
Nicole Reyes recuerda cuando su familia vivía en un departamento en la colonia Villa Panamericana, alcaldía Coyoacán, y pagaba 6 mil pesos de renta. Desarrollarse junto con sus hermanas en un espacio cercano a su escuela les permitió gastar poco en transporte público, tener más seguridad y realizar actividades deportivas dentro de su unidad habitacional, pero han pasado varios años de eso.
El alquiler para la familia Reyes aumentó hasta volverse insostenible, una situación que enfrentan cientos de familias en la CDMX que han tenido que dejar sus viviendas ante un proceso identificado como “gentrificación”.
Por ejemplo, en febrero de 2025 la empresa Inmuebles24 dio a conocer que la renta promedio de un departamento de dos recámaras es de 19 mil 826 pesos; en tanto que en abril de 2018 el costo era de 14 mil 228. Esto representa un incremento de 39.3% en menos de 7 años.
“Conforme iba pasando el tiempo, (el costo de la renta) fue incrementando e incrementando, y llegó un momento en que nosotros no pudimos mantener esa vida que habíamos desarrollado ahí porque ya realmente era muy costoso”, comparte la joven en entrevista.
“No solamente subió el costo de la renta, sino en sí el costo de vida, porque ya la tienda tenía precios más elevados, incluso el estacionamiento y los servicios elevaron su costo”.

Previo a su mudanza, Nicole Reyes y sus familiares platicaron con sus vecinos sobre el costo del alquiler y se percataron de que no eran los únicos que estaban enfrentando dificultades para pagar su vivienda. El porcentaje del ingreso familiar que destinaban a la renta incrementó de 30% hasta 50%, por lo que tuvieron que mudarse cerca del Estadio Azteca a una vivienda compartida con otra familia.
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“Prácticamente fue: o comemos, o seguimos aquí pagando la renta”, señala la joven.
A diferencia del departamento en Villa Panamericana, en su nuevo hogar no contaban con seguridad privada, y los trayectos en transporte público tomaban más tiempo. “El espacio de aquí, realmente es inseguro a comparación del otro lugar donde vivía”, señala Nicole. “Aquí han suscitado muchísimas cosas, como robos, asaltos, etcétera. Incluso yo sufrí de un asalto”.
En algunas alcaldías céntricas uno de cada 10 inmuebles está desocupado, mientras que en demarcaciones más alejadas de los principales centros de trabajo y estudio la proporción es menor.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), actualizado a 2020, el porcentaje de vivienda particular no habitada en la alcaldía Benito Juárez fue de 11.9% de un total de 199 mil 871 viviendas; mientras que en Iztapalapa –que tiene poco más de medio millón de viviendas particulares– fue de 6.1%.
Además del incremento en el precio de las rentas, la crisis de vivienda significa que menos personas tienen la posibilidad de hacerse de un patrimonio en el que puedan vivir, en vez de renovar contratos de alquiler cada año.
En las alcaldías más céntricas de la Ciudad de México –Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo–, el porcentaje de personas que son dueñas de la vivienda que habitan no rebasa el 50.6%. Estas demarcaciones están entre las más cercanas al Centro Histórico, sedes de dependencias federales y centros de trabajo.
En cambio, hacia el sur de la capital y en espacios donde el transporte público es más limitado, este porcentaje incrementa hasta el 77.4%, como es el caso de la alcaldía Milpa Alta.
Para Nicole, que tiene 26 años, esto es parte de un contexto “muy difícil” al que se enfrenta la juventud mexicana que busca adquirir una vivienda propia.
“Nuestros abuelitos, nuestros papás, tuvieron tal vez terrenos, o pudieron realizar una vida a los 20, 22, 25 (…). Pero las actuales condiciones de los jóvenes, yo me preocupo, porque hay bajos ingresos de los jóvenes y altos precios en la vivienda, lo que no nos permite –si nosotros queremos– tener una vivienda a través de un préstamo de banco, o de una hipoteca”.
