Glorieta 24 Horas en Hidalgo gana antipremio a peor proyecto de movilidad; fue “un capricho”, señala especialista
“Desde que las estaban construyendo ya sabíamos que no solo iban a fracasar, sino que también nos iban a afectar”, dice Luis Licona, fundador de la organización Revolución Urbana, sobre el Puente Atirantado y la Glorieta 24 Horas en Pachuca, conjunto de obras “galardonado” como uno de los peores proyectos de movilidad del país.
A mediados de octubre, durante el 11.º Congreso Peatonal, realizado por la Liga Peatonal y diversas organizaciones en la materia, los mencionados proyectos obtuvieron el primer lugar del antipremio Robert Moses como uno de los “peores proyectos de movilidad del país que atentan contra el derecho peatonal y de habitar la ciudad”.
Dichas obras forman parte del proyecto Supervía Colosio, desarrollado durante el gobierno en Hidalgo de Omar Fayad, actual embajador de México en Noruega. Estas conectan la ciudad de norte a sur y de este a oeste, y se encuentran en un punto de alta concentración poblacional y uno de los de mayor afluencia vehicular (más de 170 mil autos al día).
Además, a su alrededor hay, por lo menos, tres plazas comerciales, cuatro instituciones educativas, un centro deportivo, un CRIT, un parque y una de las zonas comerciales y recreativas más importantes en tan solo un radio de 1.25 kilómetros.
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“La verdad, está un poco complicado, muy enredado (el desplazamiento). Batallo un poco para llegar a mis destinos”, cuenta José Arturo, estudiante que tiene que transitar a diario por la zona, entre vehículos que circulan a alta velocidad y cruces peatonales mal ubicados y señalizados.
Desde un inicio del proyecto, la construcción del puente y la remodelación de la glorieta despertaron inconformidad entre organizaciones y activistas de Pachuca, quienes señalaron que no partían de un estudio técnico.
Además de que tuvo retrasos en su construcción y un sobrecosto de 100 millones de pesos —pasó de 402 a 500 millones de pesos—, lo cual, según la administración pasada, fue debido al aumento de los precios del acero tras la pandemia de Covid-19.
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Las consecuencias ya son evidentes. A tres años de su puesta en marcha, se han registrado 142 accidentes y cuatro atropellamientos entre el 4 de marzo de 2022 y el 19 de noviembre de 2025, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca. Y, a pesar de estas cifras, comerciantes de la zona consultados por Animal Político reportan ver “por lo menos” tres choques al día.
“Es un proyecto que nació no de un estudio técnico, sino de un capricho (…). Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de convivir con ese puente y esa glorieta de la mejor manera, y ellos (el gobierno) tienen que hacerse cargo del proyecto con una visión sostenible (…) para los usuarios más vulnerables en las calles, que al fin de cuentas son los peatones, las infancias y las personas con discapacidad”, señala Luis Licona.
Ante reclamos y accidentes, gobierno de Hidalgo intervendrá obras
La complejidad y riesgos que implica para los peatones y usuarios de transporte público transitar por la zona, los constantes accidentes, los múltiples reclamos de los habitantes de la capital hidalguense y ahora el antipremio Robert Moses obligaron a que el gobierno estatal anunciara una primera inversión de 50 millones de pesos para intervenir la Glorieta 24 Horas.
En entrevistas a medios y conferencias de prensa, Alejandro Sánchez, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Sostenible de Hidalgo (SIPDUS), ha reconocido que en las obras “falló la planeación para la seguridad del peatón y para la movilidad (…) y en aquel entonces se priorizó al vehículo”.
La licitación para dicha remodelación —que, de acuerdo con el documento, tendría que iniciar a mediados de diciembre— se publicó tan solo unos días después de que las obras fueran “premiadas” en el Congreso Peatonal.
