Pueblo de Oaxaca entregó maíz olotón a empresa de EU, pero le dan a cambio sólo 1% de las ganancias
En el año 2015, las autoridades comunales de Totontepec Villa de Morelos, en Oaxaca, establecieron un acuerdo con la empresa estadounidense Mars Incorporated, que le permitió a dicha trasnacional extraer de México una especie autóctona de maíz conocida como “olotón”, con el objetivo de explotarla comercialmente.
Hoy, este tipo de maíz es presentado como el “santo grial” de la industria agroquímica mundial, ya que crece sin la necesidad de fertilizantes, pero el acuerdo establecido con esta comunidad indígena sólo le concede 1% de los beneficios comerciales generados, mientras que Mars Inc. (dueña de marcas como Snickers, Pedigree, Wiscas, Orbit, M&M y Milky Way) se reservó el restante 99% de las ganancias.
El contenido de este acuerdo, que durante los últimos nueve años ha sido ocultado tanto por las autoridades mexicanas como por la empresa Mars Inc., finalmente fue divulgado por una fuente anónima y analizado por un grupo de científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison, para los cuales, se trata de un convenio abusivo, con el que la trasnacional se apropió de recursos biológicos y de “conocimiento tradicional de comunidades adicionales [a Totontepec]”, es decir, de riquezas agrícolas y saberes ancestrales que en realidad le pertenecen a todos los pueblos indígenas de Oaxaca y otras regiones del sur del país.
Maíz olotón de origen mixe, un caso de biopiratería en México
Este caso de biopiratería inicialmente fue dado a conocer en noviembre de 2018 por Animal Político, luego de que los atributos especiales identificados en el maíz olotón fueron anunciados por la empresa Mars Inc. y por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aunque presentándolos como resultado de un acuerdo justo, que supuestamente aseguraba la “distribución equitativa de los beneficios” con el “aislado pueblo de la Sierra Mixe” que proporcionó el material biológico, es decir, con Totontepec, tal como la trasnacional afirmó en un boletin de prensa.
No obstante, el acuerdo firmado por Mars Inc. (a través de su filial BioN2) y las autoridades comunales de Totonepec, del que Animal Político también recibió una copia de forma anónima a finales de 2023, revela que esa supuesta “distribución equitativa” consistió, en realidad, en pactar la entrega de sólo “1% de los ingresos netos anuales que el usuario [Mars Inc.] obtenga por la venta de cada uno de los productos” generados a partir del maíz olotón.
Además, en el caso de los productos que no vengan directamente de este tipo de maíz, pero que hayan sido enriquecidos con sus “recursos genéticos o derivados”, este acuerdo establece que Totontepec no recibirá 1% de las ganancias netas obtenidas por su venta, sino que se calculará qué proporción de esas utilidades es producida por los recursos genéticos extraídos del olotón, y de esa fracción de los beneficios se dará 1% a la comunidad indígena.
Según lo establecido en este convenio, Mars Inc. no sólo obtuvo permiso para recolectar muestras biológicas del maíz de la Sierra Mixe y extraerlas de México con fines comerciales, sino que también se le autorizó explotar el “conocimiento tradicional” asociado al cultivo de este maíz en Totontepec, lo mismo que los “conocimientos tradicionales de origen no identificable”, es decir, “prácticas que no son específicamente atribuibles o confinadas a la comunidad de Totontepec Villa de Morelos”, sino que fueron generados por todas las comunidades indígenas de la región, las cuales, sin embargo, no fueron contempladas en el reparto de utilidades.
Gobierno de México avala acuerdo entre Mars y autoridad comunal por maíz mixe
Reportes oficiales obtenidos por Animal Político desde 2018 confirman que este convenio entre Mars Inc. y la comunidad de Totontepec fue avalado por el gobierno federal mexicano (encabezado en ese momento por Enrique Peña Nieto), con el argumento de que supuestamente cumplía con el Protocolo de Nagoya, el instrumento internacional que garantiza el reparto justo de las ganancias comerciales, que derivan de conocimientos generados y conservados por los pueblos indígenas del mundo. En este caso, no obstante, el Protocolo de Nagoya fue empleado para lograr lo contrario: un reparto inequitativo de dichos beneficios.
