Giran orden de aprehensión a 8 exfuncionarios de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas
El Fiscal Anticorrupción del estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea, aseguró que se han girado 8 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de la administración del exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, tras las 130 denuncias formales que ha recibido la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En conferencia de prensa, señaló que el exmandatario estatal y 15 exfuncionarios de su gobierno se encuentran señalados en carpetas de investigación.
“Estos mandamientos judiciales implican a ex funcionarios públicos de primer nivel, tenemos alrededor de 15 servidores públicos de la administración anterior, todos vinculados a proceso, pero hay 458 servidores públicos señalados, entre titulares, mandos superiores y mandos medios”, señaló.
Aclaró que tienen 800 asuntos que se encuentran en trámite, los cuales están trabajando, pues se están integrando las investigaciones que señalan a exfuncionarios de primer nivel encargados de Bienestar, Educación, Desarrollo Urbano y Contraloría, además del exgobernador, por lo que se han judicializado 14 carpetas.
“Se ocultó información clave a las dependencias del Poder Ejecutivo y la mayoría de estas dependencias fueron recibidas por esta administración con sus finanzas quebrantadas y en números rojos”, declaró el zar anticorrupción.
Destacó que se impusieron 86 denuncias por el Gobierno de Tamaulipas, así como de la Contraloría Gubernamental y de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
“En la actualidad, se siguen recibiendo denuncias en la Fiscalía Especializada por parte de las instituciones, de la Auditoria Superior del Estado, que tienen que ver precisamente por estas irregularidades e inconsistencias o actos ilícitos de los que se ha venido dando cuenta”, mencionó el funcionario.
No es “cacería de brujas”, dice
Explicó que no se trata de “una cacería de brujas, de una vendetta política o de ajuste de cuentas”.
“Se trata del que hacer que tiene que llevarse a cabo para que se cumpla con la ley, si funcionarios de la administración anterior o de otras administraciones fueron omisos o incurrieron en responsabilidades o incluso en delitos, pues todos esos actos tienen que ser investigados”, aseguró.
Proceso contra Cabeza de Vaca
El exgobernador tamaulipeco fue acusado de los delitos de delincuencia organizada, evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculado con recepción de sobornos, triangulación de dinero público a través de empresas e inversiones en la industria energética.
La Cámara de Diputados quitó el fuero a Francisco García para que enfrente la acusación de evasión fiscal equiparable realizada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Por su parte, el Congreso de Tamaulipas decidió no homologar el juicio de desafuero y mantener al político panista al frente el Poder Ejecutivo estatal.
En tanto, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) registró 34 propiedades, como casas, ranchos, locales y terrenos en México y Estados Unidos que, presuntamente, García Cabeza de Vaca compartió con su esposa Mariana Gómez, su suegro José Ramón Gómez Reséndez, sus hermanos José Manuel e Ismael y su madre María de Lourdes Cabeza De Vaca Wattenbarger.
En marzo de 2023, García Cabeza de Vaca, anunció que demandaría a las autoridades que “abusando de su poder” lo acusaron de varios delitos que, dijo, no cometió.
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“He designado al Despacho Coello Trejo y Asociados, para el efecto de que una vez que analicen todos y cada uno de los elementos que se utilizaron indebida e ilegalmente en mi contra, mismos que han quedado plenamente aclarados que no tengo responsabilidad alguna, presentarán tantas y cuantas denuncias sean necesarias; en contra de aquellos que, abusando del poder, falsamente me acusaron y que se llegue hasta sus últimas consecuencias”, dijo.
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Negar la ciudadanía por derecho de nacimiento requeriría el apoyo de 2/3 del Congreso y 3/4 de los estados de EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea poner fin a la “ciudadanía por derecho de nacimiento”, en referencia a la ciudadanía estadounidense que se concede automáticamente a cualquier persona nacida en el país.
Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que aborda la definición de ciudadanía por derecho de nacimiento, aunque los detalles hasta ahora no están claros.
La ciudadanía por derecho de nacimiento se deriva de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que “todas las personas nacidas” en EE.UU. “son ciudadanos de Estados Unidos”.
