A pesar de algunas resistencias en los Congreso locales, la llamada Ley Malena ha sido aprobada en 13 estados y se espera su próxima discusión en tres más. Esta ley se verbalizó con un nombre propio, el de María Elena Ríos, quien sufrió un intento de feminicidio cuando le arrojaron ácido en 2019.

Su familia y amigos le dicen Male o Malena y para ella, que esta ley lleve su nombre es un recordatorio de quién es, de su historia.

El objetivo de esta ley es reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal para considerar la violencia ácida como tentativa de feminicidio y mayores penas para los agresores, que van de los 25 a los 40 años de prisión.

Lee: Saxofonista María Elena Ríos alerta riesgo de fuga de su presunto agresor, fue excarcelado por revisión médica, dice Poder Judicial

Su lucha por lograr estos cambios legislativos no los ha hecho sola, otras víctimas de la violencia ácida también los han impulsado: Carmen Sánchez, Esmeralda Millán, Elisa Xolalpa, Ana Saldaña, María López, Leslie Moreno, Gloria Hernández, Yazmín Hernández, por nombrar a algunas.

La sentencia fue por el delito de feminicidio en grado de tentativa y es la primera en su tipo en México y América Latina. Carmen la describió como una pena histórica que deberá ser tomada de referente por jueces y juezas para castigar estos crímenes de extrema violencia.

La primera denuncia por violencia ácida de la que se tiene registro la interpuso María López, una mujer que sobrevivió a una tentativa de feminicidio en 1988 en la Ciudad de México.

La Ley Malena ha avanzado en Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Baja California, Guerrero, Colima, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León y Sinaloa, que han tipificado estas agresiones bajo la figura de violencia ácida.

En Morelos, Baja California Sur, Durango y Zacatecas se espera que a inicios del 2025 se discuta y vote la iniciativa de reforma. En el resto de los estados todavía no se describen sanciones o penas específicas para este delito en el Código Penal.

De acuerdo con María Elena Ríos, la falta de tipificación de los ataques con ácido impide que las mujeres sobrevivientes obtengan justicia y reparación del daño, y que los agresores sean sancionados.

Para la activista, uno de los pendientes es su aprobación en el resto de los estados, la reforma a nivel federal y que en algunas legislaciones se incluya a las mujeres trans, quienes también son víctimas de este delito, e incluso, que se estipulen sanciones para los funcionarios que obstaculicen la justicia. Para ella es muy importante que cada Congreso local la adapte de acuerdo con sus contextos y a su carácter cultural, por ejemplo, en Oaxaca ya hay pláticas de que también se reforme a favor de mujeres diversas como las muxes.

Esta ley protege a grupos vulnerables como mujeres e infancias, adultas mayores y mujeres con alguna discapacidad. En su elaboración participaron algunas víctimas, médicos, personal de las fiscalías, abogadas y académicas.

También obliga a las autoridades de Salud a reportar ante el Ministerio Público estas agresiones y contar con un registro oficial sobre los ataques con ácidos u otras sustancias.

Puebla fue el primer estado en el país en tipificar este delito como tentativa de feminicidio y quienes agredan a las mujeres con sustancias corrosivas pueden ser castigados con hasta 40 años de prisión, la pena más alta.

En Oaxaca la legislación contempla penas de 20 a 30 años e incrementa si hay una relación de parentesco, concubinato, noviazgo, laboral o docente. También aumenta si hay una destrucción de cualquier función orgánica, deformidad, daño permanente o haya pérdida parcial o total incorregible.

En Ciudad de México se tipificó el delito de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas, que causen daños a la integridad de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, personas transgénero, transexuales y con discapacidad.

Los daños causados por este tipo de violencia serán considerados un delito autónomo, sancionado con penas de 8 a 12 años de prisión, así como multas de 300 a 700 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA), y de 11 a 46 años de cárcel cuando las lesiones sean consideradas en grado de tentativa de feminicidio. La pena aumentará hasta en una mitad cuando sea cometida por razones de género, cause incapacidad, deformidad o pérdida de oído, vista o habla, cause alteración o daño en el aparato genital.

En Baja California la violencia ácida se castiga con siete a 13 años más una multa de casi 50 mil pesos. Es aplicable para todas las mujeres en su diversidad. Se agrava la pena cuando la víctima sea niña, adolescente, indígena, persona adulta mayor, con discapacidad o embarazada.