Proyectos de movilidad como el Puente Atirantado y la Glorieta 24 Horas deben darse “en condiciones de solidaridad, accesibilidad y sostenibilidad”, lo cual, de no suceder, tiene repercusiones negativas “en la economía y en cómo disfrutamos la ciudad”, señalan Claudio Aldrete y Lois Muñoz, integrantes de Derechos Urbanos, organización de San Luis Potosí, estado donde se realizó el encuentro sobre movilidad.
Ante este panorama, el secretario de Infraestructura ha dicho que los peatones estarán en el centro de las adecuaciones que se harán a las obras y que, aseguró, están regidas bajo la Norma Oficial Mexicana 004 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de 2023 sobre el diseño y construcción para vías urbanas.
La reducción de un carril, la construcción de retornos, nueve pasos peatonales elevados y la reubicación de paraderos de transporte público son las acciones con las que se busca una movilidad más amigable y segura para los peatones, así como un flujo vehicular más rápido y sin complicaciones.
“Ahora mismo vemos un entorno y una ciudad enferma de algo grave, como si tuviera un cáncer, por poner un ejemplo, y lo quisieran arreglar con aspirinas, con descanso en cama, cuando tal vez lo que necesitan es algo más fuerte”, dice con escepticismo Luis Licona, de Revolución Urbana, sobre los ajustes realizados y anunciados hasta el momento para el puente y la glorieta.
“Que se caiga la máscara del falso discurso del derecho a la movilidad”
Durante el 11.º Congreso Peatonal se otorgaron por primera vez los antipremios Robert Moses a los peores proyectos de movilidad. “Compitieron” obras como la Gran Calzada en León, Guanajuato; la glorieta Pleasant Hill en Chilpancingo, Guerrero; y diversos proyectos en la colonia Independencia en Monterrey, Nuevo León.
El objetivo, cuentan Lois Muñoz y Claudio Aldrete, era “antipremiar” esos proyectos que los políticos venden con un falso discurso y aseguran que están bien hechos, pero que en realidad están mal pensados y ejecutados, priorizan los vehículos sobre los peatones y, en muchos casos, están plagados de irregularidades.
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“Que los tomadores de decisiones se la piensen un poquito más y que se caiga esta máscara del falso discurso del derecho a la movilidad o del derecho de los peatones cuando se hacen obras grises dedicadas al coche, que solamente ponen en riesgo la movilidad y la accesibilidad de los entornos humanos”, señalan.
Luis Licona recalca que una obra mal hecha, como la Glorieta 24 Horas y el Puente Atirantado en Pachuca, tiene diversas implicaciones en la salud pública, debido a los accidentes, así como la contaminación; en el tejido social, ya que las personas tienen menos interacción debido a lo difícil de los traslados; afectaciones a las arcas públicas, y un rezago en la economía de la zona y de la ciudad.
“Tenemos clientes a los que les cuesta trabajo llegar. Muchas veces nos dicen: ‘yo ya no vengo porque está súper atascado el tráfico’. Sí les cuesta trabajo llegar a esos puntos y a los locales y plazas cercanas”, confirma Armando, empleado de mostrador de una refaccionaria que se encuentra justo enfrente de uno de los cruces más complicados de la glorieta.
En Pachuca se sufre y desde Noruega, silencio
Anahí, quien para estudiar viaja de un municipio aledaño hacia Pachuca tiene que tomar el transporte público en la Glorieta 24 Horas. Confirma que moverse en el área es muy riesgoso debido a que “los coches pasan muy cerca y muy rápido”, lo cual “da miedo”.
Y es que, como mencionan desde Derechos Urbanos, lo que sucede con este tipo de obras que son hostiles con los peatones es que “vuelven a las calles más violentas”.
Mientras tanto, a casi 9 mil kilómetros de distancia, en Noruega, el exgobernador Omar Fayad disfruta de uno de los países más transitables del mundo para los peatones, siendo su capital, Oslo, una de las 20 ciudades más amigables para caminar, de acuerdo con un estudio publicado por la revista Nature Cities en 2024.
Desde que fue nombrado embajador por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario estatal no se ha pronunciado sobre las afectaciones que dejó una obra que él buscó heredar como un emblema de su administración.