Tal como se desprende del reporte sobre las investigaciones realizadas por Mars Inc., que fue publicado en 2018 en la revista científica Plos, el acuerdo firmado con la comunidad de Totontepec fue sólo una pantalla, para simular que la extracción del maíz mixe hacia Estados Unidos había ocurrido siguiendo las normas nacionales e internacionales, ya que, para el momento de la firma, las muestras biológicas tenían varios años de haber sido extraídas de México, sin autorización alguna.
El caso del maíz olotón y su extracción de México ha sido estudiando desde 2020 por los científicos estadounidenses Jack Kloppenburg, Claudia Irene Calderón y Jean-Michel Ané, que en enero pasado presentaron los resultados de su investigación, en la revista científica Elementa. Estos especialistas documentaron que, en la actualidad, “se están cultivando, reproduciendo, multiplicando y evaluando líneas tipo olotón en parcelas de investigación en Chile, Hawaii, California y Wisconsin”, a través de las universidades Davis de California y la Universidad de Wisconsin-Madison, y “se está realizando un trabajo similar en otras universidades y empresas privadas”, según sus conclusiones.
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Esvin Juárez y Rosmeri Miranda-López fueron expulsados a Guatemala después de más de dos décadas de vivir en Florida. Los videos con los que sus hijos le piden ayuda al mandatario estadounidense cuentan con millones de visualizaciones.
Esvin Juárez y Rosmeri Miranda-López habían conseguido aquello con lo que muchos migrantes sueñan cuando dejan atrás su país.
Llegaron de Guatemala a Estados Unidos como novios hace 22 años. Se casaron, tuvieron cuatro hijos y se establecieron en Apopka, Florida, donde compraron una casa y levantaron una empresa cementera que hoy da empleo a 16 personas.
Sin embargo, haber cruzado la frontera de forma irregular nunca dejó de perseguirlos.
Y a pesar de años de esfuerzos por obtener el estatus legal, más recientemente con la solicitud para una visa U que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ya había determinado como legítima, este junio acabaron deportados y separados de sus hijos, quienes permanecen en territorio estadounidense.
“Tener aplicaciones de visa pendientes no impide la expulsión de EE.UU.”, le contestó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a BBC Mundo al ser consultado sobre este caso.
Es una historia particular que, sin embargo, se ha vuelto cada vez más recurrente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación en la historia”.
Y sobre todo desde que el arquitecto de sus políticas migratorias, el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, confirmara que estableció un mínimo 3.000 arrestos diarios de indocumentados como el objetivo a alcanzar.
A pesar del contexto, Beverly, la hija mayor de los Juárez que, a sus 21 años, se ha vuelto cabeza de familia, está lejos de tirar la toalla.
Junto a César (15 años), Josué (13) y Valery (9), ha protagonizado una serie de videos en los que pide ayuda al presidente con la deportación de sus padres y que cuentan con millones de visualizaciones en redes sociales.
“He aparcado mis sueños para hacerme cargo de mis hermanos y tratar de traer a mis padres de vuelta”, le dice a BBC Mundo.
Odisea legal
“Entiendo que nadie quiere violadores, asesinos, pedófilos en este país, pero esta es gente trabajadora, que aporta a la sociedad, paga sus impuestos y genera empleos”, le dice a BBC Mundo Grisel Ybarra, la abogada que representa a los Juárez desde 2021 en su cruzada por regularizarse en EE.UU.
Ybarra subraya que, tras haber ingresado de forma ilegal el 25 de mayo de 2003, “el único error” de sus clientes fue no haberse presentado a una primera cita ante un tribunal de migración.
Algo que no hicieron por “miedo y desconocimiento del proceso”, aclara.
“Cuando llegamos éramos apenas unos niños, yo con 19 años y mi (ahora) esposa sin haber ni siquiera cumplido los 17”, cuenta Esvin Juárez por teléfono desde Guatemala.
La Patrulla Fronteriza los interceptó nada más cruzar a Río Grande City, Texas, y los dejó libres con la condición de que compareciesen ante el juez local cuando fueran llamados a ello.