Aunque Trump prometió poner fin a esta práctica, tratar de hacerlo supondría enfrentarse a importantes obstáculos legales. La Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos demandaron inmediatamente al gobierno de Trump por la orden ejecutiva.
¿Qué es la “ciudadanía por derecho de nacimiento”?
La primera frase de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense establece el principio de “ciudadanía por derecho de nacimiento”:
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Los partidarios de la línea dura en materia de inmigración argumentan que la política es un “gran imán para la inmigración ilegal” y que anima a las mujeres embarazadas indocumentadas a cruzar la frontera para dar a luz, un acto que se ha denominado peyorativamente “turismo de natalidad” o tener un “bebé ancla”.
¿Cómo surgió la enmienda?
La 14ª enmienda se adoptó en 1868, tras el final de la Guerra Civil. La 13ª enmienda había abolido la esclavitud en 1865, mientras que la 14ª resolvía la cuestión de la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados nacidos en Estados Unidos.
Decisiones anteriores del Tribunal Supremo, como Dred Scott contra Sandford en 1857, habían establecido que los afroamericanos nunca podrían ser ciudadanos estadounidenses. La 14ª enmienda anuló esa decisión.
En 1898, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó que la ciudadanía por nacimiento se aplica a los hijos de inmigrantes en el caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos.
Wong era un joven de 24 años, hijo de inmigrantes chinos, que nació en EE.UU., pero al que se le denegó la reentrada cuando regresó de una visita a China. Wong alegó con éxito que, al haber nacido en EE.UU., la condición de inmigrantes de sus padres no afectaba a la aplicación de la 14ª enmienda.
“El caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos afirmaba que, independientemente de la raza o el estatus migratorio de los padres, todas las personas nacidas en Estados Unidos tenían todos los derechos que ofrecía la ciudadanía”, escribe Erika Lee, directora del Centro de Investigación de Historia de la Inmigración de la Universidad de Minnesota.
“El tribunal no ha vuelto a examinar esta cuestión desde entonces”.
¿Puede Trump revocarla?
La mayoría de los juristas coinciden en que el presidente Trump no puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva.
“Está haciendo algo que va a molestar a mucha gente, pero en última instancia esto lo decidirán los tribunales”, señaló Saikrishna Prakash, experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. “Esto no es algo que él pueda decidir por su cuenta”.
Prakash dijo que, aunque el presidente puede ordenar a los empleados de las agencias federales que interpreten la ciudadanía de forma más restrictiva -los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., por ejemplo-, eso daría lugar a impugnaciones legales por parte de cualquier persona a la que se denegara la ciudadanía.
Esto podría dar lugar a una larga batalla judicial que acabaría en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Una enmienda constitucional podría suprimir la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero para ello se necesitarían dos tercios de los votos de la Cámara de Representantes y del Senado y la aprobación de tres cuartas partes de los estados de EE.UU.
¿A cuántas personas afectaría?
Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2016 nacieron en EE.UU. unos 250.000 bebés de padres inmigrantes no autorizados, lo que supone un descenso del 36% respecto al máximo alcanzado en 2007. En 2022, el último año del que se dispone de datos, hubo 1,2 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres inmigrantes no autorizados, según Pew.
Pero como esos niños también tienen hijos, el efecto acumulativo de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento aumentaría el número de inmigrantes no autorizados en el país a 4,7 millones en 2050, según el Instituto de Política Migratoria.
En una entrevista con el programa “Meet the Press” de la NBC, Trump dijo que pensaba que los hijos de inmigrantes no autorizados debían ser deportados junto a sus padres, aunque hubieran nacido en EE.UU.
“No quiero estar rompiendo familias”, dijo Trump el pasado diciembre. “Así que la única manera de no romper la familia es mantenerlos juntos y tienes que enviarlos a todos de vuelta”.
Más de 30 países -entre ellos Canadá y México- practican el “Ius soli” automático o “derecho de suelo” sin restricciones.
Otros países, como Reino Unido y Australia, permiten una versión modificada en la que la nacionalidad se concede automáticamente si uno de los progenitores es ciudadano o residente permanente.
*Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto.
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