En dos ocasiones, Animal Político solicitó a Fayad una postura sobre las críticas, las consecuencias y el antipremio del Puente Atirantado y la Glorieta 24 Horas, pero no hubo respuesta. Desde Noruega solo ha habido silencio.
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La sentencia contra la médica ha sido criticada por organismos como la CIDH, que la consideran una prueba de la intención de las autoridades de silenciar las voces críticas.
30 años de cárcel. La pena máxima de cárcel que la legislación venezolana reserva para delitos como homicidio, secuestro y violación le fue impuesta a Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65 años.
Sin embargo, la profesional de la salud no mató ni secuestró a nadie. Su delito fue que, en medio del fragor de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, envió un mensaje de audio por WhatsApp a un grupo de vecinos de la localidad de San Juan de Colón, en el estado andino de Táchira (fronterizo con Colombia), en el que llamaba a votar en contra de Nicolás Maduro y lo responsabilizaba de la crisis económica que atraviesa el país.
Ocho días después de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganó Maduro aunque hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden dicha declaración, la policía arrestó a Orozco.
“Unos policías llegaron en la noche del 5 de agosto a la casa y le dijeron a mi mamá: ‘Acompáñenos’. Ella no quería ir, pero los policías le dijeron que no estaba detenida, sino que la querían entrevistar y por eso los acompañó. Pasamos tres días sin saber de ella”, le contó a BBC Mundo el hijo de la doctora, Paul Ruiz.
La grabación de la doctora llegó a manos de unos simpatizantes del gobierno, quienes la denunciaron ante la Fiscalía tras amenazarla con retirarle beneficios como la caja de alimentos o la bombona de gas para cocinar subsidiados.
El caso de Orozco es el último de una serie de procesos judiciales contra ciudadanos que ejercieron su derecho a la libertad de expresión a través de las redes sociales. Un derecho que las autoridades venezolanas advierten que “no es absoluto”.
La excusa para la invasión
“Esos llamamientos ponen en riesgo la paz de Venezuela y son la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos nos quiere invadir”.
Esto habría dicho la jueza Luz Dary Moreno Acosta al condenar, el pasado 16 de noviembre, a Orozco por la comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, relató el hijo de la médica.
¿Pero qué dijo la doctora para ser condenada a la pena máxima? “Ella le pidió a la comunidad que saliera a votar (contra Maduro) y (que los vecinos) dejaran la sinvergüenzura de apoyar al gobierno, mientras sus hijos están fuera trabajando y el país se está cayendo a pedazos”, narró Ruiz.
El hijo de la doctora admitió que el mensaje era “subido de tono” , pero negó que su madre cometiera un delito.
“Ella no salió a las calles a tirar piedras o quemar cauchos (neumáticos). Ni tampoco pidió una invasión extranjera”, aseguró.
En las últimas semanas, EE.UU. ha reunido en las aguas del Caribe una flota de naves de guerra -entre las que está su portaaviones más moderno y grande, el USS Gerald R. Ford-, con el propósito declarado de combatir el narcotráfico.
Sin embargo, desde Caracas sostienen que este despliegue militar en realidad persigue “un cambio de régimen” en Venezuela.
“Así como usted sufre, las personas que están en el Gobierno también sufren”, le dijo la jueza a Orozco, de acuerdo con el relato del hijo, quien dijo que obtuvo los detalles de unos abogados que estuvieron presentes cuando la titular del Tribunal 4 de Juicio de Táchira leyó su veredicto.
Aunque el fallo no ha sido publicado, desde la Fiscalía venezolana confirmaron a BBC Mundo que se produjo, pero rechazaron las peticiones para que hicieran comentarios sobre el mismo.
Ni siquiera el hecho de que Orozco sufriera un infarto durante el año que ha permanecido detenida sirvió de atenuante para la justicia.
