La noche del pasado sábado 9 de noviembre, el señor Ricardo Ramos estaba, como todo Querétaro, consternado e impactado por la noticia que comenzó a correr por los noticieros y las redes sociales: a las 9 de la noche, un convoy de al menos dos camionetas llegó a un bar en la zona del centro histórico y cuatro sujetos se bajaron para abrir fuego con armas largas en contra de los jóvenes que ahí departían.
Como resultado, 10 personas fueron asesinadas en cuestión de segundos, entre ellas tres mujeres. Además, al menos otra docena de personas resultaron heridas de diferente gravedad por las balas, en una de las peores masacres que se recuerden en la capital queretana y en uno de los hechos más violentos de lo que va del actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Luego de conocer la noticia, el señor Ricardo explica en entrevista con Animal Político que comenzaron a buscar a su sobrina Fátima Ramos, una joven de 25 años que estudiaba la licenciatura en Administración de Empresas, para asegurarse de que se encontraba bien.
Ese sábado 9 de noviembre cumplía años el padre de Fátima, un prominente activista pro movilidad de Querétaro que había fallecido víctima de una enfermedad pocos meses atrás, en marzo.
Fátima, dice su tío, se sentía “muy triste” ese sábado por el cumpleaños de su padre difunto, por lo que había invitado a una prima a salir para distraerse un rato. Ambas llegaron a eso de las ocho de la tarde al bar Cantaritos, en la avenida Circunvalación, a tan solo 15 minutos caminando del Palacio de Gobierno de la ciudad. En ese bar, rodeado de gimnasios concurridos, talleres mecánicos, y de otros bares, restaurantes, y billares, solo una hora después, llegó el grupo armado y sin mediar palabra entró al local y abrió fuego.
Tras el suceso, los familiares de Fátima comenzaron a buscarla. Pero del otro lado de su celular la joven no contestaba.
Muy pronto saltaron las alarmas.
“Cerca de las 3 de la madrugada nos avisaron de que Fátima estaba entre las víctimas del ataque”, dice Ricardo Ramos, su tío paterno.
“Sabíamos que era víctima, pero no a qué grado, por eso buscamos en el hospital. Teníamos la ilusión y la esperanza de que se hubieran equivocado”.
Sin embargo, poco después se confirmó que no se trataba de un error: Fátima era una de las 10 personas asesinadas la noche del sábado 9 de noviembre.
Junto a ella, yacían los cuerpos de Rodrigo García; Giovanni Arellano; Diego Tapia; Carlos Gómez; Jesús Alberto Arteaga; Fernando Núñez; Arturo Velazco; Angie Ascencio; y Berenice López. Todos eran jóvenes.
En la tarde del domingo, el alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías, salió públicamente en redes sociales a decir que el ataque al bar “fue dirigido contra delincuentes”, y que éste era producto de la violencia que se vive a nivel nacional.
Les comparto el siguiente mensaje sobre el trabajo, colaboración y medidas que estamos implementando para fortalecer la seguridad de Querétaro. pic.twitter.com/JZWrZY2CoR
— Felipe Fernando Macías (@FeliFerMacias) November 10, 2024
Ayer lunes, la presidenta Sheinbaum aseguró durante su conferencia ‘mañanera’ que hay una persona detenida por estos hechos y que en la balacera “iban a por una persona”. Mientras que, en la tarde, el vicefiscal de investigación científica y policial de Querétaro, Humberto Pérez González, señaló que “una de las víctimas pudiera estar vinculada a un grupo delictivo”.
Estas declaraciones molestaron a los familiares de las víctimas, porque consideran que criminalizan a todas las personas que fueron asesinadas la noche del sábado pasado, sin que, además, la Fiscalía del estado haya concluido una investigación fehaciente de lo sucedido y los motivos que desencadenaron la masacre.
“No se vale que las autoridades entren al juego de la ligereza, de decir que todos eran delincuentes. Yo no soy quién para decir quién sí era delincuente y quién no, pero se llenan rápido la boca diciendo ‘ah, es que eran delincuentes’. Poco faltó para que dijeran ‘se lo merecían’”, critica el tío de Fátima.
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“Ofende que digan que mi sobrina era delincuente cuando ni su padre, ni ella, se pasaban un alto en bicicleta, ni se metían en una calle en sentido contrario”, hace hincapié el hombre, que explica que su hermano José Luis Ramos Ortiz era un reconocido activista en pro de la movilidad ecológica y sostenible en Querétaro, y que su sobrina Fátima, que llevaba las redes sociales de la organización civil ‘Saca la Bici’, acababa de retomar los estudios tras dejarlos por un tiempo tras el fallecimiento de su padre.