Mientras que Guerrero contempla hasta 30 años de prisión para el responsable de este delito. Se consideran agravantes el daño permanente a un órgano o extremidad del cuerpo, cuando se comenta en contra de personas en situación de calle o en contra de una persona por su identidad de género y orientación sexual.

Colima establece penas que podrían alcanzar los 33 años de cárcel. Protege a mujeres, niñas y niños, adolescentes, personas con discapacidad y mujeres trans. Como el resto de los estados, contempla un registro de víctimas a cargo de la Secretaría de Salud.

En Veracruz se impondrán de ocho a 12 años de prisión y multa de 300 a 700 veces el valor de la UMA. Será considerado tentativa de feminicidio cuando las lesiones cometidas contra la mujer provoquen resección parcial o total de las mamas, alteración en el aparato genital, en las funciones de reproducción sexual o atente contra el ejercicio de la autonomía sexual, cause alguna deformidad o daño físico permanente en algún órgano interno, externo o en ambos, provoque daños a extremidades, entorpezca, debilite u ocasione la pérdida parcial o total del oído, vista, habla, o incapacidad permanente para trabajar. El ataque se valorará en razón de género.

Con su aprobación, Campeche reconoce la violencia ácida y la considera como feminicidio en grado de tentativa castigando el delito con hasta con 33 años de prisión al responsable; protege también a mujeres trans.

También lee: Violencia ácida: el reclamo por lograr justicia frente a una de las agresiones más extremas contra las mujeres

En tanto, en Quintana Roo, la nueva legislación establece 50 años de cárcel para el agresor si la víctima fallece por violencia ácida. Si la persona sobrevive el delito se clasifica como tentativa de feminicidio, con penas que pueden alcanzar hasta los 30 años. Su ley estipula sanciones severas para los funcionarios públicos que obstaculicen el proceso de justicia en estos casos, incluyendo multas, destitución y hasta cinco años de prisión.

En Hidalgo la ley también en conocida como Ley Leslie por la lucha de Leslie Moreno en la entidad y a quien le arrojaron ácido en 2015; su caso hasta la fecha sigue impune. La reforma al Código Penal castiga hasta con 32 años de prisión los ataques con sustancias químicas o corrosivas.

En Nayarit, Nuevo León y Sinaloa la violencia ácida puede alcanzar los 18 años de prisión bajo el delito de lesiones; sin embargo, su reforma no avanzó para tipificarla como tentativa de feminicidio.

Aguascalientes y el Estado de México consideran los ataques con ácido sólo como un agravante del delito de lesiones. Mientras que Jalisco tipifica como delito autónomo las lesiones con ácido, sustancias químicas corrosivas o cáusticas.

“No quieren sobrevivientes, quieren víctimas”

Una de las resistencias que más enfrentaron en los Congresos, cuenta Elena Ríos, es que como no hay registros oficiales, argumentaban que se trataban de “casos aislados” o no se quería reformar la ley bajo el argumento que de no había antecedentes en la entidad; o bien, solo se quería considerar el intento de feminicidio si la persona injería el ácido.

Otras resistencias están relacionadas con la “figura de víctima”, ya que al ser sobrevivientes pedían que solo se añadiera el término de violencia ácida y se siguiera clasificando como lesiones.

En entrevista, la activista asegura que también hay resistencias a nivel cultural y social ya “que no se les permite a las víctimas que mejoren”.

En ese sentido ella ha enfrentado cuestionamientos por regresar a estudiar, ir al gimnasio, tocar el saxofón en eventos públicos y masivos o simplemente seguir con su vida.

Esto, dice, lo aprovechan las defensas de los agresores para argumentar que la persona está viva y bien “que no fue para tanto”, e intentan reclasificar el delito a lesiones simples que no pusieron en riesgo la vida.

Sin embargo, algunas mujeres han perdido sus córneas, una oreja o les han amputado alguna parte de su cuerpo, incluso por el mismo dolor de las quemaduras les puede dar un paro cardiaco. La mayoría de las sobrevivientes se tienen que enfrentar a múltiples cirugías e injertos de piel a lo largo su vida, poniéndose nuevamente en riesgo y reviviendo el dolor una y otra vez.

Ahora, con la reforma se tipificó que cuando este tipo de quemaduras provoque una amputación de algún órgano, aun cuando sea de 15 centímetros, ya es tentativa de feminicidio. “La piel es un órgano, el más grande del cuerpo, y en los foros a mí me sorprendió que esto las autoridades no lo supieran”.

