Fiscalía de CDMX en gestión de Godoy vigiló geolocalización de ciudadanos en 48 mil ocasiones; no reporta delitos resueltos
Durante la gestión de Ernestina Godoy, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intervino la geolocalización de teléfonos celulares en 48 mil ocasiones solo entre 2020 y 2021, de acuerdo a la propia información proporcionada por la dependencia. Con esto pudo conocer su ubicación sin tener la autorización de un juez para todas las intervenciones, pese a ser un requisito legal.
Estas vigilancias de geolocalizaciones, sin embargo, no consiguieron la detención de presuntos delincuentes o el rescate de víctimas en riesgo, como lo demuestra la información oficial obtenida mediante solicitudes de transparencia y recursos de revisión.
En noviembre pasado, The New York Times publicó que Godoy espió a opositores políticos del gobierno de Claudia Sheinbaum –como el exalcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada o la senadora del PAN, Lilly Téllez–, mediante la supuesta fabricación de investigaciones con las que solicitaban a concesionarias de telefonía móvil acceder a sus registros telefónicos. Aunque la entonces fiscal negó el espionaje.
Pero no se quedó ahí. Durante la gestión de Godoy Ramos, la Fiscalía adquirió y utilizó un software para intervenir la ubicación de celulares con la empresa Arcafa S. A. de C. V., una proveedora especializada en equipamiento de seguridad y única intermediaria que vende el software TGR Dashboard para vigilar geolocalizaciones en México.
Así consta en los contratos FGJCDMX-056/2020 y FGJCDMX-064/2021 que la Fiscalía hizo con la empresa Arcafa para la “adquisición de un software de geolocalización de dispositivos móviles”, durante 2020 y 2021, y por lo que pagó 31 millones 137 mil pesos, según consta en las contrataciones de la institución publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Aunque la Fiscalía ocultó el nombre del software y las características del dispositivo, se pudo confirmar que Arcafa es la proveedora del software TGR Dashboard por otros cuatro contratos que hizo por el mismo servicio con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en los que sí se detallan las especificaciones técnicas de la licencia para intervenir celulares.
Y este equipo, según la propia fiscalía, fue utilizado en 48 mil ocasiones.
Animal Político pidió al área de comunicación social una entrevista o postura respecto a esta investigación, pero no respondió.
El espionaje hecho en la Fiscalía CDMX
Aunque las Fiscalías del país tienen la facultad legal para intervenir la ubicación de personas, el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que sólo puede realizarse con previa autorización de un juez federal.
La única excepción para hacerlo sin permiso judicial es cuando se acredite que la vida de una persona está en riesgo. Pero, aún en ese supuesto, tendría que ratificar la vigilancia ante un juez en menos de 48 horas para suspender o ampliar el periodo de vigilancia.
Para comprobar la legalidad del uso de ese software, Animal Político hizo una serie de solicitudes de información, entre ellas, se preguntó a la Fiscalía de la Ciudad de México “cuántas consultas u ocasiones utilizaron o ejecutaron las tecnologías, softwares, plataformas o aparatos que adquirieron con la empresa Arcafa S. A. de C. V. para el software de geolocalización, durante el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero del 2024”.
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En un principio, la fiscalía se negó a responder, pero el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (INFOCDMX) determinó que la institución no buscó en todas sus áreas y la obligaron a entregar la información, como consta en la resolución al recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0812/2024.
Al acatarlo, la Fiscalía explicó que “la disponibilidad del contrato FGJCDMX-056/2020 fueron 23 mil 767 consultas, de las cuales se utilizó el total; de tal suerte que se requirió el contrato FGJCDMX/064/2021, con disponibilidad de 25 mil consultas, en las que se utilizaron todas”.
Esto confirmó que la Fiscalía hizo 48 mil 767 intervenciones de geolocalizaciones de celulares entre 2020 y 2021.
Al preguntar sobre los fundamentos legales que les permitió usar la licencia de Arcafa, la Fiscalía respondió que se finca en los artículos 291 y 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen que “el titular de la FGR y procuradores de las entidades podrán solicitar al juez federal, la autorización para practicar la intervención, expresando el objeto y necesidad de la misma”.
