Maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un plantón afuera del Congreso de Quintana Roo, en rechazo a la reforma a la ley general de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Los inconformes señalaron que el plantón es una medida adicional e independiente a la marcha programada para el próximo miércoles 26 de febrero en los 11 municipios de la entidad organizada por el SNTE; además del paro indefinido de labores convocado por el Comité Central de Lucha en Quintana Roo, conformado por maestros y trabajadores del sistema de salud en el estado que rechazan la reforma federal.
“Es independiente, aunque no formamos parte del Comité de Lucha, nosotros rechazamos absolutamente esta reforma, nosotros no nos espantamos por unas vallas, estamos en una manifestación pacífica. Nuestros compañeros de la CNTE a nivel nacional nos han convocado para tomar el Congreso de la Unión, y nosotros como Quintana Roo estaremos ahí, tomando el Congreso de la Unión”, dijo Aurora Moguel, representante de la CNTE en el estado.
La profesora destacó que no se trata de que “estén divididos” con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); sin embargo, la Coordinadora aseguró que no tendrán una postura flexible y aunque “no están de acuerdo con las prácticas de la dirigencia del Sindicato, defenderán la lucha con honor”.
Aurora Moguel advirtió que la CNTE en el estado no participará en los foros informativos convocados por la Secretaría de Educación en Quintana Roo en Cancún y Chetumal para el próximo sábado 1 de marzo, los cuales fueron anunciados en respuesta a las movilizaciones y paro de miembros de la SNTE.
“Nosotros no vamos a participar en esos foros porque no vamos a ser incongruentes. Desde aquí, desde nuestra casa Quintana Roo, les vamos a dejar claro que no estamos de acuerdo porque no solo afecta al magisterio, afecta a todos, policías, barrenderos, a todos los trabajadores del estado. La presidenta Claudia Sheinbaum ya sabe cuál es nuestra postura, nosotros no aceptamos ni una coma de la reforma, nosotros queremos que se deroguen las reformas que iniciaron con Peña Nieto, continuaron con López Obrador y esta de 2025”, advirtió.
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La marcha en los 11 municipios de Quintana Roo está programada para el miércoles 26 de febrero a las 9 de la mañana. Mientras tanto, la Secretaría de Educación estatal anunció los foros informativos en Cancún y Chetumal.
La nueva reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) busca que el Fondo para la vivienda del instituto (Fovissste) pueda adquirir, rehabilitar y construir vivienda, y que la pueda vender o rentar a trabajadores y pensionados.
También, se le atribuye al Fovissste la capacidad para comprar terrenos destinados a formar unidades habitacionales en zonas urbanas y que los recursos que obtenga a partir de rentas y mensualidades se destinen a los mismos programas de vivienda.
Además, establece un nuevo procedimiento de cálculo de cuotas y aportaciones al ISSSTE. Actualmente este se hace basado en el sueldo base del trabajador, pero las modificaciones a la reforma establecen que si el salario supera el equivalente a 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales, el cálculo se hará sobre el salario integrado.
Las críticas a la nueva reforma a la Ley del ISSSTE se concentran principalmente en este último punto. Por ejemplo, el senador Mario Vázquez Robles, del PAN, aseguró que esta modificación incrementará las cuotas laborales hasta tres veces más. En el mismo sentido, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en Chihuahua, Alfredo Chávez, declaró que la reforma afectará directamente a 1.5 millones de empleados federales, principalmente maestros.
Al respecto, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, declaró en un comunicado de prensa que las cuotas del ISSSTE no incrementarán para los trabajadores de base.
“Que sí aportemos quienes tenemos cargos de elección popular, desde la Presidenta de la República -que está de acuerdo-, los gobernadores, los mandos medios, el personal de confianza, los legisladores de todos los niveles: diputados, senadores, diputados locales; regidores, síndicos y demás que reciban un sueldo superior a 10 UMAS, pero el personal de base, los maestros de base, los maestros que están en las escuelas, en los Tecnológicos, en el Politécnico, en Educación Media Superior no se verán afectados”, dijo el pasado 21 de febrero.
