Crispín Jesús Mariscal Ávila, de 29 años, salió la noche del pasado 24 de septiembre con unos amigos, a pesar de que la ciudad de Culiacán para ese entonces ya llevaba semanas asediada por los balazos de los sicarios del cártel de Sinaloa.
–Yo le decía a mi hijo: ‘Están ‘levantando’ a muchachos. No te vayas a salir a la calle, está demasiado peligroso ahorita’.
La madre de Crispín, que pide que no se mencione su nombre por temor al crimen organizado, cuenta con mucho cansancio y frustración que, especialmente desde que inició la confrontación al interior del cártel tras la supuesta traición de uno de los hijos de El Chapo Guzmán al capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada, que fue detenido a finales de julio por las autoridades estadounidenses, le estuvo insistiendo a su hijo para que extremara precauciones y no saliera de su vivienda en la colonia Nueva Galaxia más que para trasladarse a su trabajo como ayudante de albañil.
–Pero ya ve cómo son los jóvenes –dice la mujer lanzando un suspiro–. No escuchan, ni hacen caso, ni tampoco miden el peligro.
La noche del 24 de septiembre, Crispín esperó a que su madre se durmiera y aprovechó el descuido para, desoyendo sus consejos, salir de la casa y reunirse con unos amigos. Hacía solo 15 días que, el 9 de septiembre, comenzaron los enfrentamientos entre los dos bandos del cártel de Sinaloa, tras la captura de ‘El Mayo’ a finales de julio.
Desde aquella noche, nadie ha vuelto a saber de Crispín. No ha mandado ni ha respondido a los insistentes whatsapps de su familia, ni las llamadas telefónicas. Tampoco nadie se ha puesto en contacto con la familia para exigir algún rescate como parte de un secuestro exprés, ni para ofrecer alguna pista de su paradero.
Esa noche, el joven pasó a engrosar la lista oficial de 105 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años que, en tan solo los dos últimos meses, han desaparecido en Sinaloa y continúan en paradero desconocido.
–Quizá (los del crimen organizado) se lo llevaron para trabajar, no lo sé –responde lacónica la señora, cuando se le pregunta qué cree que pudo haberle sucedido a su hijo.
–Pero hemos andado preguntando aquí y allá y nadie sabe nada. Estamos desesperados.
La madre de Crispín cuenta que en este mes, junto con su otra hija y sus hermanos, han tenido que tragarse el miedo y salir por sus propios medios a buscar y a pegar letreros por las calles y las colonias de Culiacán. Una tarea de alto riesgo en una ciudad que, ahora mismo, es de las urbes más violentas de México.
Tan solo en Culiacán durante el pasado fin de semana del 26 y 27 de octubre, se registraron 17 asesinatos, mientras que en los últimos dos meses suman más de 200 homicidios –al menos 6 al día–, más de 200 familias desplazadas de las comunidades, y más de 1 mil 800 empleos destruidos por el cierre de negocios y locales, esto último de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).
Hasta ahora, la familia del joven ha rastreado el centro histórico de la ciudad, el malecón, y las colonias más alejadas que están cerca “de los montes”, ahí donde los enfrentamientos entre la ‘mayiza’ y la ‘chapiza’ han sido muy recurrentes, al igual que en diferentes carreteras del municipio y de localidades vecinas, como la Culiacán-ElDorado, donde el pasado 25 de octubre fueron hallados 4 hombres sin vida, todos amarrados de pies y manos.
–Pero solo podemos buscar hasta las cinco de la tarde, antes de que se haga de noche, porque a las 7 ya todos nos tenemos que resguardar en las casas. Y no solo nosotros –añade la señora–. A esa hora es el toque de queda. Hasta los muchachos que salen de la prepa a las 7, ahora tienen que salir antes, como a las 5. Todos nos tenemos que resguardar temprano.
A pesar de las búsquedas, la mujer lamenta que hasta el momento no han obtenido ni una pista de su hijo de 29 años, y que las autoridades ministeriales, completamente rebasadas en la entidad por el estallido de violencia a raíz de la ‘guerra interna’ en el cártel de Sinaloa, tampoco les han dado resultados.
Por ello, la señora dice que no puede evitar regresar en su mente a la noche del pasado 24 de septiembre, cuando una y otra vez le repetía a Crispín: “No te salgas, hijo. Por favor, no salgas a la calle. Ahorita Culiacán está muy peligroso”.
La violencia en Sinaloa, y de manera particular en su capital, Culiacán, no solo está generando un impacto en cuanto a personas asesinadas y el cierre de negocios y locales por las balas, sino también en la niñez y juventud de la entidad.
Luego de que el 9 de septiembre pasado estallara un conflicto al interior del cártel de Sinaloa tras el supuesto ‘secuestro’ del capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada a manos de uno de los hijos de El Chapo Guzmán para entregarlo a las autoridades estadounidenses, en menos de dos meses suman ya 152 denuncias por desaparición de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años en la entidad; de las cuales, 105 continúan vigentes y 7 más fueron resueltas tras encontrar muertos a los jóvenes.