Sin embargo, la Policía de Investigación (PDI) –autoridad de la Fiscalía responsable de utilizar el software de Arcafa– no sabe cuántas solicitudes judiciales se presentaron para las vigilancias de ubicaciones, porque no es su facultad tener esa información, pues sólo sigue las órdenes del Ministerio Público, según respondió al recurso de revisión.
Ante esta respuesta, se preguntó a la Fiscalía “cuántas solicitudes para la intervención de comunicaciones privadas, informáticas o de telecomunicaciones, presentaron ante cualquier área del Poder Judicial de la Federación, durante el 1 de enero del 2018 y enero del 2024”.
La Fiscalía respondió que buscó en siete áreas: Investigación en Materia de Trata de Personas, de Feminicidio, de investigación de delitos de cometidos en agravio de niños; delitos sexuales, de violencia familiar, en agravio de grupos de atención prioritaria y la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes.
Ninguna de ellas reconoció haber hecho solicitudes ante un juez para intervenir geolocalizaciones en el periodo que realizaron los 48 mil seguimientos con el software de Arcafa.
Por ejemplo, la fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas, donde la naturaleza de los casos podría entrar el supuesto previsto en la ley del riesgo de muerte de las víctimas, respondió que “en relación a sus peticiones se informa que después de realizar una búsqueda en la base de datos con la que cuenta esta fiscalía, el resultado obtenido es de 0 (cero)”, según informó en el oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDMTP/000097/2024-01.
Mientras que la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio detalló las solicitudes de intervención a las comunicaciones privadas que realizó en enero, febrero y septiembre de 2023. Se trató de cuatro peticiones a empresas concesionarias como AT&T, Pegaso, Telmex y Telcel para “conocer la ubicación y dar cumplimiento a orden de aprehensión”, de las cuáles tres fueron autorizadas.
Además, en enero, febrero, septiembre y noviembre de 2023, hizo cinco peticiones para extracciones de datos, que consistió en la “búsqueda de mensajes o imágenes relacionados con los hechos”, y solo tres fueron autorizadas. Sin embargo, en ninguno de esos casos se trató de autorizaciones para la geolocalización de celulares.
Por lo tanto, usar el software de la empresa Arcafa sin autorización judicial, se considera espionaje, como lo explicó el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) Luis Fernando García Muñoz, especialista en asuntos jurídicos en materia de intervención a las comunicaciones privadas y espionaje.
“Es ineludible obtener una autorización judicial federal, porque la extracción de información sin consentimiento y sin autorización del propietario constituye una intervención de comunicaciones privadas, según lo que ha dicho la propia Suprema Corte”, explicó García Muñoz.
La única posibilidad que eximiría a la Fiscalía de pedir autorización judicial para intervenir geolocalizaciones por menos de 48 horas, sería en casos de emergencia cuando la vida de alguien esté en peligro, pero, al preguntarle al respecto, respondió que nunca aplicó dicho criterio, porque “no realiza ningún tipo de intervención sin que sea autorizada por el Juez”.
Tampoco tiene evidencia de los resultados obtenidos con las intervenciones, pues al preguntarle en las solicitudes 092453824000015 y 092453824000010 contestó que “no se encontró registro” de personas rescatadas o detenidas, luego de vigilar geolocalizaciones.
Tras la publicación del diario The New York Times, sobre el espionaje en contra de detractores políticos, los diputados locales de oposición en la Ciudad de México lo sumaron a sus argumentos para votar en contra de la ratificación de Godoy Ramos en la Fiscalía el pasado 8 de enero. Después de su salida se unió al equipo de campaña de Claudia Sheimbaum Pardo, quien la incluirá como Consejera Jurídica de la Presidencia en su gobierno.
Seguridad Pública de Harfuch también compró software para extraer información
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en la gestión de Omar García Harfuch, adquirió licencias israelíes del Dispositivo Universal de Extracción Forense (UFED, según sus siglas en inglés) para vulnerar la seguridad de celulares de ciudadanos y extraerles archivos personales.
