
Al grito de “¡fuera gringos!” y “¡gringos go home!”, cientos de personas se manifestaron este viernes en la Ciudad de México en contra de la gentrificación, un problema que consideran, es provocado por la llegada de extranjeros con alto poder adquisitivo.
La movilización fue convocada por la tarde en el Parque México de la colonia Condesa, una zona que concentra personas provenientes de otros países, sobre todo estadounidenses, que llegaron atraídos por el bajo costo de vida en el país en medio de la pandemia de Covid-19.
Bajo el lema “Gentrificación no es progreso, es despojo”, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, reclamaron que la llegada y establecimiento de los extranjeros en colonias como Roma-Condesa ha elevado el precio de la vivienda, provocando el desplazamiento de los capitalinos a zonas de la periferia.
Uno de los voceros del movimiento incluso llamó al gobierno mexicano a dejar de favorecer a quienes ganan en dólares y en euros.
“Ya estamos hartos de que vengan los extranjeros con sus euros y sus dólares y quieran comprar a nuestra patria porque al final del día les permitimos que comiencen a pasar ese tipo de cosas, ya no va a haber nadie que los detenga. Estamos a buen tiempo”, expresó.
📍#AlMomento | Se lleva a cabo en el Parque México en CDMX un mitin en contra de la ocupación y la adquisición de bienes extranjera, en la llamada Marcha contra la Gentrificación piden dejar de favorecer a quienes ganan en dólares y en euros.
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— Animal Político (@Pajaropolitico) July 4, 2025
Sin embargo también reconocieron que esta problemática se deriva en buena parte de prácticas financieras que ven a la vivienda como un activo de inversión y no como un derecho humano. “La vivienda es un derecho, no una mercancía”, se podía leer en las cartulinas.
Durante la protesta, algunos manifestantes rompieron vidrios y mobiliario de negocios que se encontraron a su paso. También realizaron pintas e increparon a turistas que se encontraban en la zona.
César Cravioto, secretario de Gobierno de Ciudad de México, dijo a Milenio que alrededor de 15 comercios resultaron dañados, así como algunas instalaciones públicas.
El funcionario condenó la manifestación y los actos de violencia, que describió como “expresiones xenófobas” semejantes a las que migrantes mexicanos han sufrido en otros países. “Somos una ciudad de brazos abiertos (..) siempre hay formas de negociar, de sentarse a la mesa”, dijo.
De acuerdo con la abogada y activista Carla Escoffié, la gentrificación inicia cuando un barrio o zona de la ciudad considerada “mala” o “empobrecida” es revalorada por grupos con mayor capacidad económica que la población originaria.
Conforme van llegando los nuevos habitantes, el espacio se va modificando y aumentan poco a poco los costos de vida, lo que da como resultado el desplazamiento de la población originaria, señala en su libro País Sin Techo.
Si bien la gentrificación no es un problema que surja directamente por la llegada de extranjeros, las personas que habitan en la capital han observado una relación entre su presencia y el encarecimiento generalizado del precio de la vivienda, aunque en este proceso haya otros factores involucrados como la falta de políticas públicas que regulen las rentas, la firma de convenios con empresas directamente involucradas en el fenómeno como Airbnb, o la construcción de inmuebles para inversión.
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Luego de la protesta, Clara Brugada sostuvo que su gobierno está en contra de la gentrificación, pero de ninguna manera avala que se use la violencia para enfrentar este problema.
“Rechazamos la violencia como método para resolver conflictos. Esta ciudad es de derechos y libertades. Respetamos las manifestaciones y expresiones sociales ante cualquier situación, pero no la agresión”, sostuvo a través de un comunicado.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México también se posicionó en contra de las expresiones xenófobas presentes en la marcha y señaló que la lucha contra la gentrificación “no puede convertirse en una excusa para promover discursos de odio o prácticas discriminatorias“.
“Rechazamos categóricamente cualquier expresión xenófoba en contra de personas migrantes, sin importar su origen, situación migratoria o motivo de llegada a la ciudad”, agregó e hizo un llamado a los jóvenes a “debatir, proponer y actuar” frente al problema y a la violencia que pueda surgir en las manifestaciones.
Brugada aseguró que su gobierno impulsa políticas públicas de vivienda que fortalecen la permanencia de las personas en sus comunidades de origen.
Entre estas acciones se encuentra la creación de créditos accesibles para el mejoramiento y construcción de viviendas, así como programas de renta asequible para jóvenes y venta a precios bajos para familias trabajadoras.
Asimismo, indicó que se están destinando “recursos sin precedentes” para generar condiciones que permitan a las y los capitalinos seguir desarrollando su proyecto de vida en su propia comunidad.
“Desde el gobierno de la Ciudad de México reiteramos nuestro compromiso con el derecho a una vivienda digna, en especial para las y los jóvenes, así como para las familias trabajadoras. Estamos aplicando políticas concretas para garantizar ese acceso, como nunca antes se había hecho en la ciudad”, subrayó.
Con información de Silvana Flores.

El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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