Liberan espacios donde se vendía marihuana en CDMX; gobierno plantea nuevas zonas para consumo lúdico
El gobierno de la Ciudad de México informó que se han iniciado acciones para recuperar espacios públicos que fueron “tolerados” para el consumo lúdico de cannabis, y que actualmente presentan venta de droga y condiciones de inseguridad.
Entre los espacios recuperados está la Estela de Luz y el Monumento a la Madre y se tienen previstas acciones a corto plazo en Metro Hidalgo, Pino Suárez, Avenida Juárez y el entorno del Senado de la República.
En una tarjeta informativa indicó que el consumo lúdico de cannabis continuará siendo tolerado en la ciudad, pero en condiciones de orden y seguridad, por lo que se trabaja con colectivos para definir un nuevo espacio.
Se plantea que los nuevos espacios sean fuera del paso peatonal y evite la afectación a terceros, que sea común para todas las personas usuarias, con reglas claras y sin presencia de vendedores.
Gobierno de CDMX mantiene diálogo abierto
Asimismo, el gobierno capitalino dijo ser sensible ante las afectaciones que esta situación ha generado en los comercios, oficinas y viviendas cercanas y por ello, se trabaja de la mano con todas las partes para encontrar una alternativa viable y sostenible.
“Buscamos soluciones que no coarten las libertades, sino que fortalezcan el derecho a la ciudad para todas y todos”, añadió.
Finalmente indicó que la Secretaría de Gobierno mantiene el diálogo abierto con los grupos involucrados y refrenda su compromiso con las libertades, el orden y la convivencia en el espacio público.
Prohibir uso lúdico de la marihuana es inconstitucional: SCJN
Desde el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que prohibir el uso lúdico o recreativo de la marihuana en México es inconstitucional, pues afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto luego de que se presentaran una serie de amparos por parte de ciudadanos.
Ante esta resolución, la SCJN exhortó al Congreso de la Unión legislar en materia de consumo recreativo; sin embargo, hasta ahora no ha ocurrido.
Ante este vacío legal, organizaciones como Movimiento Cannábico Mexicano señalan que las personas usuarias de cannabis siguen siendo discriminadas y criminalizadas, por lo que exigen el reconocimiento legal del cultivo privado personal o asociado, sin fines de comercio; la eliminación del delito de posesión para uso personal y la regulación del uso público, tal como se hace con el alcohol y el tabaco.
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La organización atribuye su salida a la “persecución” del gobierno de Bukele y seguirá operando desde sus sedes en Guatemala y Honduras.
Cristosal, la principal organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos en El Salvador, anunció este jueves que abandona el país centroamericano.
La decisión llega después de que en mayo su directora de anticorrupción y justicia, Ruth López, fuera arrestada por cargos de corrupción, en un proceso que ha sido cuestionado por organismos internacionales.
“Tras 25 años de trabajo en El Salvador, suspendemos operaciones en el país ante la escalada de criminalización”, publicó Cristosal, fundada en 2001 por obispos anglicanos, en la red social X.
En un comunicado, también atribuyó su marcha a “la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) y la débil independencia institucional” en el país presidido por Nayib Bukele.
Dicha ley, impulsada por el propio presidente y vigente desde junio, exige a personas u organizaciones que reciban financiamiento extranjero pagar un impuesto del 30 % por esas transacciones y les prohíbe llevar a cabo actividades políticas.
Cristosal agregó que su labor continúa, “reorganizada y comprometida, desde Guatemala y Honduras”, países donde también trabaja desde hace años y cuenta con sedes.
BBC Mundo solicitó una reacción al gobierno de Bukele a través de la encargada de prensa para medios internacionales de la Presidencia, pero no tuvo respuesta hasta el momento de publicar esta nota.
Sin embargo, a raíz de los señalamientos, el 1 de junio, durante su discurso anual ante la nación, el mandatario se dirigió a los medios y les dijo: “¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños por la calle”.
Y así pasó a destacar una vez más sus logros en seguridad, los que le han granjeado un arrollador respaldo entre la población, tal como lo siguen mostrando las encuestas.
La denuncia al gobierno de Bukele
Cristosal acusa en su comunicado al gobierno de Bukele de haber “desmantelado los principios básicos de la democracia”.
“Bajo un estado de excepción permanente y con control absoluto de todas las instituciones, El Salvador ha dejado de ser un Estado de derecho. Expresar una opinión o exigir derechos básicos hoy puede costar la cárcel”, denunció Cristosal.
La ONG cristiana asegura haber enfrentado “acoso legal y administrativo, espionaje, vigilancia de sus actividades y hogares, así como campañas de difamación” bajo la administración de Bukele, que gobierna desde junio de 2019.
También alegó que Ruth López “está presa por exigir transparencia y denunciar la corrupción” y su encarcelamiento es “parte de una estrategia de castigo ejemplar para intimidar” a la disidencia.
Por último, explicó que se marcha de El Salvador para proteger a sus trabajadores y garantizar la continuidad de su trabajo y misión.
Como principal organización de derechos humanos de El Salvador, Cristosal asegura haber estado sometida a una creciente presión por parte del gobierno de Bukele, que culminó con la detención de López.
López permanece en prisión preventiva, acusada de peculado o malversación de fondos públicos en su anterior etapa en el Tribunal Supremo Electoral y durante la administración del anterior presidente, Salvador Sánchez Cerén.
Los arrestos de Ruth López y otros activistas, la salida del país de 40 periodistas y más de una decena de defensores de derechos humanos, y la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros han hecho que organismos nacionales e internacionales adviertan de una escalada autoritaria en la nación centroamericana.
Un punto de inflexión en la presión sobre las voces críticas que, según los especialistas consultados por BBC Mundo, tendría que ver con que Bukele se siente respaldado por su alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no solo lo ha alabado sino que lo ha vuelto “imprescindible” para su propia política de deportaciones.
“Cree, con razón, que no va a tener ninguna crítica por parte de esta administración, como sí la tuvo de la de Biden”, le aseguró a BBC Mundo Enrique Roig, quien fuera subsecretario asistente de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE.UU., al ser entrevistado para otro reportaje sobre este mismo tema.
Ni la Fiscalía ni Presidencia han contestado a las numerosas solicitudes de entrevista de BBC Mundo hasta el momento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de los organismos que ha mostrado preocupación por el actual contexto de El Salvador.
“Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles”, ha dicho la entidad, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El régimen de excepción
Bukele gobierna desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción, que le permite aplicar medidas extraordinarias que impliquen la suspensión temporal de derechos fundamentales de los ciudadanos.
En este tiempo El Salvador ha pasado de ser uno de los países más inseguros y violentos de América Latina a uno de los más seguros, desde los 38 homicidios por cada 100.000 habitantes de 2019 hasta 1,9 el año pasado, según datos oficiales.
En ese proceso, también se convirtió en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.
Bukele mantiene una alta popularidad entre los salvadoreños, por encima del 80% según la mayoría de sondeos, que sin embargo también denotan cierta preocupación por la deriva del derecho a la libre expresión.
Una encuesta reciente del Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) le otorga una nota del 8,15 sobre 10, aunque también apunta a que casi seis de cada diez salvadoreños temen sufrir represalias si critican al gobierno.
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