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UFED es fabricado por la empresa Cellebrite, que ayudó al Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) a desbloquear el iPhone del agresor del tiroteo en el Centro Regional Inland en San Bernardino, California, que dejó 14 muertos en 2015, luego de que Apple se negó a cooperar, según reportes difundidos en 2016 por la prensa israelí.
La empresa Cellebrite es de los principales fabricantes en el mundo en tecnologías para vulnerar la seguridad de dispositivos, pero sus productos UFED son de las más populares, al permitir desbloquear y acceder a archivos, imágenes o registros telefónicos de equipos tecnológicos que cuenten con Windows, Android o sistemas operativos de Apple.
La Secretaría, entonces encabezada por García Harfuch, entregó al Congreso de la Ciudad de México el Informe Anual de Evaluación y Resultados 2023, del programa de Fortalecimiento del Estado de fuerza y Capacidades Institucionales de los Cuerpos Policiales de la CDMX, donde reconoció que tenían cuatro licencias de los software UFED Touch2 y dos licencias UFED 4PC, ambas capaces de vulnerar la seguridad física de computadoras y celulares para extraerles información.
En el informe detalló que la Secretaría adquirió la licencia israelí desde 2020, “para reproducir, sustraer, destruir, modificar o perder información contenida en los mismos (sistemas, equipos informáticos y de telecomunicaciones), con la finalidad de obtener evidencia sobre el delito cometido y, en su caso, hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes”.
Pese a que la SSPC admitió sustraer información de equipos informáticos por más de 3 años, en ninguna ocasión pidió autorización de jueces federales para vulnerar dispositivos, porque admitió que “no tiene competencia para solicitar la intervención de comunicaciones y, por tanto no posee lo requerido”, según la respuesta a la resolución INFOCDMX/RR.IP.0666/2024.
Aunque en el caso de la vulneración de equipos no hay claridad judicial. Puesto que al tratarse de una institución policial, podrían tener este tipo de tecnologías, y podría extraer la información cuando el propietario del equipo da su consentimiento, de lo contrario debe pedirse permiso a un juez, explicó Luis Fernando García de R3D.
En ninguno de los reportes anuales presentados por la Secretaría desde 2020 a los legisladores capitalinos se detalló cuánto costó adquirir las licencias de UFED, el nombre del proveedor que se les vendió, ni la cantidad de ocasiones que vulneraron celulares o los resultados obtenidos con las intervenciones.
“Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).”
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En el Caribe colombiano hay un pueblo atravesado por la migración que, lejos de sumirse en una crisis, capitaliza el fenómeno.
Los migrantes lo llaman “el paquete” porque por US$350 pagan alojamiento, comida, transporte en lancha y un guía hasta las puertas del Tapón del Darién, la difícil selva que atravesarán a pie camino de Estados Unidos.
El venezolano José Gutiérrez lo compró y parece satisfecho.
“Todo está muy bien organizado. El guía nos recogió en la terminal de buses, nos buscó dónde dormir, comer y abastecernos”, dice este migrante joven y vigoroso, listo para emprender la travesía.
Gutiérrez aguarda sobre las 10 de la mañana junto a uno de los dos muelles de Necoclí, un remoto pueblo del norte de Colombia ubicado a pocos kilómetros del Darién, uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo.
Hoy el mar está bravo, así que aún no sabe si zarpará la lancha que lo llevará al otro lado del Golfo de Urabá para adentrarse en la tupida selva entre Colombia y Panamá, en la que cada año mueren decenas de personas.
Solo en 2024 murieron al menos 55, según estiman autoridades panameñas. Se teme que muchos otros desaparecen en el intento.
Por ubicación, servicios e infraestructuras, Necoclí se ha convertido en un paradero donde cada año cientos de miles de migrantes recuperan fuerzas y fondos antes de reemprender su odisea.
Uno podría pensar que este fenómeno mantiene en crisis a esta población de alrededor de 70.000 habitantes.
Pero desde que en 2019 aumentó el flujo de personas hacia el Darién, el poblado prosperó, no sin retos, con la industria de la migración.
