El Juez de Control Juventino González Ocote, adscrito al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, desechó lo que la defensa de las víctimas de Miguel “N”, conocido como el feminicida serial de Iztacalco, considera una “prueba definitiva” de su culpabilidad.
En entrevista con Animal Político, Erendali Trujillo, parte del equipo de defensa legal de María José, asesinada por Miguel “N” en abril de 2024, y de su madre Cassandra, víctima de intento de feminicidio cuando buscaba defender a su hija, señaló que la prueba se trataba de un perfil criminológico.
“Es una entrevista realizada cara a cara al presunto culpable, intervienen varios peritos en la prueba y abarca preguntas sobre su contexto cultural, social y forma de vida del victimario”, destacó Trujillo.
Dicho perfil fue presentado por su defensa para servir como prueba que acreditara las razones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para solicitar la pena máxima en contra del presunto feminicida serial: 116 años de prisión.
Si el juez González Ocote —también conocido por el caso de feminicidio en contra de la cantante Yrma Lydya, en el restaurante Syntory de la Ciudad de México, en junio de 2022— hubiera admitido la prueba, ese hubiera sido el primer perfil criminológico de un asesino serial llevado a juicio.
Erendali Trujillo detalló que, aunque esta clase de perfiles suelen hacerse por parte de las fiscalías, no son presentados como elementos de prueba para integrarse a un juicio, pero este estuvo a punto de serlo, si no se hubiera desechado.
En su argumentación, el juez de control señaló que la prueba no podía tomarse en cuenta porque era una especie de testificación y esa ya la había hecho el presunto feminicida en un primer momento.
La razón que Miguel “N” tuvo para permitir la entrevista con la defensa de Cassandra y María José fue que quería entender qué pasaba por su cabeza, según lo relató la abogada a Animal Político.
“Él ya confesó, en la audiencia inicial, que sí cometió los delitos y, al menos el feminicidio de María José lo planeó, quería hacerlo, sabía cómo lo iba a hacer. Esta entrevista la permitió porque dijo que sabía estaba mal y dijo: ‘lo que quiero es entender qué pasa por mi cabeza’”.
A pesar de que en la audiencia intermedia del caso Miguel “N” confirmó que dio la entrevista para el perfil criminológico consciente y sin coacción de ningún tipo, el juez de control decidió desecharla.
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“Esta es una prueba definitiva, porque determina que el hecho se cometió con dolo y eso implica que el presunto quería hacerlo y que sabía como lo va a hacer. Su situación representa un peligro incluso para otros internos y esto podía también ayudar a tomar decisiones sobre ello”, aclaró Trujillo.
Erendali Trujillo destacó que en el momento de la audiencia intermedia ellos decidieron no impugnar que no se tomara en cuenta el perfil criminológico porque su intención es llegar a juicio lo más pronto posible.
“Hubiera sido alargar el proceso por una prueba que, si bien consideramos muy relevante, igual podía ser que se tomara en cuenta en la audiencia de juicio o que simplemente se diera la pena máxima ya que él admitió cometer ambos delitos”, dijo.
Pero las cosas cambiaron cuando la defensa de Miguel “N”, que es un defensor de oficio, presentó una impugnación adhesiva. “Es parte del proceso, es su trabajo como defensor de oficio meter todos los recursos posibles en favor del imputado”, dijo Trujillo.
“Solo que fue entonces cuando decidimos también meter una impugnación para que finalmente sí se tome en cuenta esta prueba que consideramos fundamental. Pero ahora no hay fecha para una audiencia de juicio hasta que la sala colegiada resuelva si se debe reponer la audiencia intermedia, donde debió tomarse en cuenta el perfil criminológico”, detalló la abogada.
El mandatario firmó una orden ejecutiva sancionando a los funcionarios de la CPI que investigan a EE.UU. y sus aliados.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que sanciona a la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel”.
La medida impone restricciones financieras y de visado a las personas y sus familias que colaboren en las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados. Trump firmó la medida mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitaba Washington.
El tribunal, con sede en La Haya, dijo el viernes que “condena” la medida y dijo que Estados Unidos pretende “dañar su labor judicial independiente e imparcial”.
“La Corte respalda firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”, dijo en un comunicado.
“Seguiremos brindando justicia y esperanza a millones de víctimas de atrocidades en todo el mundo”, añadió.
En noviembre pasado, la CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza, lo que Israel niega. El tribunal también emitió una orden de arresto contra un comandante de Hamás.
Una hoja informativa de la Casa Blanca que circuló el jueves por la mañana acusaba a la CPI, con sede en La Haya, de crear una “vergonzosa equivalencia moral” entre Hamás e Israel al emitir las órdenes al mismo tiempo.
La orden ejecutiva de Trump dice que las recientes acciones de la CPI “sientan un precedente peligroso” que pone en peligro a los estadounidenses al exponerlos a “acoso, abuso y posible arresto”.
“Esta conducta maligna a su vez amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la importante labor de seguridad nacional y política exterior del gobierno de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”, dice la orden.
Añade que “ambas naciones [Estados Unidos e Israel] son democracias prósperas con ejércitos que se adhieren estrictamente a las leyes de guerra”.
Estados Unidos no es miembro de la CPI y ha rechazado repetidamente cualquier jurisdicción del organismo sobre funcionarios o ciudadanos estadounidenses.
La Casa Blanca acusó a la CPI de imponer restricciones al derecho de Israel a la legítima defensa, y de ignorar a Irán y a los grupos antiisraelíes.
Trump ha criticado repetidamente a la corte y tomó varias medidas para sancionar al organismo durante su primer mandato.
En 2020, impuso sanciones a los funcionarios de la CPI que estaban investigando si las fuerzas estadounidenses habían cometido crímenes de guerra en Afganistán. Esas sanciones fueron levantadas por la administración del presidente Joe Biden.
El mes pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de sancionar a la CPI, pero el proyecto de ley fracasó en el Senado. La CPI se fundó en 2002, tras la disolución de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda, para investigar presuntas atrocidades. Más de 120 países han ratificado el Estatuto de Roma, que constituyó la CPI, mientras que otros 34 lo han firmado y podrían ratificarlo en el futuro.
Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma. La CPI es un tribunal de última instancia y está destinada a intervenir únicamente cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
Durante su mandato, el presidente Biden también criticó la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu, calificando la medida de “escandalosa” y diciendo que no había equivalencia entre Israel y Hamás.
La firma de Trump de su última orden ejecutiva se produce después de que el martes, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, anunciara un plan para que Estados Unidos “se apodere” de Gaza, reasiente a su población palestina y convierta el territorio en la “Riviera del Medio Oriente”.
Después de que los líderes árabes y la ONU condenaran la idea, el presidente estadounidense la reiteró en su plataforma de redes sociales Truth Social el jueves.
“Israel entregaría la Franja de Gaza a Estados Unidos al concluir los combates”, escribió Trump.
Repitió que el plan implicaría reasentar a los palestinos y que no se desplegarían soldados estadounidenses.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que cualquier desplazamiento sería temporal.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los habitantes de Gaza se irían por un período “interino” mientras se lleva a cabo la reconstrucción, según la propuesta.
Trump firmó la orden que sanciona a la CPI mientras Netanyahu continuaba su visita en Washington, donde se reunió con legisladores republicanos y demócratas en el Capitolio.
El primer ministro israelí también le entregó a Trump como regalo un buscapersonas dorado.
Este es una referencia a la operación mortal de Israel contra la milicia libanesa Hezbolá en septiembre del año pasado, utilizando dispositivos de comunicación con trampas explosivas.
Decenas de personas murieron y miles resultaron heridas en los ataques.
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