Esos 105 casos de menores y de jóvenes que actualmente continúan desaparecidos en Sinaloa representan casi el 50% de los 211 vigentes que, en total –es decir, incluyendo de los 0 a los 80 años–, suman en la entidad.
O en otras palabras: en estos casi dos meses de ‘guerra’ entre ‘mayitos’ y ‘chapitos’, 1 de cada 2 personas que están desaparecidas hoy en Sinaloa es un joven.
Asimismo, si se compara el bloque del 1 de septiembre y el 29 de octubre del año pasado, con el mismo periodo de este año, los datos oficiales de la Secretaría de Gobernación arrojan que las desapariciones de adolescentes y jóvenes en Sinaloa se dispararon 154%. De 59 denuncias, se pasó a 150.
Por grupos de edades, los jóvenes de 22 años, con 19 casos (2 son mujeres), son los que registran más desapariciones activas en la entidad; le siguen los jóvenes de 24 y 26 años, con 15 casos en ambos bloques, mientras que hay 12 casos de jóvenes de 20 que siguen desaparecidos, y otros 11 que tienen solo 18 años. Asimismo, en otros 19 casos que siguen activos, los desaparecidos tienen entre 0 y 17 años, es decir, son niños, adolescentes y menores de edad.
Por otra parte, Culiacán, la capital sinaloense donde se ha enfocado la violencia tras la detención del ‘Mayo’, registra la mayor cantidad de jóvenes desaparecidos: en menos de dos meses, 72 casos denunciados, de los cuales 53 continúan vigentes, el 74%. Y de los 19 casos ya resueltos, es decir, en los que se localizaron a los jóvenes, 7 fueron hallados sin vida.
En Mazatlán, la perla turística de Sinaloa que en los últimos días también se está viendo salpicada por la violencia desatada al interior del cártel, suma 54 denuncias por desaparición de niños y jóvenes.
Ante estas cifras oficiales, Reynalda Pulido, fundadora del colectivo Madres en Búsqueda por tu Regreso a Casa, explica en entrevista con Animal Político que si de por sí ya era muy complicado hacer labores de búsqueda en una ciudad como Culiacán, donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia desde décadas atrás, hacerlo ahora, en plena ‘guerra’ entre ‘mayos’ y ‘chapos’, se ha vuelto una tarea casi imposible y de muy alto riesgo. Y una tarea, además, en la que denuncia que se ha ausentado durante muchos días la Comisión de Búsqueda local, debido a la situación de inseguridad generalizada en la entidad.
–Nosotros sí seguimos como colectivo buscando. Apenas el pasado 27 de septiembre localizamos 4 cuerpos en Villamoros –expone la activista, que busca desde 2020 a su hijo de apenas 16 años Javier Ernesto Vélez Pulido, cuando desapareció mientras hacía fila en una tortillería a manos de policías municipales y estatales en Culiacán.
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Por su parte, Miguel Calderón, representante de la sociedad civil en el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, expone que si bien en la última semana han mejorado algunos aspectos de la seguridad en Culiacán, como que ya recuperaron a la policía local, o que el ‘auto toque de queda’ se haya alargado un poco para algunos locales, comercios y escuelas de la ciudad, aún continúan produciéndose situaciones graves.
–Nos preocupa mucho el tema de las desapariciones –subraya el activista–. Se están registrando cifras históricas, y sin contar con todos los casos que no se denuncian, pues en este delito la cifra negra siempre es muy alta. Hay gente que tiene mucho temor de poner una denuncia, o que aún tiene la esperanza de recuperar con vida a su ser querido, y decide mejor no reportar la desaparición ni ir a la Fiscalía a denunciar. Prefieren ir con la delincuencia directamente, o con conocidos (de la delincuencia) para tratar de recuperar a sus seres queridos.
Preguntado sobre por qué se estaría produciendo este aumento en los casos de desaparición tras el estallido interno en el cártel de Sinaloa, Calderón responde que no hay una respuesta oficial ni concreta, más allá de que, en efecto, las cifras reflejan un aumento sobresaliente.
–Quizá sea porque los integrantes del crimen organizado, de los diferentes bandos, buscan fuentes de información o generar bajas en el grupo contrario –plantea una hipótesis el activista–. Y por eso, algunos de esos desaparecidos sí regresan con vida, pero muchos otros, que suponemos eran parte de sus objetivos criminales, ya no lo hacen.
Ecuador vive una de las peores sequías de los últimos 50 años, lo que ha conducido a una serie de apagones que tienen en una situación crítica al país.
Liz Orozco tiene miedo. Desde que empezaron los racionamientos de energía de 12 a 14 horas diarias en Ecuador el 18 de septiembre, el traslado de su oficina en el norte de Guayaquil hacia Durán, una de las ciudades más peligrosas del mundo, se ha vuelto un calvario.
“Caminar sola es horrible, he visto robos”, comenta. Durán es un territorio de guerra de pandillas.
Hasta octubre de 2024, las muertes violentas en esa zona de la costa ecuatoriana superaban las 400, un aumento del 59% en comparación con 2023, de acuerdo con el think tank internacional InSight Crime.