Se disparó la oferta hotelera y de restaurantes, aparecieron decenas de tiendas que surten al migrante, se ampliaron y construyeron nuevas casas, se multiplicaron las motos y los viajes en bote. La economía se dinamizó.
“Aquí en Necoclí hay absolutamente de todo”, me explica Gutiérrez.
Cuando el mar se calma, se acaba la incertidumbre para el venezolano. Más migrantes se le unen hasta superar la veintena.
Un guía da las últimas indicaciones y los abraza uno por uno. Les desea suerte. Un oficial de migración pasa lista. Los pasajeros toman asiento, poniendo a sus pies las pertenencias. El timonel enciende el motor.
La lancha zarpa, sortea las olas de la orilla y se mete mar adentro. Todo está coordinado.
La de los botes es una de las áreas que más lucro genera, de acuerdo a la secretaría de Turismo.
En Necoclí operan dos y cobran 170.000 pesos (US$38) por trayecto de ida y vuelta.
El migrante, aunque solo realice el viaje de ida, paga lo mismo.
De pueblo remoto a epicentro migratorio
Dicen en Necoclí que hasta 2019 o 2020 no llegaron migrantes en masa. Los necoclicenses vivían de cultivar banano o coco, de la pesca, del ganado y, sobre todo, de un turismo atraído por sus casi 100 kilómetros de playa.
Aparte de eso no era un municipio muy diferente a otros remotos colombianos, marcados históricamente por falta de recursos, difícil acceso, debilidad institucional y la presencia de grupos armados.
En este caso, del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), una organización paramilitar que en los últimos tiempos rechaza el nombre con el que más se le conoce, el Clan del Golfo, al que gobierno y expertos vinculan con economías ilícitas como el tráfico de drogas, la minería ilegal y el tránsito migratorio.
Todo cambió tras explotar la crisis migratoria en 2021.
“El mar entre Necoclí y el otro lado del Golfo es más tranquilo y aquí, por el turismo, ya había hoteles, restaurantes y transportadoras marítimas que nos convirtieron en un punto expedito para la migración”, me explica el secretario de Turismo del municipio, Carlos Rojas.
Algo más de 60 kilómetros de agua, alrededor de dos horas de navegación, separan Necoclí de Capurganá y Acandí, los últimos municipios colombianos antes del Darién.
Estos también, me cuentan locales, consiguen sacar rédito del flujo migratorio, aunque no de una forma tan establecida como la de Necoclí.
Se calcula que en 2019 cruzaron la selva alrededor de 22.000 personas. En 2020, con la pandemia, el número se desplomó a menos de 10.000. Un año después, superó los 130.000.
Según el gobierno panameño, un récord de más de 500.000 personas la atravesaron en 2023.
En 2024, si bien se redujo a casi la mitad, entre otros motivos por el mayor control de fronteras impuesto por el gobierno panameño, se cree que al menos 300.000 personas cruzaron el paso.
Y de acuerdo a una evaluación del secretario de Gobierno de Necoclí, Johan Wachter Espitia, la mayoría pasó antes por allí.
Cuando los flujos se dispararon, el pueblo apenas dio abasto. Colapsó.
Decenas de miles de migrantes quedaron varados. Muchos acamparon en las playas. Algunos se quedaron años.
Según se apaciguó la crisis, en Necoclí hicieron números.
“Aprendimos que, si bien la migración es un fenómeno que no estábamos preparados para asumir, se podía recibir con cierta positividad: generó buenas divisas e ingresos para muchas familias y comercios del municipio”, cuenta Rojas, quien además de su cargo institucional también es empresario turístico.
Boom hotelero
Los martillazos y soldaduras son constantes en Necoclí.
Son decenas las nuevas construcciones y renovaciones que uno se encuentra por las calles.
Muchas de estas obras, me cuentan locales, serán nuevos hoteles y hostales para atender la demanda de migrantes y turistas.
Miriam Valdelamar me abre las puertas de su casa, convertida en hostal.
