Jesús Govea es el nuevo fiscal de Tamaulipas; órdenes de aprehensión no ejecutadas entre sus prioridades
El Congreso de Tamaulipas tomó protesta a Jesús Eduardo Govea Orozco como Fiscal General de Justicia del Estado para un periodo de siete años, con efectos formales a partir del 16 de diciembre de 2025, con lo que se cierra el relevo en la institución encargada de la persecución de delitos en la entidad.
La sesión se realizó en el Pleno del Congreso, donde la Mesa Directiva formalizó la protesta de Ley, luego de que Govea fuera electo días atrás por mayoría calificada a partir de la terna enviada por el Poder Ejecutivo.
La diputada Eva Araceli Reyes González, presidenta de la Mesa Directiva, lo exhortó a nombre de la sociedad tamaulipeca a poner todo su empeño en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales en materia de procuración de justicia.
Tras rendir protesta, Govea ofreció una conferencia en el Palacio Legislativo y adelantó cuáles serán sus primeras prioridades cuando asuma funciones el 16 de diciembre.
Reconoció que las órdenes de aprehensión no ejecutadas son uno de los principales pendientes de la Fiscalía y dijo que se trata de “un problema que requiere una atención prioritaria”.
Calificó la cumplimentación de mandamientos judiciales como un “rubro estratégico” para la operación diaria del ministerio público y señaló que él mismo dará seguimiento a ese tema para intentar abatir el rezago.
Govea también ubicó como eje de su gestión la atención de delitos de alto impacto, donde afirmó que la institución tiene experiencia acumulada y que buscará trabajar con “el equipo correcto” para enfrentar esos casos.
El nuevo fiscal planteó como objetivo reforzar el estado de fuerza de la Policía de Investigación durante los próximos años.
Explicó que actualmente la Fiscalía no alcanza los 300 agentes del ministerio público y que el reto es responder con ese personal a la carga diaria de trabajo, mientras se impulsa el reclutamiento y formación de nuevos cuadros.
En el caso de los policías investigadores, fijó una meta cuantificable y señaló que la aspiración es “contar… con más de mil elementos” de la Policía de Investigación en un plazo de tres o cuatro años.
Agregó que, si las condiciones lo permiten, hacia el final de su gestión la cifra podría crecer hasta alrededor de mil 400 o mil 600 policías investigadores, como parte de una política de fortalecimiento institucional.
Sobre su antecesor, Irving Barrios Mojica, Govea reconoció que deja avances importantes, pero admitió que persisten retos en los que se seguirá trabajando “con seriedad y objetividad” para darles cauce en la nueva administración.
El fiscal subrayó que en su mandato buscará potenciar al máximo el debido proceso en todos los asuntos y cerró su mensaje con una definición personal:
Afirmó que “siempre he sido un hombre de leyes” y que se ha conducido con apego a derecho en las distintas etapas de su vida profesional.
Esta nota se publicó originalmente en Elefante Blanco.
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Nicolás Maduro solicitó ayuda de la OPEP para combatir lo que denominó la agresión directa de Estados Unidos para desestabilizar el país sudamericano.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió este domingo un comunicado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) solicitando ayuda para combatir lo que denominó la agresión directa de Estados Unidos que atenta contra la producción de crudo del país y la estabilidad de los mercados globales.
La solicitud de ayuda fue enviada en una carta dirigida al secretario general de la OPEP, Haitham al Ghanis, y las más de 20 naciones miembros, y fue publicada en la red social Telegram.
“El mundo conoce muy bien las lesivas consecuencias generadas en otros países petroleros, a partir de intervenciones militares de los Estados Unidos de América y sus aliados”, escribe Maduro.
El mandatario denuncia que, con sus acciones, Estados Unidos “pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal”.
Según Caracas, las continuas operaciones militares de EE.UU. en el Caribe constituyen una violación de la ley internacional que “vulnera flagrantemente la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y otros instrumentos de derecho internacional”.
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Presión militar y aislamiento
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Este fin de semana, el anuncio del presidente Donald Trump del “cierre total” del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela ha forzado a la gran mayoría de aerolíneas internacionales a suspender sus vuelos, aumentando la presión sobre Maduro y aislando aún más al país.
La medida ha dejado a innumerables pasajeros venezolanos varados en el extranjero sin posibilidad de regresar por vía aérea.
La Cancillería venezolana replicó en un comunicado que “denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo”, en lo que describió como “una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.
El gobierno de Maduro expresó que había activado un plan de emergencia para el regreso de sus ciudadanos en el exterior y acusó a Washington de imponer un bloqueo de facto.
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