tabasqueño Carlos Pellicer, al resaltar la importancia de lo que es tener un paisaje tabasqueño con las piezas arqueológicas que, con el tiempo, permitió generar educación ambiental en el sitio.
“Se perdería un espacio verde único en su tipo en América Latina y el único museo al aire libre construido en los últimos 56 años, el cual fue visión del prestigioso poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara”, indicaron en un comunicado.
Además, la ciudadanía en Tabasco, entidad en la que nació el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se muestra preocupada por la falta de transparencia en el proyecto del gobernador Javier May, exdirector general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que en su momento estuvo a cargo del proyecto Tren Maya.
Tanto el Parque Museo La Venta, el zoológico y el parque Tomas Garrido Canabal sirven como pulmón para la ciudad, dijeron activistas y ambientalistas a Animal Político.
INAH respalda construcción de Museo Olmeca por recomendación de la UNESCO
La construcción del proyecto Museo Nacional de la Cultura Olmeca se anunció en diciembre de 2024. El INAH argumentó su creación por una recomendación de la UNESCO para proteger piezas precolombinas.
El 2 de junio pasado, Javier May Rodríguez se reunió con Diego Prieto Hernández, director general del INAH y personal del despacho TEN Arquitectos. En la reunión expusieron los detalles del proyecto, el cual se prevé establecer en la zona del Parque Museo La Venta, por lo que se encendieron las alertas y comenzaron las protestas ciudadanas.
El argumento del director del INAH para este nuevo museo es fusionar el origen del legado del museógrafo Carlos Pellicer Cámara con la recuperación del ‘parque museo poema’ La Venta, y con ello la flora y fauna del lugar.
Sin embargo, tras darse a conocer el proyecto, historiadores y ambientalistas salieron a marchar los días 7 y 8 de junio en rechazo de la obra.
Javier May Rodríguez defiende nuevo museo en Tabasco
Luego del descontento social por los riesgos al medio ambiente y la falta de transparencia de este nuevo museo, el pasado 9 de junio Javier May dijo que cuando tengan el proyecto ejecutivo lo darán a conocer y habrá una consulta pública al respecto.
“Desde ahora podemos adelantar que el Museo Nacional Olmeca permitirá conservar el patrimonio cultural, será amigable con el medio ambiente, alentará la investigación sobre la temática Olmeca y preservará el legado de Carlos Pellicer”, también señaló, dejando en claro su postura sobre el proyecto.
También ante las protestas, el gobernador dijo que se atenderá y rehabilitará el Parque Tomás Garrido Canabal y el Parque Museo La Venta por formar parte de sus 50 compromisos.
“No podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo se deteriora el patrimonio de nuestra cultura madre. No hacer nada y dejar que se siga deteriorando nuestro patrimonio, es un crimen cultural”.
Mientras tanto, activistas y defensores de la biodiversidad en Villahermosa han comenzado a realizar asambleas informativas sobre este proyecto ante la falta de transparencia de la obra.
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Por su parte, Daniel Casaús Ruz, el titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en Tabasco (SOTOP), dijo que el proyecto del Museo Nacional Olmeca aún está en etapa de inicio y no se han establecido aún sus especificaciones finales.
Pero la posición de la Asamblea en Defensa del Parque Museo La Venta es que no se intervenga el Centro de Convivencia del Parque La Venta, sino apostar por el mantenimiento y la rehabilitación de esa área.
“Nosotros priorizaríamos y estaríamos totalmente a favor y, si piden ayuda, trabajar en conjunto para la rehabilitación del Parque Museo La Venta. No es estar en contra del gobierno (…) El coraje y las manifestaciones son a la no intervención de esa área”, enfatizó Pérez Puche.
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El presidente ordenó este lunes el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC para “liberar” a la ciudad de los sin techo y la delincuencia y volverla “más segura y bella que nunca”.
“Las personas sin hogar tienen que marcharse de inmediato”, escribió este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su plataforma TruthSocial.
“Les daremos un lugar en el que quedarse, pero lejos de la capital. Los criminales no tienen que mudarse. Los vamos a meter a la cárcel, que es donde deberían estar”, añadió en la red social, la víspera de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y de poner a la policía local bajo su mando directo.
El plan, que también incluye el refuerzo de las patrullas nocturnas con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), tiene como objetivo “liberar” a una ciudad que el mandatario ha pintado como “sin ley” de los sin techo y la delincuencia y volverla “más segura y bella que nunca”.
Algo que las autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa del Distrito de Columbia, la demócrata Muriel Bowser, han calificado de “desconcertante e improcedente”, al tiempo que apuntan a una criminalidad en descenso.
Y es que según las estadísticas publicadas por la Policía Metropolitana de Washington DC (MPDC), en 2024 los delitos violentos cayeron a su nivel más bajo, después de haber registrado un máximo en 2023, y la tendencia se mantiene en lo que va de 2025.
