El 16 de enero de 2025 se llevará a cabo la primera audiencia contra Paloma “N” y Óscar “N”, alias “El Borre”, por su presunta responsabilidad en la masacre de Salvatierra, Guanajuato, donde 11 jóvenes fueron asesinados el 17 de diciembre de 2023 durante una posada en una exhacienda de la comunidad de San José Del Carmen.
En entrevista con Animal Político, Jaime Rochín, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Guanajuato, detalló que la audiencia inicial estaba prevista para este mes de diciembre, sin embargo, se reprogramó a petición de los abogados de los presuntos responsables para recabar información sobre el caso ocurrido hace un año.
“Se reprogramó para el 16 de enero, estaba prevista para este mes pero se reprogramó porque los propios abogados de los probables responsables solicitaron que se retrasara para poderse, digamos, hacer de la carpeta y de tener toda la información necesaria, porque, según su propio dicho, no contaban todavía con la información necesaria”, declaró.
Cuestionado por la postura de familiares de las víctimas respecto a que ya pasó un año del ataque armado y apenas se llevará a cabo la primera audiencia, el comisionado estatal dijo a Animal Político que “no es un tema que les parezca y que retrasa la justicia”.
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Sin embargo, señaló que los abogados de los presuntos implicados han utilizado mecanismos para solicitar prórrogas sobre el caso que, aunque no son adecuados, son legales.
“Evidentemente no es un tema que a las familias les parezca adecuado y que retrasa la justicia, pero también hay que reconocer que existen estos mecanismos que muchas veces son injusto que los utilicen porque son mecanismos como de retraso, pero pues hay que entender también que los abogados están haciendo su juego, en ese sentido, no es adecuado pero es legal”, aseveró.
En febrero de este año, la Fiscalía de Guanajuato informó sobre la detención de Óscar “N” y Paloma “N”, quienes fueron identificados como presuntos miembros del grupo armado que atacó a los jóvenes en la posada y que dejó 11 muertos y 14 personas heridas.
La dependencia añadió que los detenidos también habían participado en múltiples eventos delictivos registrados en la zona Laja-Bajío.
La madrugada del 17 de diciembre, un grupo de jóvenes se encontraba en una posada en la comunidad de San José del Carmen, municipio de Salvatierra, cuando hombres armados dispararon contra los asistentes. Inicialmente se mencionó los hechos dejaron 12 víctimas, pero la fiscalía estatal rectificó que fueron 11 muertos y 14 personas heridas.
Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, Ejército, Guardia Nacional, así como personal de la Fiscalía General del Estado para comenzar con las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con 35 entrevistas a testigos, las autoridades apuntaron a que la madrugada del domingo 17 de diciembre, hombres con armas largas calibre .223 y 7.62 de diversos calibres, atacaron a los invitados de una posada navideña en una exhacienda de la comunidad de San José del Carmen, porque no los dejaron pasar.
Tras los hechos, familiares y amigos compartieron publicaciones dedicadas a las víctimas, entre las que se encontraban estudiantes, deportistas y una exreina de belleza.
Silvia Thalía Cornejo de 25 años, fue una de las víctimas de la masacre de Salvatierra. En 2017, fue coronada como Reina de la Candelaria en un certamen de la feria de la ciudad.
Ese mismo año, Thalía se organizó con sus amigos para reunir víveres para las personas damnificadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre.
Antonio de Jesús Sánchez Pérez fue otra de las víctimas. Estudió en la Universidad de Guanajuato. De cariño le decían Toñito, daba clases de contaduría, era deportista y religioso.
Héctor Almaraz tenía 16 años, estudió en la Escuela Secundaria Técnica #2. Disfrutaba cantar y en sus redes se podía observar que también trabajaba en el campo.
Macarena Becerril fue descrita como linda, amable, amorosa y responsable por una conocida. Ella narró que cuidaba a su hermanito desde pequeña y que se encontraba “siempre ayudando al prójimo”.
Días después de los hechos, habitantes de Salvatierra marcharon pacíficamente para exigir justicia por el caso.
Vestidos de blanco y con flores, partieron en silencio desde el quiosco del jardín principal del municipio hasta llegar a la Explanada del Carmen, donde colocaron veladoras alrededor del árbol de navidad que se apagó en señal de luto.
