Jalisco busca prohibir celulares en escuelas para evitar reclutamiento forzado
Para entender mejor
El Congreso del estado de Jalisco discute la prohibición del uso de celulares en las escuelas para proteger a los estudiantes de ser reclutados por el crimen organizado mediante engaños.
La iniciativa fue presentada luego de que a inicios de marzo fuera descubierto un presunto campo de reclutamiento de un cártel en una finca ubicada en la localidad de Teuchitlán.
“Lo importante es que tomemos medidas en los momentos tan dolorosos que estamos viviendo (…), que a nuestras niñas y niños los estén secuestrando, los estén metiendo al crimen organizado”, dijo el jueves a la AFP la diputada Brenda Carrera, autora del proyecto.
La legisladora del gobernante partido Morena también justificó la propuesta como una manera de proteger a los menores del acoso escolar.
Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró el jueves en desacuerdo con su copartidaria, al señalar que prefiere “educar e informar” antes que prohibir.
“Es importante que el celular no se esté utilizando en clase. Que los niños tengan un espacio donde no tengan que estar utilizando el celular”, matizó la mandataria.
La congresista aclaró, no obstante, que su propuesta admite excepciones como que los menores puedan permanecer en contacto con sus padres mediante teléfonos sin redes sociales.
El hallazgo de la finca en Teuchitlán conmocionó a familias de personas desaparecidas que realizaron el descubrimiento, pues en el predio se encontraron ropas y restos óseos calcinados.
Un colectivo que agrupa a las familias denunció que el sitio funcionaba como un “campo de exterminio” del crimen organizado, pero la fiscalía general aseguró que era un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como organización terrorista por Estados Unidos.
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Algunos parientes identificaron pertenencias de sus seres queridos, que desaparecieron tras atender falsas ofertas de empleo.
México registra unas 120 mil personas desaparecidas, la gran mayoría desde 2006 cuando el gobierno de ese entonces ordenó un operativo militar antidrogas.
El estado de Querétaro instauró una medida similar al permitir únicamente el uso de celulares en escuelas para fines educativos o emergencias.
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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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