“En 2020, debido a la cantidad de personas que tuvimos en Necoclí, desocupé esta casa de cuatro habitaciones. Pusimos tres a rentar y toda la familia nos metimos aquí, en la pieza grande”, cuenta mientras me enseña las instalaciones, que cobra a 35.000 pesos la noche (US$8).
La hostalera defiende que su hostal, a menor precio que la media, se enfoca en albergar a los migrantes con más necesidades económicas, como las mujeres con niños y las personas con discapacidades.
Rojas, el secretario de Turismo, también tiene un hotel donde renta habitaciones a migrantes cuando se disparan los flujos.
Estos son intermitentes. Dependen de coyunturas como las crisis que en los últimos años se vive en países como Ecuador, Venezuela, Cuba o Haití, provocando un éxodo de sus nacionales que no para.
Pero cada vez más también llegan desde Asia y África.
“Antes del fenómeno migratorio, teníamos unos 86 alojamientos. Hoy hay más de 240 documentados. Si contamos los informales, tenemos una oferta de entre 300 y 320 alojamientos”, le dice Rojas a BBC Mundo.
Hay hospedajes para todo bolsillo: tipo boutique de 350.000 pesos (US$68,40) por noche, 3 o 4 estrellas de 150.000 pesos (US$34), ecohoteles y hostales por menos de 80.000 pesos (US$18).
Eso también muestra cómo el pueblo consigue hacer convivir sus rentas principales: migración y turismo.
Por lo general, los asiáticos, provenientes de países como China, Vietnam, Bangladesh o India, pagan por los alojamientos más equipados.
Haitianos o venezolanos, con menos recursos, se hospedan en los más humildes.
Si no les alcanza, acampan en la playa, como la venezolana Marisela Bellorín, que duerme en una tienda con su esposo e hijos desde hace semanas.
“Los precios de Necoclí no son para todos”, me dice mientras actualiza a su familia en Venezuela por videollamada sobre cómo transcurre la travesía.
En su caso, espera continuar su camino lo antes posible.
No todos lo logran. BBC Mundo conoció a un venezolano que lleva más de un año en Necoclí intentando reunir el dinero necesario para la siguiente fase.
Valdelamar me explica que con lo que ganó en su hostal, ahorró e invirtió en nuevas habitaciones en su patio trasero, en las que puede alojar hasta a 20 personas.
Si tiene las camas llenas, gana US$160 en una sola noche- en Colombia el salario mínimo equivale a US$390 mensuales en febrero de 2025.
Ahora está haciéndole un segundo piso a la casa.
Quiere más cuartos, pero le preocupa no recuperar lo invertido con la ralentización migratoria.
“Estamos preocupados porque ya no hay tantos como hace un año, pero confiamos en que por otro lado aumente el turismo”.
Turismo vs migración
Aunque la migración dinamiza la economía municipal, la secretaría de Gobernación de Necoclí asegura que la masiva llegada de migrantes dañó el turismo, la fuente de ingresos tradicional de los necoclicenses.
“Si bien lo que consume el migrante contribuye a que se mueva la economía, el hecho de que haya algunos quedándose en la playa porque no tienen recursos suficientes afecta de alguna forma al turista”, le dice a BBC Mundo Wachter Espitia, el secretario de Gobernación.
Es común que aquellos en el pueblo que no han capitalizado el fenómeno migratorio se quejen de que los medios han alimentado una “mala fama” para la llegada de turistas.
“Entendiendo la migración como un derecho y algo que nos acompañará los próximos 30 o 40 años, debemos tener la capacidad de hacer coincidir migración y turismo”, opina Wachter Espitia.
Para muchos negocios locales los límites entre turismo y migración son cada vez más borrosos. Paradójicamente, demandan casi los mismos servicios.
Pero los que sacan buenas rentas de la migración defienden que es ese, y no el turismo, el verdadero negocio.
“El turista de aquí es el migrante. Yo no distingo”, dice el cubano Léster Vidal, quien llegó hace unos años con su esposa para cruzar el Darién, pero se quedó sin recursos.
También los peligros de la selva los hicieron cambiar de plan.