En cuanto al resto de demandas, señaló que se han instalado mesas entre el SNTE y la Secretaría de Educación Pública para abatir el rezago que existe en la resolución de problemas.
Un hotel de lujo en la capital panameña se transformó en un sitio de “custodia temporal” para 299 migrantes deportados desde EE.UU. Muchos piden auxilio por las ventanas, incluidos niños.
“Por favor, ayúdennos”, dice el mensaje escrito en un trozo de papel que dos niñas muestran a través de la ventana de una habitación del lujoso hotel Decápolis, en Ciudad de Panamá.
Un hotel que ofrece a sus clientes habitaciones con vistas al mar, dos exclusivos restaurantes, piscina, spa, transporte privado, pero que de pronto se transformó en un centro de “custodia temporal” que alberga a 299 migrantes deportados desde EE.UU., según informó el martes el gobierno de Panamá.
Algunos migrantes levantan los brazos y los cruzan a la altura de las muñecas como tratando de decir que se encuentran privados de libertad. Otros cuelgan pequeños carteles con mensajes como “no estamos seguros en nuestro país”.
En un día normal, los turistas podrían entrar y salir del hotel sin ningún inconveniente, pero bajo las actuales circunstancias, con miembros del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá fuertemente armados custodiando el exterior y estrictas medidas de seguridad en el interior, el edificio parece más un improvisado búnker que un centro vacacional.
Desde la calle, se ven perchas con ropa lavada colgadas en la ventana. Una de las prendas es una camiseta amarilla de basketball con el número 24 de los Lakers, la que vestía el legendario jugador Kobe Bryant.
En otra, un grupo de adultos y tres niños levantan un brazo con el dedo pulgar metido en la palma, haciendo un gesto de auxilio internacional utilizado por quienes se sienten amenazados. En el vidrio está escrito con letras rojas la frase help us (“ayúdennos”).
Y un poco más allá, dos menores de edad con el rostro cubierto sostienen contra el vidrio unas hojas con el mensaje: “Por favor, salva a las niñas afganas”.
Estos migrantes, enviados por el gobierno de Donald Trump como parte de su política de deportación de personas indocumentadas, llegaron a Panamá en tres vuelos la semana pasada, luego de que el gobierno del presidente José Raúl Mulino aceptara convertirse en un país “puente” para los deportados en tránsito hacia otros países.
Sin embargo, de los 299 migrantes -entre los cuales hay ciudadanos provenientes de India, China, Uzbekistán, Irán, Vietnam, Turquía, Nepal, Pakistán, Afganistán y Sri Lanka que viajaron en el primero de los tres vuelos-, solo 171 aceptaron regresar a sus naciones.
Los otros 128 migrantes que no desean ser enviados de regreso a su país de origen enfrentan, al menos hasta ahora, un destino incierto.
Según informaron las autoridades panameñas, este grupo será trasladado a un campamento en la provincia del Darién, que ha servido hasta el momento para recibir temporalmente a los migrantes irregulares que cruzaban la selva con destino a EE.UU.
Una mujer iraní que vive en Panamá hace años le dijo a BBC Mundo que estuvo en contacto con uno de los migrantes dentro del hotel Decápolis y describió que están “aterrados” por la posibilidad de que los lleven a Irán.
A través de un celular escondido, dado que no les permiten tener ningún contacto con el exterior del hotel, el migrante le contó a la mujer que hay “varios menores atrapados” allí, que les han negado tener un abogado y que no les dejan salir del cuarto ni siquiera para comer.
La mujer fue hasta el hotel para ofrecer su ayuda como traductora de farsi a español, pero le dijeron que ya tenían uno, algo que según su conversación con el migrante dentro del hotel no era cierto.
BBC Mundo se puso en contacto con el hotel Decápolis para indagar sobre las condiciones en las que se encuentran los migrantes, pero no accedieron a responder preguntas.
