Siguen desaparecidos 17 comerciantes en Chilapa y Quechultenango; fiscalía de Guerrero ofrece recompensa por información
A más de dos semanas de que 17 personas, entre ellas dos mujeres y tres menores de edad, de la comunidad de Chautipa, municipio de Chilpancingo, están desaparecidas en los municipios de Chilapa y Quechultenango, la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue sin poder localizarlos.
“La Fiscalía no nos ha dado ningún avance; seguimos esperando, pero no tienen nada a más de dos semanas que están desaparecidas”, señaló un vecino de Chautipa.
Este viernes 1 de noviembre, unos 200 habitantes de la localidad y familiares de los 17 desaparecidos se trasladaron a esta capital del estado y realizaron una protesta en el exterior del edificio de la FGE para exigir la búsqueda.
Ese día, funcionarios de la Fiscalía atendieron a los familiares, pero, según la fuente de Chautipa, no les dieron ningún avance y solo les dijeron que seguirá la búsqueda.
“Este domingo, los familiares (de las 17 víctimas) tuvieron una reunión, y están muy desesperados porque pasan los días y siguen esperando a sus parientes”, aseguró el vecino.
La gente que acudió a las localidades de los municipios de Chilapa y Quechultenango a vender trastes son damnificados del huracán John.
“Durante las lluvias por John, perdieron cosechas, parte de sus casas y enseres domésticos, pero la Secretaría del Bienestar y el ayuntamiento de Chilpancingo se negaron a inscribirlos en el censo para recibir ayuda material”, refirió la fuente.
Denunció que incluso el presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, ni siquiera se ha comunicado con los familiares de los desaparecidos para darles un mensaje de aliento y solidaridad.
Las 17 personas desaparecieron en forma paulatina.
El 21 de octubre, un primer grupo salió de Chautipa hacia El Epazote, municipio de Chilapa, a vender trastes. Al día siguiente, otro grupo de comerciantes de esta misma localidad se trasladó a la misma zona entre Chilapa y Quechultenango para vender.
Pero como ninguno de los vendedores que se supone estaban en estas localidades regresaban a Chautipa ni contestaban las llamadas telefónicas a sus familiares, otro grupo acudió para buscarlos el 27 de octubre.
“La gente no son dueños de la mercancía, sino son trabajadores de una persona que les da los trastes para que los vayan a vender a cambio de una comisión económica”, explicó el habitante de Chautipa que por razones de seguridad pidió omitir su nombre.
Mencionó que el empresario, quien desde hace por lo menos diez años les da empleo a los campesinos de Chautipa, vive en Chilpancingo, pero hasta el momento no ha dado la cara, pese a que han acudido a su casa para preguntar por él.
Por su parte, la directora general del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, Teodomira Rosales Sierra, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado que detengan la ola de violencia que existe en Guerrero.
“Detengan la criminalidad, haciendo a un lado cualquier compromiso con los grupos de poder fáctico que nos tienen bajo un riesgo constante y ha provocado este mar de sangre y dolor”, exigió la activista.
“¿Qué está pasando con los aparatos y la tecnología utilizados para la investigación? ¿Al servicio de quién están? ¿Hasta donde llegan los compromisos de los tres órdenes o niveles de gobierno con los grupos delincuenciales?”, pregunta la defensora de derechos humanos.
La activista señaló que existe conmoción en Guerrero por la desaparición de 17 personas entre El Epazote, municipio de Chilapa, y Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Menciona que en la zona donde fueron desaparecidas estas 17 personas, entre adultos, mujeres y cuando menos tres niños, es controlada por uno de los varios grupos de la delincuencia organizada que lucha por mantener y ampliar su territorio.
“En Guerrero han sido asesinados presidentes municipales, y otros, obligados a renunciar y huir para salvar su vida; decenas de familias que siguen siendo desplazadas por la violencia”, criticó Teodomira Rosales.
Fiscalía de Guerrero ofrece un millón de pesos por comerciantes desaparecidos
La Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece un millón de pesos de recompensa a las personas que proporcionen información eficiente para la localización de 16 personas que están desaparecidas en la región centro de Guerrero.
El vocero de la dependencia, Carlos Alberto Hernández Monje, dijo que se emitió esta recompensa por los 16, porque formalmente no existe una denuncia de la otra persona que también está desaparecida.
“Pero la Fiscalía busca a los 17”, aclaró.
La Fiscalía señala que se mantienen las acciones de gabinete y campo a través de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas de personas en las localidades de El Epazote y comunidades vecinas de los municipios de Chilapa y Quchultenango.
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El exmandario boliviano publicó un video en su cuenta de Facebook donde se ven impactos de bala en los cristales del auto que lo llevaba a una entrevista en Cochabamba.