“Su único pecado fue festejar el cumpleaños de mi hermano fallecido. Se sentía triste y por eso invitó a su prima a tomarse una cerveza. Pero ella no se drogaba, no se prostituía, no vendía drogas, nada de eso. A sus 25 años, era una niña de bien y de muchas ideas”.
“¿O de qué se trata? –se pregunta enojado el hombre durante la entrevista afuera de la casa funeraria donde se veló el cuerpo de la joven–, ¿de que ya no podemos ni salir a la calle? Somos millones de personas en este país que ya no podemos salir tranquilos a la calle. En este país nos estamos quedando solo los viejos, y los jóvenes están yéndose en hechos tan lamentables como este”.
Ricardo Ramos recuerda, además, que el ataque al bar Cantaritos “no fue en la madrugada”, sino a las 9 de la noche, “y no fue en una calle oscura, sino en una calle céntrica, comercial, con muchos negocios alrededor”.
“No se vale que una muchacha sana, una persona que su único pecado fue tratar de pasar un rato feliz con sus amigos y con una prima, acabe de esta manera. No se vale”, concluye el hombre entre sollozos.
Al mediodía de ayer, se realizó una misa en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario del Rayo, a unos 20 minutos en auto del lugar de los hechos, donde más familiares, amigos y amigas se acercaron para despedir entre aplausos a Fátima.
Al término del evento, familiares pidieron que se respetara la intimidad y el dolor de la familia de la joven.
“Solo pedimos que se haga justicia para Fátima y el resto de las víctimas”, se limitó a decir uno de los familiares que se acercó con los medios de comunicación.
“Exigimos que se haga justicia”, sentenció.
Luis Arroyo, padre de Josué e Ismael, relata a BBC Mundo la angustia de la desaparición de los menores y el proceso de reconocer sus cuerpos cuando fueron encontrados incinerados.
Es 2 de enero de 2025 y Luis Arroyo y su familia celebran en su casa en el barrio popular de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, el cumpleaños de su hija.
La niña cumple 9 años, pero el ambiente no es festivo. Hace días que no come, está triste. Extraña a sus hermanos mayores, Ismael y Josué, a quienes vio por última vez el 8 de diciembre.
Su papá se esfuerza para darle, aunque parezca un imposible, algo de normalidad. Compra un pollo asado y comen todos juntos.
Arroyo afirma que a ratos quisiera estar viviendo una pesadilla de la que va a despertar. “Pero no es una pesadilla, es real (…) me arrebataron a mis hijos de la peor forma”, dice en conversación telefónica con BBC Mundo.
Sólo horas antes había enterrado a Ismael (15) y Josué (14), cuyos cuerpos incinerados y con signos de tortura le tocó reconocer.
Sus hijos son dos de los “4 de Guayaquil”, los menores de edad ecuatorianos que fueron víctimas de una presunta desaparición forzada tras ser detenidos por miembros del ejército, un caso que ha conmocionado a Ecuador y que pone en entredicho la política de seguridad del gobierno y el papel que está teniendo el Ejército.
Además de Ismael y Josué, las otras víctimas son Nehemías Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11.
Los cuatro salieron a jugar fútbol el 8 de diciembre, pero nunca regresaron.
La noche del 8 de diciembre Luis Arroyo salió a comprar y cuando volvió a su casa, a eso de las 8:40 de la noche, le pareció raro que Ismael y Josué no hubiesen regresado.
“Como la luz se va acá a las 9 de la noche, antes de esa hora ellos siempre estaban en casa. Le pregunté a mi mujer: ‘¿Y los bebés?’. ‘Se fueron a jugar a la pelota, ya vienen’, me dice.
Entonces, pensé que debían de venir en camino. Pero no llegaban y luego me empecé a preocupar, los salí a buscar y no los encontraba. Yo decía: ‘¿Qué pasó? ¿ Dónde están’? En eso fueron pasando las horas y mi mujer recibió una llamada a las 10:40 de la noche”.
El padre de los adolescentes cuenta que un hombre que nunca se identificó contactó a su esposa para decirles que sus hijos habían sido detenidos por militares, que estaban desnudos y necesitaban ayuda, pero que él no podía protegerlos porque temía meterse en problemas.
