Liberan a 6 de 11 detenidos por el ataque al bar “Bling Bling” en Cuautitlán Izcalli, Edomex
Seis de las 11 personas detenidas por su probable participación en el ataque al bar “Bling Bling” en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, en el que fallecieron seis personas y siete más resultaron heridas, fueron liberadas.
En tanto, un juez determinará la situación jurídica del resto de los detenidos dentro de las próximas 48 horas.
Las personas sospechosas fueron detenidas en flagrancia, principalmente por presuntos delitos contra la salud, tras un intenso operativo desplegado en el pueblo de San Francisco Tepojaco, donde ocurrió el ataque la noche del domingo 10 de noviembre.
En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ), la Secretaría de Seguridad estatal, Sedena y Marina.
Familiares exigieron su liberación con protesta
Familiares y amigos de los detenidos protestaron el pasado martes frente a la Fiscalía de Justicia de Cuautitlán Izcalli para exigir su liberación e impedir su traslado. La manifestación es en contra de las detenciones que, según aseguraron, se realizaron sin una investigación previa.
También señalaron que algunos de los detenidos son supuestos familiares directos de las víctimas y que fueron aprehendidos tras asistir a su funeral.
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Hasta el momento las autoridades del Estado de México no se han pronunciado al respecto.
Los familiares de los cinco detenidos restantes permanecen en Toluca frente a la sede de la Fiscalía de Asuntos Especiales en espera de información.
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La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
Según la reforma, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
Las enmiendas
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
Otra de las enmiendas propuestas permitirá cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitará aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
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