Erika le canta una canción de cuna al cuerpo inerte de su hijo, Brando de 27 años, dentro del coche donde dos disparos de la Policía Municipal de Lerdo de Tejada en Veracruz le arrebataron la vida. A unos metros, dos patrullas aun despiden humo tras ser quemadas por los pobladores, enardecidos por el asesinato del joven. También incendiaron el Palacio Municipal.
Delfino, papá de Brando, abraza el cuerpo de su hijo y grita por justicia. Él, cuenta, recibió la llamada de su hijo para decirle que la policía lo estaba siguiendo y que iría a casa de su abuela, en donde estacionó el coche y recibió los disparos. Delfino estaba a unos metros de su hijo cuando escuchó las dos detonaciones que acabaron con su vida.
“Alcanzó a ponerlo en neutral”, dice una y otra vez para explicar que los disparos que impactaron en el parabrisas trasero y fueron a dar contra su cuello y cabeza, llegaron justo cuando Brando ya se había detenido. Él y su mamá querían llegar hasta donde estaba, pero elementos de la policía intentaron impedirlo.
El homicidio de Brando de Jesús Arellano Cruz fue la gota que derramó el vaso para el pueblo entero, cansados de los abusos policiales. Cuentan los pobladores que es común que sean detenidos, golpeados y que los policías les pongan droga para arrestarlos y luego les pidan dinero para dejarlos libres.
Tras el asesinato de Brando, pobladores retuvieron a cuatro de los cinco policías que iban en la patrulla y los golpearon. El otro se dio a la fuga.
Cuando otros elementos se llevaron a los policías, vecinos del pueblo de ese municipio de unos 20 mil habitantes, ubicado en la Cuenca del Papaloapan en el sur de Veracruz, salieron a mostrar su enojo e incendiaron dos patrullas de la corporación y le prendieron fuego al Palacio Municipal.
“Lo que está sucediendo en nuestro municipio es causa de muchos abusos por parte de la Policía Municipal, desde hace tiempo detienen a varias personas en las calles, jóvenes, niños, adultos, de la tercera edad, quizá no es la forma correcta que el pueblo debió de actuar, pero también hay que entender que es un pueblo que está cansado de abuso, cansado de arbitrariedades, Lerdo necesita justicia”, sentenció, a unas cuadras del Palacio Municipal, Julio César Maldonado, quien vivió dos veces en carne propia esas detenciones ilegales.
La noche del 19 de enero, con un fuerte olor a quemado todavía, el Palacio Municipal, ya había sido rodeado por la Policía Estatal. Los elementos llegaron a resguardar la zona y a llevarse a los policías acusados de asesinar a Brando.
El Gobierno del Estado informó en un boletín que los cuatro elementos se encuentran detenidos y seguirán los trámites de ley ante la Fiscalía General del Estado. No mencionan al quinto elemento que la familia señala de encontrarse en el momento del asesinato y que acusan de darse a la fuga.
“Unos asesinos disfrazados de policía me lo quitaron, me lo mataron, enfrente de la casa de su abuela (…) no se vale, exigimos justicia porque ya la vida de nuestro hijo no nos la van a regresar, pero exigimos justicia”, dijo entre lágrimas Delfino Arellano Ramírez, papá de Brando, a unos pasos del cuerpo de su hijo.
Pasaron más de cuatro horas del asesinato para que la Policía Ministerial llegara a procesar la escena y se llevara el cuerpo de Brando, por eso sus papás le cantaban, abrazaban y lloraban mientras vecinos le recordaban, al igual que recordaban los abusos de la policía municipal que se repiten una y otra vez.
“Joma, jomita, tranquila”, intentaban contener a Erika mientras lloraba su pérdida, abrazada al cuerpo que cubrieron con una sábana blanca y que ella y su esposo, dijeron, vieron cuando recién perdió la vida y lograron quitarse de encima a los policías para que les permitieran el paso.
“Mi hijo era un muchacho alegre, si pudieron notar, si vieron algunos videos, la gente de Lerdo de Tejada se enardeció porque mi hijo era muy conocido, un padre de familia trabajador, muy amigable, muy alegre, él era pura alegría prácticamente (…) quiero justicia, es lo único que pido, justicia, ya la vida de mi hijo no me la van a devolver, que no le pase a otra madre, que no le pase a otra esposa, que no le pase a ningún hermano, justicia”, dijo la mamá de Brando, Erika Cruz Hernández.
Entre murmullos se escuchan consuelos de que en esta ocasión no viajaban con él sus hijos a bordo, pues continuamente los traía, sobre todo con las muchas vueltas que daba al doctor por los tratamientos de la niña de dos años que tiene una enfermedad en el corazón. Ahora esa niña y su hermanito de siete años han perdido a su padre.
Brando, dijeron, era muy apegado a su familia, tanto que hace un par de semanas tuvo que dejar el trabajo en una embotelladora que tenía porque no le autorizaron las vacaciones para ayudar a un familiar de su esposa que enfermó y a quien debía llevar en reiteradas ocasiones al médico.
Los vecinos lamentan que ya no lo podrá llevar, ya no podrá llevar tampoco a su hija. La población está cansada y enojada. No quieren que se repita otro asesinato como el de Brando y piden justicia.
La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
Según la reforma, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
Otra de las enmiendas propuestas permitirá cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitará aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
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