Pero la pareja siguió con su plan: ir a asentarse a la zona rural a 17 kilómetros noroeste de Orlando, en Florida, donde por aquel entonces vivían el padre y una hermana de él.
Así que cuando llegó la citación para la audiencia en Texas, ellos ya estaban a más de 2.000 kilómetros, en Apopka.
Como consecuencia de ello, el juez emitió una orden final de deportación contra ellos, algo confirmado a BBC Mundo por el DHS.
Los Juárez trataron de que su caso se reabriera y durante años recurrieron a recursos legales para retrasar su expulsión del país, presentándose religiosamente a sus citas en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Orlando, mientras buscaban la manera de regularizarse.
Visa para víctimas de crimen
Cuando en 2021 les comunicaron que no les iban a otorgar más aplazamientos en los procedimientos de deportación, Esvin y su hermano fueron víctimas de un atraco armado en el patio de su negocio de cemento.
“Una bala rebotó en el piso y por poco no le saca el ojo”, dice Ybarra, quien recuerda que aun así su cliente mostró reticencias a acudir a urgencias por si lo detenían.
La abogada le recomendó no solo ir al hospital, sino también reportar el incidente ante la policía.
Con la certificación policial de que su cliente colaboró en la investigación del caso –un documento que tardó años en llegar–, la letrada presentó en 2024 una solicitud para la visa U.
Creada por el Congreso con el objetivo de motivar a las víctimas a ayudar a las agencias del orden público en la investigación de crímenes sin temor a ser deportadas, el estatus no inmigrante U permite a sus beneficiarios y familiares vivir y trabajar en EE.UU. por hasta cuatro años, con posibilidad de extensiones.
Recién en diciembre los Juárez recibieron una notificación bona fide o “de buena fe” con la que USCIS, tras verificar antecedentes y evaluar si hay “riesgo de fraude o posibles amenazas para la seguridad nacional y pública”, determina que una solicitud es legítima.
Aunque es solo una revisión preliminar, posibilita la protección temporal contra la deportación mientras se espera la decisión final sobre la visa.
Así que el matrimonio esperaba que, por medio de una acción diferida, podrían seguir con sus vidas y sus trabajos en EE.UU.
Pero al tratarse esta de una discreción procesal —queda a discreción del funcionario de turno conceder el aplazamiento—, cuando el 30 de mayo acudieron a la oficina del ICE junto a la abogada, Esvin quedó detenido y sujeto a deportación.
Su esposa correría la misma suerte, siendo arrestada el 12 de junio y reuniéndose con él en Guatemala dos días después.
“Esvin Juárez es un inmigrante ilegal criminal de Guatemala. Mientras estuvo en EE.UU. fue hallado culpable de conducir bajo los efectos (del alcohol) y de poseer documentos falsificados”, le informó a BBC Mundo el DHS a través de un mensaje atribuible a la subsecretaria Tricia McLaughlin.
“Se le emitió una orden final de deportación en 2003, hace más de dos décadas. Agotó todos los recursos legales y no le quedan alivios legales por los que seguir luchando”, remarca el DHS, confirmando que un juez también ordenó la deportación de su esposa.
La abogada de Esvin subraya que las infracciones de tránsito mencionadas por el DHS ya las tuvo USCIS en cuenta al revisar los antecedentes -que no incluyen delitos graves- antes de emitir el primer visto bueno para la visa U. BBC Mundo pudo revisar tanto las cartas enviadas a USCIS como la determinación bona fide emitida por el organismo.
“La única base para la deportación de este matrimonio es haber entrado de forma ilegal a Estados Unidos y haber perdido la cita en la corte en 2003”, sostiene Ybarra.
A lo que añade que ingresar al país sin permiso por un lugar que no es designado puerto de entrada no es un crimen, sino un delito menor, por lo que no podría denominarse “criminal” a su cliente.
12 días para dejarlo todo atado
Desde que Trump regresara a la Casa Blanca en enero con la promesa de deportar a 11 millones de indocumentados, las detenciones se han multiplicado.
Estas han tenido lugar en calles, iglesias, escuelas, tribunales, centros urbanos y también en el campo.
