Fallas en los trenes, escaleras eléctricas sin funcionar, goteras, filtraciones y elevadores descompuestos, la deuda para la rehabilitación integral de la Línea 1 y trabajos de mantenimiento de otras dos líneas, son las necesidades y pendientes del Metro de la CDMX en 2025.
Para ello, se destinará un presupuesto histórico de 23 mil millones de pesos, sin embargo, en términos reales, significa un aumento de 6.8 % con respecto a los 20 mil 551 millones que se aprobaron para 2024.
Estos recursos se destinarán no solo al mantenimiento de las instalaciones y los trenes, sino también al pago de la deuda generada por la rehabilitación integral de la Línea 1, cuyo costo asciende a 38 mil millones de pesos y cuya entrega ya acumula un retraso de 16 meses. Lo anterior implica pagos anuales de aproximadamente 2 mil millones de pesos durante 19 años.
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La deuda se cubrirá tanto con recursos del presupuesto del Metro como del Fideicomiso Maestro, que se creó en 2014 después de que la tarifa subió de los tres a los cinco pesos.
Con el presupuesto aprobado también se prevé arrancar con los trabajos de mantenimiento integral de otras dos líneas del sistema: la 3 que va de Universidad a Indios Verdes y la Línea A que corre de Pantitlán a La Paz, ya en el Estado de México.
“El Metro es la columna vertebral de la movilidad en nuestra #CapitalDeLaTransformación, por ello el próximo año invertiremos 23 mil mdp en su mejoramiento, el mayor presupuesto en la historia de la CDMX. Acabamos de sustituir 18 escaleras eléctricas con modelos de última generación, con una inversión de 151 mdp, y sustituiremos 120 a lo largo del sexenio, con una inversión de mil 200 mdp”, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a través de sus redes sociales.
En 2025 también se destinarán mil 835 millones de pesos para instalar elevadores que faciliten el acceso de personas con discapacidad, según la jefa de Gobierno.
En 2024, las fallas más reportadas por los usuarios del Metro de la Ciudad de México fueron retrasos constantes en la llegada de los trenes, problemas en el sistema de ventilación, apagones, inundaciones o interrupciones del servicio en varias líneas. También averías en escaleras eléctricas y elevadores, así como la falta de mantenimiento en trenes.
A pesar de que los usuarios enfrentan diariamente las fallas en la red, las autoridades del Metro atribuyen los retrasos en la Línea 3, que conecta Universidad con Indios Verdes y está próxima a ser intervenida integralmente, a las condiciones del suelo capitalino.
“Le comunico que durante el año 2024 la principal razón de las fallas presentadas en la Línea 3 se derivaron de las condiciones en las que se encuentran los suelos de la Ciudad de México, esta situación se ve reflejada en los levantamientos y/o hundimientos del suelo. Dada la situación se han implementado reducciones de velocidad de la estación Potrero a la terminal Indios Verdes”, respondió el Metro vía transparencia a la solicitud de una persona quien preguntó las razones de las continuas fallas en la L3.
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De acuerdo con la respuesta a la solicitud 090173724001126 de noviembre de 2024, se ha implementado un programa de mantenimiento continuo para atender la problemática del suelo, aunque omitió brindar detalles y estadísticas de las fallas presentadas, trenes fuera de circulación, conatos de incendio, ponchadura de llanta y demás problemáticas que a diario retrasan el servicio y que son confirmadas por ellos mismos en fichas informativas y a través de su cuenta oficial de X.
En una respuesta de transparencia anterior, con fecha de septiembre de 2024, el Metro aceptó que la principal avería registrada se debe a problemas con los equipos de generación eléctrica, seguidos de problemas con el sistema de pilotaje automático, el sistema de puertas de los trenes y los equipos de mando y control.
Aunque la hoy presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la rehabilitación integral de la Línea 1 del Metro -la más antigua de la red- estaría concluida para agosto de 2023, la ahora jefa de Gobierno, Clara Brugada, insiste en que la rehabilitación integral de la línea se entregará en algún momento del primer semestre del 2025.
De hecho, en días pasados, Brugada solicitó al Congreso capitalino autorizar una modificación al plazo de la etapa de implementación del Contrato de rehabilitación integral de la línea y ampliarlo un año más.
Con esto, expuso, se asegurará la culminación exitosa de las obras, pues argumentó que las obras que se realizan en Observatorio para la llegada del tren Interurbano han sido factor de retraso.
“La fecha de apertura de la Línea 1 del Metro se mantiene como les he comunicado: el primer semestre del próximo año. Las modificaciones al contrato son necesarias por interferencias como las obras del Tren Interurbano México-Toluca y la zona de Observatorio”, explicó.
El tren de pasajeros de Toluca a Observatorio es un proyecto que lleva 10 años en ejecución y no ha podido ser concluido, pues aún están pendientes las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio.
“La etapa de implementación, actualmente en curso, incluye la modernización de la Línea 1 en segmentos, un enfoque que busca minimizar las afectaciones para los usuarios durante las obras. No obstante, esta etapa se ha visto afectada por interferencias relacionadas con otros proyectos estratégicos de la Ciudad, como la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, que conecta Observatorio con Santa Fe”, explicó la jefa de gobierno al Congreso capitalino.
Y si bien el retraso de la obra podría estar relacionado con las maniobras en la terminal Observatorio, el Gobierno capitalino multó a la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive con mil 500 millones de pesos por el retraso con el que entregaron la rehabilitación de la primera etapa que iba de Pantitlán a Salto del Agua.
Además, aunque la mitad de la “línea rosa” ya da servicio, las fallas en la parte rehabilitada no se han hecho esperar. Filtraciones de agua, baja velocidad de los trenes y escaleras y elevadores con averías son algunos de los reportes cotidianos.
De hecho, a través de una respuesta de información pública, el organismo encabezado por Guillermo Calderón informó a un ciudadano que han tenido que atender 20 averías en las 26 escaleras electromecánicas que operan en el tramo Pantitlán-Balderas que recientemente fue intervenido, además de que dos de los 23 elevadores ubicados en este tramo no ofrecían servicio porque estaban en mantenimiento correctivo, esto aún cuando las autoridades presumieron la rehabilitación integral de todo ese primer tramo.
Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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