El Juzgado Segundo de Distrito en Morelos concedió una suspensión definitiva a comunidades, mujeres e infancias de Morelos contra el proyecto minero Esperanza Silver. La resolución frena de momento cualquier actividad de explotación de oro y plata en el territorio, que abarca la zona arqueológica de Xochicalco, en lo que se resuelve el juicio contra las concesiones.

De acuerdo con habitantes y ambientalistas, de concretarse dicho proyecto, se pondría en riesgo el acceso al agua, la salud y el derecho a un medio ambiente sano en las comunidades de Xochitepec, Miacatlán y Temixco.

La batalla jurídica en contra del extractivismo en la región comenzó en el año 2012 con una demanda de juicio de amparo promovida por integrantes de la Unidad Habitacional Morelos y colonias adyacentes, junto a un grupo de mujeres e infancias del municipio de Xochitepec, que sostienen que el caso evidencia también una situación de racismo ambiental.

A pesar de estos pronunciamientos oficiales, los títulos de las concesiones siguen vigentes. Por ello, el siguiente paso para las comunidades, luego de obtener la suspensión definitiva que frena temporalmente las actividades de extracción, será buscar que se cancelen las seis concesiones mineras, cuya extensión es de 2 mil 949.236 hectáreas en Xochitepec, Miacatlán y Temixco.

“Decidimos usar la herramienta de juicio de amparo y acudir al Poder Judicial de la Federación para obtener una cancelación a través de estas instituciones”, explicó en conferencia de prensa Gabriela Carreón, abogada y defensora de los derechos humanos en la organización Terra Vida.

El agua: un recurso crucial a defender 

Hasta ahora se han realizado en la zona actividades de exploración minera, como estudios geológicos, construcción de socavones y perforaciones, que ya han provocado daños e impactos ambientales.

Un diagnóstico socioambiental elaborado por la Semarnat en 2023 indica que para el proyecto no hay suficiente agua superficial en arroyos, lagos y ríos, mientras que la subterránea, que se extrae mediante pozos, no puede utilizarse, ya que se destina a usos domésticos y público urbano.

“La Semarnat señaló que esta agua está reservada para este tipo de usos, por lo que se excluye de la actividad minera”, dijo Carreón. “La Manifestación de Impacto Ambiental fue rechazada hace varios años (…) y es que la Conagua dio un dictamen técnico en el cual concluyó que la extracción de agua para este proyecto pondría en riesgo el abasto para cubrir las necesidades de las personas habitantes”, añadió.

La abogada resaltó que la situación de por sí ya es difícil, pues las comunidades han manifestado que tienen acceso al agua cada tercer día, por un tiempo aproximado de una hora y media, y la utilizan para abastecer todas sus necesidades pero no es suficiente. En cuanto a calidad del agua, la defensa de las comunidades mencionó los riesgos de esta industria para el territorio por posibles derrames de químicos.

Las conclusiones del diagnóstico de la Semarnat destacan que los “cambios en la topografía y deforestación causados por el desarrollo de un proyecto minero provocarán el cambio del comportamiento hidrológico-hidráulico, aumentando con ello el riesgo asociado a inundaciones en zonas urbanizadas”

También advierte de posibles afectaciones a la flora y la fauna, incluyendo especies con alguna clasificación de la Norma Oficial Mexicana NOM 059-SEMARNAT-2010 en categoría de amenaza, peligro de extinción, sujeta bajo protecciones especiales y vulnerables.

Finalmente, en materia socio ambiental, el análisis señala que existe un interés sociocultural y de patrimonio biocultural que mantiene las tradiciones de la población que, con el proyecto, se verían afectadas.

Un proyecto de vida libre de minería

La estrategia legal de Terra Vida también defiende el proyecto de vida comunitario de las mujeres e infancias de la Unidad Habitacional Morelos, el cual no contempla tener un cráter de minería a cielo abierto a 1.6 kilómetros.

“Eso no es lo que pensaron en 1985 cuando fundaron esta comunidad. Lo que estamos planteando es que las concesiones ponen en riesgo estos sueños y este proyecto de vida que las comunidades se han planteado y que está protegido constitucionalmente con instrumentos internacionales”, afirmó Gabriela Carreón.

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En lo respecta a “racismo ambiental” la abogada resaltó cómo el desarrollo del proyecto Esperanza Silver amenaza con convertir al territorio en una “zona de sacrificio”, en comunidades que, de por sí, padecen desigualdad estructural al no tener asegurado acceso a a la educación, salud y vivienda, entre otros derechos.

Terra Vida enfatizó que mientras las comunidades buscan ampliar la suspensión para frenar la explotación de manera definitiva, la Secretaría de Economía intenta anularla.

El caso se encuentra ahora a cargo de la jueza Frida Fernanda López Hernández en el Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Morelos.