“Y ahí me pasa a mi hijo Ismael, el mayor. Y me dice: ‘Papi, ven, sálvame que estamos por aquí en Taura [un barrio de Guayaquil], botados, los militares nos cogieron por supuestamente haber estado robando, pero nosotros no estábamos haciendo nada, papá, ven acá a rescatarnos por favor. Estoy asustado'”.
Luis Arroyo intentó calmarlo. “‘Hijo mío, quédate tranquilo, que yo ya te voy a rescatar’. Y ahí este sujeto le quitó el celular y dice: ‘Espérate que aquí viene pasando la mafia en una moto’. Y yo le digo que por el amor de dios no le haga nada a los niños, que tenga misericordia. Él me dice: ‘Tienes 45 minutos, una hora para venir a verlos (…) Si tu quieres a tus hijos, tienes que venirlos a ver ya'”.
El padre de los menores asegura que el hombre le envió su ubicación y efectivamente estaban a la altura del kilómetro 26 de Taura.
“Yo no tenía cómo movilizarme, yo no me iba a arriesgar a ir allá solo. Entonces corté la llamada y dije: ‘Mis hijos están secuestrados, dios mío santo protégelos’. Ahí llamé a un familiar para que reportara la novedad al cuartel de Taura y a los policías con la ubicación que yo le doy. Con la foto de este tipo y el número”.
“Pero cuando los policías llegan al punto no encuentran a nadie. Y ahí mi familiar coge y me llama y me dice: ‘Primo, no están los bebés’. Desesperado le corto la llamada y llamo a este sujeto de nuevo y le digo: ‘Barón, dios te bendiga, ¿por qué no entregastes a mis hijos si yo los mandé a ver? Y él me dijo, disculpe la mala palabra: ‘Eres como la verga porque me mandaste a la policía. Se ve que no quieres a tus hijos (…) vino la mafia como en 10 motos y se los llevó'”.
“Ahí me cortó la llamada y no supe nada más de mis hijos”.
No recibió una llamada, ni un mensaje. Se enteró por las redes sociales, en vísperas de Nochebuena, que cuatro cuerpos habían sido encontrados incinerados y con signos de tortura cerca de una base militar.
“Ahí nos pusimos mal, porque nosotros hasta ese día seguíamos orando, confiando en el señor… Pedíamos: ‘Que no sean nuestros hijos'”.
“Ellos los encontraron el martes y el viernes nos llamaron a nosotros desde criminalística para ir a dar unas características de nuestros hijos. Y ese mismo día hicimos una prueba de ADN”.
A esas alturas una jueza había solicitado que el caso se investigara como una presunta desaparición forzada y 16 militares fueron detenidos.
Pero fue el 31 de diciembre, cuando los familiares participaban de la audiencia de formalización de los 16 militares envueltos en la detención de los menores de edad, cuando tuvieron plena confirmación.
“Cuando se acabó la audiencia, el fiscal llegó donde nosotros, a la sala en la que estábamos reunidos. Vino con el otro fiscal de derechos humanos de Quito y preguntó: ‘¿Ya les dijeron?’
Y nosotros dijimos que no y él dijo: ‘Bueno, papitos, mamitas, yo les dije que yo iba a ser transparentes con ustedes, que no les iba a mentir en nada, y lamentablemente los cuerpos que fueron hallados en Taura sí son sus familiares, son sus hijos'”, recuerda Luis Arroyo.
“Eso fue horrible, ahí mi mujer casi se muere. Fue espantoso”.
La próxima parada sería la morgue.
“Yo vi a mis dos hijos, solamente les dejaron sus pies, debajo de los dedos, y como Ismael tenía sus callos, sus juanetes, de pie de futbolistas, (pude) distinguirlo por eso, porque la cabeza tampoco estaba. Al otro le habían dejado una manito, un dedito y su pelo, parte de su cráneo, y de la cara”.
“Mi esposa no quiso verlos, ella estaba enferma y la dejé en casa. Yo preferí que ella no los viera, pero ahí el papito del niño de 11 años, Steven, vio a su hijo también. Al chiquitito también yo lo vi, sus piececitos pequeños, pobrecito, me da mucha pena de ver todo lo que han hecho. Al niño Nehemías lo vio su tío, y él lo reconoció por los brackets y el pelito. Porque él estaba más completo que los otros”.