Después de que la historia de los deportados fuera dada a conocer el martes en la prensa, se extremaron las medidas de seguridad bajo las que permanecen los migrantes y les cortaron el acceso a internet, dijo la mujer iraní.
Un video que circula en redes sociales desde el fin de semana muestra a una de las migrantes relatando en farsi que fueron detenidos luego de cruzar la frontera hacia Estados Unidos y que les informaron que serían trasladados a Texas, pero terminaron en Panamá.
La mujer en el video insistía que sus vidas corren peligro en caso de regresar a Irán por las posibles represalias que podría tomar el gobierno de ese país.
Su intención, dice, es pedir asilo político.
Un asilo político difícil de obtener sin acceso a un abogado. Más difícil aún cuando el gobierno panameño anunció que no ha ofrecido ni ofrecerá esa protección a los deportados.
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, informó este martes que los migrantes están de manera transitoria en ese país. El funcionario rechazó que los extranjeros estén en condición de detención y añadió que están bajo protección de las autoridades panameñas.
“Lo que acordamos con el gobierno de EE.UU. es que ellos quedan y están bajo la custodia temporal nuestra para su protección”.
Preguntado sobre la imposibilidad de salir del hotel, Ábrego respondió que se trata de una medida de prevención y añadió que su gobierno debe garantizar la seguridad y la paz de los panameños.
Y advirtió que aquellos migrantes que no desean regresar a su nación de origen, deberán elegir un tercer país.
En ese caso, relató, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) serán los responsables de su repatriación.
Panamá, dijo Ábrego, “recibió a estos señores migrantes, les dimos la acogida en un hotel de la localidad, en el hotel Decápolis, pues es el que tiene en este momento la capacidad de recibirlos”.
El jefe de la Seguridad Pública también informó que “no se espera la llegada de más migrantes” porque no se han acordado más vuelos de este tipo.
Panamá aceptó ser un país “puente” para las deportaciones después de la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, al país centroamericano en medio de las tensiones por las amenazas de Trump para “recuperar” la soberanía del Canal de Panamá.
Según han informado las autoridades panameñas, parte del acuerdo consiste en que Panamá facilitará la pista de aterrizaje y los albergues de las zonas urbanas de la provincia de Darién, donde está la peligrosa selva que atraviesan los migrantes rumbo a EE.UU., para que los migrantes deportados transiten hacia su destino final.
Un portavoz de la OIM le dijo a BBC Mundo que la organización está encargada de “brindar apoyo esencial” a las personas deportadas desde EE.UU.
“Estamos trabajando con funcionarios locales para ayudar a los afectados, apoyando el retorno voluntario de quienes lo solicitan e identificando alternativas seguras para otros”, apuntó.
“Si bien no tenemos una participación directa en la detención o restricción de movimiento de personas, estamos comprometidos a garantizar que todos los migrantes sean tratados con dignidad y de acuerdo con las normas internacionales”.
Muzaffar Chishti, investigador principal del centro de estudios Instituto de Política Migratoria en Estados Unidos, comentó que muchos de los deportados provienen de naciones conocidas como países “recalcitrantes”; es decir, países que no colaboran o no están abiertos a aceptar el regreso de nacionales deportados de EE.UU.
“Eso implica constantes negociaciones diplomáticas con esos gobiernos”, dijo en diálogo con BBC Mundo.
“Al enviarlos a Panamá, Estados Unidos sale de la foto”, agregó. “Es un dolor de cabeza para Panamá hacerse cargo de esas negociaciones y ver cómo hacer para que esos países acepten recibirlos de nuevo”.
Una de las grandes preguntas en este momento se refiere a cuál será el futuro de los 128 migrantes que no desean volver a su país de origen porque temen represalias.
Esta semana se espera que llegue un vuelo con deportados desde EE.UU. a Costa Rica, otro país centroamericano que ha hecho un acuerdo con la Casa Blanca para convertirse en “puente” en el camino de los migrantes hacia un destino incierto.
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