La fiscal Sandra Gutiérrez informó que el expresidente y dos personas más son acusadas de “trata de personas”, por lo que se ha requerido su detención.
Una fiscal departamental de Bolivia informó este lunes que el expresidente Evo Morales y otras dos personas fueron imputados por el delito de “trata de personas agravado” y confirmó que existe una orden de detención vigente en su contra.
La fiscal Sandra Gutiérrez, del departamento de Tarija, señaló que Morales fue imputado junto con los padres de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani.
Según la agencia AFP, el caso habría ocurrido en 2015, cuando Morales cumplía su tercer mandato como presidente. La fiscal dijo que el exmandatario presuntamente tuvo una hija con una menor de edad.
“Ha sido esta imputación presentada el día de hoy. Estamos a la espera de que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares”, dijo la fiscal Gutiérrez en conferencia de prensa.
“Acá no hay nada político. Nosotros estamos resguardando los derechos de una persona que, lamentablemente, ha sido vejada. Y esto con el visto bueno de sus padres, lamentablemente, por ello uno de ellos se encuentra con prisión preventiva”, señaló Gutiérrez en referencia a Emeterio Vargas Mamani, quien está detenido.
La decisión de la fiscalía se debe a que Morales no acudió a declarar y, transcurridos 10 días desde que fue notificado, “corresponde presentar una imputación formal” y emitir una orden de detención, dijo Gutiérrez.
El expresidente Morales no ofreció declaraciones de forma inmediata. Desde hace meses ha denunciado que es víctima de persecución política por parte del presidente Luis Arce y sus colaboradores en el partido Movimiento Al Socialismo para evitar que se presente a las próximas elecciones presidenciales.
Las autoridades de Bolivia informaron en octubre pasado del caso que se sigue en contra del expresidente Morales por la presunta trata de una menor de edad.
Gutiérrez explicó que la investigación se inició a finales de septiembre pasado, cuando recibió una denuncia.
Los padres de la menor tenían “el único propósito de escalar políticamente y obtener beneficios… a cambio de su hija menor de edad”, dijo Gutiérrez.
Según AFP, Morales había desestimado previamente estas acusaciones, ya que la investigación se había centrado en cargos de estupro, pero desde entonces los fiscales han ajustado su enfoque hacia la presunta trata de personas.
En octubre pasado, Morales fue citado a declarar, pero no compareció ni ofreció un justificante, expuso la fiscal. Al no hacerlo, la orden de detención contra Morales e Idelsa Pozo fue emitida el 16 de ese mes.
“Es un caso bastante complejo. Por eso es que nosotros hemos manejado esta investigación con mucha cautela, porque acá no solo estaban de por medio una menor, que al momento que empezó esta investigación el 2 de octubre… en esa fecha desaparece la víctima, conjuntamente (con) su pequeña hija menor”, dijo la fiscal.
Según la funcionaria, hasta ahora el expresidente no ha podido ser detenido por diversas causas, como que nunca estuvo en el domicilio señalado como propio en el departamento de Cochabamba.
También dijo que policías fueron agredidos por manifestantes “afines a Evo Morales”. Además, la fiscal aseguró que el expresidente ha sido visto portando un arma.
La fiscal afirmó también que se solicitó la alerta migratoria para Morales y Pozo.
El caso contra Morales llega en medio de las crecientes tensiones en Bolivia entre los partidarios de Morales y los del actual presidente, Luis Arce.
Arce fue ministro de Economía de Morales entre 2006 y 2019. En 2020, Arce llegó a la presidencia con apoyo de Morales. Sin embargo, la alianza terminó en 2021. El motivo del quiebre fue el nuevo intento de Morales de aspirar a la presidencia en los comicios de 2025.
En junio, un intento de golpe de Estado de una parte de miembros del ejército, en el que un grupo de soldados y vehículos militares intentaron tomar el control de la Plaza Murillo, elevó aún más el enfrentamiento entre Arce y Morales.
Arce ha acusado a Morales de planear un “golpe de Estado” al convocar manifestaciones en su contra. Los que se manifiestan a favor de Evo culpan a Arce de los problemas económicos del país y de la escasez de dólares y combustible.
Morales quiere volver a la presidencia por cuarta vez, a pesar de que la Constitución del país habilita solo dos mandatos. Arce, por su parte, intentará pelear por su segundo mandato.
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