En tanto que los jóvenes han vivido y observado la necesidad de que el Estado regule el acceso a la vivienda, han creado colectivos y movimientos que buscan posicionar sus demandas frente a los gobiernos locales.
Nicole Reyes es parte del Movimiento “Sin Vivienda No Hay Bienestar”, en el cual participa junto con otros jóvenes como Toño Figueroa, quien, aunque no ha vivido una situación de desplazamiento o despojo, ha visto a sus familiares y compañeros enfrentar esta problemática.
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Desde hace tres años, empezaron a organizarse en la alcaldía Coyoacán para posicionar el tema de la gentrificación y el derecho a la vivienda en sus comunidades, así como ante el gobierno de la capital. Además, ofrecen asesoría jurídica para personas que hayan sufrido un desalojo violento o injustificado.
“El tema ha aumentado más de lo que pensábamos, la verdad es que va muy acelerado –y nosotros lo estamos viviendo– por el tema del Mundial en Coyoacán”, señala Figueroa, en referencia a que el Estadio Azteca será sede de cinco partidos de la copa del mundo de futbol en 2026.

Ellos, como varios ciudadanos de diversas edades, han decidido asistir a los foros que el Gobierno capitalino de Clara Brugada ha organizado a través de la Secretaría de Vivienda local, encabezada por Inti Muñoz, para dialogar sobre su plan contra la gentrificación, llamado “Bando 1”.
La propuesta, que fue presentada a mediados de julio y en el contexto de varias marchas anti-gentrificación en las que han protestado cientos de capitalinos, contempla regular el aumento de las rentas y crear un Observatorio de Suelo y Vivienda, entre otros puntos.

Uriel Martínez es un profesor de Geografía que ha investigado desalojos de vivienda en la Ciudad de México e integrante de la colectiva Comuna Hogar. Para él, hablar abiertamente sobre la problemática permite dimensionar que no es un tema individual, sino que está afectando a miles de personas en la Ciudad de México.
“Se está identificando que hay causas estructurales, que incluso se venían alimentando del hecho de que no existían medidas adecuadas por parte de las políticas públicas”, remarca Martínez.
En ese sentido, el profesor dice que la propuesta del Gobierno capitalino y los foros son fruto de las demandas históricas de organizaciones sociales, que en los 80 y 90 comenzaron a hablar de la necesidad de una ley inquilinaria que proteja a las personas que rentan.
“Me parece que es, de alguna u otra forma, sí es un logro [de los movimientos sociales] que ha generado que se instale, por lo menos, en la agenda del debate público”.

Con la intensificación de los ataques a través de la frontera entre ambos países, ¿cuáles son las raíces históricas de la actual tensión?
Pakistán lanzó una nueva serie de bombardeos contra las ciudades afganas de Kabul, Paktika y Kandahar, según informaron funcionarios gubernamentales, en medio de la intensificación de los ataques a través de la frontera entre ambos países.
Los bombardeos lanzados en la madrugada del viernes 27 de febrero sucedieron después de que el Talibán en Afganistán anunciara una importante ofensiva contra puestos militares fronterizos pakistaníes, el jueves en la noche.
Los dos países acordaron un frágil cese el fuego en octubre, tras mortales enfrentamientos en la frontera, pero las hostilidades se reavivaron en días recientes.
Ambas partes afirman haber infligido bajas severas al uno y al otro en los últimos choques.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó que su país tenía “la completa capacidad de aplastar cualquier ambición agresiva”, mientras que el ministro de Defensa, Khawaja M Asif, declaró una “guerra abierta” contra el gobierno de Afganistán.
Los talibanes afganos indicaron que lanzaron la operación “a gran escala” el jueves en respuesta a los bombardeos de comienzos de la semana, que dicen mataron por lo menos a 18 personas.