Las medidas anunciadas este lunes por Trump siguen a una orden ejecutiva firmada en julio, que facilita el arresto de quienes vivan en las calles y que, según coinciden las organizaciones del ramo, dibuja una imagen “simplista y distorsionada” del fenómeno.
Una problemática que, con excepciones puntuales –como una baja contabilizada en el que es su epicentro histórico, el condado de Los Ángeles–, sigue rompiendo récords año con año.
En 2024 la cifra de quienes no contaban con un hogar se disparó hasta superar los 770.000, la más alta desde que empezó a registrarse, según el más reciente informe federal al respecto.
Para decirlo de otra manera: para finales del año pasado 23 de cada 10.000 habitantes del país no tenía un techo bajo el que vivir.
¿Pero cuáles son las principales razones de esta compleja situación que, lejos de solucionarse, sigue sumando afectados? ¿Por qué no se ha logrado superar en un país que, con un Producto Interior Bruto (PIB) cercano a los US$30.000 billones según el Banco Mundial, se considera el más rico del mundo? ¿Y qué se espera del enfoque planteado ahora por la administración Trump?
Cifras récord
Desde 2007 el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), una agencia federal que reporta directamente al presidente, lleva a cabo un recuento de las personas que viven en situación de calle.
Lo hace durante una noche al año, y el conteo realizado en enero de 2024 arrojó la cifra de 771.480 personas sin acceso a vivienda.
Se trata de un incremento del 18% con respecto a 2023, cuando también se vio un repunte del 12% en comparación al año anterior.
Así lo recoge el más reciente informe anual de la agencia, publicado en diciembre, que muestra además que el aumento se dio en todas las categorías poblacionales y de una manera especialmente pronunciada (un 40%) entre las familias con hijos.
Casi 150.000 menores fueron considerados sin hogar la noche del conteo.
Uno de los pocos colectivos en experimentar un descenso fue el de los veteranos de las Fuerzas Armadas.
Así, el número de exmilitares sin hogar se redujo en un 8%, hasta los 32.882, en 2024. Y el declive fue aún mayor, del 11%, hasta sumar 13.851, entre los que no permanecían en albergues o no tenían acceso a otro tipo de acogimiento temporal.
El informe apuntaba, en general, a la crisis nacional de la vivienda y al fin de las ayudas federales de la pandemia –como las moratorias al desalojo o el Programa de Asistencia para Alquiler de Emergencia— como dos de los principales fenómenos que impulsaron la cifra récord.
Pero también a la presión demográfica que supuso la llegada de decenas de miles de migrantes en busca de asilo y por tanto de techo.
De hecho, según el HUD, la cantidad de familias sin hogar aumentó más del doble en las 13 comunidades que más inmigración recibieron, mientras en las 373 restantes la diferencia fue del 8%.
En una visita a principios de 2024 a Skid Row, un área del centro de Los Ángeles con la mayor concentración de indigentes de la ciudad, BBC Mundo pudo constatar que decenas de familias procedentes de Venezuela, Ecuador y otros países latinoamericanos se habían sumado a la población habitual de los sin hogar.
Mientras mostraba una tienda de campaña en plena calle que compartía con su hija y su nieta, Doris, una venezolana de 40 años, le contó a este medio que llevaba allí 10 días.
“Pensábamos que estaríamos primero en un albergue y que después, con algún trabajito aquí o allá, podríamos asentarnos y pagar una renta. Pero lamentablemente no es fácil cuando eres migrante y no tienes permiso de trabajo”, explicó.
Esto flujo hoy prácticamente está paralizado como consecuencia de las políticas antiinmigración de la administración Trump y el refuerzo de la frontera con México, y el panorama en las calles también se ha visto afectado por las deportaciones masivas.
Razones estructurales
Pero más allá de los récords, las organizaciones del ramo subrayan que la crisis de los sin techo es una problemática compleja y de larga data, estructural y multifactorial.
En esa línea, la National Alliance to End Homelessness apunta a motivos que van de la escasez de vivienda asequible y una cada vez mayor brecha entre los ingresos y el costo del alquiler, pasando por el acceso limitado a la atención médica y otros servicios sociales, hasta el racismo y la marginación sistémica.
“Las políticas discriminatorias históricas y actuales continúan dando forma a quién tiene acceso a recursos y oportunidades”, señala la entidad que, desde 1987, provee datos e investigación para que se desarrollen políticas públicas en torno a la vivienda, además de ofrecer asistencia técnica a sus socios en el terreno.
“Entender (la problemática del acceso a la vivienda) requiere reconocer cómo coactúan estos sistemas interconectados de discriminación para negar a las comunidades los recursos y las oportunidades necesarios para la estabilidad habitacional”, concluye.
Según datos recopilados por la alianza, el porcentaje de hogares del país que destinan más de la mitad de sus ganancias a pagar el alquiler se ha disparado en la última década, aumentando en más del 12,5% entre 2015 y 2022.
