Para entender mejor
El Gremio Gasero Nacional (GGN) informó que alrededor de 15 plantas que suministran el gas LP en la Ciudad de México y el área metropolitana suspenderán actividades mañana domingo y el lunes, pues no cuentan con un margen económico comercial para realizar sus operaciones tras las tarifas que el gobierno les impuso.
En entrevista con Animal Político, Enrique Medrano, presidente del GGN, aseguró que dichas plantas operativas están manifestando su desesperación ya que el gobierno federal no está dando respuestas, pues no obtienen las ganancias necesarias.
“Están empezando a suspender actividades paulatinamente para evitarse gastos porque ya ellos dicen ‘no tengo para margen operativo y no puedo trabajar’(…) son las plantas más grandes y representativas que están haciendo este tipo de medidas”, comentó.
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Añadió que los comisionistas aun no han tomado una postura, pues esperan las acciones de las plantas qué es lo que realizarán.
“Son medidas que ellos está tomando porque ya no pueden soportar tanto gasto operativo y el lunes, como es festivo, ellos tendrían que pagar tres veces el salario y obviamente ya nos les alcanza para pagar”, precisó el presidente gasero.
Dijo que son medidas que están tomando para ahorrar, pues el gobierno federal no les ha respondido.
El empresario dijo que siguen teniendo mesas de diálogo con la Secretaría de Energía.
“Estamos teniendo platicas todavía, en tanto la Secretaría de Energía no nos responda, ya tomaríamos alguna medida de presión para que nos hagan caso, pero hasta el momento hemos sido recibidos, mantenemos la mesa de trabajo, seguimos siendo escuchados y estamos esperando que nos respondan a nosotros como comisionistas”, indicó Medrano.
Aseguró que mientras la Secretaría de Energía no se niegue a dar los apoyos que exigen, no habrá manifestaciones ni paros por parte de sus compañeros.
En noviembre de 2024, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el precio del combustible debe ser razonable y garantizar un ingreso a los distribuidores.
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“Debe tener un precio razonable, que le permita ganancias al gasero, pero que sea un precio que permita que las familias mexicanas, todas las que usan gas LP, no estén pagando de más. (Tiene) establecido el precio a partir de una fórmula que limita que los gaseros, que los comercializadores de gas LP, eleven los precios sin ningún límite”, declaró en aquella ocasión.
Zamora, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.
Un juez de Guatemala ordenó este lunes el regreso a prisión preventiva de José Rubén Zamora, un laureado periodista al que fiscales acusan de lavado de dinero en un proceso ampliamente señalado como una persecución política.
Zamora, fundador del desaparecido diario El Periódico en el que destapó importantes casos de corrupción, calificó la resolución como “arbitraria” durante su comparecencia en el tribunal.
También afirmó que el juez no tenía otra opción: “Lo dejaron acorralado, sin salida”, declaró”.
La orden del magistrado llegó después de que un tribunal superior revocara la medida de arresto domiciliario que se le había concedido previamente.
El periodista, que durante sus más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas y ataques, entró en prisión preventiva en julio de 2022, acusado de lavado de dinero por la venta de un cuadro por valor de unos US$30.000.
En junio de 2023 lo condenaron a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia por errores en el proceso y está a la espera de un nuevo juicio.
El 18 de octubre del año pasado, cuando llevaba 813 días entre rejas, un juez dictó que José Rubén Zamora pasara a arresto domiciliario al considerar que no tenía sentido mantenerlo en prisión preventiva.
Un mes después el tribunal superior ordenó su regreso a la cárcel, pero los abogados de Zamora habían logrado retrasar la aplicación del fallo en los últimos meses.
Zamora aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión y denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público.
Este organismo está liderado por la fiscal Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.
Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
El periodista guatemalteco había destapado varias tramas corruptas vinculadas al expresidente Giammattei, entre ellas la presunta concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos.
La fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso contra Zamora está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero en la comunidad internacional se considera ampliamente una represalia y un intento de amordazarlo.
Amnistía Internacional considera las causas contra él “infundadas”, en línea con otras organizaciones internacionales.
Estas han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también considera que Zamora es víctima de una persecución política de la fiscalía.
Arévalo, que asumió el cargo en enero de 2024, mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los citados fiscales afines a Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.
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