Te puede interesar: Retomar la vida tras un ataque con ácido, el largo y difícil proceso para la recuperación

Para María Elena, tanto el Estado y parte de la sociedad no quieren sobrevivientes, quieren víctimas y son criticadas por convertirse en activistas y seguir con su vida.

“Claro que nos duele, pero seguimos de pie, recuperando y luchando. ¿Qué quieren, vernos en cama y deprimidas? El Estado y parte de la sociedad no quieren sobrevivientes, quieren víctimas, romantizar a esa víctima que se la pasa sufriendo y llorando, la mártir. Nosotras somos sobrevivientes de un intento de feminicidio y tenemos todo el derecho de vivir”, asegura.

“Decidimos ser valientes, sí, que pena que tuvimos que haber sido valientes y no libres y no felices. Nos están matando, cómo no vamos a luchar, cómo no vamos a querer que las cosas cambien, proteger a próximas generaciones y que no se enfrenten a una legislación vacía, a violencia institucional, a Ministerios Públicos revictimizantes, al pacto patriarcal”.

Malena tiene 31 años, pero ante la falta de justicia dice que en muchas ocasiones se siente estancada en sus 26, la edad que tenía cuando intentaron matarla.

“Cuando yo tenga justicia y una sentencia condenatoria contra mis agresores entonces van a empezar a correr mis 26”, señala.

Cuenta que a veces, mientras está en la calle, continúa con ese miedo de que en algún momento alguien le arroje ácido y sigue con pesadillas de que la atacan.

“La ley es muy bonita, pero nos topamos con el Poder Judicial”

La comunicóloga y estudiante de música considera que se trató de plantear una ley lo más completa posible, aunque siempre es perfectible.

“En teoría, la ley es muy bonita porque sí es muy completa, pero pues acá el problema es que nos topamos con un Poder Judicial que no tiene perspectiva de género, capacitación, y su aplicación es muy importante”.

Ejemplificó lo que pasó con el caso de Diego “N”, quien recientemente fue absuelto de cometer el delito contra la intimidad sexual a dos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El exestudiante fue enjuiciado por el uso de inteligencia artificial al alterar fotografías y comercializarlas sin consentimiento de las víctimas, pero el juez Francisco Salazar Silva determinó que no había elementos suficientes para acreditar su responsabilidad.

Las alumnas del IPN señalaron que esta sentencia no es justicia, sino complicidad. Al respecto, María Elena Ríos dijo que, con ello, desde el Poder Judicial, también se mandó un mensaje “bastante amenazante y preocupante, sobre todo para las mujeres”.  

La ley Malena es “un pedazo de justicia”

Para Malena, que una ley en México lleve su nombre es a su vez, “un pedazo de justicia”, aunque también considera que ninguna ley de esta índole tendría que ser necesaria.

“Para nada es ego, es recordarme quién soy, recordar mi nombre, mi lucha y también las de mis compañeras sobrevivientes. No he tenido esa justicia penal, pero yo creo que hay otro tipo de justicia, que es la social”, expresa.

“Ahora las leyes se verbalizan con un nombre, que lástima que tuvieron que bautizarse con un nombre porque a una mujer le pasó un intento de feminicidio con ácido. Es una forma de socializar una violencia, de visibilizarla”.

“Agradezco que le pongan mi nombre, pero se trata de una lucha colectiva de muchas mujeres que hemos sido agredidas de la misma manera”, insiste.

Como la ley no es retroactiva no le beneficia a ella ni a otras sobrevivientes que tienen procesos abiertos, pero sí es clave para proteger a otras víctimas, a otras generaciones.

Por ello, hizo un llamado a todos los Congresos del país para que aprueben esta reforma y se hagan a un lado las “posturas y vanidades políticas”.

A María Elena la gente la nombra como activista por su lucha por la defensa de las mujeres ante distintos tipos de violencia y aunque no sabe exactamente cuándo se convirtió en una activista, asume ese papel con orgullo, sobre todo porque creció rodeada y admirando a muchos en su natal Oaxaca.

Su lucha por obtener justicia continúa ya que su agresor, el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, ha intentado evadir la justicia a través de amparos y sigue sin una sentencia condenatoria. Su hijo, Juan Antonio Vera Hernández sigue prófugo.