Naciones Unidas considera que una vivienda es asequible si un hogar dedica menos del 30% de su ingreso en gastos asociados a la vivienda.
Con ese porcentaje como referencia, un informe reciente de la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), otra organización no gubernamental centrada en el tema, concluye que el trabajador promedio que gana el salario mínimo en EE.UU. debe trabajar aproximadamente 104 horas semanales (el equivalente a 2,4 empleos a tiempo completo) para poder rentar un apartamento de un dormitorio a un precio “justo” en el mercado.
Fundada en 1974 y con sede en Washington, la NLIHC estima además que hay una escasez de 7,1 millones de viviendas en alquiler asequibles y disponibles para inquilinos considerados de extremadamente bajos ingresos.
Esto se traduce en tan solo 35 viviendas de ese tipo para cada 100 hogares con ese perfil, aquellos que registran el 30% o menos del ingreso medio del área en el que viven.
“La crisis actual está enraizada en la enorme escasez de vivienda para personas que llevan demasiado tiempo en situaciones extremas”, le confirma a BBC Mundo Margot Kushel, directora del Benioff Homlessness and Housing Initiative de la Universidad de California San Francisco (UCSF).
Pero Kushel, profesora de medicina y jefa de la División de Equidad en Salud y Sociedad de dicha universidad, apunta a otros factores que pueden contribuir a la pérdida de vivienda.
“Cuando los ciudadanos no pueden costear o acceder a servicios sociales y de asistencia sanitaria, esto repercute no solo en su salud sino también en su situación financiera”, señala la experta.
EE.UU. no tiene un sistema de salud pública universal.
De acuerdo a una encuesta de 2024 de KFF, una organización no partidista centrada en la políticas de salud, tres de cada cuatro adultos están muy preocupados porque no puedan hacer frente a facturas médicas inesperadas (74%) o al costo de servicios de salud (74%) para ellos y sus familias.
El sondeo también concluye que el 61% de los adultos que no cuentan con seguro de salud privado pospusieron su contratación debido al costo, y el 21% de los encuestados que sí están asegurados dijo no recibir la atención médica que necesitan porque póliza no la cubre en su totalidad y no pueden costeársela.
Por otra parte, el equipo de investigación de UCSF encabezado por Kushel ha estado estudiando a personas mayores sin hogar durante varios años y ha encontrado que casi la mitad de ellas se quedó sin techo cuando tenía más de 50 años.
Por todo ello, la experta señala que la orden ejecutiva del presidente Trump y sus declaraciones al respecto dibujan un retrato “excesivamente simplista y distorsionado” de la cuestión.
“Retrato simplista”
La decisión presidencial, emitida el pasado 24 de julio, afirma que “la vagancia endémica, el comportamiento desordenado, los enfrentamientos repentinos y los ataques violentos” han vuelto las ciudades estadounidense “más inseguras”.
Apuntando al repunte en las cifras de las personas sin hogar, añade que “la abrumadora mayoría de estos individuos son adictos a las drogas o tienen una afección de salud mental, o ambos (…)”.
Y concluye que los gobiernos federales que le precedieron, así como los estatales, “han gastado decenas de miles de millones de dólares en programas fallidos que abordan la falta pero no sus causas raíces, dejando a otros ciudadanos vulnerables a las amenazas a la seguridad pública”.
Basándose en ello, pide a la fiscal general, Pam Bondi, tomar acciones legales para revocar los precedentes judiciales y los llamados “decretos de consentimiento”, que limitan la capacidad de los gobiernos locales y estatales para trasladar a las personas que viven en las calles y campamentos a centros de tratamiento.
También instruye a la fiscal a brindar asistencia a los gobiernos estatales y locales que permitan el internamiento civil y el tratamiento adecuados de las personas con enfermedades mentales que representan un peligro para los demás o que viven en la calle y no pueden cuidar de sí mismas.
“El traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia para que reciban un trato humano mediante el uso adecuado del internamiento civil restablecerá el orden público”, se lee en la orden titulada “Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles estadounidenses”.
La decisión presidencial exige además a los departamentos de Justicia, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Transporte priorizar las subvenciones federales para los estados y ciudades que “hagan cumplir las prohibiciones sobre el consumo abierto de drogas ilícitas, acampar en zonas urbanas y el merodeo”.
Asimismo, ordena una amplia recopilación federal de datos sobre personas sin hogar y con discapacidades mentales, lo que plantea serias preocupaciones sobre la vigilancia, la privacidad y “cómo dichos datos podrían utilizarse para justificar una mayor criminalización”, advirtió en un comunicado la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
“Criminalizar a la gente por no tener un techo o por sufrir problemas de salud mental o de abuso de sustancias no aporta a crear una comunidad más segura, sino que hace que todos estén menos seguros, y no contribuye en nada a una posible solución de la crisis de las personas sin hogar”, zanja Kushel.
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