El padre de Ismael y Josué dice que como familia quiere pedir la exhumación de los cuerpos, pues aún no tienen la información completa de qué fue lo que pasó con ellos.
“Nosotros quisiéramos sacar los cuerpos y llevarlos internacionalmente a que les hagan el examen de ADN. En eso quisiéramos que nos ayuden, porque queremos justicia. Esto no se puede pasar por alto, eran cuatro niños indefensos, imagínese hacerles todo esto, con esta saña, con esta maldad”, dice.
“Ellos nos entregan los cuerpos pero no nos dicen de qué murieron, si fueron torturados, baleados, sacados sus órganos. Nos entregaron el esqueleto, en estado de descomposición, quemados totalmente, sin cabeza mi hijo, es algo aterrorizante. El forense de criminalística no nos ha dicho las causas, sólo nos hicieron llenar una ficha para poder retirar los cuerpos para darles cristiana sepultura”.
Luis Arroyo llegó este lunes hasta el cementerio Ángel María Canales con las medallas ganadas por su hijo Ismael en las competencias de fútbol colgadas en el cuello. Era un homenaje al que fue su sueño de toda la vida: convertirse en futbolista profesional.
“Mis hijos eran muy amorosos, amigueros, ellos no tenían problema con nadie”.
“Eran unos hijos excelentes, amaban a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Ellos siempre estaban dedicados a sus estudios, a la pelota. Nos decían: ‘Papá, mamá, yo voy a llegar a jugar fútbol profesional, voy a viajar por el mundo, te voy a comprar una casa, mamá… Yo los voy a sacar de aquí’. Ese era el sueño de mi hijo”.
“Y a mi otro hijo, Josué, a él le encantaba la pelota, pero le gustaba más el estudio. Y él también decía: ‘Mamá yo te voy a comprar una casa, yo te la voy a comprar primero que Ismael, ya vas a ver'”.
“Yo hacía un esfuerzo por verlos bien, porque ellos se sintieran bien, de pagarles sus estudios, que no les hiciera falta su comida. Todas las semanas llevaba a Ismael a jugar, porque él entrenaba de lunes a viernes y los días sábado y domingo le tocaba ir a jugar los partidos. Imagínese ahora, ¿a quién voy a llevar al fútbol? ¿Dónde dejo esos goles que yo disfruté con él? Mi hijo Josué…¿A quién voy a llevar al colegio? Con todo ese vacío que dejan en nosotros, en esta familia”.
“Yo los amo con mi vida, siempre los voy a tener en mi corazón a Ismael Arroyo y Josué Arroyo, son mi vida. Ellos están en un nuevo lugar, porque yo sé que dios los tiene arriba en el cielo, son unos angelitos, siempre los voy a amar y no voy a descansar hasta que se haga justicia. Eso sí yo se lo prometo, mis amores. Sus muertes no van a quedar impunes. Ellos eran todo para mí, eran mi motor, mi pieza fundamental”.
Arroyo sostiene que sus hijos fueron discriminados por su color de piel y que no son los primeros ni serán los últimos niños que desaparezcan ante la estrategia de seguridad militar del gobierno de Daniel Noboa.
“Esta es una mala estrategia por parte del gobierno: mandar a esta gente a matar a las calles, porque eso es lo que hacen, salir a matar… ¿En qué mundo estamos, en qué país estamos? El presidente apoya la sinvergüencería que hacen estos militares, tapando las cosas y discriminando a nuestros hijos, poniéndolos por los suelos”, critica.
“Ellos quieren dejar mal a nuestros hijos, quieren incriminarlos como terroristas, ladrones, delincuentes, cuando nuestros hijos jamás… Mis hijos no eran delincuentes, ellos tampoco estaban robando, no hay ninguna evidencia de que ellos hayan estado robando nada”, dice en alusión a lo que dijo inicialmente el Ministerio de Defensa sobre el caso, que sugirió que los menores habían estado involucrados en un robo antes de ser detenidos.
“El presidente los declaró héroes nacionales antes del 24 de diciembre y ahora él no se ha manifestado, no nos ha ayudado, nosotros no hemos recibido ninguna ayuda por parte del gobierno”, se queja.
Luis Arroyo dice sentir miedo y hace un llamado a las autoridades ecuatorianas a darles protección a él y a su familia. “Estoy aterrorizado con esto, quisiera salir corriendo de Ecuador. Nos sentimos solos, sin protección, pueden atentar contra nuestras vidas”.
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