Buscan a 7 funcionarios municipales que se dieron a la fuga durante Operativo Enjambre en el Edomex
Autoridades buscan a siete funcionarios del Estado de México que lograron evadir la justicia durante el llamado Operativo Enjambre que resultó en la detención de la alcaldesa de Amanalco y seis mandos de seguridad municipales.
De acuerdo con Milenio, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Cristóbal Castañeda Camarillo, dio a conocer este martes que continúa la búsqueda de los funcionarios que lograron darse a la fuga. Sin embargo, dijo que preferiría que la fiscalía estatal se encargue de brindar más detalles para no interferir en el caso.
“Todavía hay una carpeta de investigación, obviamente hay 7 funcionarios que se están buscando, por los datos y la secrecía de la información, preferiría que fuera la Fiscalía General de Justicia del Estado quien de más datos de esa situación para no interferir con las carpetas de investigación, pero si puedo decir que son siete funcionarios que lograron darse a la fuga que están siendo buscado por los órdenes de gobierno”, dijo.
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La detención de funcionarios del Edomex
El viernes 22 de noviembre, la fiscalía mexiquense informó sobre la detención de la alcaldesa de Amanalco, María Elena “N”, y siete mandos de seguridad de diferentes municipios de la entidad por la presunta comisión de diversos hechos delictivos.
En un mensaje publicado ese mismo día en X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, precisó que en el operativo se detuvo a siete servidores públicos de seguridad y que aún quedaban siete por localizar, pues la Fiscalía del Estado de México obtuvo 14 órdenes de aprehensión “contra funcionarios que facilitaban las actividades de diversos grupos delictivos que operan en el Estado de México”.
Los mandos de seguridad detenidos fueron identificados como Omar “N”, subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan; Eraclio “N”, director de Seguridad de Tejupilco; Rodolfo “N”, director Operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca.
De ese mismo municipio se informó de la detención del Jefe de Región de la Dirección de Seguridad Roberto “N”, segundo al mando de la corporación.
Más tarde también se informó de la detención de Manuel Alejandro “N”, director de Seguridad Pública de Amanalco, investigado por la presunta comisión de diversos hechos delictivos.
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La fiscalía mexiquense también anunció que detuvo al Director del DIF municipal de Tonatico, esposo de la presidenta de ese municipio, Ellery Guadalupe “N”.
Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana del municipio de Texcaltitlán se suicidó con su propia arma, luego de que se le informara sobre su detención.
El domingo, a dos días de las detenciones, un juez dictó prisión preventiva a los siete servidores públicos. Además, se programaron sus audiencias para este miércoles 27 y jueves 28 de noviembre.
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El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Los motivos de la suspensión
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Qué caminos abre la decisión
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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