En marzo pasado, la jueza Moreno rechazó permitirle a la doctora seguir el juicio en libertad condicional, por considerar que “existe peligro de fuga” y porque “pudiera influir en los testigos para que informen falsamente al tribunal, y ponga en peligro la verdad de los hechos y la realización de la justicia”.
El dictamen se produjo semanas después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtiera que “buscarían” a todo aquel que respaldara una invasión.
“Si alguien decide pedir invasiones contra nuestro país, inmediatamente está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano, y el Estado se reserva las acciones que tenga a bien ejercer”, alertó semanas atrás.
Cuidado con lo que dices
Otras personas que escucharon el audio de Orozco aseguraron a BBC Mundo que “era una grabación de 17 minutos bastante agresiva en algunas partes”. Esto, explicaría porque a la doctora le aplicaron el artículo 20 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según los registros judiciales.
“Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”, establece la norma.
La vaguedad y amplitud de la disposición le ha valido la crítica de organismos internacionales de derechos humanos, los cuales sostienen que puede ser empleado para silenciar a las voces críticas.
Entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron detenidos por ejercer la libertad de expresión. Varias de las aprehensiones están vinculadas a contenidos difundidos en plataformas digitales, reportó la organización Espacio Público.
Antes de que se conociera la condena contra Orozco se produjeron otros dos fallos similares. El primero fue el de Marcos Palma, de 50 años, quien fue sentenciado a 15 años de cárcel por un audio que envió a un grupo de WhatsApp en el que se quejaba porque no le entregaron la bombona de gas que pagó e invitaba a sus vecinos a una protesta.
Semanas después, Randal Telles, una estudiante de enfermería de 22 años del llanero estado Barinas, fue condenada también a 15 años de prisión por un video de TikTok en el que criticaba a Maduro y a Cabello. No obstante, su familia sostiene que la grabación no fue hecha por Telles sino que es un montaje realizado con inteligencia artificial.
Estos casos explican porque muchos en el país han optado por evitar discutir sobre determinados temas a través de plataformas digitales o constantemente borran los historiales de sus teléfonos.
En 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, admitió que la polémica legislación contra el odio tenía “un carácter preventivo educativo y disuasivo”.
“La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites. Y en Venezuela hay una legislación que lo regula”, advirtió un funcionario judicial en ejercicio bajo condición del anonimato.
Sin sustento
La condena contra la médica ha sido criticada tanto dentro como fuera del país.
“Este caso evidencia que la falta de independencia del sistema de justicia venezolano está profundamente arraigada y que continúa funcionando como parte del aparato represivo del Estado”, denunció a BBC Mundo la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria De Mees.
Tras afirmar que la Ley contra el Odio “restringe severamente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela y genera un fuerte efecto inhibidor, incompatible con una sociedad democrática”, De Mees aseguró a BBC Mundo que “la aplicación de esta ley en casos como el descrito confirma el clima de miedo y autocensura” reinante en el país y “desalienta cualquier forma de disidencia, incluso más allá de las fronteras de Venezuela”.
Por su parte, juristas venezolanos han puesto en duda el fundamento jurídico de la sentencia contra la doctora Orozco.
“Para que se dé el delito de incitación al odio el mensaje ha debido provocar una expresión de odio por parte de un individuo contra otro. ¿A quién incitó ella? La doctora lo que hizo fue expresar su propio sufrimiento”, explicó a BBC Mundo el penalista Zair Mundaray.
Tampoco consideró correcto la aplicación de los delitos de traición y conspiración.
“La conspiración implica intentar modificar la forma republicana, pero ¿qué acción concreta llevó a cabo la doctora para acabar con la democracia y las instituciones? Y el delito de traición habla de unirse con naciones o enemigos extranjeros, pero aquí no se ha informado que ella se haya aliado con nadie”, agregó.
“Con este tipo de sentencias el gobierno quiere quitarnos el derecho a pataleo (protesta), afirmó el hijo de la condenada, quien reiteró que su mamá jamás ha participado en actividades políticas de ninguna naturaleza.
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