¿Cuáles son las raíces históricas de la tensión y cuáles son algunos de los factores detrás de los renovados enfrentamientos?
Las relaciones recientes entre Pakistán y Afganistán han sido turbulentas.
Antes de la retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021, el antiguo gobierno de Kabul frecuentemente acusaba a Islamabad de facilitar los ataques del Talibán contra sus fuerzas, que aseguraban estaban siendo planeados en suelo pakistaní.
Durante este período, Pakistán negó tener vínculos con el Talibán, con el otrora portavoz del Ministerio de Exteriores pakistaní calificando dichas acusaciones de “ridículas”.
Pakistán tuvo un papel clave en posibilitar y negociar el Acuerdo de Doha que allanó el camino para la salida de EE.UU. de Afganistán y el rápido regreso al poder del Talibán.
Fue uno de los pocos países que reconoció oficialmente el gobierno talibán durante el primer período del grupo en el poder en Afganistán entre 1996 y 2001.
Pero las más recientes tensiones han demostrado que aún con el Talibán de vuelta en el poder en Afganistán, las relaciones entre los dos países continúa siendo frágil.
En términos militares, Pakistán tiene una ventaja abrumadora al ser una importante potencia militar con cientos de tanques, aeronaves y tecnología de defensa avanzada.
El gobierno talibán de Afganistán dispone del equipamiento militar que abandonaron las antiguas fuerzas afganas y extranjeras.
Los informes sugieren que, pese a las sanciones, ha podido adquirir parte de material militar a través del mercado negro.
No hay pruebas de que disponga de aviones ni de la capacidad para lanzar bombardeos en profundidad dentro de Pakistán.
Sin embargo, el Talibán libró durante más de 20 años una guerra contra Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, por lo que su capacidad para llevar a cabo ataques no convencionales y de guerrilla está ampliamente demostrada.
Pakistán afirma tener “pruebas concluyentes” de que el TTP ha estado detrás de una serie de ataques en el país, incluido el reciente atentado suicida contra una mezquita chiita en Islamabad en el que murieron más de 30 personas.
El grupo Estado Islámico (IS) reivindicó el ataque en Islamabad, pero Pakistán ha dicho que tiene “pruebas concluyentes” de que el responsable fue el TTP.
Pakistán también alega que los ataques están siendo llevados a cabo por orden del liderazgo y los coordinadores del TTP con base en Afganistán, quienes, según afirma, cuentan con el apoyo del gobierno talibán.
“Desde que el Talibán asumió el poder en Afganistán, Pakistán esperaba que grupos como el TTP… no siguieran recibiendo el apoyo como antes, y que las condiciones en la frontera mejoraran, pero eso no sucedió”, dijo a la BBC el exdiplomático pakistaní Masood Khan.
Esto puede no ser una sorpresa.
“Contrario a otros gobiernos, el Talibán afgano no es un gobierno tradicional. Llegaron al poder como un grupo vinculado históricamente al TTP”, expresó a la BBC el analista y periodista Sami Yousafzai, que monitorea de cerca las relaciones Afganistán-Pakistán.
“Si Pakistán creía que el Talibán afgano eliminaría o expulsaría al TTP de Afganistán, esa es una expectativa poco realista”, añadió.
En octubre del año pasado, el ministro de Exteriores de Afganistán, Amir Khan Muttaqui, visitó Nueva Delhi, para restablecer los lazos diplomáticos con India, el rival de Pakistán.
Ese mismo mes, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, en una entrevista con el canal Geo News, acusó a Afganistán de “pelear un guerra subsidiaria para Delhi”.
India ha negado de manera constante que apoye cualquier elemento antipakistaní dentro de Afganistán. Pero el deshielo entre India y Afganistán está siendo interpretado por observadores como Yousafzai como una “derrota simbólica” para Pakistán.
Los observadores comentan que India tiene la intención de invertir en la región mientras que el Talibán busca romper su aislamiento estableciendo relaciones con los países de la región.