“Decidimos entonces quedarnos, trabajar y reunir dinero para intentar ir por una vía más segura, quizás a España en vez de a Estados Unidos”, le cuenta a BBC Mundo.
Vidal tiene un pequeño carrito ambulante que aparca junto a uno de los muelles desde donde parten migrantes y turistas hacia el otro lado del Golfo.
Vende medicamentos, fosforeras, mascarillas, repelentes: pequeños objetos que pueden ser útiles para la travesía por la jungla.
Junto a los embarcaderos hay decenas de puestos como el suyo y en el centro del pueblo me encuentro con establecimientos que venden tiendas de campaña, botas de caucho, machetes, ollas y fogones portátiles.
“Antes del flujo migratorio uno podía ganarse un millón o millón y medio de pesos (US$336) vendiendo al turista y ya con la migración se puede ganar unos cuatro o cuatro millones y medio de pesos al mes (US$1.000)”, me cuenta Fredy Ruiz, propietario de una de esos locales.
La convivencia entre turismo y migración alcanza límites insospechados en estos bazares.
Justo al lado del de Ruiz, la trabajadora de otro comercio me dice que por el suyo recientemente pasaron unos turistas colombianos a comprar todo lo que se lleva el migrante para “vivir la experiencia de cruzar el Darién en forma de tour”.
Ruiz señala que con lo ganado dio “para mejorar la casa y comprarse una motico”. También multiplicó a sus empleados.
La desgracia y la felicidad
El contexto en que se generan sus ganancias no es ajeno a los necoclicenses.
No se le escapa que muchos de sus clientes huyen de la violencia y la precariedad, dejando vidas y familias atrás.
También saben que decenas de personas mueren cada año en la selva.
Le pregunto a varios comerciantes cómo manejan el hecho de que su negocio dependa de un drama que sufren cientos de miles.
Muestran simpatía, pero también pragmatismo. Al final, dicen, no es algo que puedan controlar.
“La felicidad de uno es la desgracia del otro. Ellos buscan su sueño americano y a nosotros nos hacen mucho por la economía”, indica Ruiz desde el mostrador de su tienda.
Los migrantes con los que pude conversar no se sienten utilizados.
Aunque algunos reclaman precios más bajos, en general agradecen que en medio de tan larga y dura ruta exista un pueblo enfocado en brindarles todos estos servicios.
Nadie habla mucho del supuesto papel del “Clan de Golfo” en la economía de la zona.
Un reporte de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia afirma que por su “control hegemónico”, el grupo interactúa con redes nacionales y transnacionales de tráfico de migrantes.
Según el estudio, el Clan realiza una tributación forzada en actividades vinculadas con la migración, contiene la violencia contra los migrantes y autoriza y restringe el uso de rutas marítimas y terrestres.
Pero ninguno de los comerciantes que entrevisté admite que eso suceda. Y el secretario de gobernación, Wachter Espitia, dice que se trata de especulaciones.
“Nosotros nos relacionamos y conversamos con las empresas, los actores regulados, y no los secundarios. Si hay rentas irregulares, eso le corresponde tratarlo a las autoridades competentes”, indica el secretario.
Los migrantes que transitan por Necoclí permanecen ajenos a estas dinámicas.
Quienes duermen en la playa por semanas o meses esperando reunir dinero parecen casi instalados en la cotidianidad.
La familia de la venezolana Marisela Bellorín aguarda cerca de una fogata donde otros migrantes cocinan.
Sus niños se recuestan sobre un bote, adormecidos, mientras bares junto a la playa recogen las sillas donde se sentaron los turistas, permitiendo que decenas de familias monten las carpas donde dormirán por un número de noches aún indeterminado.
Los necoclicenses desconocen si los migrantes a los que acogen, alimentan, abastecen y transportan cruzarán con éxito la peligrosa selva y llegarán a su destino.
Pero mientras, su paso por Necoclí engorda los bolsillos locales.
Como me dice una emprendora a pie de playa, “en Necoclí sale el sol para todos”.
Incluso para los migrantes de la playa, que desde el alba salen a ganar fondos en el pueblo que prospera bajo la peor crisis migratoria de América Latina en décadas.
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