Desde el inicio de las redadas, funcionarios del gobierno han insistido en que el blanco de las operaciones son criminales y aquellos que podrían constituir una amenaza para la seguridad pública.
Sin embargo, de acuerdo a un rastreador de datos, un número significativo de inmigrantes indocumentados detenidos no cuentan con antecedentes penales.
El Transactional Records Access Clearinghouse, un proyecto de la Universidad de Syracuse (Nueva York) que compila cifras de inmigración, estima que de las 51.302 personas que se encontraban en centros de detención de ICE para el 1 de junio, aproximadamente el 44% no tenía historial, más allá de haber ingresado a EE.UU. sin permiso.
“Lamentablemente, el de mis padres no es un caso único”, le dice a BBC Mundo Beverly Juárez, la hija mayor del matrimonio.
“¿Dónde está papá? ¿Por qué llevas esa tobillera?”, cuenta que le preguntó a su madre cuando la vio salir de la oficina de ICE con un grillete con GPS incorporado.
Le habían dado 12 días para arreglar todo lo necesario y regresar, con un boleto para volar a Guatemala “no más tarde del 14 de junio”, para ser oficialmente detenida y puesta en procedimiento de deportación.
Beverly recuerda aquellos días de “una locura absoluta”, en los que intentaron por todos los medios parar la deportación de su padre y, al no conseguirlo, se concentraron en hacer presión para traerlo de regreso mientras buscaban la manera de levantar la orden de expulsión de su madre.
Videos virales
Al tiempo que su abogada acudía al Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito, una corte federal, con una moción de emergencia de suspensión de deportación, los hermanos recurrieron a TikTok.
En la red social, una serie de videos en los que repiten formato —posando en fila en el jardín de su casa, mirando de frente mientras la primogénita lee a cámara, dirigiéndose al mandatario— acumulan millones de visualizaciones.
“Presidente Trump y secretaria (de Seguridad Nacional, Kristi) Noem, mi nombre es Beverly Juárez y esta es mi familia. Puede que no conozcan a mi padre, porque están muy ocupados, pero hoy queremos pedirles ayuda”, arranca diciendo uno que ya ha sido visto más de nueve millones de veces.
“Optamos por las redes sociales por su alcance, porque puedes llegar a un amplio rango de personas y conseguir apoyos de una forma más eficiente que acudiendo a despachos o haciendo llamadas y mandando correos electrónicos”, le explica a BBC Mundo.
Pero no todo ha sido virtual. También protestó frente a la oficina de ICE en Orlando el 13 de junio, en la víspera de la deportación de su madre, donde posteriormente habló ante los medios.
Representantes de organizaciones comunitarias como Hope CommUnity Center y la coalición Immigrants Are Welcome Here acompañaron a la familia y exigieron un alto a las deportaciones.
Y las congresistas estatales demócratas Anna V. Eskamani, Rita Harris y Johanna López también estuvieron presentes en el acto, en el que expresaron su apoyo y pidieron revisar los procesos de detención de inmigrantes con trámites migratorios activos.
La presión ciudadana suma, considera la abogada Ybarra, mientras se agota la vía legal, acudiendo de nuevo al tribunal federal para presentar una acción por presunta violación del debido proceso y “abuso de discrecionalidad”.
“Beverly nos salió toda una guerrera”, dice Esvin Juárez orgulloso desde Guatemala, donde dice sentirse arropado. Reunido con su mujer, están barajando cómo proceder “con cabeza fría”.
Su primogénita espera instrucciones en Apopka, mientras hace malabares para mantener a sus hermanos distraídos y con el ánimo alto, encargarse del papeleo y cumplir con sus crecientes obligaciones en la empresa de sus padres.
“Por suerte las vacaciones de verano me dan un respiro”, dice la joven, quien también cursa ingeniería mecánica en la Universidad de Florida Central (UCF).
Pero duda que tras el receso pueda retomar los estudios.
“Las clases son presenciales y la universidad me queda a una hora de casa. Así que no va a ser fácil seguir estudiando, mientras aprendo más sobre el negocio del cemento, ahora que me he convertido en una especie de madre de tres hijos”, reconoce.
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