Pero Yousafzai opina que eso no es tan simple: “La capacidad de India de dar apoyo técnico al gobierno talibán es limitada, pues Kabul opera bajo un estricto sistema ideológico yihadista”.
Eso podría representar algún tipo de alivio para Islamabad.
Funcionarios de Naciones Unidas han expresado preocupación frente a las recientes hostilidades, llamando al diálogo y la diplomacia para resolver las diferencias entre ambas partes.
China afirmó que estaba “profundamente preocupada” sobre la situación, según su Ministerio de Exteriores, que exhortó a las partes a “resolver sus diferencias y disputas a través del diálogo y la negociación”.
El vecino Irán anunció que estaba dispuesto a mediar en el diálogo entre los dos países, como lo escribió su canciller Abbas Araghchi en X, instando a ambas partes a “resolver sus diferencias a través de una política de buen vecino y el diálogo”.
Qatar y Turquía mediaron entre ambas partes, con conversaciones celebradas en Doha y Estambul.
Pakistán comparte una frontera de 2.600 km con Afganistán. También es sabido que lo que se conoce como la Línea Durand fue trazada arbitrariamente por los británicos en 1893 y es una línea fronteriza disputada por Afganistán y millones de pastunes étnicos que viven a lado y lado de la frontera.
Esto también ha llevado a los observadores a interpretar las continuas tensiones como arraigadas también en reclamos territoriales legítimos.
Miles de personas cruzan la frontera diariamente. A pesar del estado de las relaciones gubernamentales, las comunidades tribales viven en cada lado de la frontera, unidas por lazos familiares y sociales, aumentando la urgencia para que las relaciones entre los dos países se normalice.
Los ataques se producen tras meses de hostilidades entre ambos países. La última confrontación grave se produjo en octubre, tras lo cual se alcanzó un frágil alto el fuego negociado por Turquía y Qatar.
Pakistán acusa al gobierno talibán de Afganistán de apoyar a “terroristas antipakistaníes” a los que culpa de llevar a cabo atentados suicidas en su territorio, incluido uno reciente en una mezquita de Islamabad.
Esta afirmación es rebatida por el Talibán, que ha afirmado en repetidas ocasiones que el territorio de Afganistán no se está utilizando para amenazar la seguridad de otros países.
A su vez, acusa a Pakistán de llevar a cabo ataques no provocados en los que han muerto civiles. Islamabad afirma que solo ataca a militantes.
A principios de esta semana, las fuerzas pakistaníes también lanzaron múltiples ataques aéreos nocturnos contra Afganistán que, según los talibanes, causaron la muerte de al menos 18 personas, entre ellas mujeres y niños.
Superados en armamento por Pakistán, que cuenta con armas nucleares, los analistas creen que es poco probable que los talibanes libren una guerra convencional contra Pakistán.
Sin embargo, los talibanes afganos tienen una amplia experiencia en la guerra de guerrillas.
Lo que hace que la última ronda de ataques pakistaníes sea significativa es que se han dirigido contra instalaciones gubernamentales talibanes en lugar de objetivos terroristas en Afganistán, según explicó a la BBC Michael Kugelman, investigador principal para Asia Meridional del Atlantic Council.
“Ahora se está atacando al propio régimen”, afirmó.
Por su parte, la retórica de los talibanes sugiere que están decididos a “lanzar ataques implacables” contra Pakistán, una “situación precaria” que podría desembocar en un conflicto real.
El jefe militar de los talibanes afganos, Qari Muhammad Fasihuddin, afirmó en un mensaje en video este viernes que Pakistán podía esperar “una respuesta aún más decisiva” en el futuro.
Los ataques contra lugares como Abbottabad y Swabi demuestran su capacidad para adentrarse más en Pakistán de lo que se pensaba.
Información adicional de los servicios afgano y urdu de la BBC.
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