El país, que sufre los estragos del crimen organizado, ahora también enfrenta una crisis energética que lo obliga a apagarse la mitad del día.
Este escenario es “el resultado de una crisis de gestión que Ecuador lleva arrastrando por décadas”, sostiene Jorge Luis Hidalgo, uno de los expertos en energía más respetados del país.
Ecuador enfrenta un déficit energético de 1.080 megavatios, un 20% de su capacidad de generación.
Aunque el gobierno ha intentado atribuirlo a la “grave falta de lluvias”, Hidalgo subraya: “No se trata de una simple sequía. Es un problema estructural que no se resolverá a corto plazo”.
El 90% de la energía en Ecuador depende de las centrales hidroeléctricas, pero Hidalgo sugiere que el país debe diversificar sus fuentes.
“Ecuador tiene un poderoso potencial hídrico, una ubicación en la línea ecuatorial ideal para aprovechar el sol, y recursos como biomasa, volcanes para geotermia, gas natural y viento”, explica.
“Hay una enorme oportunidad en Ecuador, pero también una muy mala gestión que no se solucionará a corto plazo”.
A pesar de la adversidad, los ecuatorianos han tenido que adaptarse.
En el trabajo de Liz Orozco, por ejemplo, una constructora en Guayaquil, el edificio ha instalado generadores de energía diésel. “Es una orquesta a la que te tienes que acostumbrar”, describe.
El gerente de la empresa, Guillermo Jouvin Arosemena, dice que cada generador representa un gasto de diésel de unos US$8.000 por semana, sumado al mantenimiento mensual que puede llegar hasta US$550, dependiendo del equipo.
“La crisis energética está afectando en todos los sentidos”, afirma Jouvin. “El costo de inversión y mantenimiento no estaba previsto y está encareciendo las construcciones. No todas las empresas tienen capacidad para invertir”.
Este primer semestre de 2024, el sector de la construcción registró una caída del 17% en comparación con 2023. “Fue el sector más afectado de la economía ecuatoriana”, concluye.
El impacto también se siente en otros sectores.
Este viernes, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, dijo en una entrevista que solo en los últimos dos meses las pérdidas en el sector industrial alcanzaron los US$4,000 millones y en el sector comercial, US$3.500 millones, lo que ha derivado en numerosos despidos.
“Estos cortes de energía son devastadores para el comercio y la industria”, asegura Heller. “Estamos viendo un impacto directo en los ingresos y en el empleo”.
Se pierden empleos, dinero, y también se arriesgan vidas. Fabricio Palma, paciente renal de 54 años que vive en el suroeste de Guayaquil, ha visto su tratamiento afectado.
“Normalmente son cuatro horas de diálisis por sesión, pero ahora solo me hacen tres horas”, cuenta. En una sesión reciente de madrugada, Palma presenció la muerte de un paciente.
“Los doctores dijeron que el cuerpo reacciona diferente cuando la diálisis se hace de noche”.
La crisis también se refleja en el caos vial. Christian Calvache, agente de tránsito en Guayaquil, relata el desgaste de intentar regular el tráfico sin semáforos.
“El desgaste es tanto físico como emocional. Termino el turno con dolores de cabeza y la paciencia agotada”, confiesa Calvache.
La ciudad cuenta con más de 1.100 intersecciones semaforizadas, algunas de las cuales tienen sistemas de alimentación con baterías, pero “muchas no aguantan cuatro horas de corte”, reconoce.
Calvache insta a los conductores a tener paciencia, pero admite que “la falta de empatía es evidente”.
Allen Panchana y Daniela Sangurima, una pareja de esposos con tres hijas, han adoptado medidas para proteger a su familia. Viven en un conjunto residencial cerrado en Samborondón, una ciudad vecina a Guayaquil.
Pero los cortes los afectan diariamente.
“No podemos cocinar ni usar agua potable cuando no hay energía porque la cocina es de inducción y las bombas de agua necesitan motor. Durante los cortes, nos toca volver al siglo 18 y agarrar una jarrita”, comenta Allen.
Daniela añade que la crisis afecta la rutina de sus hijas. “Las inscribimos en actividades para que no sientan el estrés de esta situación, que nadie debería normalizar”, expresa.
Sin embargo, admite que la falta de energía altera su descanso y hace que sus hijas se despierten agotadas.
Cuatro ministros han pasado por la cartera de Energía en el último año del gobierno de Daniel Noboa.
Uno de ellos enfrenta actualmente un juicio político. Inés Manzano, la actual ministra, ha prometido medidas a corto plazo, como la compra de energía a proveedores privados, pero la percepción general es que estas llegan tarde y de manera desigual.
Hasta el 17 de septiembre, los cortes serán de 12 horas. En esa fecha, el Ministerio de Energía decidirá si se mantienen o aumentan, dependiendo de las lluvias.
Desde varios sectores, se anuncian movilizaciones, con ciudadanos cansados que llaman a “apagar las velas y encender la llama de la organización”.
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