El gobierno expropia 51 inmuebles en Quintana Roo y Yucatán para la construcción del Tren Maya
El gobierno federal expropió 51 inmuebles de propiedad privada en municipios del estado de Yucatán y Quintana Roo, que serán destinados a la construcción de obras de infraestructura relacionadas con el Tren Maya.
En la edición de este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se informa que se declararon de utilidad pública 242 mil 627 metros cuadrados, correspondientes a 51 inmuebles de propiedad privada en los municipios de Sudzal, Kantunil, Tinum, Uayma, Valladolid, Chemax, en Yucatán; y en los municipios de Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, en Quintana Roo.
Detalla que, conforme al dictamen técnico elaborado por Fonatur, los inmuebles que se señalan en la declaratoria son “apropiados e idóneos” para la construcción y el funcionamiento del Tren Maya “por lo que resulta necesario expropiar los inmuebles de propiedad privada localizados en la superficie del Tramo 4”.
“Notifíquese personalmente a los titulares de los bienes y derechos, en el domicilio que de ellos conste en el expediente correspondiente. En caso de ignorarse quiénes son los titulares o bien se desconozca su domicilio o localización, efectúese una segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en el periódico de mayor circulación de la localidad de que se trate, conforme a lo establecido en el artículo 2o. fracción II de la Ley de Expropiación”, se lee.
Además, se argumenta que el Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio y que tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán.
Otras expropiaciones
Apenas el 22 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un nuevo decreto de expropiación para llevar a cabo la construcción de los Centros de Transferencia Modal 1, 3, 4 y 6 de la línea 1 del Tren Suburbano, en terrenos de propiedad privada ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, Estado de México, para garantizar la conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Este decreto ocurrió a unos días de que López Obrador ordenara la expropiación de tres tramos de líneas férreas de Ferrosur, cuyo dueño de la empresa es Germán Larrea, de Grupo México.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, argumenta que se declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y para mejoras en los tramos de las líneas Z, ZA y FA.
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En las próximas horas, se espera que la justicia mexicana dé a conocer la condena que deberán cumplir los condenados.
Culpables. Este fue el veredicto que la justicia mexicana emitió contra diez sujetos detenidos por su participación en los crímenes ocurridos en el Rancho Izaguirre.
La decisión la adoptó el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Distrito I de Puente Grande (Jalisco), el cual este lunes, tras una semana de juicio -en la que se presentaron 20 testimonios y diversas pruebas materiales- concluyó que los acusados eran responsables de los delitos de desaparición y homicidio en contra de tres personas.
Se espera que en las próximas horas se anuncie la pena que deberán cumplir los acusados, cuya identidad solo ha sido informada parcialmente por las autoridades.
El Rancho Izaguirre -que se ubica en la región agrícola de Teuchitlán, a una hora de la ciudad de Guadalajara, en el oeste del país- ocupó titulares de la prensa mundial en marzo pasado, cuando la organización Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó en su interior y aseguró haber encontrado restos humanos, así como cientos de prendas y calzado.
Con estos hallazgos, la agrupación aseguró que el recinto era un centro empleado por presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no solo para reclutar y entrenar a jóvenes que se sumarían a sus comandos, sino también para asesinar a aquellos que se interpusieran en su camino.
Esta hipótesis ha sido rechazada por el fiscal general del país, Alejandro Gertz Manero, que lo considera solo un centro de reclutamiento.
La punta del iceberg
Los ahora condenados fueron aprehendidos el 18 de septiembre de 2024, luego de un enfrentamiento con agentes de la Guardia Nacional en las inmediaciones del Rancho Izaguirre, recordó el diario mexicano Milenio.
Las autoridades acudieron luego de recibir denuncias sobre disparos en la comunidad de La Estanzuela, cercana a la finca.
Tras controlar la situación, los uniformados ingresaron al predio, donde detuvieron a los diez sujetos y allí localizaron a una persona sin vida y rescataron a otras dos que estaban retenidas, informó en su momento la Fiscalía de Jalisco.
Durante la operación fueron encontradas grandes cantidades de ropa y objetos personales.
Sin embargo, no fue sino hasta meses después que se comenzó a sospechar que la finca era un centro de entrenamiento y exterminio del crimen organizado. ¿La razón? Los miembros de Guerreros Buscadores de Jalisco volvieron a entrar a la propiedad y realizaron varios hallazgos.
La difusión de imágenes de cientos de zapatos, huesos calcinados, casquillos de bala y cartas de despedida de algunas de las personas que permanecieron en el sitio, que los activistas encontraron en la propiedad, conmocionó a parte de la sociedad mexicana.
Desde hace varios años, Guerreros Buscadores de Jalisco y otras organizaciones similares han denunciado que los jóvenes son atraídos por grupos criminales con ofertas de empleo engañosas y promesas de sueldos atractivos, y que las víctimas terminan en sitios como el que funcionaba en Teuchitlán para ser entrenados en el crimen o morir.
Un informe publicado en 2023 por la organización mexicana Tejiendo Redes Infancia indica que entre 30.000 y 35.000 menores de edad son víctimas de reclutamiento forzado cada año en México.
Por su parte, más de 125.000 personas han desaparecido en los últimos años en el país, reconoció hace unas semanas la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), la cual reportó que el 90% de estos casos ocurrieron a partir de 2006 y de más de 60.000 personas se les perdió el rastro desde 2019.
La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes: hay unos 40.000 desaparecidos cuyas edades oscilan entre los 20 y 34 años, de acuerdo con las cifras oficiales.
“Solo un centro de entrenamiento”
Las afirmaciones de que el Rancho Izaguirre era otro sitio de exterminio del crimen organizado, similar a los otros cinco que han sido encontrados en las últimas dos décadas en distintas parte del país, fueron rechazadas por las autoridades mexicanas.
“¿Había ahí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho”, aseguró el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, el pasado 29 de abril.
“¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Se han encontrado zanjas y algunos agujeros donde (los criminales) hacían fogatas”, agregó el funcionario.
Respecto a los restos óseos encontrados, el fiscal admitió que fueron hallados algunos, pero negó que los mismos puedan considerarse como una prueba de que el rancho era un centro de exterminio.
“Se encontró una pequeña vasija con fragmentos muy pequeños de huesos con una antigüedad muy importante”, dijo.
Gertz aseveró que todas las evidencias apuntan a que el recinto era una base de los narcotraficantes que operan en la zona.
“Tenemos ya totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Eso está probado por confesiones, testimonios, documentos”, declaró.
Por este caso también fue detenido en mayo pasado el alcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago, a quien la Fiscalía señala de aliarse con el CJNG para facilitar sus operaciones en la zona, a cambio de dinero. Unas versiones que el exfuncionario ha negado.
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