El expresidente de Bolivia Evo Morales denunció el domingo que hombres armados dispararon una lluvia de balas contra su automóvil cuando se dirigía a su programa semanal de radio en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país.
En un comunicado de su partido, Movimiento Al Socialismo (MAS), publicado por Morales en su cuenta de X, responsabilizó directamente al presidente Luis Arce, al ministro del Interior, Eduardo del Castillo; y al ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
En el comunicado se afirma que los vehículos que dispararon al coche del exmandatario ingresaron en un cuartel militar y que, según testigos, sus ocupantes luego se marcharon en un helicóptero.
A poco de saberse el incidente, el presidente Luis Arce dijo que había ordenado una “inmediata y minuciosa investigación” para esclarecer este suceso.
Y, ahora, el gobierno de Bolivia ha rechazado estas afirmaciones y dado su versión de los hechos.
El ministro del Interior, Eduardo del Castillo, dijo que el convoy del expresidente huyó de una patrulla antidrogas que realizaba un control rutinario de vehículos en la carretera del Trópico de Cochabamba.
Según esta versión, en esa huida, el equipo de seguridad de Morales disparó contra la policía, llegó a herir a uno de ellos y atropelló a otro.
Del Castillo calificó de “mentiroso” al exmandatario e indicó que el chofer de Morales no quiso parar ante la orden de los agentes y aumentó la velocidad.
A su vez, Morales ha negado esta versión y ha dicho en una publicación en X que le habían disparado “más de 18 veces”.
“Tardaron 30 horas para montar una mentira (…) quieren convertir a la víctima en victimario. Hay muchas pruebas de que nos emboscaron, pero dicen que nosotros disparamos. Ninguno de nosotros llevaba ningún tipo de armamento”.
El domingo Morales publicó en su cuenta de Facebook un video tomado desde un automóvil en movimiento que muestra agujeros de bala en los parabrisas delantero y trasero. El expresidente está sentado en el asiento del copiloto. Al menos una persona en el vehículo tenía sangre.
El contenido del video y su autenticidad no pudieron ser verificados.
Al respecto, Del Castillo afirmó que los videos “están editados”.
“Señor Morales, nadie cree el teatro que usted ha montado”, añadió.
“Nadie ni nada lo va a salvar de este proceso penal, nadie que ataque a un policía puede seguir en la impunidad (…), nadie puede buscar matar a un policía y victimizarse”, concluyó el ministro del Interior.
Una rivalidad que lleva años
El presunto ataque se produce en medio de crecientes tensiones en Bolivia entre los partidarios de Morales y los del actual presidente, Luis Arce, un exaliado de Morales.
Arce fue ministro de Economía de Morales entre 2006 y 2019 y ambos son miembros del mismo partido político socialista MAS (Movimiento al Socialismo), pero han tenido cada vez más enfrentamientos desde 2021, como parte de una lucha de poder de cara a las elecciones de 2025.
Morales fue muy popular en el país andino hasta que intentó eludir la Constitución para buscar un cuarto mandato.
Y en junio, un intento de golpe de Estado de una parte del ejército -ordenado por el general Juan José Zúñiga- en el que un grupo de soldados y vehículos militares intentaron tomar el control de la Plaza Murillo, elevó aún más la fricción política entre Arce y Morales.
En el último episodio de tensiones, los partidarios de Morales han bloqueado durante dos semanas carreteras clave y se han enfrentado con las fuerzas de seguridad que intentan despejarlas.
El gobierno los acusa de desestabilizar a Bolivia -ya que los bloqueos han interrumpido el suministro de alimentos y combustible-, y de intentar “interrumpir el orden democrático”.
La administración de Arce también expuso en un comunicado que algunos grupos aliados de Morales estaban armados y advirtieron sobre la violencia, citando a 14 policías heridos al intentar romper los bloqueos.
El país también lidia con la disminución de la producción de gas, el agotamiento de las reservas de divisas y el aumento de la inflación, lo que aumenta la presión sobre el partido gobernante y conduce a luchas internas políticas cada vez más complicadas.
Evo Morales es el principal líder de la izquierda en Bolivia y uno de los nombres más reconocidos en la política sudamericana. Líder indígena y cocalero, fue electo presidente en 2005 y fue reelecto dos veces.
Está siendo investigado actualmente por violación, tráfico de personas y contrabando de personas por su presunta relación sexual con una joven de 15 años miembro de su guardia política juvenil en 2015.
Fue citado formalmente por los fiscales regionales para declarar en el caso, pero no se presentó y ahora enfrenta una orden de arresto. Morales niega rotundamente las acusaciones.
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